El Gobierno pone en marcha el proyecto de Estatutos de Autonomía a las ciudades de Ceuta y Melilla

EL GOBIERNO ha desempolvado los viejos proyectos de estatuto de autonomía para Ceuta y Melilla en un momento en que la polémica estaba bien servida a cuenta de las propuestas de «solución negociada» contempladas para dichas ciudades en el Programa 2000 del PSOE. Es difícil saber si esta iniciativa responde exclusivamente a razones tácticas del momento o, por el contrario, significa que ha llegado la hora de la verdad para unos proyectos que duermen el sueño de los justos desde 1981. Sea lo que fuere, sería un error de bulto que, por exigencias de consumo interno, volviera a recalentarse un asunto sobre el que acertadamente Marruecos y España han actuado con suma prudencia en los últimos años. La Constitución española admite la posibilidad de que Ceuta y Melilla se constituyan en comunidades autónomas si así lo deciden por mayoría absoluta sus respectivos ayuntamientos y si las Cortes Generales autorizan la propuesta mediante ley orgánica. Los ayuntamientos ceutí y melillense reclamaron oficialmente la autonomía en 1981, pero tanto el Gobierno de UCD de la época como los posteriores Gobiernos socialistas han mostrado sumo tacto a la hora de dar luz verde a proyectos que pudieran bloquear en el futuro una salida razonable al contencioso que España y Marruecos mantienen sobre estas plazas. Nada impide que estas dos ciudades se organicen, como los otros territorios del Estado, de acuerdo a la estructura autonómica reconocida por la Constitución. Pero sería pura ceguera y un acto de irresponsabilidad desconocer que Ceuta y Melilla son objeto de un conflicto de soberanía.

Si estos proyectos de autonomía llegan al Parlamento será preciso no recargarlos con cláusulas rimbombantes que satisfagan el, nacionalismo pueril de algunos, pero que podrían transformarse en obstáculos legales sobreañadidos para el hallazgo de soluciones viables. En este sentido parece inútil -aunque muy propio de la retórica imperial de la dictadura franquista- que los borradores de los proyectos de autonomía hagan tanto hincapié en el carácter de las dos ciudades «como parte integrante de la nación española y dentro de su indisoluble unidad», entre otras cosas, porque la unidad no es indisoluble en nada, y menos que en nada, en la historia política de las naciones. Si se da por hecha la españolidad de las dos ciudades, sobra su reconocimiento con términos tan altisonantes en un texto legal, y si esta cuestión está sujeta a polémica en el plano internacional, de poco va a servir darla por resuelta en las disposiciones internas de nuestro país.

Por el contrario, los estatutos deberían tender a organizar la actividad política, administrativa y municipal de las dos ciudades de acuerdo con las pautas vigentes en el resto del Estado y reforzar los lazos económicos, sociales y culturales con España. Al mismo tiempo pueden servir para prever eventuales salidas negociadas a las previsibles y repetidas crisis que se planteen en este punto con Marruecos. Puestos a poner en marcha una política de integración de las dos ciudades en la vida española, es más efectivo todo lo que redunde en una mejora de las condiciones de vida de sus poblaciones y en la igualdad constitucional de todos los grupos que las integran -católicos, musulmanes, judíos o protestantes- que declaraciones legales de escasa o nula incidencia en la realidad.

El mejor futuro para Ceuta y Melilla sólo puede ser el resultado de una política inteligente -y a largo plazo- de amistad y cooperación con Marruecos, de una visión no localista del problema y de una aceptación de su dimensión internacional. Algo parecido a lo que propugnan los redactores del Programa 2000 del PSOE, tan apresuradamente desmentidos por el Gobierno que ese mismo partido apoya.