Nicolás Maduro efectuó un pago de 272.325 dólares a Pablo Iglesias a través de un banco situado en un paraíso fiscal. La operación se realizó en marzo de 2014, dos meses después de la fundación de Podemos. La orden realizada por las autoridades venezolanas se camufló como un pago de «asesorías para el desarrollo social en el país».

Según unos documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, Rodolfo Clemente Marco Torres, ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, ordenó realizar una transferencia por un total de 272.325 dólares a pagar a Pablo Iglesias Turrión. El encargado de ejecutar la orden de pago fue Carlos Erik Malpica Torres, Tesorero Nacional.

Dicho pago opaco a Pablo Iglesias se realizó a una cuenta bancaria radicada en las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas.

Esta cuenta es de Iglesias, si bien los jerarcas bolivarianos se refieren a él en clave como ‘Santa María’, segundo apellido de su madre, Luisa Turrión. El banco utilizado para llevar a cabo esta operación es el Euro Pacific Bank, con sede Kingstown, capital de la isla San Vicente y las Granadinas.

OKDIARIO ha tenido acceso a la orden de pago que emitieron las autoridades venezolanas para poner en marcha la transferencia de fondos. En dicha factura, constan las firmas de varios altos cargos del gobierno bolivariano. Hasta ahora se desconocía la existencia de esta cuenta ya que se encontraba oculta en archivos secretos y encriptados del Gobierno venezolano, según fuentes de la investigación.

Sobre esta cuenta se desató una alarma del servicio antiblanqueo venezolano a raíz de una transferencia injustificada de fondos públicos de dicho país. Informes del servicio secreto cubano también documentaban que existía esta cuenta sospechosa de ocultar al dirigente podemita y cuestionaban el pago efectuado.

A raíz de estas informaciones preliminares, la Policía española solicitó información complementaria para certificar que esta cuenta pertenece a Iglesias.

Este dinero es ajeno a los circuitos ya conocidos de financiación de la fundación vinculada a los líderes de Podemos. El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) recibió 4,2 millones de euros por supuestas consultorías al Gobierno venezolano. Y es también un dinero distinto del percibido desde su plataforma mediática, La Tuerka, desde Irán.

Uno de los responsables del pago es un familiar de la esposa de Maduro implicado en operaciones de narcotráfico: Carlos Erick Malpica Flores. En concreto, los dos sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores que fueron detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico –uno de ellos, Efraín Antonio Campo Flores, criado como un hijo por el presidente y su esposa– involucraron a otro sobrino de la pareja presidencial en el negocio de la droga. Campo Flores y Francisco Flores de Freites llegaron a asegurar a participantes en la operación de traslado de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos que el lavado de dinero podría hacerse a través de la petrolera estatal, PDVSA, para lo que bastaba con llamar a su primo Carlos Erick Malpica Flores, tesorero de la compañía y sobrino también de la «Primera Combatiente», como el chavismo llama a la esposa de Maduro.

Malpica Flores fue elevado a tesorero de PDVSA en septiembre de 2013, pocos meses después de que Maduro llegara a la presidencia del país. Ese ascenso de Maduro supuso el acceso de varios familiares de la pareja a ciertos cargos.

Pablo Iglesias denunciará a OKDIARIO por el mero hecho de desarrollar con honestidad la labor periodística. Por mucho que se parapete tras la negación absoluta de los hechos, el secretario general de Podemos es el único culpable de recibir 272.000 dólares en una cuenta radicada en el paraíso fiscal de Granadinas. Cuando el Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro hizo la transferencia en marzo de 2014, la formación morada —al igual que su líder— ya era una realidad política. Un pago que, para más sospechas, fue camuflado como “asesoría para el desarrollo social en el país”. La Policía ya ha certificado la autenticidad de los documentos en posesión de este diario digital y ha iniciado una investigación. Por su parte, Pablo Iglesias hace un Rodrigo Rato y demuestra que vieja y nueva política son prácticamente lo mismo.

