El Gobierno Zapatero designa a Fran Llorente nuevo director de Informativos de TVE, destituyendo a Alfredo Urdaci

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a un Plan de Reforma del sector audiovisual que parece, en un primer análisis, más ambicioso en las formas que en los contenidos. En este contexto, se acordó la remisión al Congreso del proyecto de ley sobre la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal (RTVE). También en este caso la modernización en las formas jurídicas y económicas (corporación RTVE o mandato-marco) no es suficiente para ocultar una cierta continuidad en los aspectos sustanciales. Así sucede con el nombramiento del ahora llamado «director general ejecutivo» del antiguo Ente Público, que pasará a ser seleccionado por el consejo de administración mediante un procedimiento público, lo que parece derivar hacia un concurso previo de méritos y una valoración objetiva de los mismos. La buena intención que se presume, y que efectivamente apunta a una mejora evidente del actual procedimiento electivo, no debe arrellanarnos en la ingenuidad. En efecto, el consejo que designará al director será nombrado a su vez por el Congreso y el Senado y por los sindicatos. Es notorio por tanto que las cuotas de partido van a ser decisivas, como ya ocurre con el consejo actual o incluso con órganos todavía más necesitados de imparcialidad como el CGPJ. Es imprescindible que la democracia sea capaz de superar ciertas tentaciones partitocráticas que impiden a determinadas instituciones alcanzar un prestigio que sólo otorgan la independencia de criterio y el rigor en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto de ley acelera el proceso de «huida» del Derecho Administrativo, fenómeno de sobra conocido desde hace años en el marco de las Administraciones públicas. Se constituye ahora una sociedad pública estatal, lo que conlleva ventajas para un funcionamiento acorde con pautas mercantiles, pero deja por entero la capacidad de decisión en manos de la mayoría política de turno. Se pone énfasis en la eliminación de la financiación mediante endeudamiento y en la desaparición del aval ilimitado del Estado, pero se mantiene de forma expresa el sistema de doble financiación (subvención y publicidad), lo que significa que sigue sin abordarse el problema nuclear de la televisión pública. No se han tenido en cuenta las opiniones disidentes en el marco del llamado «comité de sabios» ni las objeciones del Ministerio de Economía y Hacienda. En definitiva, el régimen jurídico de la radio y la televisión públicas en España, bajo el manto de la modernidad terminológica y organizativa, no se altera en sus claves profundas. Si no lo remedia la tramitación parlamentaria, se habrá perdido una nueva oportunidad.

RTVE ha estado siempre controlada por el Gobierno de turno, que nombra a su director general y a la mayoría de los miembros del Consejo. Así que en la televisión pública ha dominado en ocasiones el centro derecha (UCD y PP); en ocasiones, el centro izquierda (PSOE). Con la nueva ley se pretende que mande indefinidamente la izquierda.

De los diez miembros del Consejo de Administración, cuatro serán nombrados por dos tercios del Congreso; los otros cuatro por dos tercios del Senado. Ésa es la muleta que ofrece Zapatero con el fin de parar, templar y mandar la embestida del PP. Los dos tercios de la Cámaras exigen el el consenso, salvo una victoria electoral impensable. Eso significa, en román paladino, que el PSOE nombrará a cuatro consejeros y el PP a otros cuatro, lo mismo ahora que cuando los populares regresen a Moncloa. Pero hay dos espinas, dos, entre tantas rosas. Los otros dos espinas, dos, entre tantas rosas. Los otros dos miembros del Consejo serán designados de hecho por los sindicatos, lo que significa que, de forma indefinida, la izquierda ganará por seis a cuatro y nombrará al director general que le venga en gana, no sólo ahora que está en el poder, sino también cuando pase a la oposición.

Como diría finalmente Ussía, el presidente por accidente pretende metérsela doblada al PP. Zapatero, embustero. Una mentira más esta camelancia de la ley audiovisual. El Gobierno se propone garantizar de forma indefinida el control de RTVE por la izquierda, abrir el Plus de Polanco, otorgar al amiguete de turno el nuevo canal analógico, jeringlar a las empresarias independientes con aspiraciones audiovisuales y preparar el dominio de la inmensa mayoría de los canales digitales terrestres. Toda la televisión para el PSOE, en definitiva. Un listo, Zapatero.

