El exministro y diputado José Luis Ábalos su ex asesor Koldo García son encarcelados por la investigación de la Trama de las Mascarillas

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ingresó este jueves en prisión provisional junto con su asesor personal, Koldo García, dentro del proceso contra ellos por una trama de corrupción que operó presuntamente desde el propio ministerio. La mera enumeración de sus cargos en el partido y en el Ejecutivo da una idea de la excepcionalidad del caso y de su corrosivo impacto político. Ábalos es el quinto exministro en toda la democracia que entra en la cárcel y el primer diputado en activo que lo hace.

La imagen de José Luis Ábalos en Soto del Real es aún más dañina para el Gobierno de Pedro Sánchez que la de Santos Cerdán, quien le sucedió en el cargo de secretario de Organización a partir de 2021, cuando el primero fue apartado de sus cargos por razones aún sin aclarar. Pese a su destitución, nada borra el hecho de que Ábalos se sentó en el Consejo de Ministros y manejó el mayor presupuesto público de España. Ni que tras el cese repitió como diputado por Valencia. Hoy está acusado de seis delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Cerdán estuvo encarcelado de manera provisional cuatro meses, hasta el pasado 19 de noviembre. El juez instructor alegó riesgo de destrucción de pruebas, y revirtió la decisión tras practicar los registros que consideraba necesarios. En el caso de Ábalos y García, el magistrado aprecia riesgo “extremo” de fuga ante la presión por las elevadas penas solicitadas contra ellos (de 24 a 30 años para el primero; entre 19 y 30, para el segundo) y por los indicios de que manejan grandes cantidades en metálico. La prisión provisional es una medida muy grave y difícil de entender en delitos no violentos. Contra un diputado en activo, incluso abre interrogantes prácticos en el Congreso. Sin embargo, frente a la tentación de denunciar un ensañamiento político (como trató de hacer Cerdán), es necesario reconocer que la decisión del juez viene avalada por la seriedad de su instrucción hasta ahora.

Con Cerdán y Ábalos ya han pasado por prisión los nombres propios que dominaron la estructura interna de Ferraz durante ocho años tras el ascenso de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Hasta que los desenmascaró la investigación policial, ambos disfrutaron de la defensa cerrada de su partido, sobre el que no pesa ninguna acusación, pero que ahora no puede desligarse políticamente de ellos hablando en pasado. La credibilidad de Sánchez y del PSOE está dañada. Y lo único que puede contribuir a paliar ese daño es una completa transparencia sobre las cuentas de la formación, inevitablemente bajo sospecha cuando sus antiguos responsables están acusados de corrupción. Tampoco ayuda la impresión de que se quiere eludir la responsabilidad en el ascenso orgánico e institucional de ambos. Presentarlos como un caso de confianza personal traicionada no es suficiente en un asunto de esta gravedad.

El caso resulta demoledor para el partido socialista y enturbia aún más la vida política española. Además, subraya la sensación de que al Gobierno empieza a faltarle el oxígeno: sin posibilidad de aprobar los Presupuestos ni leyes de calado. Y ahora además contaminado por una trama de corrupción que —entre las burdas amenazas de revelaciones explosivas de los acusados y las sesiones del futuro juicio— dominará la conversación pública durante meses. Es de esperar que la rápida acción de la justicia contribuya a aclarar el panorama. Entre tanto, los ciudadanos merecen explicaciones exhaustivas por parte del Gobierno sobre el paso de José Luis Ábalos por el PSOE y por el Ejecutivo. También sobre cuáles son sus objetivos para lo que queda de legislatura, con una hoja de ruta realista para lograrlos.

La entrada en prisión de José Luis Ábalos marca un hito devastador en la historia reciente de nuestra democracia. La secuencia del ex ministro y ex número dos del PSOE cruzando el umbral de un centro penitenciario condensa en una imagen el estado de corrupción sistémica que asfixia a Pedro Sánchez. El ex ministro es quien paga de momento por su responsabilidad en una presunta trama (el llamado caso Koldo) de la que también otros han sido responsables. Si Ábalos pudo actuar como lo hizo fue porque contaba con la garantía de impunidad que le procuraba su cercanía al presidente del Gobierno y con el poder del que éste le invistió. Del ex ministro depende ahora en buena medida que se esclarezca toda la verdad. Sus insinuaciones sobre la influencia de la mujer del presidente, Begoña Gómez, en el millonario rescate a Air Europa revisten una gravedad notable. La verosimilitud de su testimonio es la que debe atribuírsele a un testigo directo de una operación sobre la que aún penden demasiadas sospechas.

La potencia simbólica del momento es enorme. Ábalos no es un dirigente cualquiera: fue él quien pronunció el discurso de la moción de censura de 2018, el alegato con el que Pedro Sánchez justificó su llegada al poder en nombre de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción. Siete años después, el arquitecto político de aquella maniobra se convierte en el primer diputado en ejercicio que ingresa en la cárcel y en el segundo número dos de Sánchez que termina entre rejas en apenas unos meses.

Sin embargo, la imagen constituye también la metáfora visual de una legislatura atrapada entre escándalos y parálisis, con un Gobierno incapaz de gobernar y cada vez más dependiente de un relato victimista para esquivar la ineludible responsabilidad política del presidente.

Igual que sólo con las decisiones de Sánchez pudo expandirse desde Navarra a toda España la trama de mordidas dirigida por Santos Cerdán, fue también el presidente quien depositó en Ábalos un poder omnímodo en el partido y en el ministerio de las grandes obras públicas. Precisamente porque fueron sus decisiones las que posibilitaron estos comportamientos, Sánchez no puede declararse ajeno a estos: en ese reparto de cargos e influencia reside su indelegable responsabilidad. Pero además, en el caso de Ábalos, tras su salida del Ejecutivo, el presidente lo blindó en las listas electorales incluso cuando la investigación ya estaba en marcha. Sólo esta circunstancia todavía inexplicada extiende una sospecha que amerita la dimisión del presidente.

Hoy, la ficción de inocencia presidencial se desploma con estrépito. La corrupción que anega al PSOE no solo erosiona la credibilidad del Gobierno: es la causa directa de la parálisis política y legislativa que sufre el país. Corrupción y bloqueo institucional se han manifestado al mismo tiempo, mostrando hasta qué punto ambos fenómenos están entrelazados.

España contempla hoy la caída de quien fue uña y carne del presidente. Y, con ella, se desploma también la estrategia oficial de negar la evidencia. La regeneración democrática que Sánchez prometió en la moción de censura no llegó nunca. Lo que llegó fue exactamente aquello contra lo que decía combatir.

El país no puede permitirse seguir atrapado en esta espiral. Las instituciones exigen un horizonte nuevo. Y la historia recordará esta imagen no sólo como el final de un hombre, sino como el síntoma más visible de una forma de gobernar que ha quebrado la confianza de los ciudadanos.