El diario EL PAÍS arremete contra Alianza Popular con un editorial calificándoles como ‘Las Cenizas del Franquismo’

Un indicio de que la vieja clase dirigente del franquismo es incapaz de tomar contacto con la realidad es su permanente reivindicación del pasado.Así, Alianza Popular se esmera en fundamentar su imagen en la experiencia gubernamental de, los seis ex ministros que encabezan la federación. La apuésta es perfectamente lógica. Quienes creen que las cuatro décadas de franquismo pertenecen a las páginas más gloriosas de la historia de España, y que la «mayoría silenciosa» del país está plenamente de acuerdo con esta interpretación, hacen perfectamente en basar su campaña sobre el recuerdo de su contribución al pasado.

Claro que si el franquismo es -como pretende Alianza Popular- algo de lo que ningún español debe abjurar, la conclusión es que el pintoresco tinglado bautizado con el nombre de democracia orgánica debería ser restablecido de inmediato.

El franquismo era, por esencia, incompatible con el sufragio universal, libre y secreto, con los estatutos de autonomía, con el control de la gestión del ejecutivo por parlamentarios libremente elegidos, con la designación del Gobierno por las Cortes, con la libertad de prensa y con la libertad de asociación política y sindical; en suma, con el conjunto de instituciones y prácticas democráticas que se dibuja como horizonte posible de la España que nazca el 15 dejunio tras las elecciones.

El lanzamiento de Alianza Popular se hizo en torno a personalidades representálivas y responsables de la última época de la dictadura. El señor López Rodó fue el cerebro gris de aquella también gris pero poderosa figura que se llamó Carrero Blanco; fue también el orientador de la política económica que impidió a nuestro país aprovechar la prosperidad europea para sentar las bases de un desarrollo equilibrado y a largo plazo. El señor Fraga administró los márgenes de tolerancia de la ley de Prensa, promulgada por iniciativa suya, confundiendo el paternalismo con la libertad, la tolerancia con los derechos de los ciudadanos. Más tarde, como ministro de la Gobernación con el señor Arias, no supo ni pudo impedir, ni aclarar, hechos tan graves y sangrientos como los de Montejurra o Vitoria, y quiso otra vez administrar la libertad.como si fuera su propiedad privada. Fue también el introductor de las técnicas modernas de intoxicación ideológica que se ensayaron en la campaña de los XXV años de paz y se aplicaron a pleno rendimiento en la preparación del referéndum de 1966.

El señor Martínez Esteruelas irrumpió en el mundo de la educación con gran estruendo y voluntad. Lo único que se recuerda de él fueron los exámenes de selectividad y el arbitrario cierre de la Universidad de Valladolid. El señor Silva Muñoz, en su frenesí por apuntarse-las obrás de infraestructura normales en cualquier país de mediano desarrollo, echó.sobre las espaldas de los contribuyentes el disparatado trasvase Tajo-Segura, que parece el mal sueño de un arbitrista. El señor Dela Fuente presidió desde el Ministerio de Trabajo la administración de la Seguridad Social, cuyas cuentas son cuidadosamente no explicadas a los españoles que las sufragan. Algún día su explicación mostrará las consecuencias de varias décadas de administración incontrolada. El señor Fernández de la Mora, diplomático metido a ministro de Obras Públicas, inventó las doctrinas apologéticas y justificadoras del sistema. Finalmente, el señor Thomas de Carranza completó con las tijeras y él lápiz rojo, como censor implacable de libros, las actuaciones represivas de sus superiores y colegas.

El fichaje del señor Arias ha ayudado después a establecer plena y nítidamente la identidad del equipo. Ya es grave que uno de los responsables del caos urbanístico de Madrid, nacido durante su gestión como alcalde, figure como candidato para el Senado por esa provincia en unión del arquitecto que perpetró la Torre de Valencia, uniendo en un mismo acto una operación de especulación del suelo, llevada a cabo desde el propio Ayuntamiento, con la destrucción de una de las más hermosas perspectivas de la capital. Pero raya en lo increíble que el presidente del Gobierno que dio el «enterado» a los últimos cinco fusilamientos del franquismo, en un lúgubre recordatorio de la represión de postguerra a la que contribuyó personalmente como fiscal en Málaga, gobernador en León y director general de Seguridad, que el ministro de la Gobernación que fue incapaz de impedir el asesinato del almirante Carrero Blanco, sea invitado por los siete magníficos a cabalgar de nuevo con ellos. Arias fue un verdadero incompetente al frente del Gobierno, con Franco y con el Rey. Destrozó la economía, enconó el problema vasco, provocó la segunda retirada de embajadores conocida por el régimen, acabó con la Universidad y multiplicó los servicios de espionaje e información. Todo un modelo.

Con todo, la burla más sangrienta de la propaganda de Alianza Popular es su presentación como saneadores de la moral pública. «Si quieres acabar con la corrupción -dice un cartel electoral-, vota a Alianza Popular. » La política es una actividad que admite compromisos, omisiones y silencios. Pero todo tiene un límite. El affaire Matesa reveló las profundas raíces de la corrupción en el aparato del Estado franquista y mostró las, responsabilidades de varios notorios miembros del Gobierno fieles a la línea Carrero-López-Rodó, unido éste ahora al señor Fraga, al que cortésmente defenestró del poder en 1969 por su empeño en airear los trapos sucios del escándalo. Ese turbio asunto, cuya investigación fue detenida por oportunos indultos, puso en guardia a muchos españoles sobre la gravedad de la mala administración del dinero de los ciudadanos por parte de los tecnócratas franquistas. La falta de control parlamentario del Gobierno, el amordazamiento de la prensa y las grandes oportunidades para la especulación ofrecidas por el desarrollo económico, y la creciente intervención del Estado en esa esfera, hacen temer que los escándalos hasta ahora destapados no sean sino la superficie visible de un gigantesco iceberg. La presencia del señor López Bravo en las listas de AP ayudará de todas maneras al recordatorio de los ciudadanos.

