El PSOE aprueba la Ley de la Televisión privada que acaba con el monopolio de TVE: podrá haber 3 canales en la que ningún socio de sus operadores podrá tener más del 25%

LA LEY de televisión privada aprobada ayer en el Congreso no parece el instrumento adecuado para posibilitar la participación de la sociedad en el fenómeno audiovisual, cada vez más importante en Europa. Según los optimistas, las nuevas televisiones que se creen al amparo de esta ley no podrían comenzar a emitir antes de dos años. Así, un documento que ya nace viejo, en desfase respecto a la realidad social y tecnológica, amenaza con convertirse en cinturón de cuaresma de esa realidad cuando comience a aplicarse.Cuando en abril de 1986 el Gobierno socialista anunció el envío a las Cortes de un proyecto de ley sobre la materia, tuvimos ocasión de congratularnos de que felizmente alguien en la clase política aceptara el reto de la modernidad y el pluralismo en la televisión, después del reglamentismo impuesto por los años de la dictadura y el período de la UCD en el poder. Pero la permanencia en éste cobra su precio. Retirado el primer borrador, convocadas nuevas elecciones y afianzados los socialistas en el machito, el marco legal -ya irremisiblemente tardío- ahora aprobado para la televisión privada está penetrado de una obsesión reglamentista, lleno de cautelas ante lo nuevo y plagado de deseos de control. Los intereses políticos han viciado de origen ese proyecto, destinado a que el Gobierno no sólo controle la televisión pública, sino también la privada.

En primer lugar, la televisión es considerada como servicio público -y no como un derecho de los ciudadanos-, de lo que se deriva luego una lógica manifiestamente intervencionista. En segundo lugar, las restricciones que se señalan en la ley, tanto jurídicas como técnicas y económicas, parecen orientadas antes a desanimar a los empresarios privados aspirantes a las concesiones que a estimular su iniciativa. Y ello pese a que se haya corregido al alza, mediante una enmienda introducida en el Senado, la pretensión de reducir al 15% la participación de las empresas españolas de comunicación interesadas, frente al 25% al que podían optar las extranjeras o las de otros sectores.

Los defectos siguen siendo incontables: la autoridad televisiva es diferente según se trate de la televisión pública o de la privada. Los límites a la publicidad o a la nacionalidad de las producciones que se exigen a las privadas no existen en el caso de TVE. Y, sobre todo, existe un código de sanciones administrativas -que culminan con pasmosa facilidad en la retirada de la concesión- que otorga al Gobierno (a éste y al que venga) una verdadera patente de corso para suprimir las voces díscolas, acallar a los disidentes y premiar a los que obedecen.

Por si fuera poco, con la aprobación de la ley no se han despejado todas las incógnitas. Quedan por desvelar las cartas que se guarda el Gobierno en relación al anunciado, pero no comunicado, plan técnico, y a las condiciones en las que se realizarán las concesiones. No están claras las razones de por qué son tres canales, y no más o menos, qué tipo de red van a utilizar, cuáles van a ser las zonas de cobertura y los plazos para alcanzar la misma.

Jugar con ventaja

Está clara la estrategia gubernamental para conservar su posición ventajosa en el medio televisivo: fortalecer la televisión estatal, con cargo al presupuesto, para situarla en posición privilegiada con vistas a la futura competencia de los canales privados. Miles de millones de pesetas de los contribuyentes han engrosado recientemente las cajas de TVE, que se ha apresurado a comprar cuanta producción audiovisual existe en el mercado, con vistas a la temida competencia de la iniciativa privada. Sólo no han adquirido lo que no está en venta, sin duda porque hay productores que esperan la llegada de nuevos compradores en potencia para subir aun más los precios. El intento de saturación del mercado publicitario mediante la ampliación desmesurada del número de horas de emisión y la adquisición de esas producciones de mayor éxito internacional constituyen el cerco con el que parece pretenderse desanimar a la iniciativa privada. Esa actitud, una vez anunciada la legalización de la televisión privada, tiene mucho de competencia desleal. Y desdice de la teoría, que ya nadie cree, según la cual los socialistas tutelan la televisión como un bien de Estado y no como un negocio de unos pocos y un instrumento de manipulación política e informativa.

