Search
Tras la amenaza del Gobierno, la autonomía canaria se ve obligada a aceptar el cumplimiento de las normas comunitarias de Europa relativas a aranceles

El Gobierno de Felipe González (PSOE) amenaza a la Canarias de Lorenzo Olarte (CDS) con aplicarle el artículo 155 de la Constitución

HECHOS

En febrero de 1989 el Gobierno de España presidido por D. Felipe González advirtió al Gobierno de la Comunidad autónoma de Canarias, D. Lorenzo Olarte a que disponía del artículo 155 de la Constitución para hacerle cumplir los compromisos arancelarios.

 Tras la amenaza del Gobierno, la autonomía canaria se ve obligada a aceptar el cumplimiento de las normas comunitarias de Europa relativas a aranceles.

11 Febrero 1989

El embrollo canario

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

EL GOBIERNO acordó ayer plantear conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si en el plazo de un mes el Ejecutivo canario no responde al requerimiento que se le formula para que cumpla la normativa comunitaria sobre rebaja de aranceles para mercancías procedentes de la CE. Se abre un plazo de 30 días para que los Gobiernos central y autónomo canario negocien una regla que permita conjugar la defensa de los intereses locales con los compromisos contraídos por España en el acta de adhesión a las Comunidades. Es de esperar que esa negociación permita desterrar definitivamente los fantasmas de intervenciones más enérgicas del Estado, contempladas en la Constitución para casos excepcionales, y que podrían suponer un preocupante antecedente.El archipiélago, que forma parte a todos los efectos de la CE, dispone de un estatuto fiscal especial por el que no se aplica el IVA, a fin de salvaguardar las ventajas de su posición como puerto franco. A cambio, sus productos agrarios, orientados preferentemente a la exportación, están sometidos a contingentes y aranceles que los sitúan en desventaja respecto a países competidores, como Israel o Marruecos. Este modelo fue elegido por los propios canarios frente a otras posibilidades barajadas en vísperas del ingreso de España en las Comunidades. Con ello se favorecía al sector servicios en perjuicio de otros de la economía insular. En la negociación previa al ingreso en la CE, España se comprometió a suprimir paulatinamente, antes de 1993, los arbitrios que han de pagar las mercancías comunitarias, principal fuente de financiación de municipios y cabildos insulares.

La mayoría de los partidos canarios, con independencia de su ideología, ha hecho frente común en la defensa de un status que pretendía compaginar las ventajas de la adhesión con las del aislamiento, utilizando para ello argumentos en los que se mezcla el amparo de intereses legítimos con demagogias particularistas. Esta mixtura ha envenenado la discusión, impidiendo un planteamiento racional del problema. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno canario decidió unilateralmente no aplicar la reducción arancelaria de un 15%, que tenía que haber entrado en vigor el pasado 1 de enero. Inmediatamente, Bruselas advirtió de la irregularidad al Gobierno español, que, por cierto, ha de pagar a las arcas comunitarias la parte proporcional del IVA correspondiente a Canarias.

Durante más de un mes, y coincidiendo con el inicio del semestre de presidencia española, se ha asistido a una escalada de amenazas y desatinos. El nuevo presidente canario, el centrista Lorenzo Olarte, había solicitado hace un mes una entrevista con el presidente del Gobierno. Desde la Moncloa se adujo la apretada agenda de Felipe González, proponiéndose un encuentro con el ministro Almunia. Olarte ha respondido que su misma apretada agenda le impide aceptar esa entrevista. Este método, naturalmente, es inservible para conocer qué se discute, aunque ponga a prueba el protocolo del Estado de las autonomías. También es cierto que la amenaza del Gobierno central de aplicar el artículo 155 de la Constitución, en virtud del cual una comunidad autónoma podrá ser obligada «al cumplimiento forzoso» de determinadas obligaciones, no ha contribuido a clarificar la discusión.

Más allá del caso concreto, el conflicto canario plantea uno de los puntos débiles de la actual estructuración territorial del Estado. A saber, la ausencia de una instancia que armonice los intereses particulares con los generales. Sin esa instancia -por ejemplo, el Senado-, los defensores de los particularismos jugarán siempre con ventaja frente a quien pretenda representar los intereses generales del Estado. En igualdad de condiciones, ¿qué partido vasco va a atreverse a defender un aumento del cupo o qué partido canario va a aceptar defender ante sus electores medidas de racionalización fiscal que pongan en peligro ciertos privilegios históricos?

11 Febrero 1989

El pleito canario

ABC (Director: Luis María Anson)

El conflicto provocado por la negativa del Gobierno canaria a aplicar el porcentaje correspondiente a este año, en el proceso progresivo de desarme arancelario previsto en el Acta de Adhesión de España a la CE, suscita varias reflexiones y emplaza a los Gobiernos central y autónomo a abrir de inmediato un diálogo que aborde las contrapuestas exigencias en conflicto, con una ponderación cuidosa de las preferencias. Parece claro que la solvencia internacional de España, el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones libremente pactadas, es la prueba de dichas preferencias. Probablemente, sólo la coincidencia de que el incumplimiento se haya producido bajo la presidencia española del Mercado Comun ha evitado una más severa reacción comunitaria.

Hay que considerar la pérdida de recursos de los Cabildos y otras corporaciones locales canarias para los que el árbitro insular ahora en trance de paulatina desaparición representaba la principal fuente de financiación. Es urgente la adopción de medidas compensatorias, en tanto llegue la probablemente necesario reconsideración general del Régimen Económico-Fiscal de las islas. Esta es una buena ocasión para hacer efectiva y no retórica la palabra solidaridad.

De antemano era conocido que la aplicación de la normativa comunitaria a un Estado compuesto, como lo es el Estado de las Autonomías, de complejos mecanismos de reparto interno de competencias, incluso de naturaleza tributaria, implicaba altos riesgos de conflictividad potencial. Esta hipótesis, desgraciadamente verificada, subraya más la responsabilidad de quienes tienen el deber de excluir aquellos riesgos por medio del diálogo y el acuerdo previo. El problema no era imprevisible. Y pone además de manifiesto que no todo fueron aciertos en nuestra negociación comunitaria tan abrumadoramente explotada por la propaganda gubernamental.

Lo que más importa ahora es enfriar la temperatura del conflicto, que ha cobrado en Canarias visos de inquietante exacerbación verbal, en buena parte derivados de la ligereza con la que se refirió a la cuestión el ministerio de Asuntos Exteriores despachando como muestra de ‘falta de civilización” tampoco tranquiliza el protagonismo del secretario de Estado, Josep Borrell, en la negociación del pleito, por que entre sus reconocidas virtudes no parecen figurar la de la flexibilidad.

Sobra, por parte canaria, las hiperbólicas referencias al ‘desprecio de Madrid’. Y sobran enclaustramientos y pluritos protocolarios por parte de un presidente del Gobierno, con aliento de estadista, a quien parece que el mundo se le va quedando pequeño en la medida que España le viene cada día más grande. Sobran las invocaciones amenazantes a un mecanismo de rigor excepcional como el artículo 155 de la Constitución. Sobre esa alusión de González en la rueda de prensa de ayer, a los Tribunales como única alternativa. Y falta, en grandes dosis, previsión cordura y diálogo.

by BeHappy Co.