El PSOE forma un Gobierno socialista monocolor con Felipe González de Presidente y Alfonso Guerra de Vicepresidente

Felipe González ha designado ya a los miembros de su Gobierno, que prometerán -o jurarán- sus cargos ante el Rey esta misma mañana. Aunque la valoración del nuevo equipo ministerial sólo podrá ser realizada mediante el balance de sus actuaciones a lo largo de un período razonable de trabajo, el perfil e historial de sus integrantes suministran unos datos inciales de los que tendrán forzosamente que partir las primeras apreciaciones. Ni que decir tiene que los juicios provisionales formulados sobre esta base deberán renunciar a transformar en profecía los recuerdos del pasado. La experiencia enseña que algunos buenos ministros de UCD despertaron grandes reticencias en el momento de ser nombrados, en tanto que otros colegas suyos nunca llegaron a justificar la fama de la que venían precedidos.El presidente del Gobierno se ha inclinado por descartar, entre las soluciones a su alcance, tanto la fórmula de un Gabinete denotables, cuya falta de militancia quedara compensada por una gran experiencia en la Administración pública o por un considerable prestigio social o intelectual, como el recurso a una coalición de barones del PSOE, representativos de corrientes de opinión, intereses sectoriales o ámbitos territoriales. Pese a que durante la campaña electoral Felipe González dejó traslucir su propósito de incorporar independientes a la dirección del Estado, la abrumadora victoria del 28 de octubre privaba de sentido a una fórmula funcionalmente discutible en sí misma y destinada a provocar la irritación de los militantes. De otro lado, la triste experiencia de los Gobiernos de UCD, cuyos ministros acostumbraban a utilizar su cargo para vigorizar su posición política personal y conspirar contra el presidente, haya tal vez influido en Felipe González para no tomar en consideración la hoja de servicios de los líderes del PSOE más veteranos o mejor publicitados. Descartadas, pues, estas fórmulas delos notables y los barones, parece lógico que el nuevo Gobierno esté formado mayoritariamente por militantes socialistas que ofrecen la doble condición de merecer la confianza personal del presidente y de disponer de una preparación profesional y técnica, con independencia de su veteranía en las filas de la organización.

Aunque la discusión sobre si el nuevo Gobierno es o nosocialdemócrata puede verse rodeada de bizantinismos semánticos, sí es verdad que respira por lo menos un aire socialdemocrático. La crisis económica ha limitado en este sentido enormemente los márgenes de maniobra cara a las soluciones o salidas previsibles. Las elecciones han sido ganadas por una oferta programática que ha insistido en la defensa de las libertades, la protección de los ciudadanos frente al terrorismo y el golpismo, la reforma de la Administración, la moralización de la vida pública, la creación de puestos de trabajo, el aumento de prestaciones sociales, la prioridad del sector público de la enseñanza, el replanteamiento de nuestro ingreso en la Alianza Atlántica y la solidaridad con los marginados. Todo ello en un ambiente de moderación y diálogo, de acercamiento al centro social y político del país. Las personas designadas por Felipe González tienen que respetar el mandato expresado por diez millones de votantes, identificarse con el espíritu de ese impresionante respaldo y cumplir sus compromisos. Pero todo esto dicho, sorprende que la extracción social de los ministros se corresponda abrumadoramente con la clase media urbana acomodada, sin la presencia de ningún antiguo trabajador manual en el Gobierno de un partido que todavía tiene el apellido de obrero, y que ninguna mujer ocupe un alto cargo, síntoma de la conocida misoginia de nuestra vida pública. No se trata, por supuesto, de propugnar el artificioso sistema de cuotas representativas para cubrir las formas, sino de levantar acta de la ausencia de una mínima correspondencia entre el diseño del poder actual y su electorado.

