Operación Malaya: La Policía encarcela al ayuntamiento de Marbella encabezado por la alcaldesa Marisol Yagüe

La detención de la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y de su asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, además de dos concejales, el secretario de la corporación y otros funcionarios, por numerosos delitos de corrupción, viene a prolongar el escándalo que rodea la gestión de ese municipio desde que accediera a la alcaldía, hace 15 años, el ya fallecido Jesús Gil y Gil. La detención se produce dos semanas después de que la Junta de Andalucía iniciara el expediente administrativo para retirar las competencias urbanísticas a la corporación municipal -una medida sin precedentes- por graves y reiterados incumplimientos de la legalidad. De los 27 concejales de la corporación, 17 están imputados en causas judiciales, y cuatro han tenido que abandonar sus escaños en los últimos dos años por diferentes condenas.

Yagüe llegó a la alcaldía en agosto de 2003 mediante una moción de censura apoyada por otros ocho concejales de su grupo, el GIL, tres tránsfugas del PSOE y tres concejales del Partido Andalucista, y bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, una de sus primeras medidas fue el nombramiento como asesor de urbanismo de Juan Antonio Roca, gerente de esta área en los gobiernos de Jesús Gil, con quien estuvo imputado en varios casos. Uno de ellos, pendiente de juicio, es por el desvío de unos 30 millones de euros de las arcas municipales a través de un entramado de sociedades, algunas de ellas inscritas a nombre de Roca y sus familiares.

Con tales antecedentes no es de extrañar que el Ayuntamiento haya seguido dando licencias de obras contrarias al Plan de Ordenación y desobedeciendo órdenes judiciales de paralización de obras. Actualmente hay 30.000 viviendas declaradas ilegales y cerca de 200 licencias y convenios urbanísticos impugnados ante los tribunales. La propia alcaldesa fue imputada recientemente por haber desviado material de las obras municipales a las de su propia casa.

Yagüe no ha dicho si dimitirá o no. El PP ha pedido insistentemente la disolución del Ayuntamiento, a lo que el PSOE se ha negado con el argumento de que falta apenas un año para las elecciones. Sea como sea, parece necesario que ambas formaciones se comprometan desde ahora a gobernar de manera concertada durante al menos un mandato para intentar limpiar a fondo ese Ayuntamiento que es la vergüenza de cualquier vecino decente.

El descrédito creciente de la administración local de Marbella no sólo ha dado media vuelta de tuerca más con la detención de su alcaldesa, el factótum del Urbanismo fichado por Jesús Gil, concejales, abogados, empresarios y algunos funcionarios bajo delitos aún presuntos pero muy graves, sino que esa credibilidad previsiblemente se ha pasado de rosca de forma irreversible. La huida hacia adelante iniciada por Jesús Gil merced a su sello mediático ya no tiene recorrido: los tres alcaldes con la etiqueta del partido creado por él en los noventa se han situado sucesivamente al otro lado de la ley. Todo esto lesiona seriamente el prestigio de una de las localidades emblemáticas de la calidad del sector servicios en España y del notable nivel de bienestar de un litoral convertido en la segunda residencia de Europa. Ese descrédito tiene consecuencias, por tanto, más allá de esta demarcación territorial.

La marca internacional de Marbella se ha devaluado precipitadamente como síntesis de la gestión urbanística en el litoral mediterráneo, donde la descapitalización pública de suelo castigando severamente la sostenibilidad medioambiental y la calidad del territorio ha coincidido con numerosos casos de corrupción y una gestión llena de sombras. En el informe de 2006 de Transparency International, el capítulo de España se centra en la corrupción local vinculada a la gestión urbanística y se detiene en el caso ya paradigmático de Marbella. No obstante, la operación Malaya, derivada de la macrooperación Ballena Blanca, pone de relieve que la degradación del sistema no sólo obedece a los protagonistas políticos sino a la impregnación contaminante de todo el sistema al socaire de la impunidad, la complejidad de tramas extraterritoriales y la falta de disciplina en la administración local. Esto sugiere la necesidad de una evaluación rigurosa de los controles actuales sobre ésta.

Las incertidumbres que pesaban sobre Marbella en definitiva se han periclitado. Recientemente la Junta de Andalucía se ha visto impelida a tomar la decisión de retirar las competencias urbanísticas a la localidad, (en principio durante el máximo plazo legal de cinco años al cifrarse el número de viviendas ilegales en treinta mil), y ahora las asfixiantes dificultades financieras del municipio apenas cuentan con margen para albergar expectativas mejores bajo la amenaza actual del desgobierno. Aunque algunos grupos han demandado la disolución de la corporación, sobre todo IU y el PP, ésta parece una solución tardía a un año de los comicios locales por tratarse de un proceso lento y en este caso, por añadidura, expuesto a un mapa político muy atomizado, con varios grupos mixtos y una exigua representación del PSOE y del PP. No obstante, aún es pronto para pronunciarse, al menos hasta conocer el resultado de las actuaciones judiciales en curso y su saldo político. De momento, el presidente de la Junta de Andalucía ha apelado al Estado de Derecho, y en efecto así debe ser: la Justicia tiene que hacer su trabajo y las administraciones asegurarse de que esa localidad no naufrague durante este año incierto antes del nuevo veredicto en las urnas, cuando los ciudadanos asuman la responsabilidad de corregir un rumbo a la deriva.

