El Gobierno de Felipe González Márquez anuncia su propósito de autorizar canales de televisión privados en España acabando con el monopolio de TVE

EL PRESIDENTE del Gobierno confirmó la semana pasada su opinión favorable a la ruptura del monopolio estatal de Televisión Española y su propósito de autorizar el funcionamiento de las televisiones privadas en España. Felipe González había dejado en claro su postura al respecto en otras intervenciones públicas. Sin embargo, las anteriores declaraciones del jefe del poder ejecutivo no fueron seguidas por acuerdos del Consejo de Ministros o por iniciativas del grupo parlamentario del PSOE encaminadas a poner en marcha la lenta y complicada maquinaria legislativa, a quien corresponde establecer el marco general de actividad de la televisión privada. En cambio, los diputados del PSOE rechazaron hace un año una proposición de ley, presentada por Alianza Popular y apoyada por las minorías vasca y catalana, para regular las televisiones privadas. En aquella ocasión, el socialista Pedro Bofill agotó el repertorio de acusaciones tópicas para tratar de justificar el voto de su grupo.Al parecer, el presidente del Gobierno desea congelar la situación hasta que el próximo congreso del PSOE se pronuncie sobre la debatida cuestión y dé luz verde a las televisiones privadas. Sin embargo, no parece que esa demora esté justificada. Con independencia de que el último congreso del PSOE no aprobó la intangibilidad del monopolio estatal, el programa socialista -único documento que establece de manera fehaciente los compromisos del partido con sus votantes- se limitó a propugnar la defensa y el fortalecimiento del carácter público de TVE, objetivo altamente elogiable en sí mismo y que no implica en modo alguno la exclusión de las televisiones privadas. Al ocuparse de otras cuestiones relacionadas con RTVE, el programa del PSOE se limitó a exponer algunas generalizaciones sobre la «gigantesca revolución» implicada en las innovaciones tecnológicas, a condenar la «colonización cultural» de que han sido víctimas los españoles y a prometer que RTVE se convertiría «en un instrumento fundamental de la oferta cultural». Dicho sea de paso, quien compare esas bellas palabras con la realidad de ahora podrá comprobar el aparatoso fiasco de la gestión de Calviño en el intento de lograr la «culminación» del proceso de «institucionalización democrática» de Televisión Española para situarla «al servicio de toda la comunidad». La prometida elevación de «los niveles técnicos, culturales y estéticos de sus programas» no sólo no ha sido cumplida, sino que ha dejado su lugar a una clara degradación de la oferta televisiva y a tal confusión sobre los criterios, que se pide al Consejo de Administración que se pronuncie sobre el eventual anuncio de preservativos a través de la pequeña pantalla. Por lo demás, si la «colonización cultural» se mide en términos de la contratación de telefilmes y películas de escasa calidad fabricadas fuera de España y del agobiante aumento de los anuncios de las grandes empresas multinacionales, también cabría concluir -pero nosotros no lo hacemos- que algunos directivos de TVE se comportan como verdaderos cipayos.

Nada impide al Gobierno dar una respuesta favorable y rápida a la creciente demanda social -registrada de forma espectacular en los sondeos de opinión- en favor de la ruptura del monopolio estatal y de que el diálogo sobre los contenidos de la televisión aborde temas más interesantes que el referido a los condones. Los 16 meses transcurridos desde la irrupción en RTVE del equipo designado por el Gobierno y por su mayoría parlamentaria demuestran el fracaso de cualquier pasada por la izquierda, mientras subsista el monopolio, para rescatar a Televisión Española de la desprestigiada sima en la que vive. Televisión Española lleva las marcas indelebles de sus orígenes y de las aportaciones sucesivas que hicieron a su monstruosa malformación ministros del antiguo régimen, como Gabriel Arias-Salgado, Manuel Fraga o Alfredo Sánchez Bella. Ya entonces se fraguó el desastre de ahora.

