21 marzo 2006

Votaron en contra todos los diputados del PP que consideraron el Estatut como 'secesionista', y también ERC, EA, BNG y Nafarroa Bai por considerar que el Estatut no era suficientemente radical

El Congreso de los Diputados aprueba el Estatut del Parlamento de Cataluña con el respaldo de todos los diputados del PSOE

Hechos

El 21.03.2006 el Congreso de los Diputados de Madrid aprobó el Estatut Catalán que fue presentado en las Cortes por Dña. Manuela de Madre (en nombre del PSC), D. Artur Mas (en nombre de CiU) y D. Joan Saura (en nombre de IC-V).

Lecturas

EL ‘CAMBIO’ DE ERC:

carod_puigcercos_2006 La formación radical independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que aprobó el Estatut en la votación en el Parlamento de Cataluña de 2005, votó en contra en la votación en el Congreso de Madrid de 2006. El motivo es que para la formación presidida por D. Josep Lluis Carod Rovira el Estatut había sido ‘moderado’ por parte de un acuerdo entre el Sr. Rodríguez Zapatero (PSOE) y el Sr. Artur Mas (CiU).

VOTACIÓN DEL ESTATUT EN LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO (21.03.2006):

Votos a favor: 22 (PSOE + CiU + PNV + Coalición Canaria + Chunta Aragonesista)

Votos en contra: 17 (PP + ERC + EA + BNG + Nafarroa Bai)

VOTACIÓN DEL ESTATUT EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (30.03.2006)

Votos a favor: 189 diputados (PSOE + CiU + PNV + Izquierda Unida – ICV + BNG)

Votos en contra: 154 diputados (PP + ERC + EA)

Abstenciones: 2 diputados (Nafarroa Bai + Chunta Aragonesista)

21 Marzo 2006

Menos Estatuto, más gestión

ABC (Director: José Antonio Zarzalejos)

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Con la votación de hoy en la Comisión Constitucional se cierra un nuevo capítulo de la larga y compleja tramitación del Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados. El Grupo Socialista, consciente del desgaste que supone para Rodríguez Zapatero el desguace del modelo territorial, pretende imponer un calendario acelerado, que choca sin embargo contra un procedimiento complejo y reiterativo que deja abiertas las puertas de la negociación hasta el último minuto. De hecho, nadie se toma muy en serio las escaramuzas en torno al control del aeropuerto del Prat y otros flecos pendientes, con la certeza de que se resolverán a última hora según las conveniencias de unos y otros. Tampoco el «no» de ERC puede considerarse firme. Irritados por el giro estratégico del Gobierno, los republicanos intentan un equilibrio imposible entre el deseo de permanecer a toda costa en el tripartito y su obsesión por la imagen de pureza nacionalista frente al supuesto «entreguismo» de CiU. Es una postura de cara a la galería, ya que es muy improbable que se traduzca a la hora de la verdad en un rechazo al texto cuando llegue la hora del referéndum en Cataluña. Es fácil apostar que sólo el PP optará por defender a ultranza el Estatuto vigente.

El presidente del Gobierno afirma una y otra vez que el Estatuto es plenamente congruente con la Constitución, aunque ya no utiliza expresiones tan gráficas como dejarlo «limpio como una patena». Es verdad que se han eliminado algunos elementos inaceptables. Sin embargo, hay múltiples aspectos criticables desde el punto de vista político, que, además, comprometen seriamente la constitucionalidad del proyecto. Cataluña sigue apareciendo como «nación» en el preámbulo, a la vez que en el articulado se proclaman de forma solemne sus símbolos nacionales. La regulación de los derechos de los ciudadanos catalanes no es un simple complemento del Título I de la Constitución, sino una verdadera carta de derechos y libertades que vulnera el principio intangible de la igualdad entre todos los españoles. En particular, el régimen de la lengua catalana desborda las previsiones de los más alarmistas. Muchas de las competencias atribuidas a la Generalitat y otras que se han «desviado» oportunamente hacia otras leyes futuras deberán ser examinadas a fondo por el Tribunal Constitucional. En todo caso, el Gobierno no ha logrado tranquilizar a una opinión pública muy sensibilizada ante las exigencias permanentes del nacionalismo.