En esto no son muy diferentes las estrategias de los distintos partidos. El poder homologa lo que divide la ideología. Un ejemplo sintomático es lo que está sucediendo en Cataluña. A los dos canales de Televisión Española -el segundo de los cuales ofrece una extensa programación propia- se unió con empuje hace casi cinco años el canal autonómico de la Generalitat, TV-3. Pero en su programa electoral para las próximas autonómicas el nacionalismo de Jordi Pujol ha anunciado su proyecto de crear un nuevo canal controlado y financiado por la Administración autónoma. La oposición socialista se ha sumado con entusiasmo. En las actuales condiciones, para poner en marcha un canal competitivo serán precisas unas elevadísimas inversiones, al alcance sólo de grandes consorcios financieros, lo que no deja de sembrar ciertas dudas sobre la voluntad que anima a los socialistas al abrir paso al pluralismo en televisión. El tiempo perdido y las dificultades señaladas parecen destinados sobre todo a abrir la puerta a los grandes consorcios extranjeros de la comunicación, socios de la Internacional Socialista o de la Conservadora, dispuestos a pactar sin vergüenzas con los Gobiernos locales para obtener tajada en el pastel televisivo, y poseedores de una liquidez inversora que hace casi imposible cualquier intento de competencia.

La ley nace vieja, de otro lado, por su desconocimiento de la tecnología actual, y en particular de los métodos de transmisión por satélite o cable, implantados ya en nuestro país mientras los gobernantes se lo pensaban. Una vez más se ha comprobado que el dinamismo de la sociedad toma sistemáticamente la delantera a las previsiones de los burócratas, especialmente cuando las cautelas de éstos son interesadas. Interesadas más por motivos subjetivos que de otro tipo: la creencia de que quien controla la televisión controla las urnas no ha sido confirmada por la historia social, pero esa creencia está sólidamente implantada en la mente de nuestros políticos, incluídos los de la oposición de derecha, que hallan consuelo para su incompetencia en la denuncia de la influencia de los controladores de la televisión pública. En realidad, la obsesión de unos y otros por ese medio se apoya más bien en sentimientos que tienen que ver con la satisfacción de su vanidad. Y el anuncio de que las autonomías de Valencia, Andalucía y Madrid se aprestan, también ellas, a lanzar sus canalitos televisivos con el flujo de dinero que los contribuyentes obligatoriamente proveen no hace sino remachar los ejemplos de cuanto decimos.

O sea que cuando el vicepresidente Alfonso Guerra habla de una conspiración antidemocrática habría que preguntarle si los primeros conspiradores no parecen los propios integrantes de la clase política, sea cual sea su condición. Al final habrá, como casi siempre, un perdedor principal: la sociedad española.

El Partido Socialista ha vuelto a imponer su ley – nunca mejor dicho – al aprobar en el Parlamento, con el exclusivo apoyo de sus diputados, una Ley de Televisión Privada, que es un fraude a la ciudadanía y a la Constitución.

Pocas veces en la democracia española, que arranca de la Constitución de 1878 ha existido mayor unanimidad social y política en contra de un proyecto de Ley. Desde los profesores universitarios hasta las asociaciones de vídeo-clubs, pasando por todos los medios de opinión orla y escrita – salvo el Partido Socialista, naturalmente – gobiernos autonómicos y corporaciones locales – incluidos algunos socialistas – y organizaciones representativas de los más diversos grupos, habían coincidido esencialmente en su crítica al mezquino proyecto de la Ley de Televisión Privada elaborado por el Gobierno. Era todo un clamor. Pero de nada ha servido: el Partido tenía decidida ya la ingenua estrategia de entreabrir la puerta a una apariencia de televisión libre que sirviera de coartada al abuso sistemático que viene haciendo de la televisión oficial.

Esta Ley refleja exactamente la extraña mixtura política que es hoy el PSOE una mezcla de liberalismo económico y autoritarismo social. No está orientada hacia el fortalecimiento de las libertades, sino hacia el control de las empresas informadoras. Consciente del extraordinario poder que hoy ostenta el medio televisivo, procura encerrar a éste dentro e una tupida malla de exigencias y prohibiciones, en las que difícilmente se puede mover.

Al mismo tiempo el Gobierno concentra en su mano, sin permitir la más pequeña fisura, todas las competencias sobre el medio, en cualquiera de sus formas y modalidades. Con ello olvida o desconoce los dos niveles de decisión – nacional y regional – que parece exigir el artículo 149.1.27 de la Constitución. La Ley es, pues, como el propio partido que la inspira: estatalista y centralista. Por eso, ambos se han quedado solos, en su espléndido aislamiento, abandonados por las demás fuerzas políticas y por quienes un día pensaron en la posibilidad de promover en España empresas de televisión.