Conviene, así, deshacer un peligroso equívoco, propalado por la burocracia de RTVE, siempre dispuesta a confundir sus intereses particulares con los del Estado o de la sociedad. La defensa y el fortalecimiento de la televisión pública no sólo no implica el mantenimiento del monopolio estatal, sino que en las actuales circunstancias exige su ruptura. La televisión de Estado en España es, en realidad, una televisión que genera negocios privados con fondos públicos, que produce toda clase de mediocridades profesionales, arbitrariedades políticas y errores empresariales, y que es, a la vez, como un verdadero monstruo, el principal elemento de propaganda del partido en el poder -sea cual sea- y la principal fuente de deterioro de quienes la emplean con estos fines. Resulta lamentable contemplar que el PSOE no haya aprendido la lección de UCD en este terreno. La única conclusión es la de que quienes se lucran de esta situación de deterioro quieren que el deterioro continúe.

Como ha demostrado sobradamente el ejemplo de la radio, el sector público gana en eficacia, agilidad y calidad cuando se ve sometido al reto de la competencia de la iniciativa privada. Pero, además, la Constitución española define un Estado descentralizado y democrático, en el que la libertad de empresa no sólo está permitida, sino que forma parte del conjunto estructural sobre el que se asienta la convivencia democrática. Para salvarse Televisión Española de su ruina actual debe luchar por su audiencia a través de la mejora de su programación y de la racionalización de sus estructuras. Y debe planterase seriamente, en cualquier caso, una política publicitaria no vejatoria para los ciudadanos. Las experiencias de los terceros canales -también públicos-, regidos por las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco, han mostrado, además, el terror pánico de Calviño a sus competidores (a quienes pretende reducir a la condición de amables folkloristas) y las servidumbres de cualquier televisión sometida a control político.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de marzo de 1982, el derecho a la creación de televisiones privadas no es una «derivación necesaria» del artículo 20 de nuestra norma fundamental, pero tampoco se halla «constitucionalmente impedida». En cualquier caso, la gestión por empresas privadas de un servicio público como es la televisión «requiere una decisión del legislador y un desarrollo legislativo. La implantación de televisiones privadas depende de una decisión política, que debe ser instrumentada a través de una ley orgánica. Esa ley debe garantizar que las televisiones privadas respeten «los principios de libertad, igualdad y pluralismo». Hay razones para suponer que los proyectos que el Gobierno envíe al Congreso para regular esta cuestión suscitarán una amplia y viva polémica. Si verdaderamente Felipe González desea zanjar la cuestión dentro de esta legislatura, es necesario evitar cualquier retraso y que el Consejo de Ministros remita al Congreso cuanto antes los proyectos correspondientes.

DURANTE UNA larga etapa, Televisión Española ha seguido la estrategia de financiar sus gastos con una combinación simultánea de recursos públicos, procedentes directamente de los fondos presupuestarios, y de pagos por publicidad realizados por empresas privadas, obligadas a pasar por el aro del monopolio estatal para poder acceder a ese poderoso instrumento de incitación al consumo de determinados productos y marcas. La supuesta revolución de las nuevas autoridades de RTVE ha sido desplazar el origen de sus ingresos a esa segunda fuente de recaudación, a fin de intentar vender a la opinión el embeleco de la rentabilidad del invento, aun a costa de omitir que el supermillonario presupuesto de televisión -caracterizado por el despilfarro- se sufraga mediante la graciosa concesión por el Estado del monopolio del mercado publicitario.La consecuencia de esa concentración de los ingresos televisivos en la publicidad privada ha sido, a la vez, un abusivo encarecimiento de los precios en las emisiones de alcance nacional de mayor audiencia y un descarado abaratamiento, típico de las prácticas de dumping, de las tarifas de los espacios de ámbito regional que preceden a la programación normal. De esta forma, Televisión Española no sólo muerde con voracidad creciente en las cuentas de gastos publicitarios de las grandes compañías, en perjuicio de la Prensa escrita y de las radios privadas de alcance nacional, sino que trata además de dar la puntilla a los medios de comunicación locales que reforzaban sus debilitadas tesorerías con anuncios de las empresas de la región. Las elevadas tarifas que el monopolio televisivo permite en las emisiones de gran audiencia se complementan así con la guerra de bajos precios para hacer la competencia desleal en los ámbitos locales.

El panorama se ensombrece todavía más con la irrupción de los canales autonómicos, cuya condición de televisiones también públicas parece arrastrar consigo los vicios de los dos canales gestionados por el Ente Público RTVE. Mientras Radio Nacional de España ha respetado el principio de que un servicio público de comunicación social es incompatible con la publicidad, el ejemplo inverso de Televisión Española ha enseñado el camino por el que se disponen a transitar los restantes canales públicos. De esta forma, el mercado publicitario será escenario de una lucha entre entidades públicas que, al menos en teoría, no disponen, sin embargo, de otra fuente de legitimación que las competencias que los ciudadanos delegan en sus representantes elegidos a través de los votos.

