12 octubre 1999

Será un régimen aliado a Estados Unidos en la lucha contra el yihadismo

El Ejército de Pakistán da un Golpe de Estado contra Sharif e instala una dictadura encabezada por el General Pervez Musharraf

Hechos

El 12.10.1989 el General Pervez Musharraf, jefe del Ejército, dio un golpe de Estado y depuso al Gobierno de Nawaz Sharif asumiendo la presidencia del país y suspendiendo la Constitución,

13 Octubre 1999

Golpe militar en Pakistán

LA RAZÓN (Director: Joaquín Vila)

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El ejército pakistaní se alzó ayer en armas para evitar la destitución de su jefe ordenada por el primer ministro Nawaz Sharif. El resultado fue el derrocamiento de Sharif y de todo su gobierno. El golpe militar ha sembrado la alarma en todo el mundo, aunque especialmente en la vecina India que ha puesto a su ejército de estado de máxima alerta en la misma frontera donde hace pocos meses combatía los guerrilleros musulmanes (apoyados por los militares pakistaníes) que intentaban apoderase de la región de Cachemira.

La derrota sufrida ante el país enemigo en tres guerras anteriores ha unido a los militares pakistaníes, entre quienes se culpaba al Gobierno por ceder a la presión internacional y forzar la retirada de la guerrilla. El primer ministro Sharif debía tener el poder acumulado por su jefe de Estado Mayor, el general Pervez Mussarraf, y le intentó destituir aprovechando su ausencia del país. Maniobra a la desesperada que ha tenido como respuesta la sublevación: el hombre fuerte en Pakistán es hoy el depuesto Mussarraf, recibido como un héroe por sus tropas a su llegada a Islamabad.

Pakistán continúa así una historia convulsa, fruto de la complicada herencia del colonialismo británico. Sólo que ahora tiene una posición clave en una zona especialmente caliente del mundo, y cuenta con un poder nuclear siempre amenazador. EL problema para el mundo es saber hacia donde se orientan los golpistas. Pero el militarismo en el poder no puede invitar nunca al optimismo.

14 Octubre 1999

Un golpe anunciado

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Pakistán ha tenido Gobiernos militares durante la mitad de sus 52 turbulentos años. Ellos mandan cuando ejercen el poder directamente, y también cuando se lo conceden a civiles bajo su vigilancia. Como otros tres Gobiernos previos, el de Nawaz Sharif ha tenido un final prematuro, esta vez a manos de una mezcla de impaciencia castrense y descontento popular. A diferencia de otros cuartelazos, los generales no han decretado la ley marcial y hay calma en el país musulmán de 140 millones de habitantes, que espera en un limbo político que los golpistas anuncien sus intenciones. Entre las opciones manejadas por el jefe de las Fuerzas Armadas, general Pervez Musharraf -cuya súbita destitución, el martes, es el antecedente inmediato del golpe-, la menos mala es la devolución de las riendas a un Gabinete interino encargado de convocar elecciones; la peor, el mantenimiento de los generales al frente del Estado islámico hasta esas elecciones.La destitución de un Gobierno legítimo en un país con armamento nuclear, situado en una encrucijada geopolítica decisiva y fracturado por profundas divisiones religiosas y sociales, tiene mucho más alcance que la quiebra de la norma constitucional. En el caso paquistaní, sin embargo, el golpe de timón de los militares estaba cantado. La situación de Sharif, que al frente de la Liga Musulmana consiguió una rotunda mayoría en las elecciones de 1997, era insostenible desde hace meses. El primer ministro ahora arrestado comenzó definitivamente a caer cuando en julio pasado, presionado por EE UU, ordenó la retirada de sus tropas de la frontera con Cachemira.

Aquella decisión, recibida por los militares como una suprema humillación, le granjeó también la enemiga de los partidos islámicos fundamentalistas, varios y bien organizados, que le acusaron de haber vendido la disputada región de los Himalayas que ha provocado ya dos guerras con India. Los jefes del más importante, Jamaat-i-Islami, preveían tomar este mes las calles de Islamabad, la capital, si Sharif no dimitía.

Pero llovía sobre mojado, porque Sharif, más atento a la concentración arbitraria de su poder que a la gobernación de un gigante con pies de barro, se había enajenado casi todos los apoyos posibles en un Pakistán cuya economía, en ruinas, sobrevive con el oxígeno del Fondo Monetario. Había centralizado el poder en Punjab, para afrenta de las otras tres provincias y de la oposición; permitido que la ley de la selva se instalara en las calles de las grandes ciudades; aplicado recetas impositivas del FMI que sublevaron a los comerciantes, antiguos aliados. El mes pasado, una veintena de partidos formaron una gran alianza para derrocarle. El penúltimo clavo en su ataúd ha sido el resurgimiento, tras meses de relativa calma, de las sangrientas luchas entre la mayoría suní y la minoría shií. Algunos partidos religiosos llamaban la semana pasada a los militares a «actuar para salvar al país». Musharraf y los suyos no esperaban otra cosa.