El populista se desprende de toda responsabilidad y trata de matar al mensajero. Iglesias es prisionero de sus actos y también de sus palabras, ya que el pasado 1 de mayo aseguró que “la soberanía no la defienden los que tienen cuentas en paraísos fiscales sino los trabajadores”. Una de las máximas en democracia establece que cualquier ciudadano cuenta con el derecho a denunciar en los tribunales aquellos hechos que considere constitutivos de delito. No obstante, y como es norma en esta casa, el trabajo de investigación e información está documentado y es absolutamente veraz.

Mientras Iglesias adopta la táctica del ‘no’ para defenderse, al igual que hicieron otros tantos políticos antes que él, nosotros nos preguntamos cómo es posible que el autoproclamado representante de “la gente necesitada” pueda tener dinero en paraísos fiscales, engañando así a la Hacienda española. Al igual que hemos reclamado con representantes de otras formaciones —fueran del signo que fueran— un hombre con este bagaje no puede continuar ni un minuto más en política. La actividad pública requiere ejemplaridad inexcusable. De nada vale el victimismo podemita: “Pretenden atacarnos de una manera poco legítima”. Existen las pruebas y las mostramos todas. El hombre que en su delirio marxista pretendía “asaltar el cielo” sabía muy bien cómo llegar al paraíso… eso sí, fiscal.

El comunicado de Euro Pacific Bank, destinatario de una transferencia con destino a Pablo Iglesias, para desmentir la noticia aporta un curioso dato y omite otros relevantes. El más llamativo es que denomina al líder de Podemos por su nombre de pila completo, Pablo Manuel, algo que OKDIARIO no reflejó. Si no es cliente ni conocido del banco, se debe haber tomado la molestia de ilustrarse sobre un nombre que sólo figura o en su biografía o en documentos oficiales.

El banco de las islas caribeñas hace además una refutación muy medida: asegura que nunca ha recibido ninguna transferencia de las entidades citadas, en alusión al Ministerio de Economía y Finanzas, pero la propia documentación en poder de OKDIARIO apunta que esta orden de pago no significa el pago directo del tal Ministerio a la cuenta del Euro Pacific, ya que como está publicado la orden de pago es “articúlese con el Banco Central de Venezuela el mecanismo de pago necesario para llevar a cabo esta operación”.  Ese paso intermedio está precisamente en la investigación policial, porque hay un hecho irrefutable a tenor de los servicios antiblanqueo venezolanos: la transferencia se produjo a esa cuenta.

Pero a este punto el banco no da detalles: no niega que hubiera transferencia ni ilustra quién es el titular de la cuenta 20504356626. El banco sólo apunta que esta cuenta no está a nombre de Iglesias. La orden de pago publicada por OKDIARIO no le contradice. Dice que el “beneficiario” es Pablo Iglesias Turrión y que el  “pago directo” se realizará mediante “abono en cuenta” a través del Euro Pacific. Sólo Nicolás Maduro puede saber por qué quería pagar en esta cuenta caribeña a Iglesias. Y sólo Euro Pacific puede desvelar a nombre de a quién esta esta cuenta utilizada para pagos a Iglesias, quiénes son sus autorizados y cuáles son sus ingresos y salidas.

Pero el comunicado no revela nada de esto. Sólo dice que no acepta pagos de Venezuela, lo cual tampoco es decir mucho porque el estado venezolano, con poderosas inversiones en la isla sede del banco, controla decenas de empresas tapadera para borrar el rastro de cualquier banco. El banco no explica en función de qué norma no acepta pagos de Venezuela ni cómo lo supervisa.

Este es el documento original del supuesto pago del Gobierno venezolano a Pablo Iglesias. No lo publicó en primer lugar OkDiario, el periódico digital que dirige Eduardo Inda, sino una periodista venezolana muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, Patricia Poleo, en un programa que emite desde Miami a través de YouTube. En otro medio venezolano crítico con el Gobierno, Factoresdepoder.com, difundieron esta versión del documento sin marcas de agua citando a Patricia Poleo como fuente original de la noticia. Según Poleo, que subió su programa a YouTube el 5 de mayo, el documento de pago había sido contrastado por «los servicios secretos españoles».

