El Partido Popular de Valencia pone en marcha una reforma estatutaria siguiendo el ejemplo de Catalunya con el consenso del PSOE

Los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, recompusieron ayer su acuerdo sobre la reforma del Estatuto valenciano, horas antes de que se iniciara su tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso. Los socialistas habían mostrado su disposición a respaldar enmiendas de IU y varios partidos nacionalistas sobre dos de los 92 artículos del anteproyecto. Ambas formaciones, PP y PSOE, que suman 43 de los 49 escaños del Parlamento autonómico, han terminado por ceder algo en aras del consenso.

Una de las enmiendas proponía sustituir la expresión «idioma valenciano», incluida en el nuevo texto, por la de «valenciano» a secas, como figura en el actualmente vigente. La discusión es puramente nominalista, porque la competencia para establecer la consideración del valenciano la atribuye el propio Estatuto a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ya ha dicho que valenciano y catalán son variantes del mismo idioma. En todo caso, y ante la resistencia del PP, los socialistas han renunciado a defender la enmienda.

La otra planteaba rebajar del 5% al 3% el tope mínimo para obtener representación parlamentaria. La barrera del 5%, la más elevada de todas las comunidades (con excepción de la uniprovincial Madrid), produce una fuerte distorsión: en 2003, partidos que representaban más del 11% de los votantes valencianos se quedaron fuera del Parlamento regional. Si se rebajase al 3%, una o dos formaciones que ahora están fuera obtendrían algún escaño, en perjuicio de los dos grandes. El acuerdo logrado ayer remite la cuestión a la ley electoral -como estaba hasta ahora-, aunque con el compromiso de aumentar a dos tercios la mayoría requerida para modificar el tope que esa norma establece. Esto es más lógico que fijar un tope preciso en un Estatuto con vocación de durar.

El PP había acusado a los socialistas de apoyar ambas enmiendas por sus compromisos con los nacionalistas catalanes, y en particular con ERC. A la luz del desenlace, sin embargo, lo que se constata es que el PSOE ha renunciado a hacer cuestión de la lengua y que sobre el otro asunto ha propuesto una fórmula que sus aliados han tachado de «solución vergonzosa» y «traición». Ello significa que, a la hora de la verdad, los socialistas (que tienen 35 escaños en las Cortes valencianas) han sido coherentes con el criterio que enunciaron: que intentarían ampliar el consenso incorporando a IU (6 escaños), pero que no lo harían al precio de poner en riesgo el consenso con el PP (48).

La aprobación ayer en el Senado de la reforma del Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, con los votos favorables de PSOE, PP y Coalición Canaria, es el resultado del primer gran pacto de Estado sobre las reformas territoriales. Ello ha sido posible, pese al agrio enfrentamiento general entre PP y PSOE, gracias a la tenacidad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, apoyado por Mariano Rajoy, y a la generosidad del secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, quien supeditó los intereses partidistas a los generales.

Pero ese mismo acuerdo revela la artificiosidad de otros desacuerdos. Hay en la reforma valenciana puntos coincidentes con la catalana que el PP acepta en la primera y rechaza en la segunda, sin que explique la razón. Así, ambos estatutos contienen un similar catálogo de derechos sociales, y ambos contemplan agencias tributarias consorciadas con parecidas competencias. La diferente actitud del PP en Valencia puede interpretarse como prueba de la existencia de contradicciones en dicho partido, pero también como una consecuencia de la abierta disponibilidad al acuerdo mostrada desde el comienzo por los socialistas valencianos.

El PSPV trató de incorporar al consenso a IU y las minorías nacionalistas, pero no al precio de comprometer el acuerdo con el PP. Las objeciones de esos partidos minoritarios sobre cuestiones objetivamente menores -la denominación del valenciano y el tope mínimo para obtener representación parlamentaria- no debería oscurecer la evidencia de que el nuevo texto supone un notable avance en materia de autogobierno respecto al de 1982. Introduce la facultad del presidente de la Generalitat para disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, igualándose así al País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía; amplía las competencias sobre enseñanza, recupera el derecho civil valenciano, reivindica la foralidad y permite la existencia de una policía integral.

El acuerdo valenciano marca la pauta, por otro lado, para los procesos abiertos en otras comunidades, y en primer lugar en Andalucía, cuyo presidente, Manuel Chaves, ha obtenido el compromiso del popular Javier Arenas con la reforma, como ya ocurre en Galicia. Más allá de los discursos, la dinámica real impone la paulatina incorporación del PP a la reforma en las comunidades en que no gobierna, y la adopción de la iniciativa en las que sí, como Baleares, donde la comisión de expertos nombrada por el Gobierno balear ya ha ultimado su borrador, en el que se define, con apoyo de todos los grupos, a Baleares como «nacionalidad histórica».