El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, es destituido por el Senado por la unión de votos de colorados y centristas

La fulminante destitución del presidente paraguayo por las dos cámaras del Congreso representa cuando menos un juicio político precipitado en un país caracterizado por su inestabilidad. En menos de treinta horas y sin que el ya ex jefe del Estado haya tenido tiempo de articular su defensa, Fernando Lugo, primer presidente izquierdista del país, ha sido desposeído del cargo acusado de incompetencia en la resolución de un conflicto de ocupación de tierras —habituales en el pobrísimo Paraguay— en el que fallecieron 17 personas entre campesinos y policías la semana pasada.

Más allá de la excepcionalidad del procedimiento o la falta de apoyos parlamentarios de Lugo, todo sugiere una venganza que esperaba su turno. Lo abona la alianza contra natura en las dos cámaras entre el derechista Partido Colorado, al que Lugo expulsó del poder en 2008 tras 61 años ininterrumpidos, y los liberales, socios de coalición del expresidente, que días antes de la destitución ya lo habían abandonado. El hecho de que Lugo haya sido depuesto cuando solo le quedaban nueve meses de mandato añade cuerpo a la sospecha de una decisión previa para desembarazarse de un presidente que suscitó grandes esperanzas entre los desposeídos de su país, pero que vio paralizada pronto su agenda reformista por una clara oposición en el Congreso. Lugo tiene razón cuando en su digno y mesurado mensaje de despedida afirmó que ha sido herida la democracia paraguaya y que se han transgredido elementales principios de defensa.

La asunción de la presidencia por el liberal Federico Franco ha provocado las airadas condenas de Unasur, algunas tan extemporáneas como las de Argentina o Venezuela, y la amenaza del organismo latinoamericano de no reconocer al nuevo jefe del Estado. Una actitud esta que contrasta con la extremada prudencia de gobiernos como los de España o Estados Unidos, que se limitan a exigir el escrupuloso mantenimiento de los principios democráticos.

Fue el hombre que puso a Paraguay en el mapa en abril de 2008 cuando accedió a la presidencia con el 40% de los votos y puso fin a 61 años de gobierno del conservador Partido Colorado. Había sido obispo desde 1997 hasta que colgó los hábitos en 2005 para dedicarse a la política. Era de izquierdas, tenía 56 años y prometió implantar una reforma agraria integral que pusiera fin al monopolio de las tierras por parte de una oligarquía beneficiada por la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989). El 76% de la población creía que las cosas iban a mejorar con él. Sin embargo, Paraguay solo volvió a salir en el mapa cada vez que Lugo reconocía la paternidad de algún hijo ilegítimo. El primero se conoció en 2009 y el segundo a principios de este mes. Ambos fueron concebidos cuando ejercía de obispo. Pero eso no perjudicó gran cosa a su carrera política.

La derecha le acusó de tolerar y fomentar las ocupaciones de tierra que practican con sus carpas los campesinos de la Liga Nacional de Carperos. Los escarceos solían saldarse sin muertes. Hasta que, el pasado 15 de junio en una ocupación en el norte del país, murieron seis policías y once campesinos. La oposición puso entonces su dedo acusador sobre el presidente. Lugo destituyó al ministro de Interior y colocó en su lugar a otro del Partido Colorado. Pero eso solo sirvió para enardecer aún más los ánimos de los liberales con los que gobernaba en coalición. Se unieron conservadores y liberales y fueron a por él. Con el gesto de intentar hasta última hora congraciarse con unos y con otros, quedaba retratada su manera conciliadora de entender la política. “Dio demasiada libertad a sus ministros”, indicaba ayer Óscar Rodríguez, economista y profesor en la Universidad Católica de Asunción. “Incluso dentro de su formación, el Frente de Guazú, hay gente con visiones muy distinta ante problemas muy concretos”.

Lugo gobernaba con los aliados del partido liberal pero también fue otorgando ministerios al Partido Colorado. En el ministerio de Agricultura estaba dominado por políticas neoliberales y el del Medio Ambiente controlado por la izquierda radical. “Le fue difícil sacarse la sotana”, comentaba ayer un miembro del Frente Guazú. “Veía con mucha bondad a todos los rivales, como si fueran feligreses. Apelaba a la bondad de la persona sin tener en cuenta que mucha de esas personas tienen intereses económicos muy grandes y poderosos”.

