Las Cortes de la Repúblican aprueban un dictamen para declarar traidor al Rey Alfonso XIII con los votos en contra de la oposición

Acto de persecución rencorosa e innecesaria es el dictamen acusatorio contra don Alfonso XIII. Con los insultos que contiene y con los acuerdos que propone no estará la República más firme; no conjura ningún peligro ni recaba ninguna garantía más de las que tenga el régimen. La única finalidad de la acusación es la de vejar y ofender al adversario caído, porque fue Rey. Pero lo fue mucho tiempo: más de treinta años lo ha tenido España al frente de los destinos nacionales, en quieta y pacífica posesión del Trono, y no se comprende que haya españoles empeñados en hacerlo pasar a la Historia, no como el Rey que se equivoca y pierde la confianza y la adhesión de su país, sino como un delincuente merecedor de todas las execraciones, descalificado de todas las virtudes personales, al que se le perdona compasivamente la pena capital. ¿Qué nación es esta, regida tranquilamente tantos años por un hombre tal como lo juzgan lo que para proceder así han tenido que aguardar la retirada y la expatriación del ex Rey, al que algunos de sus acusadores prestaron pleitesía y servicio, aunque menos servicio del que quisieran? Este aspecto de la cuestión, ya lo habíamos dicho, sólo a la Asamblea y al régimen interesaba; entra en eso que el señor Ortega y Gasset llama ‘el tono y los modos de la República”. Para el juicio de los contemporáneos y de la posterioridad sobre el reinado y la persona de D. Alfonso XIII, el documento no tiene ningún valor, es recusable en absoluto, con todos los motivos de recusación; pero sí vale como dato para juzgar de las circunstancias y de los hombres actuales como espíritu de este periodo histórico.

Don Alfonso XIII asumió claramente una responsabilidad moral y política con la aceptación del golpe de Estado. Ni se ha podido ni se podrá imputarle otra. Hubiera sido más grave la responsabilidad de rechazarlo. Tenemos el deber y el derecho de reiterar ahora una conclusión demostraba muchas veces en estas páginas, con prueba luminosa y abundante. Don Alfonso XIII se condujo en septiembre de 1923 como en abril de 1931; con iguales móviles, con igual allanamiento al mal menor y a la voluntad nacional; pero con mayor y más duro sacrificio en el primer trance. ¿Interés personal del Monarca en el golpe de Estado? LA dictadura – no hay quien lo ignore – es el periodo en que la corona estuvo sometida rígidamente (cruelmente alguna vez) a la mera función del refrendo. El servilismo, las docilidades, las intrigas que provocaban la mediación regia, fueron del otro régimen.

La comisión acusadora no ha querido recoger en su informe los testimonios más eficaces para la ilustración de la asamblea. Entre ellos el telegrama que el general Primo de Rivera dirigió al capitán general de Madrid y que la Cámara conoció anoche por la lectura del conde de Romanones. He aquí el texto:

Madrid. Barcelona. Capitanía General. Ruego V. E. haga presente, respetuosamente S. M. el Rey urgencia a dar resolución a cuestión planteada, respecto a la cual recibo continuas y valiosas adhesiones.

Tenemos la razón y por eso tenemos la fuerza, que hemos empleado con moderación hasta ahora. Si por una habilidad se nos quiere conducir a transigencias, que nos deshonrarían ante nuestras propias conciencias, extremaríamos petición sanciones y las impondríamos. Ni yo ni mis guarniciones, ni las de Aragón, que acabo recibir comunicación en este sentido, transigimos con nada que no sea lo pedido. Si los políticos en defensa lase forman frente único, nosotros la formaremos con el pueblo sano, que almacena tantas energías contra ellos, y a esa resolución, hoy moderada le daremos carácter snagriento.

¿Qué convivencias cabe suponer entre don Alfonso y los que así le hablaban? El golpe de Estado, que no era antimonárquico ni siquiera político en su iniciación, sino imparcialmente nacional y moralizador, iba a ser, si D. Alfonso lo rechazaba, un movimiento popular y revolucionario, al que se hubieran sumado inmediatamente contra la monarquía los mismos elementos que antes alentaban a las Juntas Militares y que también maniobraron en la tentativa dictatorial del general Aguilera; los mismos que después han hecho la revolución, porque la Monarquía no pudo rechazar la Dictadura. Que así se labore contra un régimen que se hagan así las revoluciones, no es muy moral; pero que la doblez se lleve a los extremos de saña que hay en la acusación contra D. Alfonso XIII es algo que repugna la conciencia pública.

