Mariano Rubio hundido: publicados los papeles que demuestran que tenía dinero negro en cuentas secretas

Mariano Rubio disponía de una «cuenta B» en el despacho de su amigo Manuel de la Concha. La cuenta de dinero oculto a Hacienda se mantuvo hasta principios de 1992 en Ibercorp Bolsa. En dicha cuenta se apuntaban diversas compras y ventas de acciones. Según el extracto de la misma al que ha tenido acceso EL MUNDO, Mariano Rubio dispuso de un saldo de más de 130 millones de pesetas. Rubio disponía de una clave secreta, cuya denominación era «7MM». Las pruebas que hoy aporta este periódico demuestran que Rubio mintió en repetidas ocasiones al declarar un patrimonio mucho menor al que realmente tenía. Felipe González defendió en repetidas ocasiones la «honestidad» del anterior gobernador y Carlos Solchaga se comprometió en el Congreso a investigar hasta el final el «escándalo Ibercorp».

MADRID.- El entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, dispuso durante años de una «cuenta B», de dinero no declarado a Hacienda, en el despacho de Manuel de la Concha, que alcanzó un saldo de más de 130 millones, según el extracto de la misma al que ha tenido acceso EL MUNDO.

El ex gobernador mantuvo su «cuenta B» cuando el despacho de De la Concha se transformó en la sociedad de valores Ibercorp Bolsa, en 1988.

Según las fuentes consultadas, la cuenta de Mariano Rubio siguió viva y operativa hasta principios de 1992, fecha en la que desapareció súbitamente del despacho de Ibercorp Bolsa ante la sospecha de que la investigación periodística desarrollada por este periódico en aquellas fechas pudiera localizar el fraude oculto por el entonces gobernador.

El nombre de Mariano Rubio aparece en el extracto de la cuenta recogido del listado de ordenador del despacho de Manuel de la Concha oculto bajo las iniciales «RU», que se corresponden a las dos primeras letras del primer apellido del anterior gobernador del Banco de España. La clave secreta de la cuenta de Mariano Rubio era «7MM».

En dicha cuenta, según el citado extracto, el 3 de enero de 1986, Rubio contaba con un modesto saldo de 1.490.617 pesetas.

En la cuenta «4310 7MM», el entonces agente de Cambio y Bolsa, Manuel de la Concha, propietario del despacho y amigo personal del anterior gobernador del Banco de España, registraba las operaciones de compraventa de acciones que realizaba con el dinero negro de Rubio, al igual que otro tipo de operaciones de disposición e ingreso de fondos.

Las cuentas «B» que existían en Ibercorp se distiguían del resto de las cuentas porque en todas ellas, tras una serie cifrada, apararece una clave que identifica al titular de la misma. La clave secreta de Rubio era «7MM». Para distinguirlas del resto, también se imprimía un símbolo compuesto por tres llaves (>>>), que no figura en otras cuentas de clientes del despacho del que fuera síndico de la Bolsa de Madrid.

La cantidad de dinero en la cuenta «4310 7MM» aumentó de forma poco habitual hasta alcanzar catorce meses después del primer apunte reseñado (el 17 de marzo de 1987) 131.412.570 pesetas de saldo.

Posteriormente, el saldo de Mariano Rubio en su «cuenta B» se redujo progresivamente hasta alcanzar 83.035.304 pesetas el 10 de septiembre de 1987, último apunte contable que se recoge en el extracto de la cuenta en poder de este periódico.

La comprobación de que efectivamente la cuenta «7MM» corresponde a Rubio se ha realizado por diversas vías.

Este periódico ha podido conseguir un documento manuscrito del ex gobernador en el que solicita a su amigo «Manolo» dos cheques: uno de 768.096 pesetas y otro de 850.000 pesetas.

