El PP destituye a Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano y le expulsa del partido por no reconocer su cese

Presionado por Rajoy, que le instaba a hacer algo para no tener que hacerlo él, Camps ha soltado de la mano a su número dos en el PP valenciano, Ricardo Costa, que será destituido el martes por el mismo Comité Ejecutivo regional que le nombró secretario general. El presidente Camps se había resistido a dejar caer a quien era su último escudo, incluso después de que la publicación del informe policial sobre supuesta financiación ilegal del PP de Valencia dejase a Costa en posición indefendible. Pero el levantamiento parcial del sumario del caso Gürtel ha obligado a Mariano Rajoy a intervenir.

La estrategia del líder del PP, acunado por las encuestas, consiste desde hace meses en hacer lo menos posible, en la esperanza de que el aumento del paro abrase a fuego lento a Zapatero. Pero, ¿cómo acusar al Gobierno de ser el culpable del aumento del paro (por su pasividad y por el despilfarro de los fondos públicos) con el panorama de malversación en gran escala que revela el sumario? En el reciente debate de política general, Camps advirtió a Rajoy que sin él (sin los votos valencianos que él acarrea) no ganaría a Zapatero. Pero Rajoy debe haber pensado que menos ganaría si tiene que cargar con el lastre de un Camps pasivo ante ese panorama. Y Camps ha tenido que elegir entre quedarse sin escudo o verse desautorizado por Rajoy.

El informe policial y la parte conocida del sumario han refutado el argumento central del PP desde que saltó el escándalo: que no había una trama del PP, sino «contra el PP». Esa trama anti-PP ha ido adoptando formas varias, desde la animadversión del juez Garzón a la parcialidad de la fiscalía o de la policía. La última versión es que un grupo de corruptos se ha valido del PP para actuar contra él. De ser cierta esa hipótesis significaría que contra el principal partido de la oposición han conspirado desde su tesorero nacional hasta altos responsables regionales y cargos electos como el presidente Camps. La coartada de que la actual dirección es ajena a los manejos de la trama, con la que cortó Rajoy nada más instalarse en Génova, es un cuchillo que corta por los dos lados: pues si sabía que era una trama dedicada al soborno a lo grande no se explica por qué ha tardado tanto en reaccionar, negando cualquier verosimilitud a lo que iba conociéndose.

Toda esa argumentación ha quedado en evidencia ante los documentos incautados y grabaciones por orden judicial que revelan pagos de empresarios beneficiados por concesiones a la trama, y de la trama a dirigentes del PP. Queda mucho por investigar, pero lo indudable es que sobornantes y sobornados formaban una trama de interés compartido, con fronteras imprecisas entre lo que pueda ser financiación del partido y los bolsillos particulares de algunos cargos del mismo.

A la luz de esas evidencias cobran mayor gravedad sus insidias contra instituciones propias del Estado de derecho y la sociedad democrática, y convierten en calderilla a las afirmaciones sobre la incompatibilidad del PP con la corrupción; pero además, ponen de relieve la distancia entre la moral que algunos de sus dirigentes pregonan en público, solos o en compañía de los obispos, y la que practican en privado: desde la afición a los regalos caros a los remedos de fiestas berlusconianas recogidas en el sumario.

Éste es el PP que tiene que liderar Rajoy en unos momentos en los que, por otros motivos, el Gobierno pasa por horas bajas. La corrupción, y sobre todo la pasividad frente a ella, tiene un fuerte efecto deslegitimador de los partidos, estén en el Gobierno o en la oposición. De no mostrar con urgencia que existe un PP distinto, capaz de gobernar el país desde el respeto a las instituciones y sus procedimientos, Rajoy podría estar jugándose el futuro de su partido como alternativa posible.