El discurso que anoche pronunció en la Asamblea el conde de Romanones resume, con lógica formidable, todas las tachas de que adolece, el dictamen de acusación. Es un acto de lealtad, que enaltece a su autor, y a la vez una reivindicación serena y noble de la justicia, que ha impresionado a sus enemigos y encontrará en la hidalguía española el eco simpático que merecen tales ejemplos de probidad y consecuencia, más meritorios entre la ingratitud y el silencio de los renegados.

En la madrugada última tomaron las Cortes Constituyentes el acuerdo que ya conoce el público. Es un acuerdo grave. Y, sin embargo, no merece la pena hacer comentario. Porque, en este caso,  la sentencia, transcripción del dictamen, que se parece – lo ha dicho D. Miguel Maura – a un artículo de ‘Hojas Libres’, era conocida antes de ser aprobada. No hay sorpresa para nadie. ¡Ya se sabía!…

Se sabía, además, que el conde de Romanones no lograría nada. Lo anunciamos oportunamente. Pero bueno y justo es hacer constar que el antiguo político liberal ha superado las esperanzas de todos, incluso – ¿a qué ocultarlo? – las nuestras. El conde de Romanones ha estado mejor de lo que suponíamos de antemano. Y alcanzó una cosa notoria e importantísima: dejar el dictamen acusatorio en ridículo. Ni jurídicamente, ni moralmente, ni siquiera desde un punto de vista jurídicamente, ni moralmente, ni siquiera desde un punto de vista humano, era posible la acusación después del discurso del conde de Romanones. Y, ¡así estuvo el Sr. Galarza! No le prestó atención la Cámara, ni dijo en resumen nada.

El gesto del conde de Romanones tiene un valor de lealtad y de hidalguía que reconocen todos, y que destacará la historia. Al viejo político, tan apasionadamente discutido, se le debe desde hoy un máximo respeto. Pero también, no sólo al gesto casi, sino al discurso hay que tributar aplausos. La forma del discurso es fina o inteligentísima, y el fondo del discurso es irrebatible. ¡Lástima que todas estas innegables aptitudes no se hubieran puesto a contribución, por la misma causa, en momentos en que pudo ser salvada! No es reproche. Es una lamentación, que el mismo conde sabrá apreciar.

Hoy ni queremos ni debemos aludir a otros aspectos. No nos interesa hablar de matices ni del Tribunal sentenciador ni de su composición. Para todo, si Dios quiere habrá tiempo y suponemos libertad, algún día.

En cuanto a la sentencia, ni una palabra tampoco. Véase que en ella se ofende y se escarnece al acusado y eso sólo ya dice y sugiere mucho, sin que hagan falta los comentarios. Los que se alegren del a sanción impuesta a quien fue cuarenta y cinco años Jefe del Estado, y por eso símbolo de la Patria y piensen en lo que alcanza también al margen de tan altos atributos, al español, que aparte los privilegios de Rey, tuvo como cualquiera los derechos esenciales y sagrados de la ciudadanía.

Alemania, en cuanto a la persona y a los bienes del Kaiser, dio un ejemplo nobilísimo. No hay tampoco, en ningún país extranjero, precedentes favorables a una sentencia así. Si los demás no lo hacen no les va a parecer bien que lo hagamos nosotros. Por los comentarios, pues, de allende las fronteras, lamentamos lo ocurrido. Más claro: como españoles, lo sentimos ¿cómo monárquicos?… Como monárquicos estamos satisfechos. Que se suprimiera la bandera, nos pareció bien; que se suprimiera la marcha nacional, nos pareció bien… ¿Entonces? Pues tiene que parecernos un poco mejor lo último; es decir, la condena de D. Alfonso XIII, en la forma en que se ha hecho.

