El Gobierno de Felipe González indulta a José Mª García (ANTENA 3 RADIO) para que no vaya a la cárcel por injuriar a José Luis Roca

Vi por la tele la comparecencia ante el juez de José María García; se le veía la mar de pinturero y entró estrechando manos a diestro y siniestro cual torero de moda, porque el despliegue de fotógrafos era lo nunca visto y más que un trámite legal aquello era un guateque. Servidora no desea que a García le metan en el trullo, porque la cárcel es un sitio tremendo y me parece que por el mero hecho de hablar o de escribir nadie se merece semejante castigo; y para aquellos periodistas que se pasen de insultones y bocazas -que los hay- siempre existen las multas, por ejemplo. Total, que a ver si indultan al García de una vez y se acaba por fin esta verbena.Pero no era de él de quien quería hablar, sino de Fidel Vera. Ya saben, ese chico que hace ocho años, cuando tenía 19, robó 25.000 pesetas, y al que ahora acaban de encerrar con una condena de 14 años. Fidel no había vuelto a delinquir, ha formado una familia, tiene un hijo, un empleo. Posee informes favorables de todo el mundo, incluyendo el director de su empresa, el Tribunal Superior de Murcia y las personas a las que robó, que le han perdonado. Pero el Gobierno le ha negado el indulto. No hemos podido ver su comparecencia ante el juez: seguro que tuvo mucho menos rumbo y tronío que la de García. A Fidel, en cualquier caso, ya le han metido en ese pudridero que es la cárcel: si el sentido de la prisión es reformar, verdaderamente con este chico la han pifiado.Hay que hablar de Fidel, porque él no puede ir estrechando manos por doquier ni ocupar la primera página de los periódicos. De lo cual no es culpable García, que está en su derecho de intentar librarse de la trena por todos los medios, sino aquellos que a su alrededor montan el circo. Lo de Fidel, en fin, no tiene el glamour de la popularidad ni el bálsamo eficaz del corporativismo, pero es una barbaridad y una injusticia. Que le saquen. Que le indulten. Es urgente.

EN este oficio del periodismo, como en todo, cada maestrillo tiene su librillo. El de José María García es archiconocido: verdades de a puño, agresividad punzante, combatividad suma. Así se ha convertido en el monstruo radiofónico que es en el periodismo deportivo, sin nadie que pueda hacerle sombra. Primero, García. Luego, «naide», y luego muchos otros, como dijo el torero sentencioso. Si yo hiciera periodismo deportivo no lo haría como él, del mismo mbdo que si él se dedicase al periodismo político, no lo practicaría como yo. Digo esto porque quiero que quede claro que el librillo de García y el mío son bien diferentes,lo que no impide que nos profesemos afecto recíproco desde hace años. Ahora el Tribunal Constitucional acaba de denegar el amparo que García pedía contra una sentencia de la Audiencia de Zaragoza que lo condenaba a dos meses y un día de arresto mayor por haber insultado a un jerarca deportivo que tenía además la condición de diputado regional. Esto significa que, al acumularse esta sanción con otra de igual duración por haberse metido hace tiempo con otro político que tenía responsabilidades en el deporte, García tendrá que ir a la cárcel si no media un indulto. Lo que denunció el periodista respecto del jerarca deportivo (cuyo nombre, desde luego, yo no voy a pronunciar, porque con este señor parece recomendable no ir ni a recoger una herencia) era, simplemente, la pura verdad. Pero la condena no viene por la veracidad o no de la información, sino por las expresiones «claramente ofensivas, innecesarias para la información que transmitía, e inútilmente vejatorias» dedicadas al prócer en cuestión. Estamos ante un asunto de formas más que de contenidos. Todo esto sería bueno saberlo, e incluso resultaría esclarecedor a la hora de que los periodistas supiéramos a qué atenernos, por más que nos doliese que tan relevante compañero tuviera que ir a la cárcel unos meses, porque significaría que ya existe un punto de referencia. Podríamos, y deberíamos, discutir si semejante criterio tiene que ver con la salvaguardia de la libertad de expresión, pero eso sería ya un asunto posterior. Pero resulta que esta denegación de amparo nos lleva a la confusión absoluta, porque hace muy pocas semanas fue absuelto el presidente de un club de fútbol que había puesto a parir a otro presidente de club, y aquella sentencia dejaba dicho que procedía la absolución ya que en él era cosa habitual lo que en cualquier otro podría tomarse por un delito de injurias y calumnias. El desconcierto es total: García no se ha comportado de manera diferente a como lo viene haciendo desde hace décadas. La inseguridad jurídica es para alarmarse en serio, ciertamente. Si alguien hubiera decidido dar un escarmiento a los periodistas que no dejan en paz a nuestros ejemplares políticos, no lo podría haber hecho mejor.