Y este es el documento que publicó OkDiario un día después del vídeo de Patricia Poleo, el 6 de mayo. Se parecen, pero hay diferencias notables entre ambos documentos: los recuadros en rojo, la baja resolución y, más importante, la líneas negras o filetes que separan las distintas cajas de texto, que no están alineadas y en algunos casos se solapan o se duplican respecto al original. ¿La razón de estas y otras diferencias? Que el documento publicado por el medio dirigido por Eduardo Inda se elaboró a partir de las capturas que difundió en YouTube Patricia Poleo.

Este es el vídeo original del que sale el documento de OkDiario que emitió Patricia Poleo el 5 de mayo, un día antes que el medio de Eduardo Inda. En el vídeo se pueden ver (a partir del minuto 3.25) los distintos bloques con los recuadros en rojo que luego se usaron para componer la segunda versión del documento, la difundida por OkDiario. Patricia Poleo mostró en su programa cada fragmento de la supuesta orden de pago por separado y después, a partir de pantallazos de ese vídeo, se elaboró la versión que publicó Eduardo Inda. En  los metadatos de la imagen difundida por OkDiario se puede ver también que fue tratada por medio del conocido programa de edición gráfica Adobe Photoshop.

Si se comparan ambas versiones de la supuesta hoja de pago se puede ver también que la publicada por OkDiario no tiene tampoco la misma proporción que el documento original difundido por Patricia Poleo, que es más largo. El espacio en blanco antes de los sellos del documento original es bastante mayor que en la versión publicada por la redacción de Eduardo Inda.

Tanto el banco caribeño Euro Pacific Bank como el Gobierno venezolano han desmentido estos supuestos pagos. Pablo Iglesias ha anunciado que demandará a Eduardo Inda en los tribunales.

La publicación de un documento en la web dirigida por Eduardo Inda sobre el supuesto cobro de Pablo Iglesias de 272.000 euros del gobierno de Venezuela en una cuenta del líder de Podemos en un banco sito en un paraíso fiscal es la última de una serie de ocurrencias, noticias falsas y bulos que algunos medios se han empeñado en difundir para perjudicar la imagen pública de la formación morada. Las noticias sobre la financiación de Podemos por parte de Venezuela e Irán ocupan un espacio predominante en la campaña de desinformación pero han sido muchas las que, sin lugar a la interpretación, han resultado completamente falsas. Mentiras publicadas.

El currículo de Monedero.

El 24 de enero de 2015 el diario El País llevaba en portada que Juan Carlos Monedero había falseado la mayor parte de de currículo académico. La cabecera de Juan Luis Cebrián se basaba para afirmarlo en que nunca había sido profesor invitado en la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania) ni en la Iberoamericana de Puebla (México). Una de las pruebas en las que se soportaba la afirmación era que un profesor de la Humboldt no recordaba a Monedero. Al día siguiente de la publicación, y tras el desmentido rotundo del entonces número 3 de Podemos, que aportó pruebas de su estancia en ambas universidades, se produjo un desmentido oficial por parte de la Universidad de Puebla que aseguró que Juan Carlos Monedero había sido profesor en su centro durante cinco veranos.

La Defensora del Lector, Lola Galán, tuvo que tratar el caso en un artículo llamado Las lecciones del caso Monedero donde reconoció la falsedad de la noticia y el incumplimiento de los mínimos de rigor que se le tienen que exigir al periódico: “Para cuestionar el currículo del número tres de Podemos habría que haberse apoyado en algo más sólido que la memoria de un profesor de 75 años o los datos de una empleada del departamento de pagos de una universidad, dada la complejidad del entramado de relaciones docentes entre los centros. En estas circunstancias, llevar el tema a portada era muy arriesgado. La única forma de atenuar el error hubiera sido publicar adecuadamente la puntualización y la carta de la Universidad de Puebla. Lamentablemente, no se hizo”.

El viaje secreto a Venezuela

El 21 de enero de 2016 el informativo de Antena 3 narraba una exclusiva que probaría la relación entre “La CUP, Podemos y el entorno de ETA, con el régimen de Nicolás Maduro”. Las imágenes exclusivas eran las de un grupo de personas subiendo a un avión en el aeropuerto de Barajas para ir a Venezuela. Entre los asistentes estaban Anna Gabriel de la CUP y algunos miembros de Podemos en Castilla-La Mancha. En la información no contaban que asistían a unas jornadas culturales que los propios protagonistas habían contado en artículos, blogs, y que estaban publicitadas un año antes de la exclusiva de Antena 3.