Cuando un grupo de antiguos gobernantes, que han tenido acceso al manejo de fondos-públicos y han dirigido la contratación del, Estado con empresas privadas, levantan la bandera de la lucha contra la corrupción, lo mínimo que cabe exigirles es que se ofrezcan, antes de que se lo pida nadie, a una revisión de sus fortunas personales y de los miembros de su familia más cercana. Y en el caso de un solterón impenitente como el señor López-Rodó, esa invitación debería hacerse extensiva a la familia espiritual a la que pertenece.

En definitiva, Alianza Popular no es sino la sombra de una clase política acostumbrada a vivir en el afincamiento del poder. Sus líderes no aportan nada nuevo, pero evocan los rencores de los españoles que encarcelaron durante años por defender la misma democracia a la que ahora tan abusivamente se apuntan. La sombra de la sangre que desde el poder vertieron estodavía demasiado extensa e insultante para un país joven y moderno, que no puede creer en la capacidad de unos gobernantes acostumbrados a responder a la violencia con violencia, y a la muerte con la muerte.

Permítame que emerja de esas «cenizas» en que su editorial pretende colocar a Alianza Popular para hacer algunas precisiones a su editorial del viernes 10 de junio.

1) Alianza Popular no hace una permanente reivindicación del pasado. Tiene un programa serio y respetable que mira hacia el futuro y que, dicho sea de paso, no ha sido analizado, limitándose sus criticas a ataques personales a sus dirigentes, como en el caso de su editorial. Lo que no hace, como otros, es querer dinamitar lo que ya tenemos para partir de cero. Asume el pasado, sin renegar de él, como han hecho todos los países en los que la democracia es un hecho y no una simple quimera.

2) En cuanto a los ataques que dedican a los dirigentes de Alianza Popular no merecerían respuesta si no fuera porque se producen en un momento que, pueden llevar la confusión a una parte del electorado.

Negar que el pueblo español pasó del subdesarrollo al desarrollo en la década de 1936 a 1973 es negar una evidencia. Que su renta por cabeza pasó de cuatrocientos dólares a 2.500, que su Universidad se masificó, que España se convirtió en la primera potencia turística del mundo, y en la tercera potencia en construcción naval. Y en el décimo país industrial del mundo, que los españoles tuvieron, por primera vez en su historia, acceso a los bienes de la Sociedad de consumo (coches, frigorífico, televisor, piso, etcétera). ¿Es posible pretender que el Pueblo español olvide que todo eso ocurrió, precisamente, cuando los dirigentes de Alianza Popular estaban en el Gobierno?

Hay acusaciones que no creo que proporcionen muchos lectores a su periódico en las tierras sedientas y fertilísimas del Suroeste de España. ¿Se puede sostener seriamente que el trasvase Tajo-Segura es una utopía y que es mejor que las aguas del Tajo viertan en Lisboa sin ser aprovechado su paso por España?

No solamente no creemos que sea un disparate sino que Alianza Popular se compromete a acelerarla y terminarla si los electores le otorgan su confianza.

Las acusaciones contra los señores De la Fuente y Arias rayan el límite de lo pintoresco. Hasta los oponentes políticos de don Licinio de la Fuente admiran su integridad y su labor al frente del Ministerio de Trabajo, donde en todo momento cumplió las leyes vigentes. Hacer responsable al hombre que más impulsó Madrid en lo que va de siglo, al hombre que trajo los pasos elevados, que hizo más parques y jardines, que impulsó de nuevo la construcción del Metro, al alcalde Arias, del «caos urbanístico» de Madrid, no me parece justo.

Quiero, finalmente, y si me lo permiten, romper una lanza a mi favor. He aclarado hasta la saciedad Vitoria y Montejurra, pero, por lo visto, EL PAIS no quiere darse por enterado. Recuerdo, una vez más, que en ambos casos me encontraba fuera de España, en Alemania y Venezuela, que el ministro de la Gobernación en funciones era entonces don Adolfo Suárez, que se nombró un juez especial en el caso de Montejurra con una fuerza especial de policía a sus órdenes y que dicho magistrado no encontró el más mínimo motivo de procesamiento.

En cuanto a su observación sobre la Ley de Prensa me permito discrepar de ella. Definida como ley de transición, la Ley de Prensa suprimió, entre otras cosas, la censura y ha sido calificada por tirios y troyanos como la ley más liberalizadora del régimen. Una ley que se sigue aplicando casi en su integridad y que ha hecho posible que la Prensa española alcance cotas de libertad equiparables e incluso superiores a las de cualquier país occidental.

Por último, quiero recordar que, porque siempre creí en la libertad de Prensa, hice todo cuanto estuvo en mi mano para conseguir que un periódico como EL PAIS viera la luz. La autorización de ese periódico fue concedida a instancias mías en septiembre de 1975, cuando nadie podía predecir que el fallecimiento del general Franco se iba a producir dos meses y medio después.

Manuel Fraga