El Congreso realiza una Comisión de Investigación sobre el caso Roldán: «Tengo basura, pero no la usaré», dice este

LOS CERCA de 150 folios del dictamen de la comisión Roldán constituyen un testimonio inapreciable sobre algunos de los aspectos más sórdidos de la vida pública española en los últimos años. Pero la existencia misma del texto, resultado de tres meses largos de investigación por una comisión representativa del arco parlamentario, su discusión pública en el Pleno del Congreso y la difusión sin trabas de su contenido, rinden cuenta de la vitalidad, pese a todo, de un sistema democrático capaz de detectar la corrupción y hacerle frente.Queda por ver si los responsables políticos son ahora capaces de dar el siguiente paso: corregir tales comportamientos de modo que se conviertan, como mínimo, en improbables. De momento, la aprobación por el Congreso de una proposición no de ley para regular el control parlamentario de los fondos reservados y la depuración en curso en la cúpula de Interior son dos efectos constatables, y ambos de singular importancia, de la investigación y recomendaciones de la comisión. Que existan divergencias entre los partidos a la hora de valorar, no tanto los hechos analizados como las responsabilidades políticas que de ellos se derivan, puede considerarse normal. Esas divergencias, y algunos errores de funcionamiento apreciados, no empañan la valoración positiva que merece el trabajo desarrollado.

En este caso, las responsabilidades penales parecen claras, y de ahí que la propia comisión haya trasladado a los tribunales competentes los indicios que ha conocido. Pero ocurre que, a su vez, las investigaciones judiciales, por una parte, y las periodísticas, por otra, han detectado otros indicios inculpatorios que la comisión no ha tenido ocasión de considerar. De ahí la solicitud por parte de algunos comisionados de prolongar, en función de esos datos, la investigación parlamentaria, pese a haber finalizado el plazo para la conclusión de sus trabajos.

El riesgo de aceptar esa petición habría sido el de entrar en una dinámica de prórrogas indefinidas -siempre podrán surgir nuevos elementos de juicio- y, sobre todo, el de dejar en manos de personas sin escrúpulos, como el propio Roldán, la determinación del calendario político mediante filtraciones dosificadas. Y la existencia de una investigación judicial en marcha, en buena medida impulsada por la parlamentaria, garantiza que no habrá impunidad.

Una de las cosas que más llama la atención en el dictamen es la utilización ventajista por parte de Roldán y sus eventuales cómplices del argumento de la seguridad para justificar toda clase de irregularidades. Ése es el motivo alegado para justificar la «abusiva» contratación directa de obras, para la ausencia de control del uso de los fondos reservados, para las transferencias de dinero de unas partidas a otras y hasta para la creación de una sociedad -Europe Capital- encargada de gestionar de la manera más opaca posible los negocios privados del director general. Varias de las recomendaciones intentan acotar lo que es y lo que no es compatible con la seguridad. De los indicios analizados también se deduce que difícilmente pudo realizar Roldán sus manejos sin complicidades, por acción u omisión.

A la comisión le compete establecer las eventuales responsabilidades políticas. La mayoría (PSOE, CiU y PNV) las limita al propio Roldán; la minoría (PP, IU y ERC) las extiende, con argumentos discutibles, al presidente y vicepresidente del Gobierno y a los ministros y ex ministros Barrionuevo, Solchaga, García Vargas, Corcuera, Asunción y Belloch, además del director del Cesid. Esa expansión casi ilimitada favorece una interpretación ligera del concepto de «responsabilidad política». Si describe tanto la eventual pasividad de un ministro en cuyo departamento se repartían los fondos reservados a modo de sobresueldos como la falta de perspicacia de quienes no se opusieron al nombramiento de Roldán en 1986, se está trivializando el asunto, y si la responsabilidad que se atribuye al presidente deriva, según el voto particular de IU, de su condición de «máximo responsable y coordinador de las acciones de los demás miembros del Gobierno», se están amparando interpretaciones absurdas y en el fondo favorables a la impunidad: de todo acabaría siendo culpable el de más arriba. Por ello no le falta razón al portavoz socialista al Plantear que una responsabilidad política tan genérica sólo puede resolverse mediante una moción de censura.