En una nota interna elaborada en el despacho de Manuel de la Concha se da cuenta de la entrega de los dos talones por dichas cantidades, ambos del Banco Central. La salida de este dinero se registra en el extracto de la «cuenta B» con fecha 14 de noviembre de 1986, la misma que figura en la nota interna del despacho de Manuel de la Concha.

Cuando Rubio solicitaba dinero de su «cuenta B», Manuel de la Concha utilizaba cuentas corrientes de su despacho abiertas en diversas entidades bancarias para facilitar los talones a Rubio contra dichas cuentas. Posteriormente, descontaba las cantidades entregadas al entonces gobernador de su «cuenta B».

En la operación antes referida, los dos talones del Banco Central (cuyos números son 1.936.568 y 1.936.576) entregados por Manuel de la Concha a Mariano Rubio se contabilizan aumentando el saldo deudor (se distingue porque bajo el epígrafe SALDO aparece la letra D) que ya en ese momento era de 11.457.683 pesetas hasta 13.424.403 pesetas.

Una de las salidas más importantes de dinero de la «cuenta B» de Rubio se produce el 13 de junio de 1986, día en el que transfiere a la cuenta de su ex mujer, Isabel Azcárate, 9.200.000 pesetas.

Sin embargo, la mayor parte de los apuntes en la cuenta «7MM» corresponden a operaciones bursátiles realizadas la mayoría de ellas a crédito.

En el documento que reproduce este periódico aparecen, junto al descuento de los dos talones del Banco Central, diversas ventas de títulos de Vallehermoso y compras de Tafisa y de Zardoya.

En una carta emitida por el Banco de España el 12 de febrero de 1992 (el mismo día en el que EL MUNDO publicó el primer artículo sobre el «escándalo Ibercorp»), se afirmaba textualmente que «el importe de la cartera de valores de D. Mariano Rubio viene siendo de una media aproximada de 12 millones de pesetas».

Esta afirmación, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, es rotundamente falsa.

Según el balance de situación de la cuenta «4310 7MM» a 30 de septiembre de 1987, al que también ha tenido acceso EL MUNDO, Mariano Rubio tenía una cartera de valores cuya cuantía se elevaba ya entonces a 24.692.676 pesetas. En dicha fecha, Mariano Rubio tenía un saldo positivo de 87.367.860 pesetas y unos resultados positivos por rendimientos de dicha cartera de 11.812.943 pesetas.

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«El importe total de su cartera de valores es de 12 millones…»

«Si los responsables de Ibercorp hubieran tenido un trato de favor conmigo yo hubiera ganado dinero», dijo en febrero el entonces gobernador del Banco de España ante el Congreso, como una prueba de inocencia en el llamado «caso Ibercorp».

«Quizá hubiera sido mejor invertir mis ahorros en Deuda Pública -se preguntaba entonces Rubio- pero esto se hubiera interpretado mal porque soy la persona que más información tiene sobre los tipos de interés».

Poco después de estallar el escándalo, el Banco de España anunciaba que «el importe total de la cartera de valores de don Mariano Rubio viene siendo de una media aproximada de 12 millones de pesetas».

Una cuantificación que, a pesar de tratarse de una información personal, remitía el propio Banco de España para que «la opinión pública pueda evaluar la noticia aparecida en EL MUNDO».

El comunicado emitido entonces por el Banco de España cuantificaba también en 5 millones de pesetas el valor de las acciones de Rubio en la filial del grupo Ibercorp, Sistemas Financieros. Esto es, algo menos de la mitad del total de su patrimonio invertido en los mercados de valores.

Rubio defendía entonces a través del Servicio de Relaciones Públicas del Banco de España que «no existe impedimento legal alguno para estas operaciones…» Sin embargo, la identidad del gobernador aparecía falseada en los listados de la operación, bajo el nombre de M. Jiménez».

«Dichas operaciones de compraventa se han saldado con pérdidas», insistía en el comunicado del Banco de España.

