El Gobierno de Rodríguez Zapatero aprueba una nueva reforma laboral con más abstenciones que votos a favor

Bajo la sombra de una huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, la reforma laboral del Gobierno, motivo expreso de la huelga, no acaba de cristalizar en una propuesta nítida y convincente. El decreto que aprobó ayer el Gobierno, en vigor desde mañana, contiene algunas modificaciones sobre el documento que el Ejecutivo presentó el viernes, y no todas lo mejoran. El pilar de la reforma es la extensión universal del contrato de fomento con un coste de despido de 33 días; a partir de hoy, cualquier trabajador de entre 31 y 44 años podrá ser contratado mediante esta modalidad. Pero, a cambio de este rasgo de convicción, el decreto ha difuminado la redacción de las causas de despido. Si en la propuesta de la semana pasada se entendía como causa del despido el que una empresa tenga pérdidas no meramente coyunturales, el decreto exige ahora que de las cuentas de la empresa se desprenda una «situación económica negativa».

Las vacilaciones demuestran que el Gobierno no tiene claros cuáles son los límites de la reforma laboral que pretende. No admite las tesis de la CEOE y, por ello, penaliza la contratación temporal y admite el arbitraje en la negociación colectiva solamente en los casos en los que esa opción esté incluida en los convenios. Pero al mismo tiempo es consciente de que debe actuar en contra de la dualidad del mercado laboral y abaratar el despido a cambio de favorecer la creación de empleo. Bascula entre ambas decisiones empujado por las amenazas sindicales y la hosca respuesta de la CEOE a la nueva contratación y, por tanto, transmite indecisión.

Pero el mensaje puede enturbiarse todavía más, porque el Gobierno pretende tramitar el decreto como proyecto de ley. Este paso tiene efectos políticos favorables, porque reafirma la legitimidad del Parlamento frente a la presión sindical e implicará en la tarea a los partidos. Ahora bien, traslada a la oposición el peso de aclarar aspectos cruciales de la reforma, como la causa de despido, las cláusulas de descuelgue o la contratación temporal. Si se trata de transmitir firmeza a los mercados, el juicio de los inversores queda suspendido hasta que se apruebe la ley. Si, con la coartada del trámite por ley, al Gobierno le asalta la tentación de embarcarse en otra de sus famosas dilaciones, recuerde que ya no tiene margen de maniobra. Para convencerse, solo tiene que consultar el diferencial de la deuda con el bono alemán.

Ante esta propuesta de reforma, un poco más confusa desde ayer, la convocatoria de huelga general de CC OO y UGT carece de fundamentos razonables. La llamada al paro revela que a los sindicatos les importan únicamente los derechos de los trabajadores con contrato fijo y alta indemnización. Solo así se explica que alcen la voz cuando se recorta el salario de los funcionarios. Como si los empleados públicos fuesen inmunes a la recesión, que se ha cobrado en España 2,2 millones de parados y ha reducido las rentas de cientos de miles de asalariados.

A los sindicatos les asiste el derecho a convocar una huelga general; pero entre las causas y la respuesta debe existir una cierta proporcionalidad. No es éste el caso. El Gobierno ha concedido un margen suficiente de tiempo para la negociación de los agentes sociales, sin que haya habido acuerdo. Si la razón de la protesta es que los trabajadores pierden derechos adquiridos, la réplica bien podría ser que el objetivo principal del Ejecutivo debe ser crear empleo; y si la razón es torcer la voluntad del Gobierno, recuérdese que la reforma laboral viene exigida por la urgencia de favorecer la contratación y como una de las contrapartidas exigibles a cambio del sistema de protección del euro que debe salvaguardar la solvencia española. El Ejecutivo no puede echarse atrás; la huelga general carece de finalidad práctica.

En cuanto asoman las crisis proliferan más las ocurrencias que las ideas. Recurrentes ocurrencias sobre nuevas reformas laborales que lo único que renuevan, con contumacia, es la degradación del trabajo. Porque, como la energía en el primer principio de la termodinámica, el empleo ni se crea ni se destruye con las normas laborales, si acaso inducen su transformación y si es para hacerlo más endeble, facilitarán también su precaria creación en épocas de bonanza y su masiva destrucción a las primeras de cambio (del ciclo económico).

La organización del trabajo en una economía es el corolario de su estructura productiva y no al revés. El fordismo no surgió en la agricultura norteamericana durante su expansión al Oeste sino en las fábricas de automóviles y a raíz de que Henry Ford decidiera fabricarlos en serie.