Transcurrieron más de cuatro años y Lugo nunca pudo poner en práctica sus ideales de la redistribución de la tierra. Sus seguidores estiman que los enemigos de Lugo eran demasiados poderosos: el sistema judicial, la cámara de Diputados y los grandes medios de comunicación sirven a los intereses de una pequeña oligarquía, según los partidarios de Lugo.

“Con la ocupación que dio lugar a la matanza quedó en evidencia la manipulación informativa”, indica el funcionario Bernabé Pencuyo, de 60 años. Los Carperos habían ocupados unas tierras que pertenecían al Estado y fueron entregadas durante la dictadura al terrateniente Abad Riquelme de forma ilegal y corrupta. Hay un tribunal que está dirimiendo aún a quién pertenecen esas tierras. Pero eso casi nunca se dice”.

La derecha promovió la destitución de Lugo. Pero sus intereses no se vieron muy amenazados por Lugo. “Los exportadores de soja en Paraguay solo pagan un 3% de impuestos, mientras que en Argentina pagan más del 30%, sostiene Rodríguez. “No pudo hacer gran cosa por la reforma agraria, pero consiguió implantar un sistema de salud que permitió a la mayor parte de la población obtener medicina de forma gratuita. También concedió subsidios para más de 20.000 familias que viven en la extrema pobreza y llevó el desayuno y el almuerzo gratuito a las escuelas públicas”, añade Óscar Rodríguez.

“Lugo no pudo hacer demasiados cambios”, reconoce el sociólogo José Carlos Rodríguez, colaborador del Gobierno, “pero trajo una cultura política distinta a la que se vio siempre en este país. Y la derecha nunca se lo perdonó”.

PARAGUAY, una de las repúblicas más corruptas del Cono Sur, atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras la fulminante destitución del presidente Fernando Lugo, acusado en un juicio político de «mal desempeño de sus funciones». El ex obispo populista Lugo -elegido en las urnas en 2008- fue privado de la banda presidencial por el Senado después de que el partido que lo mantenía le diera la espalda y lo mismo hiciera el vicepresidente de la nación. El detonante fue un grave incidente rural donde murieron 11 campesinos y seis policías. En Paraguay el juicio político es una medida constitucional, pero democráticamente discutible. Como consecuencia inmediata podría aislar al país dentro de la región, puesto que varios vecinos sudamericanos -Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, entre otros- ya han manifestado que no reconocen al sucesor de Lugo.

La destitución del expresidente Fernando Lugo en Paraguay ya es un hecho. En los últimos años fueron varios los intentos infructuosos de Juicio Político para sacar al presidente electo. La Constitución paraguaya heredada permitía esta maniobra sin explicitar ni reglamentar cómo proceder en este caso. Las muertes de Caraguaty fueron instrumentalizadas para abrir el proceso de destitución de Lugo. El Congreso y el Senado dominados por los partidos tradicionales Colorado (derechista) y Liberal (centroderecha) hicieron la demanda y la sentencia en tiempo record. El jueves pasado, el partido Liberal acordó retirar el apoyo al Presidente, y respalda la maniobra colorada de Juicio Político reglamentada instantanemante. En tiempo record, el Senado fue convocado para dictar una ya sentencia anunciada acusando políticamente al Presidente por “complacencia con la agitación agrícola y fomentar la lucha de clases”. En total menos de 36 horas para derrocar a Lugo y sustituirlo por su vicepresidente Federico Franco, del partido Liberal, y fiel a los poderes económicos del país.

