29 diciembre 1994
Felipe Alcaraz (IU) recuerda que PCPE y PCC ya no existen, y desmiente la parte referida al PCE
El Fiscal General del Estado, Carlos Granados, comparece en el Congreso para desvelar la documentación de Rusia sobre la financiación soviética que recibieron el PCE, PCPE, PCC y CCOO

Hechos
El 29 de diciembre de 1994 el Fiscal General del Estado Carlos Granados Pérez comparece en el Congreso para informar sobre la financiación del Partido Comunista de España y otras formaciones de su órbita a través de la URSS.
Lecturas
El 29 de diciembre de 1994, el fiscal general del Estado, Carlos Granados Pérez, comparece ante la Comisión no Permanente sobre la Financiación de los Partidos Políticos del Congreso de los Diputados, presidida por Luis Mardones Sevilla, para informar sobre la documentación remitida por las autoridades rusas acerca de las aportaciones económicas efectuadas por el antiguo Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) a organizaciones comunistas españolas. La comparecencia, solicitada por los grupos Socialista y Popular, introduce una nueva vertiente en las investigaciones parlamentarias, hasta entonces centradas principalmente en los casos Filesa y Naseiro. Granados explica que la Fiscalía General de la Federación de Rusia ha enviado documentos procedentes de los archivos soviéticos que apuntan a transferencias realizadas entre 1971 y 1990 al Partido Comunista de España (PCE), al Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), al Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) y a Comisiones Obreras (CCOO). Las autoridades rusas investigan el posible empleo irregular de recursos estatales soviéticos por parte del PCUS y solicitan colaboración a la justicia española para esclarecer la identidad de los receptores y las circunstancias de las operaciones.
La documentación presentada recoge aportaciones por un importe global aproximado de 3,9 millones de dólares, 285.896 francos suizos y 1.347.600 pesetas, distribuidas entre distintas organizaciones y periodos. Según la información facilitada por las autoridades rusas, el PCE habría recibido alrededor de 1,3 millones de dólares, el PCPE unos 2,5 millones, el PCC cantidades próximas al medio millón y CCOO unos 150.000 dólares. A estas entregas se añadiría una aportación en especie de 1.383 toneladas de papel para la edición del periódico Nuevo Rumbo, vinculado al PCPE. Los documentos contienen referencias a responsables políticos y sindicales que habrían intervenido en la recepción de los fondos, entre ellos Ignacio Gallego Bezares, Gerardo Iglesias Argüelles y Julio Anguita González. La presencia de estos dos últimos nombres reviste especial importancia política: Iglesias había dirigido el PCE y posteriormente Izquierda Unida, mientras que Anguita es el actual coordinador general de IU. No se trata únicamente de las relaciones históricas de las organizaciones explícitamente prosoviéticas con Moscú, sino de documentos que atribuyen operaciones económicas a dirigentes vinculados a la coalición que ahora exige explicaciones sobre la financiación del PSOE y el PP.
Granados distingue, sin embargo, entre la existencia de documentos remitidos por una autoridad extranjera y la acreditación de un delito perseguible en España. Explica que la Fiscalía ha solicitado información adicional a Rusia sobre la naturaleza de la investigación, la legislación aplicable y la posible prescripción de los hechos. También señala que las comprobaciones realizadas hasta ese momento no permiten afirmar que existan indicios suficientes de delito en España. Esta precisión resulta fundamental porque las aportaciones abarcan periodos jurídicos distintos: algunas se remontan a la clandestinidad comunista durante el franquismo, otras corresponden a los primeros años de la democracia y otras son posteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos de 1987, que prohíbe las aportaciones procedentes de gobiernos y organismos públicos extranjeros. El fiscal informa asimismo de que las cuentas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas hasta 1989 no reflejan anomalías relacionadas con las partidas examinadas. La ausencia de esas cantidades en la contabilidad fiscalizada plantea interrogantes, pero no permite establecer por sí sola quién recibió efectivamente los fondos ni cuál fue su destino.
a comparecencia coloca en una situación particularmente delicada al representante de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz Masats, que durante las sesiones anteriores se había distinguido por sus interrogatorios a los responsables socialistas y populares. El diputado rechaza que pueda atribuirse a su organización una financiación ilegal y sostiene que el PCE no ha recibido dinero del PCUS desde el inicio de la democracia. También niega, en nombre de Julio Anguita, la autenticidad de las firmas que aparecen atribuidas al dirigente comunista en las fotocopias remitidas por Rusia. El portavoz popular Jaime Ignacio del Burgo Tajadura insiste en la gravedad política de las revelaciones y en la necesidad de aclarar las aportaciones recibidas después de la aprobación de la legislación sobre financiación de partidos. Alcaraz responde defendiendo la trayectoria democrática del PCE y cuestionando el uso político de la documentación. Del Burgo precisa que sus críticas a la procedencia del dinero no pretenden negar la contribución del comunismo español a la recuperación de las libertades. La sesión termina sin una conclusión judicial sobre las supuestas irregularidades, pero con un cambio significativo en la dinámica de la comisión: por primera vez, Izquierda Unida debe responder directamente a sospechas relacionadas con la financiación histórica de su principal partido integrante.
El Análisis
Hasta ahora, Felipe Alcaraz había disfrutado de una posición relativamente cómoda en la comisión: interrogar a los responsables del PSOE por Filesa y a los del PP por Naseiro, sin tener que defender las cuentas de su propia organización. Pero la financiación soviética del PCE rompe esa situación. Las revelaciones no son nuevas: ABC y El País ya habían publicado informaciones sobre los documentos procedentes de Moscú, y las relaciones históricas del PCPE y del PCC con la URSS eran sobradamente conocidas. Lo incómodo para IU es que entre los nombres mencionados en los «recibís» figuran Gerardo Iglesias y, especialmente, Julio Anguita. Alcaraz niega la autenticidad de las firmas atribuidas a este último y el fiscal no aprecia todavía indicios suficientes de delito. Pero el coste político de tener que dar explicaciones resulta inevitable. Izquierda Unida descubre que una comisión concebida para investigar a todos los partidos también puede volverse contra ella.
Es posible que IU confíe en que la sesión constituya un mal trago de un solo día, que la opinión pública pase página y que las siguientes comparecencias devuelvan el protagonismo a Filesa y Naseiro. Los comunistas españoles no han dispuesto de las mismas relaciones con grandes empresarios y banqueros que las principales formaciones políticas, pero durante décadas han contado con otros apoyos, incluidos los procedentes del movimiento comunista internacional. Los documentos rusos obligan a reconocer unas relaciones económicas que ahora resultan políticamente incómodas y demostrar como el drama de la finaciación de partidos puede afectar a todos.
JF