17 Octubre 1999

Espera en Pakistán

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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EL GENERAL Pervez Musharraf, autoproclamado dueño de los destinos de Pakistán, sigue manteniendo silencio sobre sus planes para el dislocado país islámico. El Ejército paquistaní, probablemente la única institución con cierta estabilidad en la turbulenta nación asiática -pobre, superpoblada, dividida étnicamente y por el conflicto entre secularismo y religión-, ha suspendido la Constitución y el Parlamento y decretado, bajo el nombre de estado de urgencia, una ley marcial atenuada. Aparte de prometer que extirparán una atrincherada corrupción, las Fuerzas Armadas dilatan el anuncio de sus intenciones concretas.Los militares, árbitros de los acontecimientos en el medio siglo de vida del país, han derrocado sin sangre y con la complacencia ciudadana un Gobierno impopular. Se nota en las calles y lo corroboran encuestas según las cuales hasta el 75% de los consultados está a favor de la destitución de Nawaz Sharif, acusado de corrupción y abuso de poder. Medidas como la congelación de bienes de los políticos prominentes han sido bien recibidas por una población harta de los dos partidos que han gobernado en la última década. La realidad es que ni Sharif ni Benazir Bhutto, cada uno con dos oportunidades como primer ministro, han mejorado sustancialmente la vida de sus conciudadanos. Más bien han degradado la teórica democracia paquistaní e hipotecado su desarrollo. El país surasiático sufre una pobreza rampante, está endeudado hasta el tuétano y en sus ciudades predomina la ley del más fuerte. Este estado de cosas se ha reflejado en una alarmante apatía electoral.

La momentánea luna de miel entre los generales y los ciudadanos explica la tímida reacción de condena internacional ante el golpe. Washington, para el que Pakistán es un aliado geoestratégico clave, se ha limitado a advertir sobre la necesidad de volver rápidamente a la representatividad. La Unión Europea dio ayer un mes a Islamabad para que presente un calendario democrático antes de iniciar represalias económicas. Pakistán necesita renegociar 3.000 millones de dólares de deudas con Gobiernos occidentales y espera ansiosamente otros 280 millones del Fondo Monetario.

Musharraf -con fama de occidentalizado y alejado de fundamentalismos- está buscando un marco que legitime el golpe castrense. Ha conseguido que el ceremonial presidente del país, Rafiq Tarar, siga en su puesto y que le apoyen relevantes jueces del Supremo. Aparentemente los militares consultan a intelectuales, políticos y economistas sobre las posibilidades de un Gobierno interino. Pero el tiempo vuela y la historia muestra hasta la saciedad que aun los más modestos soldados suelen sentirse tentados por el trono. Urge, pues, que el general que se ha arrogado todo el poder deje claro que intenta devolver a Pakistán al camino de las urnas. Y que asegure a la comunidad internacional que su Ejército, el de un país con capacidad nuclear, no emprenderá una nueva aventura en Cachemira como la que este verano estuvo a punto de desatar la cuarta guerra con la India, el otro poder atómico del subcontinente.

20 Noviembre 1999

Juicios en Pakistán

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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EL RÉGIMEN castrense paquistaní salido del golpe de 12 de octubre ha llevado ante un tribunal antiterrorista al depuesto primer ministro, Nawaz Sharif, al que acusa, entre otros delitos, de secuestro aéreo y tentativa de asesinato, relacionados con su propósito de impedir el aterrizaje, el día del golpe, del avión que devolvía desde Sri Lanka al general Pervez Musharraf, jefe de la rebelión. Simultánemente, los militares han iniciado, al amparo de una nueva ley y entre el asombro y el beneplácito popular, la detención de notables paquistaníes -de la industria, la política y el propio Ejército-, acusados de saquear las arcas públicas y a los que se había dado un mes de plazo para redimirse. Deben a bancos e instituciones financieras estatales unos 600.000 millones de pesetas en préstamos obtenidos utilizando su influencia. Entre los detenidos figuran tres ex ministros.No es la primera vez que quien manda en Pakistán se erige en deus ex machina de la moralidad. Anteriores cruzadas contra la corrupción, bien que sin la aparente energía de la encabezada por Musharraf, no dieron los frutos apetecidos en un país desposeído, fatalista y con un clima económico más que permisivo. Las leyes decretadas prevén para los convictos hasta 14 años de cárcel, multas astronómicas y el apartamiento de la vida pública por 21 años, lo que puede menguar sustancialmente el censo de los políticos paquistaníes.

Los movimientos regeneracionistas de esta naturaleza, incluso los apoyados popularmente, se sabe cómo comienzan, pero nunca cómo y dónde acaban. Sobre todo si, como en el caso de Pakistán, no hay ningún otro poder que pueda fiscalizar los excesos del que se ha erigido en árbitro supremo. Los generales cuentan con la relativa credibilidad de su institución, quizá la única que retiene algún respeto entre los escépticos ciudadanos. Pero experiencias anteriores muestran lo frágil de esta asunción. Purgas semejantes han acabado en puras venganzas políticas. En el anterior golpe de Estado, los militares destituyeron a Zulfikar Alí Bhutto, después ejecutado. La medida suscitó el repudio internacional y se volvió en Pakistán contra los presuntos justicieros.

Musharraf, pese a las presiones internacionales, no ha presentado todavía una agenda para la restauración del sistema democrático que quebró en octubre. Ahora, con el procesamiento del impopular Sharif y la redada de notables, ha dado una vuelta de tuerca. Los militares paquistaníes deben esmerarse en garantizar para los detenidos un juicio transparente e imparcial, en el que se respete su derecho a defenderse. Y por encima de todo, dar los pasos para que cuanto antes sean los ciudadanos los que tengan la oportunidad de decidir a través del veredicto de las urnas.