Pese a ello, la operación evitó a Rubio, y a accionistas como Miguel Boyer -cuya identidad también se ocultaba en las listas- unas pérdidas muy superiores por la caída en picado registrada por la sociedad en Bolsa.

Estas pérdidas, finalmente, se repartieron entre el resto de los socios del grupo.

Las acusaciones contra el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio publicadas ayer por el diario EL MUNDO sólo pueden ser verdaderas o falsas: o es cierto que tenía una cuenta de dinero cuya existencia fue ocultada a Hacienda, en cuyo caso nos encontramos ante un fraude considerable del que habría de entender la justicia, y que en todo caso sería merecedor de la más severa repulsa ciudadana al margen de su eventual prescripción, o es una acusación falsa, en cuyo caso el gobernador tendría que querellarse de inmediato contra sus calumniadores. Así están las cosas, siendo difícil imaginar un tertium quid entre ambas hipótesis.En ese sentido, son relativamente irrelevantes los detalles sobre los mecanismos concretos de funcionamiento de la cuenta en cuestión. Lo relevante es si hubo ocultación a Hacienda o no, y si Mariano Rubio y el Banco de España mintieron cuando, a raíz del estallido del escándalo Ibercorp, declararon que la cartera de valores del ex gobernador no superaba una cantidad equivalente a unos doce millones de pesetas.

Mariano Rubio negó ayer de manera rotunda la veracidad de las informaciones publicadas, y, expresamente, tener o haber tenido cuenta alguna con dinero negro. El Mundo ofrece documentos que, de no ser falsificaciones, probarían que Mariano Rubio era titular, en los años 1986 y 1987, de una cuenta cuyo saldo va aumentando como resultado de sucesivas operaciones bursátiles. Esa cuenta llegó a alcanzar un saldo de 131 millones de pesetas. Que se trate o no de dinero negro dependerá de si tales ingresos fueron o no declarados a Hacienda en las correspondientes declaraciones de renta y patrimonio. Para probar que es falsa la acusación bastaría, entonces, presentar las declaraciones de esos años. El hecho de que los supuestos delitos puedan haber prescrito, dado el tiempo transcurrido, no sería en este caso argumento suficiente para negarse a presentar tales documentos. Lo que aquí está en juego no es únicamente la relación bilateral entre un ciudadano particular y la Administración tributaría. Si hubo fraude, nunca habría sido tan cierto el mensaje publicitario de que los defraudados habrían sido todos los ciudadanos honrados y no sólo la Administración.

El gobernador del banco central es una autoridad sobre la que la ciudadanía deposita una enorme confianza. Por eso mismo, alguien que puede decidir el precio del dinero y tomar resoluciones que afectan decisivamente al conjunto del sistema de pagos de un país no puede ofrecer flancos que pongan en duda su neutralidad o su honestidad: no puede convertirse en objeto de sospecha, y por ello mismo es lógico extremar la prudencia ante acusaciones tan graves. Pero si se demostrase que quien fue gobernador del Banco de España durante ocho años defraudó a Hacienda y, por otra parte, mintió al Parlamento, se habría abierto la puerta a la sospecha sobre el conjunto de su gestión, en el transcurso de la cual hubo de tomar decisiones muy delicadas. De ahí la gravedad de este asunto.

Ciertamente, después de que el anterior director general de la Guardia Civil esté siendo investigado bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito, sólo nos faltaba que quien fue la máxima autoridad monetaria resultase un defraudador fiscal para disolver la distancia que todavía ayer parecía separarnos de Italia. El ejemplo de ese país demuestra que a partir de un grado determinado de instalación de la corrupción, nada resulta tan irresponsable como mirar para otro lado so pretexto de actitud responsable, de evitar la quiebra del sistema. Naturalmente que pueden existir móviles ocultos en quienes filtran, denuncian, amplifican escándalos como el de Filesa, Roldán o las cuentas de Mariano Rubio; y hasta es posible que sea todo menos casual que la difusión del último de la lista coincida con el inicio de una campaña contra el fraude fiscal. Pero son esas denuncias, al margen de sus móviles, lo único que puede permitir a la sociedad reaccionar antes de que sea demasiado tarde. La verdad es lo único que urge en este caso. Por dolorosa que sea.