La falsa exclusiva que Antena 3 había lanzado coleó hasta El Español, que partiendo de esta información publicó que María José Aguilar asistió a un acto organizado por la Coordinadora Simón Bolivar en homenaje a ETA. Para aseverarlo se basaron en una fotografía en la que aparece una mujer de espaldas con el pelo corto, información que no contrastaron con la afectada y que resultó ser falsa. Aguilar no asistió a ese acto porque a la misma hora que se produjo estaba visitando un pueblo a kilómetros de distancia. La información falsa sigue en la web de El Español sin que haya rectificación alguna.

Cuando Carmena seguía a Zapata en Twitter.

Una de las noticias más estrambóticas que se han usado para atacar a Podemos y sus satélites próximos es la que firmó Francisco Mercado en OKDiario. El articulista de la web de Eduardo Inda publicó que Manuela Carmena seguía a Zapata en Twitter cuando el edil se mofó del Holocausto. El periodista de investigación se basaba en que al buscar hoy el tuit de Zapata con los chistes que realizó en 2011 aparecía en su pantalla de ordenador que la hoy alcaldesa de Madrid le seguía. La alcaldesa se abrió perfil en Twitter or primera vez en marzo de 2015. El desconocimiento básico del funcionamiento de la red social no impidió a OKDiario publicar que Carmena seguía a Zapata en Twitter en 2011. El artículo sigue publicado sin rectificación alguna.

La invitación a Otegi de IU y Podemos.

El pasado 26 de abril, Arnaldo Otegi, secretario general de Sortu, acudió al Europarlamento para hablar sobre el proceso de paz en el País Vasco invitado por una interparlamentaria llamada Grupo de Amigos del País Vasco que está formada por varios diputados europeos entre los que se encuentran varios miembros de Los Verdes, diversos políticos de izquierdas europeos y hasta un miembro de un partido de derechas rumano. Sin embargo, algunos medios como La Razón, OkDiario, Antena 3 y Carlos Herrera en la COPE difundieron la noticia de que Podemos e IU habían invitado a Arnaldo Otegi a hablar en la Eurocámara. Una noticia falsa que marcó la agenda del día y que ninguno de estos medios rectificó. Carlos Herrera incluso decidió hacer un editorial para atacar de forma frontal a las dos formaciones. El locutor estrella de la cadena de los obispos aseveró que íbamos a asistir a una “infamia” en el parlamento europeo propiciada por la invitación de Podemos e IU. Otra noticia falsa que no se rectificó.

Este viernes, Inda tendrá que responder desde el banquillo ante pruebas materiales irrefutables de que ha violado todos los principios y códigos deontológicos periodísticos para calumniar al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El tertuliano ya ha sido demandado por el autor de la información –quien era jefe de Investigación de su medio digital cuando se manipuló lo que había escrito–, Francisco Mercado, quien reclama una indemnización a Inda y a su empresa Dos Mil Palabras, SL. El periodista dimitió tras esa manipulación –una más de una larga serie a la que se vio sometido– «para evitar seguir dañando su nombre y prestigio periodístico al publicarse artículos que faltan a la verdad con la vinculación del nombre y firma sin haberlo consentido ni autorizado».

Público ha conseguido las pruebas de cargo de esa falsificación antiperiodística contra Iglesias, cuyo rastro permanece en el registro del CMS (Content Manager System) de OK Diario: la noticia original fue alterada por el jefe de redacción de Inda, Juan Antonio Jiménez, entre las 03.06.46 y las 04.02.49 de la madrugadade la fecha de publicación –en mayo de 2016, durante la precampaña de las últimas elecciones generales–, mientras el autor dormía y sin avisarle, tal como se puede comprobar en la siguiente captura de pantalla (la presentación completa del CMS sobre esa noticia se puede ver al final de este artículo):

Inda cambió el titular original, que calificó de «mariconada», para calumniar a Iglesias en la precampaña hacia las elecciones