Luis María Anson

El Gobierno aprobó ayer un importante paquete de medidas sobre el escenario televisivo español, que significa probablemente el mayor impulso a la industria audiovisual y al pluralismo desde la aparición de las televisiones privadas en España, en 1989. La primera de las medidas introduce modificaciones importantes en el funcionamiento de RTVE con el objetivo de asegurar mejor el pluralismo. La información honesta y veraz en una democracia es vital porque contribuye a la formación de la opinión pública. Su manipulación por parte de los Gobiernos daña el propio mecanismo democrático y vicia la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Y eso vale para todas las televisiones, pero sobre todo para las públicas.

El anteproyecto tiene como finalidad mejorar la independencia política del ente y su control social. El director general ya no será nombrado por el Gobierno, sino por el propio consejo de administración tras una convocatoria pública. A los consejeros se les prolongan los mandatos, no renovables, hasta seis años, para evitar que su elección coincida con la legislatura y se vea contaminada por los resultados electorales. Se crea un consejo asesor con representantes de diversas instituciones y a los profesionales de RTVE se les dota de un órgano que deberá velar por la independencia informativa. También se anuncia una autoridad audiovisual que supervisará la conducta comunicativa del ente. Pero a veces no basta una ley para evitar plenamente maniobras políticas que busquen su sometimiento. Una RTVE respetable exige el compromiso diario de la clase política para no intentar dañarla. Si al nuevo consejo de administración, como tantas veces ha sucedido, los partidos no envían profesionales de prestigio, sino comisarios políticos, estarán dando una preocupante señal de que siguen en sus trece.

El anteproyecto establece también un contrato-programa y un objetivo de estabilidad presupuestaria. Tras la condonación de la deuda -más de 7.000 millones de euros-, hay que evitar su regeneración, y ello exigirá medidas correctoras drásticas, porque una empresa que disfruta de subvenciones como servicio público y, al mismo tiempo, apela al mercado publicitario, como las emisoras privadas, no puede disfrutar de inmunidad gerencial. La nueva ley abre la puerta a limitar el recurso a la publicidad por parte de TVE.

El Gobierno convoca, además, un concurso para adjudicar una concesión de televisión en abierto para la gestión de dos canales digitales y uno analógico, que se sumarán a los actuales operadores: Tele 5, Antena 3 y Canal +. Este último, cuya concesión data de 1989 y estaba limitado hasta ayer a emitir en abierto durante un máximo de seis horas al día, podrá ahora hacerlo permanentemente, con el nombre de Cuatro, utilizando la misma frecuencia. El Gobierno ha tomado esta decisión después de comprobar que se cumplen todos los requisitos legales, y contando para ello con el informe favorable emitido por el Consejo de Estado.

También se define el horizonte de la televisión digital terrestre, de forma que se adelanta el apagón analógico al 3 de abril de 2010 y se diseña un mapa en el que habrá más de 40 canales gratuitos, y que ha sido objeto de un consenso razonable entre los futuros operadores. Ante todo esto, el secretario general del PP, Ángel Acebes, ha emitido una ominosa reflexión sobre la autorización del nuevo canal Cuatro, que ha apostrofado como «una extraordinaria cacicada y una tropelía». Aunque lamentable, no sorprende esta reacción en boca del heredero de un Gobierno que protagonizó la mayor invasión del territorio de los medios privados que se ha conocido en democracia. Baste recordar que ese Gobierno tomó decisiones intervencionistas que fueron luego anuladas por la Comisión Europea a costa de indemnizaciones que ha tenido que sufragar el erario público, o que instigó el caso Sogecable para anular la acción de un operador privado que no era de su gusto. En palabras de Aznar, la reacción de Acebes es «una solemne estupidez».