M. Jiménez para el Mercado de Valores, por mal nombre «Ru» y Mariano Rubio en el siglo para el común de los mortales que cambian las pesetas por él firmadas, parece decididamente gafe tal como siempre sospecharon de él sus escasísimos amigos. Por el momento se acaba de llevar por delante una costosísima campaña publicitaria de Hacienda por tierra, mar y aire, en prensa, radio y televisión, para animarnos a pasar con buenas notas el examen fiscal de junio y adelgazar la bolsa del fraude fiscal. Gracias a Mariano, Hacienda bien podría haberse ahorrado tan edificante e inútil dispendio. La campaña es mendaz, porque no nos compara cuántos contratos blindados de cargos públicos podrían proveerse con treinta mil pesetas defraudadas, valga por ejemplo. Pero no seamos crueles y démosla por buena. Siguiendo sus consejas, si Mariano Jiménez hubiera oscurecido 130 millones en una cuenta «B», habría privado a este país de más de dos mil días de cama hospitalaria. A mí me reprochan eso y, siendo débil de carácter como soy, me abro las venas en el baño por no ensuciar. Si «Ru» fuera reo de delito fiscal por su millón de dólares debajo del zapato de Manuel de la Concha, habría dejado un mes sin pensión a más de mil ancianos. Si de tal cosa me acusan, me bebo la cicuta ante el insoportable dolor de los demás. Hay que tener mucho cuidado con las campañas publicitarias porque las carga el demonio.

Teniéndole ley, se lo he dicho mil veces: «¡Mariano, que se te ve la mano!». Pero ya se sabe que el destino es el carácter, y este hombre empecinado en su altivez ha ido por la vida como Pulgarcito dejando tras sí ristras de migas, infidencias ante terceros, pelotitas de golf, listados de ordenador en los que púdicamente se embosca su nombre, y hasta tarjetones manuscritos. Siguen ilustrándote sus contados amigos: «Mariano es muy inteligente, pero lo que le pasa es que es tonto». Al contrario que Hacienda no voy a cargar la conciencia del «Ru», o de «43107 MM», con los males de la patria y de sus clases dolientes o pasivas, pero sí recordarle la indignidad de quien, teniendo el Banco de España como ínsula Barataria y habiéndoselas tenido tiesas a todo el mundo, se ha enredado en miserables pillerías de perillán y en picardías financieras propias de contable de ultramarinos. Ni entro ni salgo en sus posibles responsabilidades judiciales, pero el gobernador de un Banco emisor, aunque la ley no se lo impida, no puede ir por ahí jugando en Bolsa, abriendo cuentas cifradas, con hermanos y cuñados regenteando sociedades-tapadera, y mintiendo por omisión al Parlamento. Sólo por su relación con «Ibercorp» este Jiménez golfista, de haber hecho carrera en Washington, estaría en una penitenciaría federal; y en Londres, como poco, no le admitirían en ningún club y cambiarían de acera en la city por no tropezárselo. Se ignora cómo hombre tan rigorista, de los que van poniendo firmes a los conserjes, se ha comportado tan desmadradamente. Más que por él o por los demás, lo siento por Luis Angel Rojo, su sucesor en la gobernaduría del Banco de España. «M-Jiménez-Ru-43107-MM» se ha cargado el cargo.