La información manipulada estaba titulada originalmente: «La policía investiga si Iglesias ingresó 272.000 dólares de Venezuela en un paraíso fiscal». El titular no convenció a Inda –llegó a decir después al periodista que era «una mariconada»–, por lo que hizo que fuera reemplazado por: «El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014», dando por cierto algo de lo que su propio jefe de Investigación no estaba en absoluto seguro, razón por la cual había cuajado su crónica de condicionales y empleado repetidamente el término «supuestamente», tal como se puede leer en la siguiente captura del CMS del diario de Inda:

Que el titular original fue modificado es incontestable, porque la URL (Uniform Resource Locator) de la página web –su identificador único en Internet– se mantuvo con el texto original, como se observa en esta otra captura:

Aunque pueda parecer nimia esa diferencia de contenido, en realidad es crucial, ya que se pasa de exponer una realidad –la Policía sí estaba investigando el documento que finalmente se demostró falso, aunque esas pesquisas formasen parte del juego sucio de la brigada política de Interior– a aseverar una falsedad: ni el Gobierno de Maduro pagó nada a Iglesias, ni el líder de Podemos tenía cuenta ninguna en el paraíso fiscal de St. Vincent y Las Granadinas, ni el Euro-Pacific Bank ha operado jamás con transferencias desde o hacia Venezuela, como quedó demostrado pocos meses después.

Se trataba simplemente de una calumnia contra el líder de un partido político, en plena etapa preelectoral, sin que hubiera sido contrastada ni verificada por el director del medio que decidió lanzarla a todo trapo –incluso en la tertulia televisiva de La Sexta Noche–, muy probablemente a sabiendas de que no tenía fundamento.

La nueva campaña periodística de Inda contra el líder de Podemos fue consecutiva a la del falso Informe PISA

Decimos «muy probablemente a sabiendas», porque llovía sobre mojado: esta nueva campaña periodística de Inda contra el líder de Podemos fue consecutiva a la del falso Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), cuya fecha de publicación le fue marcada al tertuliano con la intención de perjudicar a la formación morada, tal como reveló Público.

Además, una vez que quedó demostrado que eran falsificaciones los documentos que se aportaban en la información cuyo original (escrito por Mercado) manipuló,Inda se refugió en que habían sido proporcionados a OK Diario por una “unidad de inteligencia” de la Policía. Es decir, la misma fuente de la que obtuvo el falso Informe PISA: la brigada política dirigida por el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino.

Para confirmar toda esa conspiración de la cúpula de Interior dirigida por el exministro Jorge Fernández Díaz, Inda solicitó que testificase el propio Pino en su favor en cuanto se vio acorralado ante la Justicia por la siguiente falsificación periodística, la de Las Granadinas.

Porque la falsificación no es sólo la de los documentos –según Inda, proporcionados por la cúpula de Interior, lo que constituiría un gravísimo delito– sino también la periodística: por órdenes de Inda no sólo se alteró el titular y la entradilla de la crónica, sino también los párrafos interiores con el fin de dar por demostrados hechos que no sólo no estaban probados, sino que incluso eran tan peculiares que resultaban sospechosos en sí mismos. Por ello, Mercado los incluyó con todas las cautelas del que no tiene confianza en la versión que le han dado, como queda patente en esta otra captura del CMS de OK Diario:

Mercado escribió: «De hecho, en la información disponible se relaciona esta cuenta con el apellido Santa María. La madre de Iglesias se llama Luisa Turrión Santa María. Y Santa María era el nombre en clave de Iglesias para el régimen bolivariano, supuestamente, según esta documentación venezolana«.

Pero la versión publicada por Ok Diario al día siguiente (como se puede ver en la captura que se incluye al inicio de esta información) aseveraba: «Esta cuenta es de Iglesias, si bien los jerarcas bolivarianos se refieren a él en clave como ‘Santa María’, segundo apellido de su madre, Luisa Turrión».

Público se ha puesto en contacto con Francisco Mercado y, aunque no ha querido comentar estos cambios de su texto –evidentes en los pantallazos obtenidos por este diario–, sí ha subrayado que las dos versiones de la misma crónica siguen siendo accesibles en Internet y la suya es la primera, cronológicamente. También se ha mostrado dispuesto a que las autoridades judiciales examinen todas sus comunicaciones de esa madrugada –emails, whatsapps, etc.– para que comprueben que ni Inda ni ninguno de sus jefes de redacción se pusieron en contacto con él para consultarle los cambios.