Cuando el espacio libre se inunda de satélites de comunicaciones; cuando en Bruselas, París, Nueva York o Tokyo pueden captarse tantos programas de televisión como periódicos se pueden comprar en los quioscos; cuando la fibra óptica ofrece múltiples usos a la transmisión de información; cuando en el mundo entero se liberalizan las telecomunicaciones y se abren puertas y ventanas a lo que se conoce ya como la prensa electrónica, he aquí que en este viejo país, tantas veces punta de lanza del arte y la cultura, un Gobierno y un Partido que pierden por días la confianza en sí mismos, nos ofrecen una Ley obsoleta, timorata, mezquina, llena de cautelas, contradictoria en grado sumo, cuya única finalidad real es constituir la coartada para evitar una verdadera televisión libre. Es de esperar que esta Ley sólo dure el tiempo que dure la mayoría socialista.

Pero entre tanto, hay que decir que la legislación y la praxis en materia de televisión constituye uno de los mayores atentados políticos que el Gobierno socialista ha cometido desde su llegada al poder, y aún diríamos más, desde su presencia en la transición. Constituye además un gran error, porque pese a la desenvoltura de que hace gala en el asunto de la telecomunicación – ayer causaba sonrojo oír al señor Bofill en la tribuna de oradores – es esta una batalla que tiene perdida de antemano. En primer lugar, porque el atentado a la libertad que ello supone, es algo vivamente sentido por la población y difícil de disimular; en segundo lugar, porque ni el propio Gobierno se cree lo que dice: causa alborozo – pena al mismo tiempo – comprobar el carácter vergonzante con que los socialistas tratan de explicar este asunto; y en tercer lugar, porque ni la Ley de la llamada Televisión Privada, ni la prepotencia socialista, aprobándola en contra de todas las demás fuerzas políticas y sociales, ni la manipulación y competencia desleal que van a hacer desde la televisión pública, son capaces de poner puertas al campo. España se inunda, por días, de antenas parabólicas, de vídeos comunitarios en cadena, de emisoras piratas locales y autonómicas, que surgen aquí y allá y que el Gobierno no se atreve a cerrar. Esta Ley es una invitación a la desobediencia civil, a la que este pueblo es a veces tan aficionado.

Lo que más tristeza produce  en ese proceso, es el papel que se está forzando a jugar al Tribunal Constitucional. He aquí que, tras más de siete años en que se plantea por primera vez ante él la inconstitucionalidad de la televisión como servicio público de titularidad estatal, el Tribunal no se ha dignado todavía a dar una respuesta definitiva a tan importante cuestión. Después de cuatro procesos que se han ventilado ante él, seguimos sin saber si es o no constitucional el régimen de televisión en España. La doctrina del Tribunal resulta en estas sentencias decepcionantes. No se alcanza a comprender por qué esa resistencia a pronunciarse, sobre el fondo, de un modo claro y definitivo. Los razonamientos que hasta ahora nos ha brindado, en los que ni el propio Tribunal parece creer, no contribuyen, ciertamente a realzar su prestigio.  También de esto tiene la culpa la incesante presión socialista.

Si el PSOE no quiere que a una política cerril de autoritarismo y centralismo, se le enfrente otra política de insubordinación y de hechos consumados, debería abrir el puño y dejar que la televisión, como la prensa, refleje el deseo de libertad de los españoles.

Aquí, aquí sí que sopla un vendaval antidemocrático. El sueño de libertad que suponía la Televisión privada en un proyecto que va a nacer muerto. Pusiéronse los montes de parto, y parieron un ratón mezquino y ridículo. Y eso, después de varios años de embarazo frustrado. La ley socialista de la Televisión privada es un gran fracaso de la libertad de expresión y una confirmación del deseo de nuestros gobernantes de seguir manejando el monopolio de la caja tonta. Será cierto como decían que el socialismo es libertad, pero libertad vigilada y con cuentagotas.

Nació muerta la criatura en el hemiciclo del Congreso. Los socialistas prefirieron quedarse solos a empeñarse, junto a los otros partidos del arco parlamentario en una empresa de libertad esencial, sin la cual no se puede hablar hoy de democracia plena. Los dueños de la Televisión pública, la de Calviño y Pilar Miró, quieren seguir teniéndonos bajo tutela, como si fuésemos telespectadores incapacitados o pródigos. Tan poca fe conservan en sus programas y en sus conductas, que los políticos socialistas huyen el reto de una Televisión plural, no dominada y dirigida por ellos mismos, abierta a todos. Ya empiezan a soportar mal las críticas y censuras de una Prensa libre y de una radio libre, y temen sin duda que una Televisión también libre acabe con la desinformación y la docilidad de algunos votantes más o menos desentendidos de los otros medios de comunicación. El de nuestros socialistas no es sólo un caso de prepotencia. Es también una prueba de pusilanimidad y de acobardamiento.