La incorporación de Alfonso Guerra al Gobierno fue la cuestión más debatida en las últimas semanas por la opinión pública, sin que nadie lograra encontrar razones suficientes para ese prolongado y absurdosuspense. Las tentativas de explicar las reticencias del actual vicepresidente del Gobierno a su nombramiento por motivos de orden privado ofrecen el defecto, mas allá de su eventual veracidad o falsedad, de resultar inverosímiles. Alfonso Guerra no se proponía retirarse a la vida privada para cumplir su frustrada vocación de maestro, sino que aspiraba a permanecer en el centro mismo de la política española como presidente del Grupo Parlamentario Socialista, encargado de aprobar o desestimar los proyectos de ley gubernamentales. Si el vicesecretario general del PSOE se hubiera marginado del Gobierno para afincarse en el Congreso, el fantasma de la diarquía se hubiera materializado de manera institucional y hubiera podido abrir, incluso contra la,voluntad de los dos líderes socialistas, una dialéctica imparable de confrontación. El espectáculo de las dudas de Guerra -filtradas en lenguaje confidencial e intimista y nunca solventadas, como era, exigible, mediante un debate político en regia- recordó inevitable y ominosamente a los comportamientos de otros grandes profesionales del poder del centrismo, que acabaron por destruir a UCD. Por el momento sólo cabe afirmar que las justificaciones dadas a esas vacilaciones son literalmente increíbles y que tanto Felipe González como Alfonso Guerra son deudores de una explicación. Quede claro, por otra parte, que la inclusión final de Alfonso Guerra en el Gabinete, hombre dotado de una notable creatividad e imaginación política y en gran parte artífice de la victoria electoral del PSOE, es una buena noticia. Hará del Gobierno un equipo más sólido y evitará que su marginación del palacio de la Moncloa se convierta en banderín de enganche de lo que Pío Cabanillas bautizó, refiriéndose a su hoy destruido partido, como la solidaridad de los cabreos.

Alfonso Guerra es, después de Felipe González, la personalidad más destacada del nuevo equipo, pero no parece que el resto de los ministros sintonicen con su forma de concebir y realizar la política. Tampoco parece plausible que su relativa soledad en el Gabinete quede compensada por el control que pudiera ejercer sobre la fontanería de la Presidencia. La condición de reciente pertenencia al PSOE es común a varios miembros del Gobierno, que militaron contra el franquismo en otros partidos de la oposición, como el Partido Socialista Popular, el Frente de Liberación Popular y las diferentes ramas de la Federación de Partidos Socialistas. El dato no resultará sorprendente a quienes conozcan la historia de la clandestinidad, abundante en grupos de izquierda desvinculados del exilio, y la hibernación a que la dirección de Rodolfo Llopis sometió a los socialistas del interior durante más de dos décadas. Al fin y al cabo, el PSOE, pese a su tradición centenaria, volvió a nacer hace diez años gracias al esfuerzo de Felipe González y Alfonso Guerra y ha crecido con la agregación de militantes de izquierda de variadas procedencias. No es descartable, en cualquier caso, que la falta de prejuicios históricos de Felipe González a la hora de elegir a sus colaboradores haya producido descontentos y resquemores entre quienes consideran que la antigüedad en el escalafón es una virtud capital en política. El nuevo Gobierno se distingue de un Gabinete tecnocrático en que no todos los hombres que lo componen han sido llamados en su mayoría a ocupar una cartera por su especialización en las materias de ese departamento. Pero el Gabinete parece demasiado creado a la imagen y comodidad del presidente, que no tendrá desde luego muchos problemas a la hora de dirigir las reuniones de un colectivo que presenta un cierto déficit de experiencia e imagen política, y un tono mesocrático en el que sólo los números uno y dos del equipo parecen capaces de insuflar eso que alguien ha llamado el impulso vital.