La escalada de la tensión en el seno del PP no ha quedado frenada con el esperpéntico intento de destitución de Ricardo Costa como secretario general de esta formación en Valencia. Antes bien, las contradictorias versiones sobre el contenido de la reunión de la ejecutiva valenciana celebrada ayer, proporcionadas en Madrid y en la capital del Turia, apuntan a que las decisiones, en vez de contribuir a cortar en seco la crisis desencadenada por el caso Gürtel, no han hecho más que acelerarla. A la incapacidad de Rajoy para tomar decisiones drásticas se unió ayer la rebelión de Costa contra la dirección de Génova y las maniobras del presidente Francisco Camps para intentar salir indemne del desaguisado, con engaños incluidos. Todo ello aderezado con la entrada en escena del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que salió en defensa del secretario regional y se convirtió a lo largo del día en el hacedor de una estrategia que pasa por hacer frente a los dictados de Génova. En suma, un verdadero despropósito.

Para empezar, Costa leyó por la mañana un desafiante comunicado, antes de iniciarse la reunión de la ejecutiva valenciana, en el que acusó a Rajoy de mentir -aseguró, en contra de las palabras del líder conservador, que nadie le había advertido de los riesgos de contratar con la trama corrupta-, y amagó con tirar de la manta cuando señaló que se había limitado a seguir las directrices de la dirección del partido, tanto en Valencia como en Madrid. Por la tarde, tras la ejecutiva regional del partido, de las palabras de Costa se pudo deducir que Camps se había rendido ante su desafío, manteniéndole como secretario general y portavoz parlamentario. Su cese, de producirse, sería tan sólo temporal, voluntario y condicionado a la apertura de una investigación interna que debía decidir la dirección nacional.

La respuesta de Rajoy, a través de una escueta nota, fue interpretar las decisiones de la ejecutiva valenciana a partir de la información suministrada por Camps, que le trasladó una versión falsa de lo ocurrido. Rajoy dio por hecho que Costa había sido destituido de todos sus cargos, cuando no era así. El PP valenciano, a través de un nuevo comunicado, desmintió a la dirección nacional del partido y mantuvo que Costa seguiría en sus funciones de portavoz. Esta guerra surrealista de comunicados anticipa un enfrentamiento sin empate posible y con muchos daños colaterales. Lo visto ayer en Valencia prueba hasta qué punto la podredumbre se ha instalado como un sistema de funcionamiento en todos los estratos del primer partido de la oposición.

El intento frustrado de destitución de Costa no zanja la asunción de responsabilidades políticas ante las instituciones valencianas, cuyos fondos fueron desviados hacia el bolsillo de los miembros de la trama y, presuntamente, hacia las arcas del partido. Esas responsabilidades sólo pueden ser asumidas por Camps.

La fiesta permanente que vivió el Partido Popular en Valencia está haciendo aguas por la lucha abierta entre sus dirigentes. La acotación de responsabilidades para hacer frente al escándalo Gürtel se ha convertido en una lucha política interna, dirimida entre amenazas de elevar las culpas hacia arriba para comprometer en la trama de corrupción a aquellas cabezas que juraron que no existía.

Para empezar, Mariano Rajoy ya no podrá repetir lo de “estaré siempre delante, detrás o al lado de ti”, referido a Camps, porque ahora ambos líderes se han colocado frente a frente. La rebelión y posterior dimisión a la fuerza del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha puesto contra las cuerdas a la cúpula dirigente del partido.

Lo que está sucediendo es que el PP confunde a perseguidor con perseguido y muestra una falta de correa para resistir un caso todavía en fase de investigación que se extiende como una mancha. Y aún falta por saber si Costa llevará a cabo su amenaza de tirar de la manta para demostrar que él era un mandado en la gestión de los contratos concedidos a una banda de ladrones, donde, según las evidencias del sumario, los estafadores actuaban a los dos lados de esa relación comercial establecida a cuenta del dinero de todos.

Con 48 horas de retraso, Rajoy compareció ayer ante los medios para reafirmar su confianza en el presidente Camps, no así en Costa, al que, como secretario general, “hay que exigirle algo más”. Sin embargo, su versión sobre el comité ejecutivo del PP valenciano desprecia los hechos. En su intervención sólo se produjo un avance cuando prometió más transparencia en las cuentas y acabar con “la arbitrariedad o el favoritismo”. Por cierto, ese código de buenas prácticas del PP ya existe, pero fue guardado en un armario por la actual dirección.