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«Pryca» en el ojo del huracán- Tan estrecha ha de ser la manga de un gobernador del Banco de España que hasta en este país, en el que las gastamos anchas, al cesar se le provee de sueldo, despacho, secretaria, coche oficial y demás gabelas, para que durante dos años ni se aproxime remuneradamente al mundo financiero. Una de las mediatas posibilidades de trabajo de mi querido Mariano es la presidencia de la cadena «Pryca». La verdad es que muy rebajado estaría el orgullo de Jiménez para empeñarse en ponerse a vender, pero aún más se habría desmayado la proverbial cautela y discreción de los March tentando a la suerte con tamaña inconsciencia. Rumoreándose la entrada del innombrable en la empresa diéronse en aparecer en sus supermercados gusanos vivos en las tabletas prensadas de chocolate. Quienes no creen en la gafancia o en la mufa están condenados a ser víctimas de ella. Acallado lo de la gusanera, hace unas semanas expendieron una barra de pan convertida gratuitamente en bocadillo por cuanto albergaba un ratón dentro. Allá los March con su dinero. Yo con «Ru» no voy ni a cobrar una herencia.

Sus intentos de desmentir la información que EL MUNDO publicó ayer resultaron patéticos. El ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio no negó que la nota manuscrita que reproducía este periódico hubiera sido escrita de su puño y letra. No aclaró por qué, en vez de hacer él sus propios cheques como todo el mundo, pedía a Manuel de la Concha que se los hiciera. Y, en consecuencia, tampoco pudo explicar por qué el importe de esos cheques era descontado luego de la cuenta secreta abierta a nombre de «RU» bajo la clave «7MM», en la que llegó a haber un saldo de más de 130 millones de pesetas. Se limitó a decir que era mentira.

En nuestra información de ayer, asentada en pruebas documentales, se decía que Rubio tuvo esa cantidad en la cuenta en cuestión. Pero no aclarábamos de dónde había sacado el dinero. Hoy lo contamos con todo detalle. Explicamos que lo obtuvo con el «pelotazo» que supuso la operación de compra y salida al mercado bursátil de Sistemas AF. Resumamos sus pasos: 1) en 1986, un grupo de inversores, entre los que se encuentra Manuel de la Concha, compra al Banco Urquijo la empresa Sistemas AF; 2) la compra se hace en condiciones muy favorables: de los 1.600 millones que cobra el Urquijo, 1.400 los facilita el propio banco a los compradores a través de un crédito; 3) Rubio participa a escondidas en la operación con 19,5 millones; y 4) al poco, los compradores de SF venden el 35% de las acciones de la firma, logrando enormes beneficios. Con ellos pagan el crédito de 1.400 millones y aún les queda para repartirse unos picos. A Rubio, en concreto, le devuelven el dinero puesto -más bien anotado, porque nunca llegó a desembolsarlo- y la bagatela de 115 millones más. En dinero negro, claro está.

Es, pues, la historia de un «pelotazo». De uno de los muchos que se produjeron en esos años. Pero con la peculiaridad de que en éste participó desde la sombra el propio gobernador del Banco de España. Lo cual supone, por lo menos, una clara vulneración de la neutralidad exigible a la máxima autoridad monetaria, y probablemente también un uso de información privilegiada para fines personales. Todo eso con independencia del presumible delito fiscal.

En función de este último, que ya se deducía de nuestra información de ayer, han reaccionado PP e IU, reclamando la apertura de una exhaustiva investigación. En idéntica sintonía ha actuado la Fiscalía de Madrid, que se ha decidido a actuar de oficio. Hacienda debería hacer lo propio. Y también debería intervenir, ahora con aún más motivo, la jueza encargada del caso Ibercorp.

Aquí -diga lo que diga Solbes, que se declaró ayer satisfecho con las «explicaciones» de Rubio- hay muchas explicaciones pendientes. No sólo del ex gobernador. También de sus avalistas políticos González y Solchaga. Porque éste no es un affaire más. Cuando la primera autoridad monetaria obra así, no es que algo vaya mal en el mundo de las finanzas. Es que ya nada de nada resulta de fiar.

La «guerra civil» intra-muros del régimen por el control del poder político, financiero y de comunicación no ha terminado. Simplemente, como ahora en Ibercorp, se suceden las batallas entre los que fueran, otrora, aliados en el felipismo y hoy feroces adversarios.