La campañita que me han montado esta semana a cuenta del ex comisario Villarejo es calcadita a la igualmente falsaria que urdieron hace casi dos años por el caso Lezo contra dos prohombres de esta casa. El fin del pensamiento único es el mismo que por aquel entonces: fulminar a los que pensamos que otra España es posible, a los que defendemos la España liberal, a los que consideramos que el centroderecha es la mejor opción para gobernar este país, a los que defendemos a cara de perro la unidad de la segunda nación más antigua de Europa. Es la historia de siempre: si pudieran, nos matarían físicamente pero, como quiera que el Estado de Derecho subsiste, optan por el asesinato civil. La difamación y la calumnia hasta sus últimas consecuencias. No sale gratis poner negro sobre blanco las golferías de Pablo Iglesias, contar que pagaba en negro a los trabajadores de su TV financiada por la teocracia iraní que lapida a mujeres y ahorca homosexuales, demostrar que percibió 272.000 dólares chavistas en el paraíso fiscal de Granadinas, que les dieron pasta venezolana para aburrir durante la génesis y la creación de Podemos o destapar en primicia su casoplón. Su manada de periodistas tira a matar con la ayuda de un Roures que es el mascarón de proa del 1-O. No hace falta haber pasado por Harvard ni gozar del coeficiente intelectual de Einstein para colegir que Podemos y los golpistas son clones que se han puesto la misma meta: destruir nuestra nación y el pacto constitucional. Es la única manera que tienen los unos de consumar la secesión y los otros de imponer sus totalitarias ideas bolivarianas. Sus patrañas cantan precisamente por eso. Ahora me atribuyen todos los males del averno por haber publicado el célebre chat interno de Podemos en el que un Iglesias que se autocalifica sistemáticamente de «feminista» advierte que le gustaría «azotar a Mariló Montero hasta que sangrase». ¡¡¡En esto consiste el espionaje de la Policía de Fernández Díaz al caudillo podemita!!! Juajuajua. En un intercambio de mensajes a cual más infantiloide y no por ello menos locoides y reveladores. Todos ellos olvidan quién tenía la tarjeta del teléfono supuestamente pinchado del que salió todo: el número 2 de Comunicación de Pedro Sánchez. O sea, que reclamaciones, a La Moncloa, querido Pablo. El linchamiento de tus dóbermans mediáticos es un inigualable estímulo para seguir desentrañando tus vergüenzas. No pasaréis.

La campaña de desprestigio iniciada a través de potentes medios de comunicación, con todas sus terminales, para atajar o anular el auge electoral del Partido político Podemos, era una evidencia que percibía toda la sociedad española y los observadores extranjeros.  Lo evidente según el diccionario de María Moliner es aquello tan claro que resulta indudable o innegable. Sin embargo, en gran parte de la sociedad española calaban las informaciones falsas, los editoriales sesgados, los comentarios sibilinos o simplemente inveraces. Ha tenido que ser Antonio Caño, director durante cierto tiempo del diario El País, el medio de referencia español en la prensa internacional, el que haya terminado confesando que cuando se hizo cargo de la dirección, su misión principal era la de atacar y desprestigiar a Podemos y sus dirigentes.  Afortunadamente para el prestigio del diario, terminó siendo destituido.

El goteo inagotable de las cintas del comisario Villarejo, seguro que nos tienen reservadas futuras sorpresas. Un fragmento de esta especie de psicofonía que reproduce las voces del pasado, ha puesto de relieve la absoluta falsedad de una noticia publicada en su día (6,7 y 8 de mayo de 2016) por un digital denominado Ok Diario, en el que se adjudicaba a Pablo Iglesias, con precisión de datos, una cuenta corriente en un Banco de las Islas Granadinas con una cantidad exacta de dólares procedentes de un pago efectuado por la Tesorería venezolana.  Sin perjuicio del natural revuelo mediático originado, me parece muy interesante y sugestivo, hacer un seguimiento de esta noticia, desde su gestación, su publicación, su recorrido judicial, su reproducción en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta, por Antonio García Ferreras y la constatación de su burda falsedad según el contenido de las conversaciones que hemos escuchado.