Algunos representantes de partidos políticos no se limitaron a votar en contra del proyecto socialista de Televisión privada. Fueron más allá, y anunciaron el propósito de recurrir al Tribunal Constitucional. Resulta curioso comprobar cómo los socialistas, en cuestiones fundamentales, rozan los límites o se salen alegremente del ámbito de una Constitución que fue proclamada y slaudada como la Constitución de todos. El proyecto de ley de la Televisión privada tenía que ser, teológicamente, una conquista de la libertad de expresión y de información en la que se encontraran unidos todos los partidos verdaderamente comprometidos en un empeño común de profundización en las libertades como solemne y enfáticamente dicen los propios socialistas. Y resulta significativo que en esa hora, que debía ser gozosa para todos, los socialistas se hayan quedado tan solos como los muertos becquerianos, con la soledad de los muertos.

Más que una Televisión plural, los socialistas desean tener una Televisión repetida, una Televisión única multiplicada por diversos cauces. Se han adelantado con un descaro desvergonzado y cínico a la llegada de la Televisión por satélite con el famoso CANAL 10 de Calviño, sucursal de la Televisión público-privada de don Alfonso Guerra y ahora quieren tener en un puño las concesiones de otras cadenas nacionales. Allí, a esas nuevas pantallas, no llegarán los gusanos goebelsianos de don Felipe González, ni esos fantasmagóricos enemigos de las instituciones democráticas que ve deambular por su cortijo don Alfonso Guerra, ni a los informadores tercermundistas de don Txiki Benegas, ni los orquestadores de campañas de desprestigio del Parlamento de don Félix Pons. Se multiplicarán quizá los cauces, pero los informativos conectarán con Semillas Selectas a la hora del parte.

Falta de seguridad en sí mismos, en su partido, en su programa, en las conductas de sus propias gentes; miedo insuperable a la pérdida de un instrumento de engaño, de desinformación y de lavado de cerebro; afán de control perpetuo del más formidable medio de debate; temor a la igualdad de oportunidades en la confrontación de los programas y cobardía ante la crítica. Todo eso es lo que ha sido aprobado en el Congreso por nuestros socialistas en soledad. En soledad sonora.

Jaime Campmany

PILAR MIRÓ ha saludado, desde su puesto de má xima rectora de la televisión pública, la «próxima aparición» de los tres nuevos canales de televisión privada previstos por la ley. La medida de tiempo próxima es imprecisa, pero las conocidas reticencias del Gobierno a la televisión privada auguran que su aparición no es precisamente para mañana, y ello a pesar de los buenos propósitos expresados por el ex portavoz del Gobierno Javier Solana, días antes de cambiar de cartera. Cualquier cálcu lo elemental pone de manifiesto que es prácticamente imposible que esos canales estén en funcionamiento antes de las elecciones legislativas de 1990. Las obras de infraestructura con que el Estado ha de poner su red de difusión al servicio de la televisión privada no comenzarán hasta finales de este año o principios del próximo, y se calcula un plazo de año y medio para que estén totalmente terminadas.Ya sabemos cómo en este país los plazos previstos para cualquier obra se alargan en la práctica y, además, no está asegurado que el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones sea verdaderamente eficaz en su nuevo cometido.

En una actitud que se aproxima al cinismo, el Gobierno viene a sugerir que si las televisiones privadas no llegan en su momento es porque probablemente las empresas no estarán en condiciones técnicas ni programáticas de emitir, como si esa eventual incapacidad no fuera consecuencia directa del retraimiento que produce en las compañías interesadas la inseguridad jurídica de una ley disuasoria -y sujeta a un posible recurso de inconstitucionalidad- y la ignorancia sobre el plazo en el que el Estado tendrá disponible su red de difusión.