En una simplificación nominal, que en tramas e intereses cruzados es mucho mas compleja, podría decirse que el clan de la Moncloa (González, Solchaga, Polanco) había recuperado, en plena decadencia del régimen, la iniciativa con la victoria electoral del 6-J. Unos comicios generales anticipados con los que pretendían ganar tiempo, renovar por cuatro años el poder y recomponer su control interno (PSOE, banca y comunicación) frente al que fuera un imaginario enemigo interior o trio anti-felipista (Guerra, Conde, Redondo).

Y los de Moncloa ganaron las primeras batallas. Conde cayó en Banesto, Redondo en PSV y Guerra en el XXXIII Congreso del PSOE, donde perdió la mayoría. Pero quien va ganando, de momento, la «guerra civil» hereda toda la responsabilidad antes compartida con sus antiguos aliados. La tensión social, institucional y nacionalista es «propiedad» del Gobierno y de la nueva Ejecutiva del PSOE. Las elecciones europeas y andaluzas que vienen (como vinieron «mal» las gallegas) son de González, Solchaga y Ciscar.

Como son también de su incumbencia los turbios asuntos que quedan, de una y otra orilla del régimen. Desde la corrupción de Filesa (Benegas, Galeote, Sala, Navarro, Aida,), el Cesid de La Vanguardia, el BOE de Salanueva, la investigación de Luis Roldán, los fondos reservados de José Luis Corcuera, hasta la reaparición de Ibercorp (Rubio, De la Concha, Soto, Boyer). Todo esto es «propiedad» del clan que va de ganador. Costosa herencia, bueyes con los que González ha de arar su intento de reconstruir el régimen y de salvar los muebles de la «década prodigiosa».

Y no sólo eso. Los muertos interiores que ha dejado en su jardín gozán, a ratos, de buena salud. Guerra hizo sus piruetas en el XXXIII Congreso y se rearma para pelear en los congresos regionales del PSOE. Y Redondo ha controlado, desde su tumba de la PSV, su sucesión en UGT y esperará sentado, a la puerta de su jubilación, el paso de González. ¿Y Conde? Algo de brillo a su mirada le habrá devuelto la lectura del último capítulo de Ibercorp.

Lo publicado sobre Mariano Rubio es demasiado fuerte, demasiado claro como para que el Gobierno y la nueva Ejecutiva del PSOE puedan mirar a otro lado. Aunque el ministro Solbes, desde su candor, no ve motivos de investigación en contra de lo que hace la Fiscalía de Madrid. Al propio don Mariano no le llegaba la camisa al cuello, ni al cuello la voz, en el desayuno de Radio Nacional con el ejemplar de EL MUNDO junto a la taza del café. Decir que los papeles no son ciertos, que no se acuerda si escribió «el tarjetón» -¿porque sabía que era un tarjetón?- que lleva su firma y no haber acudido esta misma mañana al juez de guardia, da que pensar.

Más rápidos, la oposición de Izquierda Unida y del Partido Popular que han saltado, sin perder el pie puesto en el cuello de Luis Roldán, sobre la segunda entrega de Ibercorp. Esa es, al fin y al cabo, la estrategia lenta -ellos creen que segura- de Julio Anguita y de José María Aznar en la oposición. Quemar, apretar al adversario pero sin ahogar. Nada de «catarsis» a la griega ni de moción de censura, como sería de esperar en una oposición interesada en deponer al mal gobernante.

No les hace falta. El deterioro general de España, los muertos del jardín felipista, la prensa libre y el tiempo juegan a su favor. Y ellos, sin riesgo, sólo esperan que la manzana podrida del poder caiga, por el peso de los gusanos engordados, en sus manos para empezar a mordisquear.