Hay otro factor relevante. Ayer informaba ABC de la advertencia de importantes ayuntamientos catalanes gobernados por el PSC respecto del descontento ciudadano ante la pasividad en la gestión del tripartito. Obsesionados por el debate estatutario (cuyo interés para los electores es muy limitado, según encuestas reiteradas) parece que al Gobierno que preside Maragall se le olvida que su tarea principal consiste precisamente en gobernar. La gestión de los asuntos que realmente importan está delegada en los niveles administrativos, mientras los políticos se enzarzan en un debate infinito sobre definiciones identitarias y reparto de poderes futuros. La paradoja resulta llamativa: todos reclaman nuevas competencias y funciones y, en cambio, apenas ejercitan las que les corresponden. El caso del Carmelo ha sido el más llamativo, pero no el único. La clase política catalana se distancia día a día de las exigencias de una sociedad dinámica que reclama, como es lógico, máxima prioridad para los problemas que afectan a su vida cotidiana. No se olvide que las elecciones municipales y autonómicas van a reflejar el grado de satisfacción o descontento de los votantes con sus representantes electos, y no es descartable que se produzcan sorpresas.

Por lo demás, el escenario político catalán se mueve en un contexto poco acorde con las reglas del sentido común. Ningún partido asume en su plenitud la paternidad del Estatuto, ni siquiera el PSC. Las relaciones entre Zapatero y Maragall no pasan por su mejor momento, aunque parece que los socialistas aceptan sin entusiasmo que no hay alternativa a la candidatura del presidente actual de cara a las próximas elecciones autonómicas. Montilla continúa haciendo un difícil ejercicio de equilibrismo entre sus altas responsabilidad en el Ejecutivo nacional y sus prioridades como hombre fuerte del socialismo catalán. En el colmo del despropósito, Esquerra rechaza un Estatuto que constituye el eje del programa del gobierno en el que se integra, mientras que CiU apoya un texto que era, en teoría, la baza principal de sus adversarios. Visto el panorama, resulta lógico el desconcierto de los ciudadanos, incapaces de comprender tantas maniobras de salón.

22 Marzo 2006

Estatuto listo

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La Comisión Constitucional del Congreso ha dejado el proyecto de nuevo Estatuto catalán listo para su votación en el pleno del 30 de marzo. Los votos en contra del PP y de ERC certifican que el consenso no ha podido alcanzar a los dos extremos. Sin embargo, el texto aprobado ayer demuestra que la voluntad de acuerdo se ha impuesto a algunos excesos retóricos que sostenían que los puntos esenciales del proyecto salido del Parlamento catalán eran «innegociables» o incluso que debería ser convalidado sin más.

Tan sólo Esquerra, de entre los proponentes, quedó atrapada en esa retórica. El resto acabó aceptando el principio de que un buen Estatuto sería aquel que, además de suscitar el máximo consenso en Cataluña, sea aceptable para la mayoría de los españoles. El resultado de esa negociación es un texto del que han desaparecido los aspectos manifiestamente inconstitucionales y en el que han sido remodelados los artículos que podían generar desigualdad de derechos entre españoles o condicionar de manera exagerada las atribuciones del Gobierno central. El nuevo texto aumenta las competencias de la Generalitat, refuerza las garantías del autogobierno y mejora la financiación; pero todo ello conforme a un modelo susceptible en principio de extensión a otras comunidades.

Que llegue al pleno con menos consenso del que suscitó el actualmente vigente es consecuencia de un proceso negociador marcado por dos condicionantes: el imprudente compromiso preelectoral de Zapatero de avalar lo que llegase de Cataluña (lo que favoreció una puja), y la pugna entre ERC (desde dentro del tripartito) y CiU (en la oposición) por la hegemonía del nacionalismo. Maragall no ha sido capaz de canalizar el proceso desde un liderazgo indiscutible, y la inmadurez de Esquerra fue aprovechada por Artur Mas para convertirse en el interlocutor de Zapatero en el tramo decisivo de la negociación. Ello provocó a su vez la radicalización final de ERC y su voto negativo.

El PP pudo haber capitalizado el encauzamiento del texto hacia los límites constitucionales mediante fórmulas que coinciden en parte con enmiendas suyas; pero la estrategia de brocha gorda del equipo de Rajoy ha preferido vender la idea de que el texto salido de la Comisión es tan inconstitucional e inaceptable como el que llegó del Parlamento catalán; esa estrategia culmina con el disparate de la recogida de firmas para la convocatoria de un referéndum en toda España sobre el Estatuto, que es una forma de trasladar a la calle la bronca entre políticos y de fomentar el enfrentamiento entre comunidades.

Una enseñanza, que sirve sobre todo para el proceso que pronto se abrirá en el País Vasco, es que la lógica autonómica implica equilibrios que no se pueden romper unilateralmente. Otra conclusión es que hay que separar la política de alianzas, coyuntural por definición, de las lealtades básicas a las que ningún gobierno central podrá renunciar. Y una tercera, que no hay oposición más estéril que la que se limita a profetizar la catástrofe, haga lo que haga el Gobierno.

