El Gobierno de la II República ordena el encarcelamiento del General Mola por ‘responsabilidades durante la Dictadura’

El encarcelamiento del General D. Emilio Mola el 4 de julio, por sus supuestas responsabilidades en la Dictadura del General Primo de Rivera y su papel en la represión de la sublevación de Jaca, marca un nuevo paso en la política del Gobierno provisional republicano hacia el pasado inmediato. No se trata, en este caso, de un juicio con garantías ni de una condena judicial firme, sino de una sanción política y administrativa que lo destierra al rincón oscuro de la segunda reserva, con suspensión de sueldo incluida. Esta medida no solo le deja en la ruina económica, sino que tiene el efecto de perfilarlo como mártir ante muchos sectores del ejército, más aún cuando otros generales de la misma época —como Francisco Franco o Queipo de Llano— han sabido aceptar, al menos formalmente, la legitimidad del nuevo régimen.

Pero el general Mola no es un cualquiera: no es solo un militar hábil e inteligente, sino alguien que, en estos primeros meses republicanos, se ha revelado como un crítico agudo del Gobierno de Azaña y de su política militar. Al sancionarlo sin juicio, al aplicarle una medida que se percibe como venganza ideológica más que justicia institucional, se corre el riesgo de consolidar no tanto la pureza del nuevo régimen, sino la figura de un enemigo que, si vuelve al escenario con el favor de un eventual gobierno de derechas, volverá con más fuerza y legitimidad que nunca. El «Comité de Responsabilidades», concebido para reparar los excesos del pasado, corre el peligro de convertirse en una fábrica de agravios para el futuro. Más que purgar, habría que convencer. Y a veces, con sanciones precipitadas, lo único que se logra es reforzar a quienes esperan, con paciencia, su momento.

J. F. Lamata