De las varias posibilidades que se le presentaban en su comparecencia de ayer ante el Congreso, Mariano Rubio eligió la huida: es cierto que se presentó, cuando no estaba obligado a hacerlo, pero fue como si hubiera estado ausente. Lejos de responder a las preguntas obvias que se le hicieron, repitió, diez días después, la primera y patética intervención en la que dijo que tenía que revisar sus papeles para ver si las acusaciones tenían fundamento. Pero el patetismo fue si cabe mayor por su incompetencia como abogado de su causa, incapaz de aportar, frente a las documentadas imputaciones realizadas contra él, cualquier dato, argumento o precisión. Sólo el balbuciente latiguillo de que no es «consciente de tener una cuenta secreta» o de ser un «defraudador fiscal». Su torpe palabra contra documentos de gran fuerza acusatoria.El repliegue de Mariano Rubio hacia el terreno judicial, tal vez por consejo de sus abogados, puede ser una estrategia de defensa: para hacer valer en su favor la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra sí mismo, e incluso, eventualmente, de mentir. Pero al elegir esa vía está reconociendo implícitamente que es su pellejo, y no la verdad, lo que intenta salvar. Si de hacer luz se tratara, Rubio habría respondido a las muy concretas preguntas que se le hicieron: si se reconoce o no titular de la cuenta abierta en el despacho de Manuel de la Concha objeto de indagación, y si los ingresos en ella registrados como resultado, de operaciones bursátiles son ciertos y fueron declarados a Hacienda. En las condiciones en que se encuentra, su negativa a presentar las declaraciones de la renta, a hacer público su patrimonio, equivale casi a una con fesión de culpabilidad.

La única afirmación que realizó con cierta firmeza fue la de que no tiene ni ha tenido relación alguna con la sociedad Traya, desde la que habría participado en la compra y posterior venta de una compañía, con un beneficio de más de cien millones en tres meses. De nuevo su palabra contra documentos de gran verosimilitud. Pero su palabra está bajo sospecha desde el momento en que, como mínimo, las evidencias ahora conocidas indican que no dijo toda la verdad al Parlamento en su comparecencia de hace dos años. No dijo, por ejemplo, que, contra el criterio por él expresado, el administrador de su capital adquirió en su nombre acciones de Banesto por importe de más de cinco millones de pesetas. Algo que Rubio no negó ayer, sino más bien admitió, aunque de manera tan desmadejada que no se le entendió bien si reprochaba a De la Concha haber realizado la operación o haberla plasmado en la famosa cuenta 7MM; pero si era esto último, estaba reconociendo que esa cuenta era suya.

El mismo reconocimiento indirecto puede deducirse de su argumentación según la cual sería absurdo meter cheques nominativos y aun cruzados en una cuenta secreta, fiscalmente opaca. Pero si ello significa que la cuenta sí era suya, y sus anotaciones verdaderas, aunque no era secreta ni opaca, tiene que existir constancia documental de esos ingresos de 1987 en las declaraciones de renta y patrimonio de ese año. Que las muestre.

A su vez, los datos ahora conocidos iluminan retrospectivamente aspectos del asunto Ibercorp. Hace dos años no había constancia de que el ex gobernador se hubiera enriquecido desde el cargo, aunque no fuera mediante prácticas relacionadas con sus responsabilidades. En otras palabras, no había evidencias para dudar de su palabra cuando negó cualquier intervención torticera en beneficio propio. Esa presunción está hoy muy erosionada, pese a que el ex gobernador insistió ayer en ella como «un mérito que nadie podrá negar». Es posible que no tomara decisiones como gobernador motivadas por sus intereses particulares. Pero es imposible ignorar el daño que para la credibilidad del Banco de España deriva de la convicción de que la persona que lo ha encarnado durante ocho años era un defraudador enriquecido desde el cargo. El mensaje no pudo ser más patético: puedo ser un delincuente privado, pero fui un probo funcionario.