La detención de la alcaldesa de Marbella, de los concejales de Tráfico y Cultura, del ex gerente de Urbanismo y de otras personas acusadas por la Fiscalía de graves delitos de corrupción es un hecho sin precedentes en la democracia española, aunque hace ya mucho tiempo que la capital de la Costa del Sol es una ciudad sin ley, donde los escándalos florecen al mismo tiempo que la especulación urbanística. Comenzó con la llegada a la Alcaldía del ya fallecido Jesús Gil. Siguió con Julián Muñoz, condenado e inhabilitado, y con Marisol Yagüe. Algunos tránsfugas expulsados del PSOE, como la inefable Isabel García Marcos, y varios concejales del PA, se sumaron en 2003 a la trama del GIL y gracias a sus votos, la alcaldesa detenida alcanzó la vara de mando. Veinte concejales marbellíes han sido procesados o condenados por diversos delitos. El ex gerente arrestado, Juan Antonio Roca, ha sido el factótum de la trama corrupta desde los tiempos del GIL. Aunque la investigación está bajo secreto de sumario, la operación Malaya -continuación de la llamada Ballena Blanca sobre blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico- es de gran alcance y ha permitido acreditar la participación de los detenidos en presuntos delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias.

La capacidad de asombro hace tiempo que se superó con las noticias procedentes del Ayuntamiento de Marbella, pero no menos escandaloso resulta -desde el punto de vista político- que los sucesivos gobiernos de la Nación y la Junta de Andalucía hayan permanecido de brazos cruzados, sin atreverse a disolver la corporación local.Ahora ni la Junta -que ya arrebató al Ayuntamiento las competencias urbanísticas- ni el Ejecutivo tienen excusa. La Ley de Régimen Local del 85 establece que el Consejo de Ministros, previo acuerdo del Senado, podrá proceder a la disolución de un Ayuntamiento «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales».Blanco y en botella.

Los ciudadanos comienzan a conocer el alcance de la trama mafiosa que gobernaba Marbella. Los bienes confiscados hasta el momento a algunos de los 23 detenidos han sido valorados en una primera aproximación en 2.400 millones de euros. La lista de esos bienes revela la voracidad con la que se ha dispuesto del fruto de la rapiña: animales disecados, más de cien caballos, cuadros de Miró, una casa con un salón de 300 metros cuadrados, un helipuerto, propiedades inmobiliarias, cientos de miles de euros en metálico… La mayor parte pertenecen al cerebro que regía el Ayuntamiento, el asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.

El juez instructor ha decretado la prisión incondicional para Roca y la alcaldesa Marisol Yagüe, de quien dice que es una simple «marioneta» del cerebro de la banda, lo que no le impidió disponer de un millón de euros, que presuntamente pretendía cargar al Ayuntamiento, para pequeños arreglos en su vivienda particular. Repugna aún más este enriquecimiento ilícito con la imagen de un Ayuntamiento calificado en quiebra técnica por el Tribunal de Cuentas.

Todas las administraciones tienen responsabilidades en el deterioro marbellí. Los partidos, por su desastrosa actuación en los años ochenta, lo que facilitó la llegada al poder del populista y corrupto Jesús Gil en 1991. La judicatura, por su lentitud y en ocasiones connivencia con los mafiosos. Un par de datos: la Junta de Andalucía impugnó por vez primera una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en 1995. Desde ese año hasta 2003, la etapa que cubre los mandatos de Gil y su sucesor, Julián Muñoz, el Gobierno autónomo presentó 250 impugnaciones más. Los tribunales sólo aprobaron ocho en el ámbito administrativo. Por vía penal, del casi medio centenar de causas abiertas, únicamente se han celebrado tres juicios. Tan sólo hay una condena, la del llamado caso Banana Beach, iniciado en 1998 y sentenciado siete años después, decisión que está recurrida al Supremo. Es decir, hasta ahora, ninguna sentencia en firme.

La salida a semejante caos pasa por la disolución de la corporación municipal y el nombramiento de una comisión gestora que gobierne hasta las elecciones del próximo año. Pasa también por un necesario acuerdo entre los grandes partidos para salvar la ciudad. Y pasa por una actuación judicial que, afortunadamente, ha comenzado a ser más eficaz, así como por el mejoramiento de las fuerzas de seguridad. Pero, sobre todo, pasa por el convencimiento de la sociedad española de que Marbella no es un caso aislado. La corrupción urbanística y la connivencia de la clase política con ella está adquiriendo proporciones serias, especialmente en Andalucía, Levante, Murcia y Canarias. Hay otras muchas Marbellas repartidas por la geografía nacional y contra todas ellas los ciudadanos deben rebelarse. Hay que poner límites a esta plaga de indecencia endureciendo la ley y mejorando y agilizando su aplicación antes de que el cáncer devore a todos.