A su vez, la inversión productiva es la que genera los empleos adecuados a los bienes y/o servicios que se vayan a producir y los demanda en la cantidad necesaria para optimizar el capital invertido. Una industria tecnológica requerirá empleos cualificados y una subcontrata de construcción sería ruinosa si nutriese su plantilla a base de arquitectos. La primera mantendrá a sus técnicos por bastante tiempo, porque los desarrollos de su producción necesitarán un buen periodo hasta abrirse hueco en el mercado; la segunda ocupará al grueso de sus empleados mientras dure la obra. Posiblemente esta obtendrá beneficios más rápidamente que aquélla, pero la productividad por hora trabajada, la generación de valor añadido, la competitividad en los mercados nacional e internacional y los mayores beneficios a la postre, aunque se hagan esperar un poco más, serán más plausibles en la industria que en la subcontrata; y contribuirá a la generación de riqueza en el país, más solvente y más sostenible en todos los órdenes.

La confusión entre ganar competitividad en un mundo cambiante y acumular beneficios abundantes, con la mínima inversión y en poco tiempo, como manda la más pura tradición del capitalismo español, ha latido siempre tras las innumerables reformas laborales habidas desde antes incluso de aprobarse el Estatuto de los Trabajadores. En su reforma parcial -y brutal- de 1985 se consagraron hasta ¡16! modalidades de contratación temporal aunque las tareas a desarrollar fueran permanentes. «Los empleos temporales de hoy serán los fijos de mañana», nos espetó el presidente del Gobierno de entonces a cuantos osamos advertirle del destrozo en el mercado laboral que iba a comportar su reforma sustituyendo fijos por eventuales.

En apenas tres años pasamos de tener una tasa de temporalidad del 13% al 30% y en esa dualidad seguimos veinticinco años después. Y no porque se dejaran de hacer reformas, sino precisamente porque se han hecho muchas más al menor bache de la economía pero siempre con el mismo interés de abaratar el factor trabajo como vía principal para recomponer la tasa de beneficio. Reformas, paradójicamente, para mantener el mismo patrón de crecimiento y competitividad. Eso sí es alimentar el inmovilismo frente a la globalización.

Al menos fueron tres los momentos decisivos para modernizar la estructura productiva de nuestro país que se desaprovecharon con otras tantas reformas lampedusianas: a principios de los ochenta con la impropiamente llamada reconversión industrial; al ingreso en las Comunidades Europeas, «preparada» con la precarización laboral de 1985; en la fase de convergencia hacia la Unión Monetaria con Gobiernos del PP que cebaron la burbuja inmobiliaria y arruinaron la reforma pactada en el 97 entre patronal y sindicatos para conjugar, por primera y única vez, flexibilidad y estabilidad laboral. Ahora puede anotarse el cuarto, cuando el inteligente e inapelable empeño del Gobierno socialista de alentar la Economía Sostenible está a punto de abortarse con la reforma aprobada en su Consejo de Ministros el 16 de junio.

Inexplicablemente, el proyecto de reforma sufrió una metamorfosis asombrosa entre el primer borrador, más equilibrado, del viernes 11, y el decreto aprobado tres días después, quedando un desaguisado que abarata todos los despidos, que subvencionados podrán saldarse con 12 días de indemnización para los objetivos y los facilitará con tan solo alegar «situación económica negativa» de la empresa, sin que haya incurrido en pérdidas y sin necesidad siquiera de aportar acreditaciones fehacientes; limitando al mismo tiempo a los jueces a basarse en la «mínima razonabilidad» para que tengan que sentenciar con manga ancha a favor del empresario.

Sin embargo, puede costar 20 días por año trabajado y hasta nueve mensualidades indemnizar a un trabajador si se despide al reorganizar el trabajo en la empresa para adaptarlo con más flexibilidad a nuevas circunstancias de la producción. Algunos cambios de última hora trastocarán la negociación colectiva en lugar de racionalizarla y otros apenas servirán para reducir la temporalidad.

Jalear a un gobernante con los tópicos sobre la estatura política para que impongan medidas difíciles aunque sean duras suele ser una argucia embaucadora, acuñada por las derechas para confundir a Gobiernos de izquierdas, que no pocas veces se la han tragado. Lo difícil es gobernar con justicia, lo fácil es hacerlo injustamente; y es comprensible que no queriendo admitir que se es injusto se utilice el eufemismo de la dureza. Duro es decirle a ciertos grupos de presión que ya no puede ni debe esperarse que el Gobierno de un país avanzado ampare y subvencione viejas formas de producir por mucho que ganen algunos con ellas a costa del empleo y del progreso industrial del país; difícil es encauzar el emplazamiento a empresarios y trabajadores para mirar de frente al futuro que hace más de un decenio que está pasando por delante de nuestras narices.

Antonio Gutiérrez