22 Marzo 2006

Un paso imporante

José Antich

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El Estatut de Catalunya dio ayer un paso de gigante para su aprobación en las Cortes generales después de que superara la comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Durante las últimas semanas, representantes del Parlament de Catalunya y diputados en el Congreso han debatido en un clima casi siempre civilizado, pero no exento de momentos con una elevada temperatura ambiental, el nuevo marco de autogobierno de Catalunya. El balance final es positivo y nadie puede discutir que Catalunya ha ampliado el techo de su autonomía. El Estatut que se aprobó en 1979 formará parte dentro de muy poco de los textos de los libros de historia porque la política del día a día se regirá por un nuevo marco legal. En septiembre, cuando se aprobó el texto del Parlament de Catalunya, pedimos desde este diario un esfuerzo a todos los partidos para alcanzar un acuerdo. De la muy amplia mayoría política que salió de Catalunya tan sólo se ha descolgado Esquerra Republicana y sus máximos dirigentes insisten en no cerrar ninguna puerta y seguir negociando su incorporación. Habrá que esperar, por tanto, hasta el final para juzgar la actuación de cada formación política. El esfuerzo del PSOE y muy singularmente del presidente Zapatero y de su portavoz parlamentario Alfredo Pérez Rubalcaba debe ser convenientemente resaltado en esta hora.

31 Marzo 2006

Que dure

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña fue aprobado ayer por mayoría absoluta (54% de los diputados) en el pleno del Congreso. Aunque falta el trámite del Senado, el texto votado ayer es básicamente el que será sometido a referéndum en Cataluña. Se trata de una reforma en profundidad, que amplía el articulado, aumenta las competencias e introduce mecanismos de garantía frente a eventuales recortes por la vía de la legislación estatal. Supone, por tanto, una importante ampliación, cuantitativa y cualitativa, del autogobierno, aunque suprima o corrija bastantes artículos del anteproyecto salido del Parlamento catalán.

El PP ha mantenido hasta el final su discurso de rechazo frontal, y ha votado en contra con el argumento de que es una reforma encubierta de la Constitución que liquida el modelo autonómico. Para ello ha ignorado las enmiendas de gran calado que se han introducido durante la tramitación en el Congreso. Rajoy reprochó ayer a Zapatero haberse desentendido de la interpretación que los nacionalistas están haciendo de aspectos esenciales del Estatuto; sin embargo, el PP está avalando esa interpretación interesada cuando afirma, para cargar las tintas, que el texto reconoce a Cataluña como nación: algo que resulta muy forzado predicar del texto en su redacción actual. La credibilidad de las críticas del PP se ve muy menguada por su sesgo demagógico, que incluye la iniciativa populista de recoger firmas en favor de un referéndum en toda España: algo que rompe la lógica constitucional de que los Estatutos son acuerdos pactados entre los Parlamentos autónomos y las Cortes Generales.

Por la razón inversa han votado en contra los diputados de Esquerra Republicana (ERC). Un exceso de ideologismo les llevó a proclamar que Madrid debía limitarse a convalidar lo que Cataluña había aprobado, ignorando la otra cara del autonomismo (y del federalismo): el papel de las instituciones comunes, incluso como garantía del autogobierno. Es posible que ERC invoque criterios soberanistas para intentar el salto mortal de votar no en Madrid y propugnar el sí en el referéndum; por la muy pragmática razón de intentar seguir en el Govern, algo impensable si mantuviera hasta el final su rechazo al Estatuto.

La idea de que era necesario exigir lo máximo para garantizar lo mínimo necesario, defendida en su momento incluso por sectores del PSC, se ha revelado negativa. Somete la política autonómica a tensiones peligrosas y porque el Estatuto será más fuerte cuanto mayor sea el consenso en el conjunto de España (y de sus autonomías). También es discutible la teoría de que la distancia entre el texto llegado de Cataluña y el finalmente aprobado favorece el cuestionamiento del nuevo Estatuto desde su nacimiento. Por una parte, ello habría ocurrido de todas formas en el caso de las formaciones independentistas, como ERC; por otra, Duran Lleida rechazó ayer la posibilidad de someter a la autonomía a tensiones reformistas «cada dos por tres». Más sentido tiene la crítica de que las numerosas ambigüedades del texto, agravadas por una prosa torturada, auguran una fuerte litigiosidad. Pero eso forma parte del paisaje autonómico.