Había que elegir un escenario idóneo para montar la farsa. Se optó por San Vicente y las Islas Granadinas, entre la multitud de paraísos fiscales que existen en el Mar Caribe. San Vicente y las Islas Granadinas constituyen un Estado que pertenece a la Commonwealth. Los confabulados hubieran debido conocer que desde 2010 la OCDE había dejado de considerarlo como paraíso fiscal. En el año 2017 firmó un acuerdo bilateral de transmisión de información bancaria con España, si bien en 2021 la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo incluye, junto a otros países, entre ellos Luxemburgo, como jurisdicciones no colaborativas.

No habían transcurrido 48 horas, desde la publicación de la «noticia» cuando un espontáneo comparece ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo denunciando los hechos por considerarlos delictivos. El alto Tribunal da por buena la existencia de la cuenta bancaria pero considera, sin más disquisiciones, que se trataría, en todo caso, del pago por asesorar a un Gobierno extranjero, actividad que no es constitutiva de delito y archiva la temeraria denuncia.

Como es lógico, Pablo Iglesias ejercita las acciones que le concede la ley de Protección civil al honor, la intimidad y la propia imagen. Después de algunas peripecias le corresponde la demanda al Juzgado civil número 84, cuya titular era Gladys López Manzanares. A partir de este momento nos vemos inmersos en una delicada cuestión que obliga a los tribunales a ponderar los derechos en conflicto, cuando se enfrenta a una demanda de esta naturaleza. Por un lado, la información veraz como nutriente de una de las libertades fundamentales de una sociedad democrática y por otro el derecho inmanente a la personalidad del ser humano de no permanecer indefenso ante ataques intolerables a sus dignidad y honorabilidad. Nadie discute que un personaje público está sometido a una crítica acerva y a veces injustificada, pero no tiene por qué soportar la mendacidad.

De la lectura de la sentencia se extraen una serie de conclusiones. Antes de entrar en el debate del fondo de la cuestión, la juez reprocha a Pablo Iglesias que no haya ejercitado la demanda contra la periodista de Miami, que aparece envuelta en la trama. A nadie puede pasar desapercibida la impertinencia de esta objeción. Menos mal que no se había difundido en Australia.

Entremos en el núcleo de la sentencia. Para constatar la fiabilidad y la diligencia de los informadores, la jueza toma en consideración una serie de datos o fuentes que considera que cubren suficientemente esa exigencia legal y jurisprudencial. Resalto en negritas algunos pasajes de la sentencia. Se trata de la difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco de un paraíso fiscal.  Los hechos publicados tenían su origen en fuentes policiales que disponían de la orden de pago y del memorando o autorización para ello. El Sr. Inda y el Sr. Mercado manifestaron que sus fuentes eran personas cercanas al Sr. Pino Sánchez, ex Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía.

El Sr. Pino Sánchez, según la sentencia: «Se desayunó con la noticia de Ok Diario» extrañándose de la publicación puesto que desde hacía varios meses la Policía estaba investigando de manera secreta los hechos.  Añade que, aunque la investigación policial no finalizara no significa que los hechos no tuvieran la veracidad necesaria para justificar la publicación. El resto de los personajes que componen el tinglado de la antigua farsa, según Los intereses creados de Jacinto Benavente, son muñecos o fantoches de cartón y trapo, con groseros hilos, visible a poca luz y al más corto de vista.

Sigo con el texto de la sentencia. Aparece en escena Carlos Alberto Arias, de nacionalidad venezolana. Se considera como la persona que facilitó a la Policía española tanto la orden de pago como el memorando, así como un documento del Servicio Secreto Cubano G2 ( solo faltaba el agente 007 y la KGB) en el que se hacen constar los datos coincidentes con los anteriores. Se añade que ostenta la Autorización Excepcional de Residencia por Circunstancias Excepcionales (colaborar con autoridades policiales) concedida con la validez de un año.