EL BOSQUEJO de los grandes perfiles del Gobierno de Felipe González puede ser completado con el examen de las características ideológicas, políticas y profesionales de las personas que lo integran. La mayoría de los ministros tiene en común, pese a su diferente origen partidista, el rasgo de haber militado en la oposición de izquierdas, o en la más blanda democristiana, al régimen franquista. Hay, no obstante, varias excepciones, como se verá, y empezando por la del portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, que fue durante la transición miembro de Acción Ciudadana Liberal y jefe de Prensa del partido de Areilza.José Barrionuevo, a quien le ha sido confiada la cartera de Interior, sustituirá en el cargo a Juan José Rosón, cerrando el ciclo de una vieja amistad política, que fue suspendida por el distanciamiento del nuevo ministro respecto al régimen anterior y su posterior militancia en Convergencia Socialista. Fernando Ledesma y Tomás de la Quadra, ministros, respectivamente, de Justicia y Administración Territorial, colaboraron con la oposición democristiana de Ruiz-Giménez. antes de aproximarse o de afiliarse al PSOE. De Tomás de la Quadra constan su sólida preparación jurídica y su participación en los trabajos preparatorios de la LOAPA, encargados a su maestro, Eduardo García de Enterría. Queda por despejar la incógnita sobre la capacidad efectiva del ministro de Administración Territorial tanto para entender el trasfondo político de los conflictos autonómicos con los nacionalistas vascos y catalanes como para llevar adelante, en nombre del Gobierno, las negociaciones con hombres tan curtidos y correosos como Xabier Arzallus o Miquel Roca. Fernando Lesdesma, miembro de la disuelta organización Justicia Democrática, une a sus convicciones religiosas un firme compromiso, con las libertades. Javier Moscoso, miembro también de la carrera judicial y ministro de la Presidencia, descubrió su vocación política tras la muerte de Franco, militó en las filas de UCD y procede del Partido de Acción Democrática.

Los restantes ministros ofrecen en sus biografías los rasgos característicos de lo que hace diez o veinte años las autoridades consideraban como el arquetipo de un rojo peligroso. La escenificación del cambio ha sido, precisamente, la instalación en los puestos más elevados del aparato del Estado, con protección policial incluida, de unos hombres que sólo hace siete años podían ser perseguidos, al menor descuido, por los cuerpos de seguridad y los tribunales. Narcís Serra, una de las grandes revelaciones de la política de la transición, ha sido encargado del difícil cometido de desempeñar el Ministerio de Defensa. El nombramiento de Fernando Morán -antiguo dirigente del PSP, ensayista y novelista- como ministro de Asuntos Exteriores respeta la discutible tradición de que sea un diplomático de carrera quien dirija las relaciones internacionales. La capacidad de trabajo y la competencia del nuevo ministro son avaladas tanto por el presidente del Gobierno como por el jefe de la oposición, que era embajador ante el Reino Unido cuando Fernando Morán desempeñaba el destino de cónsul general en Londres. La fuerte personalidad del titular de Exteriores, especialista en política africana y adversario de la integración de España en la OTAN, se ve coloreada por el dato anecdótico de ser cuñado del anterior presidente del Gobierno. La saga de los apellidos Calvo Sotelo y Bustelo se prolonga así en el horizonte como una constante de poder bajo todos los Gobiernos y en todos los regímenes.

José María Maravall y Javier Solana, dos hombres de gran prestigio profesional, arraigada ética política e intachable trayectoria democrática, tendrán a su cargo, respectivamente, las carteras de Educación y de Cultura, que deberán satisfacer las aplazadas demandas de bienes inmateriales de los sectores económicamente más desfavorecidos y profesionalmente menos protegidos de la sociedad española.

