Caso Bateragune: El juez Garzón encarcela a la cúpula de la ilegalizada Batasuna: Joseba Permach, Rufino Etxebarría y Juan José Petrikorena

La mayor operación contra el brazo político de ETA desde 1997 continúa abierta, a expensas de las decisiones que va tomando Baltasar Garzón, tras la detención de la mayor parte de la Mesa Nacional de Batasuna en Guipúzcoa. De acuerdo con las pesquisas ordenadas por el titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, la policía registró ayer la sede del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en San Sebastián, así como los domicilios de varios dirigentes abertzales, a quienes el juez acusa de «reiteración delictiva» como miembros de ETA.

Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional logró ayer que este mismo juez dictara prisión incondicional para los portavoces de Batasuna y Askatasuna, Joseba Álvarez y Oihana Agirre, que el pasado martes fueron detenidos bajo las mismas acusaciones que el resto de dirigentes radicales. Es por ello previsible que la Fiscalía pida en las próximas horas prisión incondicional para el grueso de la cúpula de Batasuna y que Garzón acceda a sus deseos.

Cabe felicitarse por lo que parece una auténtica ofensiva judicial contra el entramado etarra, por mucho que ésta sea indisociable del marco político actual. El celo de que hace gala ahora Garzón, tras la ruptura de la tregua por parte de ETA y en el marco del pulso soberanista de Ibarretxe, pone en evidencia, en primer lugar, cuánta razón teníamos quienes pedíamos medidas de naturaleza similar desde que en marzo de 2003 el Tribunal Supremo acordara la ilegalización de Batasuna y sus franquicias. Pero obliga también a plantearse qué ha cambiado respecto a hace sólo unos meses, y por qué durante el año que duró el proceso los mismos dirigentes que ahora han sido detenidos por su vinculación a ETA se reunían con total impunidad como Batasuna y daban ruedas de prensa (como ayer mismo sucedió) en representación de la formación ilegal.

Así lo denunció EL MUNDO cuando, ya en marzo de 2006, Batasuna-ETA presentó en Pamplona su nueva Mesa Nacional; o cuando hace un mes la cúpula de la formación ilegal se reunió en Salvatierra para avanzar en una renovación interna y en un programa de actuaciones que se ha venido cocinando en sucesivas convocatorias (hasta dos por semana) durante septiembre. Lo mismo cabe decir de esa conexión Batasuna-PCTV que la Guardia Civil ya denunció en un exhaustivo informe remitido a la Audiencia Nacional en diciembre de 2005. Parece evidente que el fracaso del proceso de paz de Zapatero está propiciando, al fin, un cambio en la política antiterrorista con repercusiones directas en el ámbito judicial. De ahí que el mismo juez que hace un mes distinguía entre Batasuna e izquierda abertzale para no ordenar detenciones, no dude ahora en actuar con firmeza ante la vinculación evidente entre la cúpula radical y ETA. Desluce la actuación de Garzón un criterio utilitarista que, coincidiendo con los intereses del Gobierno, podría tener también consecuencias directas a corto plazo sobre ANV. Pero ya se sabe que hasta la causa del Derecho puede quedar a veces bien servida a través de algunos renglones torcidos.

Un partido ilegalizado por su «complementariedad política» con ETA, y cuyas actividades orgánicas están judicialmente suspendidas en el marco de un proceso penal por supuesta integración de sus ex dirigentes en la organización terrorista, no puede pretender seguir actuando como tal sin que el Estado de derecho reaccione. Es lo que ha hecho el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al tener indicios fundados de que antiguos dirigentes de Batasuna pretendían en una reunión clandestina reorganizar una nueva dirección que diera continuidad a la formación ilegalizada en las difíciles circunstancias provocadas por la decisión de ETA de romper la tregua y volver a los atentados.

La decisión de Garzón ordenando la detención de los 23 reunidos -al menos uno de ellos militante de ANV (Acción Nacionalista Vasca), algo que puede ser relevante con vistas a su posible ilegalización- se ajusta a las exigencias legales, pues no supone atentado alguno contra sus derechos políticos individuales. Si se les ha detenido es porque hay indicios de que se trata de un acto orgánico, con el que la formación ilegalizada pretendía reorganizarse para seguir prestando su apoyo a ETA. La justicia determinará si ello es así, procediendo al interrogatorio de los detenidos, la mayoría de los cuales ya están incursos en una causa penal por supuesta integración en ETA.

Garzón, el juez que más ha investigado el entramado de ETA, siempre ha cuidado de distinguir la actividad política individual de los dirigentes de Batasuna de la orgánica como partido, una distinción nada fácil pero legalmente obligada y que le ha merecido en el pasado críticas acerbas del PP y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo sobre todo, acusándole de acompasar la actuación judicial a las exigencias del fallido proceso de negociación del Gobierno.

De ese mismo «oportunismo» o «tacticismo» político le acusan también ahora partidos tan distantes en este asunto como el PNV y el PP. Este último interpreta la decisión de Garzón como «el inicio de una rectificación de los disparates» de la política antiterrorista de Zapatero, mezclando una vez más irresponsablemente política y justicia. Pura incongruencia es que Aralar califique la decisión de Garzón de «barbaridad judicial y política». Este partido escindido de Batasuna sabe por propia experiencia que la única forma de que la izquierda abertzale pueda dar cauce político a sus pretensiones independentistas es desligarse de la violencia y escapar del permanente callejón sin salida en que la tiene prisionera ETA.