UN periódico recién nacido empezó a revelar escándalos de dimensiones importantes y la competencia se pasó años -en vez de intentar enterarse de si eran ciertos, de ampliar la información, de dar todavía más datos- denostando («matando», metafóricamente) al mensajero, sus fuentes y sus supuestos motivos. El aislamiento de EL MUNDO en esa pugna ha retrasado el definitivo esclarecimiento de esos escándalos, facilitando las maniobras de encubrimiento de los distintos poderes. Como si al Washington Post le hubieran dejado solito, por «listo», cuando lo del Watergate…

El caso Mariano Rubio, antes Ibercorp, ha supuesto una ruptura espectacular. Al fin. Todos, en los medios y en el poder, se suben al carro de la condena. Los despechados, quizá con mayor vigor que otros… Con todo, en momentos así es interesante un pequeño repaso de la hemeroteca.

Cambio 16, seguido de Diario 16, dedicó mucho tiempo y espacio a investigar, no el caso Ibercorp, sino las «inconfesables» fuentes de EL MUNDO (la revista, en particular, sigue aún por esa vía). No estaban solos en esa postura. El 31 de mayo de 1992 Cambio 16 publicó cintas ilegalmente grabadas de una conversación del periodista Jesús Cacho con el abogado Juan Peláez, cercano a Javier de la Rosa. Al día siguiente El País las reproducía y les dedicaba un histórico editorial, «Conspiración y profesión»: «Las informaciones de Cambio 16 que hoy resume El País en el sentido de que el «escándalo Ibercorp» forma parte de una conspiración contra el gobernador del Banco de España suscitan una gran cantidad de preguntas. El hecho de que dichas informaciones procedan supuestamente de la intervención ilegal de teléfonos y de la revelación indebida de conversaciones privadas no empaña el interés de las aseveraciones que los interlocutores, un periodista y un abogado, hacen. Las consecuencias que se derivan para el buen hacer de las profesiones a que ambos pertenecen son obvias».

Casi dos años después, el pasado domingo, El País desviaba en otro editorial el punto de mira de su furor: del mensajero, al protagonista. «El Gobierno ha reaccionado, por fin, con energía ante el escándalo que lleva el apellido del anterior gobernador del Banco de España», aseguraba. «Es posible que la proximidad del ejemplo italiano haya influido en esa mayor receptividad, pero da la impresión de que existe también un factor de irritación: quienes desde el poder avalaron en su día a Mariano Rubio se sienten ahora personalmente estafados. (…) Fue el rencor de una mujer despechada lo que desveló los manejos de Juan Guerra, y la pretensión de un contable de participar en el botín lo que hizo aflorar el caso Filesa. Raramente son motivos, nobles, altruistas, de moralidad ciudadana, los que mueven a desvelar escándalos de este tipo, pero sin la pequeña holgura que esa posibilidad de denuncia interesada abre en el blindaje con que suelen protegerse los corruptos, su actuación quedaría siempre impune. Así funcionan las cosas, y es propio de un régimen de libertades y opinión pública que los medios de comunicación se hagan eco de tales escándalos». Copernicano, ciertamente.

De Juan Tomás de Salas, en Cambio 16, dos comentarios de ayer y de hoy. El 9 de marzo de 1992: «¿Sabe usted lo que es difamación? Difamación es exactamente lo que está haciendo EL MUNDO desde hace dos semanas en su campaña contra el gobernador Rubio. Bajezas en vez de pruebas, y todos los datos ciertos torcidos para que destrocen la fama del gobernador. Me parece justo que estas conductas se penen». En el actual número (fechado a 18 de abril de 1994): «Confío en que el caso de Mariano Rubio se aclare satisfactoriamente, pero le aseguro que mi amistad no va a influir un ápice en la información que le proporcione Cambio 16. Aunque me reviente el alma. Katharine Graham me dijo una vez, recién nacido Cambio 16, que los editores podemos tener muy pocos amigos. Qué razón tenía la gran editora del Washington Post».