EL Gobierno ha concedido, finalmente, un indulto parcial al periodista José María García, tras dilatar inneceseriamente su toma de decisión, convirtiendo en un proceso agónico una resolución que, desde un prístino entendimiento de la democracia y de la libertad de expresión, tenía que haber ejecutado con una celeridad acorde con la evidente demanda de la opinión pública. Pero el gobierno socialista ha preferido trastear, a modo de castigo, al periodista para, a la postre, comportarse como el torero que manda al desolladero a la res de un bajonazo degollador. Como ocurría en los tiempos del franquismo, en los que las publicaciones eran secuestradas o multadas, hoy sabemos que la libertad de expresión tiene en España un precio. Seiscientas mil pesetas cuesta un calificativo, un adjetivo no recomendado en el manual de estilo escrito a medias por el Gobierno y por el Tribunal Constitucional, metidos ambos a teóricos de la información y autolicenciados en gramática parda de preceptiva periodística. El Gobierno, conmutando las condenas de García por dos multas, se ha indultado parcialmente a sí mismo como responsable, después de ocho años de mayoría absoluta, de la pervivencia en nuestro Código Penal de un delito tan anacrónico como el de desacato y como responsable de un clima de amedrentamiento de la prensa, que llevó al Tribunal Constitucional a denegar el recurso de amparo solicitado por el periodista. Desamparados estamos, pues, incluso ante la irrevocable tarea de denunciar a quien, como el entonces parlamentario aragonés, José Luis Roca, cobra del erario público dineros que no le corresponden. Al que se lleva el dinero no se le persigue. A quien denuncia el hecho, por un quítame allá ese adjetivo, se le multa. Es un aviso a navegantes. Es, con perversa máscara de benevolencia, un castigo para quienes, con ímpetu en lo esencial y sin hacer teología de los matices, tienen la osadía de señalar que algo huele a podrido en nuestros estercoleros. Al periodista se le deja en la calle, su lugar natural, pero se le amenaza: ojo, que el Gran Estilista -y aquí el estilo vuelve a ser un orden impuesto- vigila, y como el Gran Corrector encuentre otra errata, mientras dure el tiempo de la condonada pena, caerá otra vez sobre el periodista el peso centenario de la Justicia. El gobierno del «cambio», efectivamente, no sólo mantiene en el Código Penal un delito, el de desacato, propio de épocas en espíritu feudales, sino que, para condimentar su forzada magnanimidad con enrevesada receta artesana, invoca una ley de 1870, lo que da idea de la distancia que nos separa de la España moderna y de progreso tantas veces invocada por los socialistas. Y, puestos a repartir reglazos con el farisaico manual de urbanidad en la mano, el presidente del Tribunal de Justicia de Madrid, Clemente Auger, abre diligencias informativas al juez Ruipérez. Es lo mismo, las formas como pretexto. La verbena la publicitó el Gobierno, pero como el juez no la pudo evitar, se recurre al manual de estilo. Quienes creemos que la democracia no debe ser formal, estamos hoy parcialmente preocupados.