Mal empiezan PSOE y PP cuando, en medio de la vergonzosa ponzoña política que es hoy Marbella, se lanzan puyas a la hora de interpretar la ley para la elección de un nuevo Ayuntamiento en la ciudad andaluza tras el encarcelamiento de la alcaldesa, la primera teniente de alcalde, un concejal y el asesor de Urbanismo, presunto cerebro de la corrupción. El Gobierno sostiene que no se da el plazo mínimo reglamentado de un año entre la celebración de unos comicios anticipados y los previstos para mayo de 2007; de ahí que ayer decidiera iniciar los trámites para la disolución y la designación de una comisión gestora. El PP, por el contrario, esgrime que es una cuestión de «voluntad» acortar el tiempo, amparándose en la grave situación y arguyendo un artículo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Independientemente de quién tenga razón, resulta esencial que las decisiones que se adopten sobre la crisis salgan del consenso entre las fuerzas políticas si éstas quieren recuperar la muy mellada confianza ciudadana en la institución corporativa. En ese sentido, es acertado que el Gobierno, tras el Consejo de Ministros extraordinario de ayer, haya solicitado el dictamen urgente del Consejo de Estado sobre si procede designar o no una comisión gestora que dirija la corporación municipal hasta las elecciones de mayo del año que viene.

A nadie se le escapa que dejar las riendas municipales en manos de una comisión gestora, que conforme a la ley deberá estar formada por los partidos que integran el Ayuntamiento, acarrea inconvenientes en su composición, debido al transfuguismo de los concejales electos en su día y la responsabilidad absoluta en el escándalo del GIL, el grupo que ganó los pasados comicios. Sin duda, resultaría mucho más provechoso para el bien de la propia ciudad que las elecciones se celebraran cuanto antes, pero sería ruinoso que se pretendiera salir de este cenagal violando la normativa vigente. Este caso, el primero en la historia de la democracia en España, pone de manifiesto la existencia de lagunas legislativas que será necesario corregir para el futuro.

El PP argumenta que el celo del Gobierno por cumplir la ley esconde el temor del PSOE a que se anticipen sus previsiones de que vencerán claramente las elecciones marbellíes de 2007. Por lógico que sea tal razonamiento, populares y socialistas harían bien en apartarse de peleas partidistas y electoralistas que sólo contribuyen a dañar, más si cabe, la imagen pública de Marbella.

A Marbella no le ocurrirá lo que a las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, pues entre sus habitantes existen sin duda numerosos justos entre los que escoger a quienes libren la ciudad de la corrupción en que la sumió 15 años de gilismo, bien es cierto que al amparo del voto bienintencionado de una mayoría de sus vecinos. La Diputación de Málaga habrá otorgado un valor preferente a este criterio al designar a los 16 vocales de la comisión gestora que debe gobernar la ciudad hasta las municipales de mayo de 2007: que sean ciudadanos justos y honestos y sin rastro alguno de contaminación con las prácticas corruptas que han imperado durante años en el Ayuntamiento y con quienes, dentro o fuera de él, las han propiciado.

Ésta es la condición necesaria, aunque seguramente no suficiente, para afrontar con éxito la dura tarea. Desde esa perspectiva, es más relevante, aunque legalmente no constituya impedimento alguno, que uno de los vocales propuestos por el PP regente un despacho de abogados que defiende a un implicado en la llamada Operación Malaya que la militancia socialista del candidato a presidir la gestora, un abogado de larga experiencia y reconocida solvencia jurídica que no ha tenido nunca cargo público alguno ni responsabilidades orgánicas en el partido. Sin embargo, esta circunstancia ha dado pie a los seis vocales propuestos por el PP para justificar su abstención, con lo que la presidencia de la gestora nacerá un tanto debilitada.

Es de esperar que los vocales de la comisión no actúen como correa de transmisión de los partidos que los han designado: seis por el PSOE, seis por el PP y dos por Izquierda Unida y Partido Andalucista, respectivamente. Presiones no les faltarán para que su gestión se oriente hacia objetivos electorales partidarios. No es casual que el PP haya elegido precisamente Marbella para celebrar los próximos días 2 y 3 de junio su reunión intermunicipal para preparar las elecciones de 2007. La tarea es, en todo caso, más complicada que preparar unos comicios: sacar a flote unas finanzas municipales exhaustas por el saqueo de tantos años y devolver a los marbellíes la confianza en las instituciones y en los mecanismos de representación política. Si lo consigue, todos los ciudadanos, y en especial los partidos políticos, deberán agradecérselo.