Del debate promovido por la acusación contra Alfonso de Borbón y Habsburgo de Lorena resulta concretamente que debemos la República al conde de Romanones…

Después de reír y sonreír cuanto se quiera, coreando a las ocnstituyentes, es preciso convenir en que realmente quien echó de Madrid al ex rey fue D. Álvaro de Figueroa. A él se debe la entrevista con D. Niceto Alcalá Zamora en el despacho del doctor Marañón. En aquella entrevista el Gobierno provisional de la República no comprometió nada. Se limitó a poner en conocimiento del último Gobierno de la Monarquía que si a la puesta del sol no se había marchado el monarca destronado, no podía responder de su cabeza el primer Gobierno de la República. Y a base de esto se desarrolló el pacto, un pacto más, que bien pudiéramos llamar el ‘pacto de San Sebastián y con el de Lhardy…’

Y fue en efecto el conde de Romanones quien dio la batalla en el Gobierno y en el palacio, para que el ex rey cediera a la conminación que le hacían los hombres de la República. Entre sus compañeros de Gabinete no había ni uno solo que apoyara la tesis de D. Álvaro de Figueroa. Y en la Cámara regía ¡ni uno ni medio! Las más escopetadas damas palatinas se ponían en jarras para llamar al conde ‘perro judío’ y otras lindezas por el estilo…

• – Eres capaz de vender a tu padre – le dijo una de ellas con acento de rabalera.

Lo cierto es que sin el conde de Romanones, que tenía gran influencia en D. Alfonso, éste no hubiera dejado el paso libre al Gobierno de la República sin ponerle, por lo menos, el obstáculo del Estado de guerra. Eran partidarios de esa extrema medida todos los ministros y todos los grandes de España que pasaron reunidos en palacio la mañana y la tarde del día 14. Y se tomó en firme el acuerdo. Y el almirante Aznar lo notificó a los periodistas en la puerta de palacio, diciéndoles a las siete menos cuarto de la tarde:

• – El Rey no se marcha hasta mañana. Esta noche se declarará el estado de guerra.

Al mismo tiempo, el conde de Romanones salía con D. Alfonso por una puerta excusada de palacio y el automóvil del destierro empezaba a deslizarse por la carretera con dirección a Cartagena.

Los que alegan que la acusación contra D. Alfonso de Borbón y Habsburgo de Lorena cae por su base en cuanto se tome en consideración que se le perdonó a cambio de que se marchara, no arguyen nada que tenga consistencia en la realidad del pacto Marañón. Allí, como queda dicho, no se pactó nada que comprometiera al Gobierno provisional de la República.

En representación del Gobierno del derrumbe, el conde de Romanones prometió lo que luego no pudo cumplir: el traspaso de poderes a base de la renuncia de don Alfonso a la corona de España.

Si hubo pacto no fue a propuesta del hombre de la República, sino del último hombre de la Monarquía que con aquel se entrevistó.

Y las cláusulas que cada uno de ellos aportaba fueron estas:

El Sr. Alcalá Zamora: Que se vaya antes de la puesta del sol, porque después no respondemos de su cabeza.

El Conde de Romanones: Se irá antes de las seis de la tarde, y yo, como notario mayor del reino, levantará acta de la renuncia de la corona y transmitiré los poderes al Gobierno provisional.

¡Eso fue todo!

Y fundándose en esto ¿quién puede decir que la República está incapacitada para juzgar y condenar al último Borbón? No lo estaría aún en el caso de que don Alfonso fuera renunciado y D. Álvaro de Figueroa levantara el acta de ello para la transmisión de poderes; pero si no hubo tal renuncia, ni tal acta, ni tal transmisión de poderes, sino un acuerdo de declarar el estado de guerra, malogrado porque se cansaron de esperar los que estaban en el domicilio de D. Miguel Maura a las siete menos cuarto de la tarde, ¿cómo se puede decir que las constituyentes hacen traición al pacto condenando al rey destronado?

No hubo pacto: pero de haberlo, habría quedado incumplido por parte de los monárquicos.

Y como D. Alfonso se marchó diciendo ‘hasta luego’, por creer que se declaraba el estado de guerra, es necesario escribir esta página de la Historia que él no escribió, con el acta acusatoria que ha redactado la Comisión de Responsabilidades.