Es muy probable que entre tanto sean ya fáciles de alcanzar para todos las emisiones vía satélite y las que se preparan por la Comunidad Europea. Limitadas ahora por el precio de las antenas parabólicas, sus accesorios y sus dificultades de instalación, puede ocurrir que las antenas individuales para captación de satélites sean próximamente puestas a la venta a precios asequibles y miniaturizadas. Las emisiones internacionales se harán en varios idiomas seleccionables, de forma que eventualmente se podrán recibir también en español. Esto puede crear grandes dificultades de captación de audiencia para los canales privados y para quienes finalmente han de sufragarlos, los anunciantes. Las previsiones publicitarias para 1990 se cifran en unos 252.000 millones de pesetas, pero nada seguro puede predecirse en un sector cuyo desarrollo está tan estrechamente vinculado al de los otros y al resto de la economía nacional. En este aspecto, la principal concurrencia de los canales privados seguirá siendo la de Televisión Española, que va a continuar con su carácter híbrido de privada en cuanto a la recepción de beneficios publicitarios y de pública en sus inversiones a fondo perdido.

Ha costado muchos años llegar a una ley de televisión privada tan restrictiva como la que existe, y costará algunos más que se ponga en funcionamiento: son retrasos de exclusivo carácter político. Y es de temer que cuando se llegue al pleno funcionamiento, las empresas privadas se encuentren en planos de concurrencia económica en que les sea muy difícil moverse y alguna tenga, en fin, que alimentarse realmente de dineros muy políticos. La resistencia del Gobierno a hacer a tiempo las concesiones -palabra ya viciada, puesto que un medio de expresión no se debe conceder, sino que es un derecho de todos- habrá producido estas anomalías.

LAS NORMAS dictadas para abrir el paso a la televisión privada en España tienen incongruencias tangiles, a partir incluso del mismo concepto de televisiones privadas. En realidad, lo que se otorga o concede s el uso, mediante alquiler y fianza elevados, de los medios técnicos de la televisión pública a las emisoras privadas que sean elegidas por la Administración, que pone obstáculos y reservas graves. En definitiva: una imperfecta derivación de una ley igualmente imperfecta.La cuestión de los plazos entre los que se encontrarán emparedados los optantes presenta una dificultad significativa. Desde la convocatoria del concurso hasta la concesión definitiva pasarán seis meses: tres en el período de presentación hasta la apertura de las plicas, dos en estudio de la mesa de contratación y uno para la decisión; del Consejo de Ministros. Quiere decirse que, publicado el pliego de bases del concurso «para la gestión de la televisión pública en gestión indirecta» en el Boletín Oficial del Estado del 26 de enero, el anuncio de las concesiones no se hará antes de agosto. Y hay una obligación de comenzar a emitir -a pleno rendimiento- en febrero de 1990.

En el mejor de los casos el plazo será de seis meses, durante los cuales las sociedades tendrán que construir o rematar la infraestructura técnica propia, la contratación de personal, las líneas de programación, la producción propia, los contratos de material con productoras extranjeras y españolas (porcentuado todo en las condiciones) y realizar las pruebas necesarias. Montar una estación de televisión que responda a los mínimos exigidos por el Gobierno y que pueda mejorar las condiciones presentadas por los otros optantes supone una carrera de obstáculos bastante difícil de observar. El incumplimiento supone la pérdida de la licencia.

Las inversiones que se tienen que comenzar a hacer son considerables, a partir de una fianza inicial -a la presentación del pliego- de 500 millones de pesetas, más otros 500 a la concesión, y de unas -cuotas de alquiler que llegarán a 305 millones mensuales y 37.500 pesetas por hora de emisión. Pero deben limitar la publicidad al 10% del tiempo de -misión anual, sin que en ningún caso puedan sobreparse 10 minutos en una hora emitida.

Aparte de la selección que estas disposiciones -y otras muchas que contienen el Real Decreto de 11 de noviembre y la resolución de la Secretaría General de Comunicaciones de 26 de enero- hacen ya )ara que sólo puedan optar grandes grupos de capital (que aun así tendrán que pensárselo mucho antes de licitar), se intuye la resistencia psicológica de los LUtores de las mismas a que en realidad no haya televisión privada, y de que ésta dependa siempre de as interpretaciones que dé el ministro de Comunicaciones -hoy, Barrionuevo, anterior ministro del interior- a su funcionamiento.

Con estas normas legales estamos lejos de la idea de libertad de información y expresión y su independencia con respecto a los poderes, que siempre ha sido uno de los fundamentos de la democracia. La extensión de la idea de libertad de prensa que sólo han negado los regímenes absolutistas y represivos) debería llegar íntegramente a todas sus prolongaciones técnicas, de las que la televisión privada forma parte. Sólo en un país europeo (Italia) esta libertad sobrepasa todos los límites; se va haciendo una lenta y discutida apertura en los demás -aunque con garantía de neutralidad política de los medios públicos-, a los que España se va a incororar con medidas retardatarias.