EL MUNDO insinúa que la Mochila de Vallecas del 11-M fue un montaje y el PP asegura que eso puede tumbar todo la investigación oficial sobre el atentado

El líder del principal partido de la oposición traspasó ayer una raya peligrosa al prestar credibilidad a la última entrega de la serie de especulaciones periodísticas más bien lunáticas que viene sembrando dudas sobre la autoría de los atentados del 11-M y cuestionando la investigación judicial. La traspasó al insinuar que si se confirmara lo publicado ayer mismo por un diario sobre la mochila que no estalló (y que condujo a la identificación de los presuntos autores), podría quedar anulada «la investigación y el sumario»: un sumario a punto de cerrarse tras dos años de pesquisas y diligencias recogidas en 80.000 folios.

La insinuación periodística que Rajoy hace suya es que si la bolsa recogida en el lugar de los hechos no es (como ha declarado un policía) la misma que le mostraron en la diligencia correspondiente, alguien «la puso allí» con alguna intención. No es difícil imaginar razones banales para explicar esa divergencia, incluyendo un error al presentar una bolsa diferente a la que contuvo los explosivos. Entre el hecho (un policía dice que la bolsa de los explosivos era diferente) y la interpretación (alguien tuvo interés en orientar la investigación en determinado sentido) hay un largo trecho que un político responsable no debería franquear. Y mucho menos para deducir que las actuaciones judiciales podrían ser anuladas.

Antes de llegar a la bolsa, los mismos teóricos de la conspiración habían ensayado diversos caminos para tratar de acreditar la idea de que detrás de los atentados había una maquinación política cuyo objetivo era hacer perder las elecciones al PP. Todas esas hipótesis han sido investigadas y desechadas por el instructor. Ahora aparece la teoría de la bolsa, es decir, el elemento material que permitió coger el hilo que llevó a los presuntos autores. Se va al origen, pretendiendo que todo lo que deriva de la bolsa está contaminado, prescindiendo de que la investigación ulterior ha ido confirmando, por prueba de ADN, entre otras, la presencia de los suicidas de Leganés y los otros supuestos autores en los escenarios en que se planificaron y ejecutaron los atentados.

Si un periódico se empeña en darse la razón contra el trabajo exhaustivo de policías y servicios secretos, jueces y fiscales, allá él con sus lectores; pero lo grave es que el líder del primer partido de la oposición le siga el juego al precio de desacreditar a cuantos funcionarios públicos han participado en la investigación, y detrás de ellos a las instituciones del Estado. Es comprensible que en una investigación tan compleja surjan lagunas o errores, y habitual que sean subsanados en el propio procedimiento o en la vista oral. Lo que no tiene parangón, ni en Estados Unidos en relación con el 11-S ni en el Reino Unido respecto al 7-J, es que la oposición -que gobernaba cuando ocurrió el atentado- se apunte a la teoría conspirativa, aun a costa de poner en tela de juicio los instrumentos que tiene un sistema democrático para perseguir a los criminales. Sembrar a estas alturas la duda sobre «quiénes han sido los autores» es de una irresponsabilidad difícilmente superable. Se sabe perfectamente: siete de ellos se suicidaron en Leganés, cinco más están identificados, tres de ellos en prisión y dos huidos.