En la escena judicial, la colusión de Gürtel con Valencia sólo se ha ventilado, y mal, en los trajes regalados, pero el asunto va a tomar nuevos aires en el Supremo. Por encima de estas y otras muchas bagatelas está la trama de favores y de financiación ilegal que asedia al PP valenciano, al que los jueces no han echado ni un vistazo.

Aparte de a Valencia, la causa contra las empresas de Correa afecta especialmente a la Comunidad de Madrid, pero se extiende a Galicia y Castilla y León. Por eso no se entiende que la causa siga troceada, cuando la seguridad jurídica y el interés general aconsejan elevar todo el sumario a la Sala Segunda del Supremo. ¿Cómo sustanciar, si no, las presuntas relaciones ilegales entre el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el tesorero del PP, temporalmente cesante, Luis Bárcenas? ¿Se van a investigar también las inversiones inmobiliarias en Guinea?

La trama Gürtel nació bajo el Gobierno de Aznar y entonces encontró amparo en la sede del partido en Génova. Todos estos años ha sobrevivido en reductos regionales del poder del PP y en Madrid encontró espacios en ayuntamientos, en varias consejerías del Gobierno autonómico y en el montaje de los actos de la presidenta Esperanza Aguirre. “Todos son chorizadas”, en palabras del propio Don Vito, el alias de Francisco Correa.

Todavía desconocemos el resultado de las comisiones rogatorias para controlar el dinero que la trama escondió en paraísos fiscales. En este punto clave aflorará el papel de Ramón Blanco, arquitecto de esta estructura de evasión, quien antes ocupó el cargo de consejero delegado de Repsol gracias a la influencia de su amigo, el entonces presidente Aznar.

Aquí es donde surge para el PP, atrapado en un problema político por su pertinaz estrategia de retrasar la investigación judicial, una esperanza de defensa por la vía de la anulación de pruebas que tan eficaz resultó hace años para liquidar el caso Naseiro.

Olvida el equipo de resistencia encabezado por Federico Trillo que esas conversaciones grabadas entre inculpado y defensor afectan esencialmente a un abogado implicado en la trama. Lo que las escuchas judiciales perseguían era evitar algunas operaciones de camuflaje del dinero, la gran esperanza de Don Vito y sus secuaces de salvar la parte del león del negocio urdido para llevarse el dinero de los contribuyentes.

Félix Monteira

Franco destituyó a algunos de sus ministros utilizando el impersonal método del motorista. Un buen día, un guardia civil con casco llamaba a la puerta del ignorante defenestrado, le entregaba un sobre, le hacía firmar un recibí y, con un saludo militar, se marchaba dejando tras de sí un cadáver político.

El método utilizado por la dirección del PP para suspender de militancia al, hasta ayer, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, es más moderno, pero igualmente humillante para el decapitado: el e-mail. Después de haber leído en teletipos y escuchado por la radio, sobre las 15.00 horas, que había sido suspendido de militancia, Costa recibió a las 18.46 un correo electrónico en el que Alfonso Fernández-Mañueco, el responsable del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, le comunicaba su «suspensión cautelar» por arrogarse una representación que no le corresponde y por desobedecer a los órganos del partido. Toma castaña. Eso sin tan siquiera una llamada de teléfono

El doble rasero, en relación a Manuel Cobo -cuyas declaraciones contra Esperanza Aguirre han provocado un terremoto interno- e incluso a Fraga, quien puso en duda la honorabilidad de Camps en una radio, es evidente. Cuando la autoridad se ejerce con arbitrariedad, se convierte en autoritarismo.

Más aún tras lo declarado por el líder regional del PP, Camps, quien, acatando la decisión, definió la gestión de Costa como «impecable». ¿Quién entiende esto?

A pesar de todo, el frente valenciano no le restó protagonismo a Madrid. A la trifulca se sumaron ayer Pizarro y Aznar, quienes, cada uno a su manera, cuestionaron el liderazgo, o la forma de ejercerlo, de Rajoy. Mientras, Juan Vicente Herrera (Castilla y León) se convertía en la voz de las bases: «O esto se arregla o no nos presentamos».

