El Partido Popular denuncia ataques a sus sedes en protesta por su apoyo a la Guerra de Irak y culpa de ello a simpatizantes del PSOE e Izquierda Unida

La documentación presentada por el PP en relación a los ataques a sus sedes y militantes confirma la gravedad de algunos hechos, pero no la responsabilidad en ellos de dirigentes socialistas y de Izquierda Unida. El informe hecho público por Javier Arenas no ofrece pruebas convincentes que relacionen a los señalados con los incidentes. Los aludidos han anunciado que presentarán una demanda para proteger su honor.

El dossier recoge 326 actuaciones agresivas de muy distinta naturaleza: pintadas (a veces de símbolos nazis) en las sedes; rotura de cristales; colocación de pancartas insultantes; lanzamiento de objetos; boicot a intervenciones, en algún caso con agresión física; octavillas ofensivas… No todas las acciones denunciadas pueden calificarse de antidemocráticas; no lo es difundir una foto de una diputada con la leyenda: «Votó sí a la guerra». Pero el acoso a un partido democrático no sólo es injustificable y merece la más rotunda condena, sino que requiere una actitud activa y una pedagogía pública para evitarlo.

De todo ha habido en estos días. Pero, aparte de algún comentario aislado poco afortunado, no puede decirse que la condena de esos hechos por parte de los principales dirigentes del PSOE y de IU haya sido tibia, tardía o ambigua. El empeño de Aznar y su entorno en lo contrario es revelador de su propia confusión. Ya resultó significativo que, en el debate del miércoles de la semana pasada, los mayores abucheos de las filas del PP se produjeran cuando Zapatero y Llamazares condenaron con firmeza esos desmanes. Sin duda, a Aznar y los suyos les resultaba más consolador pensar que el rechazo social provocado por su implicación en la guerra no se debía a sus decisiones, sino a una conspiración de la oposición que buscaba sacarlos de la pista.

Las insinuaciones que ha ido deslizando Arenas durante 15 días buscaban crear, al menos entre los suyos, la idea de una oposición violenta e insolidaria. Entrevistado en la radio pública, el presidente del Gobierno insistió ayer en ese mensaje, con el resultado, esta vez, de ofender en lo más vivo a muchas personas. ¿Cómo puede decir que los que se espantan a la vista de los niños iraquíes reventados por las bombas son indiferentes ante los niños mutilados por ETA? ¿De verdad piensa que los cientos de miles de participantes en las movilizaciones contra la guerra son defensores de la dictadura de Sadam o personas incapaces de «derramar una lágrima» por las niñas asesinadas por ETA en Zaragoza? El terrorismo no puede utilizarse como argumento para ofender así a la gente.

El lanzamiento de dos artefactos caseros contra sendas sedes del PP en Pontevedra constituye un hecho grave que debe preocupar a todas las fuerzas políticas, al margen de cuál sea su posición respecto a la guerra de Irak. Dirigentes del PP extrajeron ayer conclusiones exageradas o directamente disparatadas sobre la responsabilidad última de tales hechos; pero no cabe minimizarlos como síntoma del profundo deterioro que se está produciendo en la cabalización de las discrepancias políticas.

El Gobierno invoca la legitimidad de su mayoría parlamentaria para adoptar las decisiones que ha tomado en apoyo de la guerra declarada por Bush, aunque las encuestas revelen que una amplísima mayoría de la opinión está en contra. Carece de justificación, por ello, tratar de deslegitimar al Gobierno o de criminalizar al PP por los efectos de la guerra. Carece igualmente de sentido cuestionar el derecho de los ciudadanos a expresar su desacuerdo y culpabilizar a millones de pacíficos manifestantes de los actos vandálicos de unos pocos. Y sin embargo, hemos entrado en una espiral de mutua descalificación que no se corresponde con la situación general de España, y que no es comparable a la existente en otros países de nuestro entorno.

Es inverosímil que Zapatero o Llamazares estén detrás de las agresiones y coacciones contra el PP. Tales acciones perjudican la amplitud y continuidad de la movilización contra la guerra y, desde luego, no favorecen las perspectivas electorales de la izquierda. PSOE e IU reiteraron ayer su rechazo a toda violencia en la protesta contra la guerra, y sus dirigentes transmitieron su solidaridad a los del PP.

¿Deberían hacer algo más? Tal vez sí. Tal vez deberían hacer una declaración expresa de rechazo no sólo de las agresiones, sino de los excesos verbales; de las manifestaciones que tachan de asesinos a los diputados y dirigentes del PP, responsabilizándoles de manera personal de los efectos terribles de la guerra. Que la gente salga a la calle a protestar contra la guerra o la pésima gestión de la crisis del Prestige es señal de vigor democrático; ese vigor debe manifestarse ahora también contra quienes utilizan esas causas como pretexto para actuaciones violentas y coactivas. En definitiva, antidemocráticas.