El Gobierno Aznar nombra a María Teresa Estevan Bolea nueva Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear en sustitución de Juan Manuel Kindelán

El relevo en la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha sido un cambio menor. El cauteloso Juan Manuel Kindelán ha sido sustituido por la ex diputada del PP María Teresa Estevan Bolea, firme partidaria del desarrollo de la industria del átomo desde que trabajaba en la Dirección General de Energía. Estevan se ha desmarcado de las ambigüedades de la anterior presidencia y ha dibujado un futuro en el que las centrales nucleares tienen perfecta cabida: en un primer momento se podría alargar la vida de las plantas actuales de 30 o 40 años a 60, siempre que las empresas lo pidieran y efectuaran las modificaciones pertinentes, y a partir de la próxima década podrían instalarse nuevos reactores nucleares.

La llegada de Estevan al CSN se ha producido en un momento en que el lobby nuclear está levantando cabeza en el mundo gracias al aliento que ha recibido en Estados Unidos con la llegada de Bush a la presidencia. El año pasado, el equivalente norteamericano del Consejo de Seguridad Nuclear ya amplió hasta 60 años la licencia a dos antiguas plantas, pero ha sido el apoyo a la industria nuclear que figura en el plan energético de Bush lo que ha reanimado una industria en crisis desde que el Gobierno alemán anunció el cierre de todas las plantas nucleares en cuanto cumplan 32 años.

El gran argumento que esgrime la industria nuclear es que sus plantas de producción no generan dióxido de carbono, el principal responsable del calentamiento de la Tierra. Sus puntos más débiles son el recuerdo de la catástrofe de Chernóbil, que acabó con el argumento de que un accidente grave era poco menos que imposible, y la incapacidad de encontrar una solución real al problema de los residuos de alta actividad.

La decisión de los Gobiernos de Suecia y Alemania de dejar que la energía atómica se extinga con la vida de las plantas ahora en funcionamiento ha supuesto la culminación de años de estancamiento de esa industria. La cifra de poco más de 400 reactores en funcionamiento en todo el mundo lleva muchos años repitiéndose. En el 2000 eran 438, que generaban el 16% de la energía eléctrica mundial; en España hay nueve. El año pasado entraron en funcionamiento sólo seis reactores, ninguno de ellos en Estados Unidos o la UE. En estas áreas, las empresas ponen su mirada en el gas natural, dadas las notables ventajas que ofrece la nueva tecnología de ciclo combinado. También las energías renovables, sobre todo la eólica, empiezan a hacerse un hueco en el mercado.

Aunque no parece que el lobby pronuclear en Estados Unidos y Europa aspire a construir nuevas plantas, sí está claro que pretende prolongar la vida activa de las que están en funcionamiento. Y para ello es muy útil controlar el CSN, el organismo que debe dar el visto bueno a las modificaciones técnicas necesarias para que una central calculada para 30 años dure 60. Ésa podría ser la razón del interés del Gobierno por este relevo.