Esperanza Aguirre, a la que no le falta razón en pedir contundencia respecto a Cobo (fuentes del PP prometen actuar «según marcan los estatutos»), debería cerrar ya el contencioso de Caja Madrid. Muchos militantes no se explican por qué, habiendo sido Rato su candidato original, ahora puede dudar sobre su idoneidad. Algunos de sus enemigos políticos (es evidente en el caso de Ruiz-Gallardón) están utilizando ese argumento para desgastarla. Los militantes y los votantes del PP piden a gritos un poco de sentido común.

LOS PARTIDOS, como cualquier institución, tienen unas normas que deben cumplir. Hasta el franquismo acataba formalmente el principio de legalidad. Lo peor que puede suceder en cualquier organización es que sus responsables no respeten las reglas. Esto es lo que sucedió ayer en el PP. Ricardo Costa fue suspendido de militancia por el Comité Nacional de Derechos y Garantías, lo que casi equivale a la expulsión del partido. El interesado se enteró por un teletipo del que se hicieron eco los medios de comunicación.

¿Cuál es el motivo? El Comité emitió una nota en la que se afirma que «todos los militantes tienen la obligación de abstenerse de hacer manifestaciones o declaraciones que puedan perjudicar la imagen o la disciplina interna del partido».

¿Cuáles han sido «las manifestaciones» de Costa? ¿Ha llamado a alguien «hipócrita»? ¿Ha calificado la organización interna de «gestapillo»? ¿Ha tachado de «fascistas» las decisiones de sus jefes? ¿O se ha quejado de que le producen «vómitos» algunas actitudes de Génova?

Esos calificativos son de Manuel Cobo, pero no de Costa, que se había limitado a pedir a la dirección del PP «con todo respeto y sin entrar en polémicas» que actuara contra él si cree que «hay algún tipo de responsabilidad» o que, en caso contrario, ratificara su gestión. Costa recordó también que él seguía siendo secretario general al no haber sido destituido por el Comité Ejecutivo Regional, único órgano que podía hacerlo.

Según Ana Mato -ellas misma bajo sospecha por sus pasadas relaciones con Correa-, estas declaraciones «hacen daño» al PP, pero muchísimo más dañinas fueron las de Manuel Cobo, que sólo ha sido citado a explicarse por el mismo Comité de Garantías que ayer fulminó a Costa sin darle igual oportunidad.

Da la impresión de que Mariano Rajoy ha intentado dar una imagen de autoridad para disipar las crecientes dudas sobre la forma en la que está ejerciendo su liderazgo. Costa era el eslabón más débil y su futuro político podría parecer amortizado. Pero no era la cabeza que había que cortar ni su expulsión del partido va a servir para acallar las críticas surgidas sobre su tibieza a la hora de actuar.

Ahí quedan las palabras de ayer de Aznar, que afirmó que un partido necesita «si es posible un líder y no varios», una manera sutil de cuestionar la forma en la que está dirigiendo el partido Rajoy. El siempre prudente y reservado Juan Vicente Herrera salió a la palestra para decir que no cuenten con él en 2011 si el lío del partido no se arregla, en referencia a la pugna que sostienen Gallardón y Aguirre.

En el mismo sentido, Manuel Pizarro señaló que si el líder no va delante, «el ganado se desparrama». Tomando como base las palabras del propio Rajoy de que cualquier organización debe contar con «los mejores», Pizarro señaló que Rato sería un gran presidente de Caja Madrid, pero también del Gobierno. Una frase que conecta con la sensibilidad de algunos dirigentes que empiezan a considerar la celebración de un nuevo congreso para solucionar la crisis del partido.

Ante la gravedad de la situación, a última hora de ayer, el propio Rajoy reconocía que el partido tenía dos avisperos: «La corrupción del ‘caso Gürtel’» y el «problema» de Madrid. Para solventar el segundo ha convocado a la ejecutiva el martes 3, alegando que «santo Job sólo hay uno en la Historia». Hasta ahora, el presidente del PP ha mostrado fortaleza con los débiles y debilidad con los fuertes. Su arbitrariedad con Costa y el manejo de los tiempos, si no soluciona los «problemas» rápido, avivará el debate sobre cómo ejerce su liderazgo.