Los Gobiernos progresistas en América Latina comparten, con diferentes grados e intensidades, una agenda regional “posneoliberal” de recuperación de soberanía nacional e integración regional, inclusión de las mayorías subordinadas y lucha contra la pobreza y las desigualdades. Se trata por lo general de ejecutivos salidos de crisis políticas prolongadas y que llegan al poder como catalizadores de una esperanza de las clases subalternas, en una relativa dicotomización de las opciones políticas. No obstante, esta irrupción plebeya se topa de inmediato con la resistencia de lo que podemos llamar “contrapoderes oligárquicos” en el Estado: las instituciones de carácter contramayoritario, la estructura liberal heredada o los dispositivos de la sociedad civil que, a pesar de haber quedado en el pasado fuera del espacio formal de la política –o quizás precisamente por eso- intervienen con un poder decisivo en su proceso, como es el caso de los medios de comunicación privados, las cámaras empresariales o diferentes gremios u organizaciones sociales. El poder legislativo a menudo funciona como caja de resonancia de la resistencia al cambio de las élites políticas tradicionales.

Enmarcados en esa conflictividad que se libra al interior del Estado como campo de disputa, se han producido en los últimos años diversos intentos de desestabilización, destitución y restauración oligárquica en varios países latinoamericanos: Los intentos fallidos de Venezuela 2002, Bolivia 2008, y Ecuador 2010; los golpes exitosos de Honduras 2009 y Paraguay 2012. ¿Cuál es la lectura latinoamerica de estos golpes? Se trata de movimientos que modifican la geopolítica regional en plena transición mundial. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) fue desintegrada gracias a la irrupción de la Unión Europa, que forzó la ruptura del bloque firmando tratados de libre comercio con Perú y Colombia. La derecha se alinea en la Alianza del Pacífico (Colombia, México, Chile y Perú), con quienes Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales de libre comercio. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ( ALBA) se quedó sin tanta energía después del golpe sufrido por Honduras cuando el Presidente Zelaya decidió insertarse en ella. Esta ALBA más tenue también se explica por la preponderancia creciente del tándem Brasil-Argentina, muy centrados en la construcción de MERCOSUR. L a Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( CELAC) se disputa la hegemonía en América Latina hasta ahora en manos de la OEA. Y en medio de todo esto, UNASUR como gran arbitro regional y principal espacio de entendimiento. Este baile de acrónimos no es más que el juego geopolítico en el que cada país latinoamericano toma decisiones. Paraguay, como país inserto en condiciones desfavorables en la dinámica internacional, también tenía que revisar cómo dejar de ser un país aislado y dependiente, para pasar a ser un país soberano en conciliación con una integración regional más justa. Los poderes económicos paraguayos, muy concentrados en la agroexportación y en los oligopolios importadores, no estaban por la labor de ningún cambio de sus ventajas comparativas acumuladas originariamente. Por eso, no querían que Venezuela ni Ecuador entraran en el MERCOSUR. Tampoco UNASUR como propuesta de la nueva arquitectura regional. El modelo de la oligarquía paraguaya no es el de la integración regional, sino el de los acuerdos comerciales típicos de una economía de base estrecha, que descansa en la exportación de la carne y soja, y en la importación de la base material y financiera para el creciente consumo. Esto es, el conocido patrón de desarrollo desigual, exitoso para unos pocos, y nefasto para las mayorías.

El nuevo “golpismo blando” sigue un patrón de que difiere de los golpes militares tradicionales, y en el que los poderes conservadores provocan o se aprovechan de situaciones de crisis a partir de las cuales alteran la correlación de fuerzas en el Estado para destituir al Presidente pasando por encima de la soberanía popular, pero relativamente dentro de la procedimentalidad institucional. En estos procesos la violencia reaccionaria nunca está ausente, pero juega sólo un papel auxiliar, comparada con el de los medios de comunicación empresariales como generadores de la narrativa de la crisis, de la representación del Gobierno como “aislado” –pese a contar con un apoyo popular mayoritario pero invisibilizado- y de la conflictividad y el enfrentamiento, que requerirían una “restauración conservadora” de la democracia, que ponga fin a su mal uso por mandatarios “populistas” y por una irrupción de masas siempre motivo de desconfianza. Los nuevos golpes se ubican en la tensión, al interior del Estado, entre la soberanía popular y sus vetos oligárquicos, y en la escala regional, entre integración soberana y subordinación internacional.