El diputado del PSOE Nicolás Redondo, líder de UGT, rompe la disciplina y vota en contra de la Ley de Pensiones del Gobierno

La soledad del Ejecutivo debió ser ayer, sin duda, impresionante. Por primera vez en los 30 meses de Gobierno, su base sociológica se manifestó masivamente en contra de uno de los ejes de su política económica: la reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones. El presidente del Gobierno y los más destacados representantes de la política económica en su Gabinete están haciendo continuamente declaraciones de que hay que revisar el concepto de Estado de bienestaren España. Y el sentido de esta revisión es, siempre, el de poner límites a las cotas de providencia existentes, por otra parte mínimas en relación con la mayor parte de los países occidentales a los que queremos acercanos.Las manifestaciones de ayer son, por ahora, el ejemplo más claro de las resistencias a esa política económica, sin duda antipopular, pero además inexplicable para la mayoría, por venir dirigida no por un Ejecutivo conservador sino por el primer Gobierno socialista nominalmente puro que ha habido en la historia de España. De ser ciertas las afirmaciones de destacados miembros del Ejecutivo, UGT, CC OO, los partidos de la oposición a derecha e izquierda y los cientos de miles de personas que ayer salieron a la calle en casi todas las capitales españolas están equivocados. El proyecto del Gobierno -siempre según las apreciaciones de sus máximos responsables- no sólo no recorta las futuras pensiones, sino que establece un sistema mejor con prestaciones más altas que el actual.

Lo cierto es que, hasta ahora ni el Gobierno ni el PSOE han sido capaces de explicar a la opinión pública cómo es posible conjugar un ahorro del gasto -que todos comprenden- sin reducir la cuantía de las pensiones. Ni cómo -si es cierto que no se da tal reducción- se garantiza el futuro del sistema de Seguridad Social gravemente aquejado por un desequilibrio financiero evidente. Tampoco han sido capaces de explicar razonablemente- la necesidad de que la reforma -que nadie niega es precisa- haya de empezarse sobre las espaldas de los más menesterosos. Son precisamente los sindicatos (y dentro de ellos, la Unión General de Trabajadores, sindicato hermano del Gobierno por historia, tradición e ideología) quienes más perplejos se encuentran ante unas medidas que afectan a uno de los sectores más débiles de la sociedad (los jubilados). Esta perplejidad y esta falta de entendimiento son mas fáciles de entender recordando, por ejemplo, que el ministro de Economía y Hacienda, máximo responsable de la política económica, no se haya reunido ni una sola vez en los últimos- meses con los representantes sindicales.

La incapacidad para explicar las cosas que tiene el partido en el poder no es nueva. El propio Felipe González reconocía hace un año que el Gobierno no había sabido explicar los cambios introducidos en la sociedad española. Desde entonces, las dificultades de comunicación con sus bases se han visto aumentadas. No es sólo que no se haya llegado a la opinión pública. El PSOE ha tenido que utilizar las presiones para que no se produjeran fugas entre sus propias filas. La misma circular remitida por el partido a sus cuadros advirtiéndoles que no pueden participar en manifestaciones que no han sido autorizadas por su organización, o que desde el Grupo Socialista se hayan lanzado mensajes conminatorios a los diputados con doble militancia, son datos suficientemente significativos de que las medidas que propone el Gobierno carecen de respaldo.

Habrá que convenir que, independientemente de que al margen del centro de la polémica haya elementos de luchas por el poder dentro de la familia socialista la reforma propuesta por el Gobierno ha chocado contra el conjunto de la sociedad. Si la reforma es buena, como dice el Gobierno, y todo se reduce a un problema de explicaciones, resulta lamentable y preocupante la incapacidad de conexión del PSOE con la sociedad, y habría que hacer un nuevo esfuerzo por explicarlo. Esta es una cuestión compleja, en la que son precisos sacrificios sociales, y son la vía de la persuasión y del convencimiento la adecuada para actuar en este terreno. De momento el Gobierno sólo se ha convencido a sí mismo.