Las televisiones de Cataluña y del País Vasco desempeñan, sin duda, la importante labor de que el catalán y el euskera sirvan de vehículo de comunicación a través de la pequeña pantalla. Aunque sólo fuera por el mandato contenido en el artículo 32 de la Constitución, según el cual «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial atención y respeto», esos canales -como en su día el gallego- merecen apoyo y respaldo. Pero si la financiación a través de la publicidad es criticable incluso en las televisiones plenamente justificadas por razones idiomáticas, las pretensiones de otras comunidades autónomas de invertir importantes recursos en instalaciones para canales propios, cuyos gastos de mantenimiento serían sufragados luego mediante anuncios comerciales, son sencillamente estrambóticas. El nuevo presidente de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, ha adoptado la elogiable decisión de renunciar a un proyecto que hubiera devorado recursos públicos merecedores de mejor asignación y entrado en competencia desleal con los medios de comunicación regionales. Tal vez esa iniciativa pudiera servir de ejemplo a otros presidentes de comunidades autónomas que piensan exclusivamente en término de poder -a veces de poder personal- al diseñar sus propósitos de cargar sobre los presupuestos de las instituciones, pagados por los ciudadanos, y sobre las expectativas del mercado publicitario, mermado para la iniciativa privada, la puesta en marcha de esas futuras hermanas clónicas de Televisión Española.

LA PROBABLE regulación de algunos principios básicos de la televisión privada a través de una ley de Ordenación de las Comunicaciones (LOC), sobre lo que informa ampliamente EL PAIS en esta misma edición, no debe dar paso a la tentación de otorgar después las concesiones mediante decreto. Independientemente de que la LOC, que es una ley de importancia esencial para el futuro desarrollo tecnológico y social de este país, pueda ser un buen marco para establecer determinados principios generales, la gestión y explotación de la televisión por sectores no estatales merece una ley votada en Cortes que garantice su independencia frente a eventuales arbitrariedades del poder ejecutivo en la concesión de licencias o retirada de las mismas.Una sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de marzo de 1982 señalaba ya que aunque la creación de televisiones privadas no fuera una «exigencia jurídico-constitucional», caso de que las Cortes dieran vía libre a su existencia, sería necesaria una ley orgánica, en la medida de que tal decisión «afecte al desarrollo» de algunos de los derechos constitucionalizados en el artículo 20 de nuestra norma fundamental; esto es, aquellos que se refieren a la libertad de expresión, de comunicación y de información. La sentencia también determinaba que la regulación de las televisiones privadas debería respetar, en su organización, «los principios de libertad, igualdad y pluralismo», como valores fundamentales consagrados por el artículo 1 de la Constitución. Según el alto tribunal, la comunicación libre -«sin la cual no hay sociedad libre ni soberanía popular»- exige tanto «la garantía del derecho de todos los ciudadanos a la expresión del pensamiento y a la información» como el aseguramiento de que los medios de comunicación preservarán el pluralismo. Porque, en última instancia, «tanto se viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión».

De la sentencia del Tribunal Constitucional parece derivarse, así, la exigencia de que la regulación de las televisiones privadas sea llevada a cabo por una ley orgánica específicamente dedicada a desarrollar los aspectos directamente relacionados con los derechos y libertades amparados por el artículo 20 de la Constitución. Resulta más que dudoso que una ley de Ordenación de las Comunicaciones sea el único marco con rango de ley adecuado para establecer las bases de los «servicios de radiodifusión sonora y televisiva» que permita delegar en el Gobierno el otorgamiento de la gestión indirecta a las empresas privadas.

Es preciso recordar, por lo demás, que ya hubo un intento de UCD de regular las televisiones privadas por decreto, intento que mereció justas y acaloradas críticas por parte de la oposición socialista y de sectores de la propia UCD, representados por Francisco Fernández Ordóñez. La recurrencia de los gobernantes de hoy y opositores de antaño sólo pone de relieve cómo el poder hace cambiar de mentalidad a las gentes.