Otro personaje que aparece en la trama es ni más ni menos que el presidente de la Asamblea Venezuela, Henry Ramos Allup, que afirma que Pablo Iglesias recibió, al menos, 250.000 dólares. También manifiesta que tenía copia del depósito ordenado por Marco Torres firmante de la orden de pago controvertida que sirvió de base a la publicación. Los conceptos que se utilizan no parecen muy acordes con las normas mercantiles y bancarias que regulan los ingresos y las transferencias.

Completadas, según la sentencia, las fuentes de contraste y verificación, nos encontramos, sin duda, ante un delito de revelación de secretos por parte de funcionarios policiales que según se desprende del texto de la sentencia son las fuentes de las que se extrae la información. Ni la Sra. Jueza ni el Ministerio Fiscal realizaron el más mínimo movimiento procesal para indagar unos hechos que, a primera vista, parecían o se presentaba como un hecho delictivo de gran trascendencia para la resolución de la demanda planteada.

Por su parte, las alegaciones de la parte demandante, presentando las pruebas de la falsedad de la información, fueron rechazadas sistemáticamente al considerarlas no relevantes, en contraste con las que hasta ahora hemos descrito. El Jefe de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, manifiesta, ante Notario, que la orden de pago es inexistente y que ninguna autoridad venezolana emitió el pago contra fondos del Tesoro nacional. Este dato, incontrovertido, no acredita, según el criterio judicial, que el documento bancario no existiera o que fuera sin más, falso (sic).

Consta un comunicado de la entidad bancaria EURO PACIFIC BANK indicando que Pablo Manuel Iglesias nunca tuvo una cuenta en dicha entidad ni recibió transferencia alguna de las autoridades venezolanas. El argumento para desechar su virtualidad probatoria radica, según la sentencia, en qué se hizo con posterioridad a la aparición de la noticia. Evidentemente no parece muy lógico que se emitiese tal comunicado si la noticia no hubiera aparecido. En fin, dejo al criterio del lector la valoración de estos elementos de prueba para que saquen sus conclusiones.

En mi opinión, existe un dato concluyente que pone de relieve el sesgo de la resolución por la que se desestima la demanda de Pablo Iglesias ante un hecho absolutamente falso como se ha demostrado tras el conocimiento de las conversaciones grabadas por el comisario Villarejo con el director y presentador del programa televisivo Al Rojo vivo. Me estoy refiriendo al hecho significativo y no despreciable de la imposición de las costas del procedimiento a un ciudadano que reacciona indignado ante una noticia falsa, construida con materiales degradados.

En una línea y media despacha de forma taxativa e incluso despreciativa la posibilidad de liberar al demandante de los gastos del proceso que ascendían a 30.000 €, sin conceder la más mínima relevancia a todo lo que había manejado y conocido durante la tramitación del procedimiento judicial. La juez ha aplicado de manera taxativa e incluso despreciativa, con un automatismo fuera del lugar, el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil que regula la imposición de los gastos del proceso a uno de los litigantes. La ley impone la obligación de ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso y pronunciarse sobre si existían dudas de hecho o de derecho que aconsejasen que cada parte abone sus gastos. Solo está justificada la imposición de los gastos en el caso de que el tribunal declare la temeridad del litigante es decir del demandante. Una vez más dejo al criterio del lector si la demanda de Pablo Iglesias está o no justificada en función de la naturaleza de la noticia y los datos que se manejaban. Iglesias, como es lógico, recurre en apelación y la Audiencia Provincial, después de hacer una especie de juegos malabares, termina reconociendo que la decisión de la jueza tiene que estar suficientemente motivada y en ningún caso puede ser arbitraria. Lamentamos no poder analizar este supuesto porque el silencio de la sentencia desestimatoria del juzgado es clamoroso. En todo caso, confirma la condena en costas.

Cuando todo estaba ya consumado, el día 9 de julio de este año se conocen los audios con las conversaciones entre Antonio García Ferreras y el comisario Villarejo que evidencian, sin ningún género de dudas, la falsedad de la información publicada por Ok Diario. Nos encontramos ante hechos nuevos documentados mediante audios cuya veracidad nadie ha negado por lo que, en mi opinión, justifica la interposición de un recurso de revisión. Sería estimulante para contribuir a la regeneración democrática que tanto necesitamos. Como en su día dijo Walter Lippmann: «Uno de los pilares fundamentales del periodismo es la información veraz».