El Congreso de los Diputados aprueba la Ley Antiterrorista para facultar a la policía para combatir a las bandas armadas

LA APROBACIÓN, por el Congreso, de la ley Antiterrorista y de la ley de la Policía Nacional significa el refrendo por los representantes de la soberanía popular de los procedimientos que el Estado necesita para defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En la votación abrumadoramente afirmativa registrada el pasado jueves cabe destacar el acuerdo global dado por los nacionalistas vascos y catalanes, los socialistas y los comunistas a los proyectos presentados.Incluso cuando las posiciones ideológicas o el simple buen sentido llevaron a la oposición parlamentaria a discrepar sobre aspectos particulares de ambos proyectos, la derrota de las enmiendas fue encajada sin perder los estribos y sin proyectar sobre el conjunto el rechazo de algunos de los artículos.

Merece la pena, no obstante, meditar sobre algunas particularidades conflictivas de esta ley. Pese al enorme avance que supone, para la defensa de los derechos humanos, el control judicial sobre la acción policíaca contra las bandas armadas, no deja de ser preocupante, por ejemplo, ese renacimiento de las jurisdicciones especiales, disfrazadas ahora de jurisdicciones especializadas, al que conducen las reforzadas competencias de la Audiencia Nacional. Tampoco es un dechado de sensibilidad jurídica la decisión de conceder un fuero penal especial a los miembros de las Fuerzas de Orden Público, aunque sea un gran progreso su instalación dentro del campo de la jurisdicción ordinaria; el hecho de que sólo las audiencias provinciales puedan dictar el procesamiento en estos casos significa, además, encomendar a la misma instancia judicial el procesamiento y el juicio.

En lo que se refiere a la ley Antiterrorista, todos los grupos parlamentarios (y todos los diputados, excepto el señor Letamendía) han negado el parentesco de la nueva disposición con la abundante panoplia legislativa producida por el franquismo para luchar -por lo demás sin ningún éxito- contra el terrorismo. El marco democrático en que nace la nueva ley, el contenido de su articulado (salvo los absurdos o excesos señalados) y el papel asignado al control judicial y parlamentario marcan diferencias fundamentales entre las disposiciones policíacas disfrazadas de norma de la época anterior y la ley aprobada por el Congreso.

En cuanto a la ley de la Policía Nacional, es notable quela estructura y las competencias de los cuerpos encargados de velar por la seguridad del Estado y de los ciudadanos hayan sido aprobadas globalmente, previa la presentación de escasas enmiendas (cuya derrota ha sido también cívicamente aceptada), por los nacionalistas vascos y catalanes y por los grupos socialista y comunista.

En definitiva, los representantes de las antiguas fuerzas democráticas de oposición a la dictadura, algunos de los cuales sufrieron duramente el peso de la represión durante casi cuatro décadas, han asumido la realidad de que las Fuerzas de Orden Público, que hasta hace poco más de un año, y en disciplinado cumplimiento de órdenes recibidas desde arriba, les combatían, son las hoy llamadas a defender la democracia y los derechos cívicos. La ausencia de todo espíritu de revancha es así muy de encomiar, y puede decirse que la amplia brecha que separaba, de un lado, a un importante sector de la sociedad, y, de otro, a una pieza básica del aparato del Estado, ha quedado desde el pasado jueves prácticamente cerrada.

El Gobierno, por su lado, debe dar algún paso más para cicatrizar por completo esa herida abierta en el pasado. Resulta, por ejemplo, inconcebible que continúe al frente de una unidad especial de la policía, dotada de grandes medios y reforzadas competencias, un hombre que, como el comisario Conesa, trabó anormales relaciones de conocimiento durante el franquismo con decenas y hasta centenares de políticos, dirigentes sindicales o intelectuales que todavía hoy pueden recordar el trato que les dispensó, en las oficinas y en los calabozos de la puerta del Sol, ese alto funcionario policial por el que no parecen pasar ni los años ni los regímenes. No parece que se trate, como pueden testimoniar algunos diputados que involuntariamente tuvieron que familiarizarse con sus maneras, de un servidor del Estado neutral, sino de un hombre permeado por ideologías, fobias y filias políticas. Y quienes tuvieron ocasión de asistir a la rueda de prensa que dio con motivo de la liberación de Oriol y Villaescusa quedaron perplejos de la especial manera de expresarse del comisario, que parecía todo un ideólogo de la represión. La ley Antiterrorista y la ley de la Policía Nacional son, examinadas en la letra de sus textos, disposiciones democráticas. Pero para que su aplicación también lo sea parece imprescindible que quienes se encarguen de instrumentarlas reúnan los mínimos exigibles de credibilidad democrática.

En cuanto a la competencia estrictamente técnica, Conesa parece un profesional más bien del vicio estilo, conocedor de las antiguas «cloacas» de la clandestinidad, que hoy se asientan cómoda y democráticamente en las Cortes. Pero tras su éxito, lleno de interrogantes sin contestación, en el caso Oriol y Villaescusa, el señor Conesa ha cosechado no pocas decepciones y fracasos.

Evidentemente, no se trata de un caso aislado, pero sí del más conocido, tanto por la imprudencia de quien le nombró como por la audacia del designado al aceptarlo. Por lo demás, el Gobierno, que ha escuchado ya bastantes cosas sobre este terna y, desde luego, no parece darse muy por aludido debería explicar de una vez si el nombramiento y mantenimiento a ultranza en puestos de alta responsabilidad de este funcionario público es o no es una manera de entender la política por parte del Ministerio del Interior. En definitiva, debe saberse si Conesa está ahí por equivocación o por solidaridad. Y no se trata de una cuestión de depuraciones de la policía, de las que nadie ha hablado y que nadie solicita: se trata de una cuestión de coherencia política. O se cree en el sistema que se dice defender o no se cree.