Una de las sorpresas del Gobierno socialista ha sido el alto número de economistas, procedentes de la Administración pública o de la universidad, que lo integran. La dirección de la política económica ha sido encomendada a un hombre cuya veteranía de origen en el PSOE no le impidió un curioso viaje de ida y vuelta, al comienzo de la transición, al partido socialdemócrata de Francisco Fernández Ordoñez. Perteneciente a la elite de técnicos financieros -la beautiful people- que adquirieron y perfeccionaron sus saberes en la Administración pública y las empresas estatales bajo el anterior régimen, Miguel Boyer -en cuya biografía publicada por este periódico se cometieron ayer lamentables e injustificables errores, pues ni es pariente de Calvo Sotelo ni tiene 49, sino 43 años- posee los adecuados conocimientos y las relaciones para impedir que el Gobierno irrumpa en los mecanismos del mercado como un elefante en una cacharrería. El nuevo superministro tendrá la misión de negociar con los grandes centros de decisión económica derrochando realismo, sentido común y prudencia, pero sin permitir que el Estado se convierta en la madre amorosa encargada de socializar las pérdidas privadas o de ejecutar las políticas dictadas fuera de su ámbito. Sólo la ética, o quizá también la estética, parece haber impedido a Boyer ocupar un Ministerio en los Gobiernos de UCD, con cuyos dirigentes compartía, además de amistades y gustos, buena parte de las orientaciones generales de política económica. Durante un breve interregno entre el Banco de España y el INI, Boyer ocupó un alto cargo en Explosivos Río Tinto, llevado allí precisamente por Calvo Sotelo en la época en que éste dirigía la empresa. Explosivos Río Tinto se encuentra hoy en graves dificultades financieras y necesitada de una ayuda estatal, cuyas cuantía y oportunidad tendrán que ser decididas precisamente por Boyer. Las relaciones de éste con la tecnoestructura económica del Estado se remontan, por lo demás, a su colaboración con Claudio Boada cuando éste era presidente del INI, relación que ha de prolongarse hoy a la inversa si Boada es efectivamente confirmado al frente del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Los conocimientos técnicos de Miguel Boyer tienen como característica que su acercamiento a la realidad fue siempre hecho desde los servicios de estudio y los puestos de staff, y sería por eso injusto tratar de comprometerle con decisiones. cuya responsabilidad en ningún caso asumió. Pero de aquella época guarda una tendencia al respeto admirativo porel actual equipo de gestores del INI, de cuyas virtudes pueden hablar los amigos, pero no las cuentas de resultados de los balances. Todo ello hace sospechar que la política energética, industrial y monetaria pueda seguir siendo regida con criterios conocidos y experimentados, para bien o para mal, hace algunos lustros. De donde cabe preguntarse si el cambio anunciado no peligra en este terreno.

Quizá como compensación de estas dudas, el resto de los ministros del área económica tiene una imagen pública más moderna y atrayente que la de su jefe inmediato. Ernest Lluch y Carlos Solchaga, titulares de Sanidad y de Industria, respectivamente, brillaron como parlamentarios durante la anterior legislatura, mientras que Enrique Barón ha hecho compatible su vigorosa vocación política -que le llevó desde USO y Convergencia Socialista hasta el PSOE- con una acelerada capacitación en cuestiones de la Administración pública. Carlos Romero, designado para la cartera de Agricultura, y Julián Campo, ministro de Obras Públicas, pertenecen al mismo renglón de jóvenes dirigentes de la oposición reciclados como expertos. Finalmente, Joaquín Almunia, ministro de Trabajo y Seguridad Social, representa a las nuevas generaciones de técnicos formados dentro del PSOE y UGT.

Con la excepción apuntada del superministro Boyer, la falta de experiencia empresarial de los miembros del Gobierno presidido por Felipe González parece obvia. Pero ofrece la contrapartida de su independencia respecto a las redes de intereses que en España han solido marcar la orientación de las carteras económicas. La capacidad de los nuevos ministros para rechazar esas hipotecas y servidumbres y para imponer el interés general sobre los de los grupos particulares puede incidir de forma altamente positiva sobre la estrategia económica del nuevo Gobierno. Porque la única forma de garantizar que el interés público prevalezca sobre las presiones sectoriales o corporativistas es, precisamente, que los en cargados de concebir y ejecutar las medidas de gobierno no tengan más lealtades que las que les vinculan con su electorado y con las demandas globales de la sociedad y el Estado.

QUE UN joven político catalán y socialista, que no ha hecho el servicio militar, lleva barba y tiene como principal experiencia de mando la alcaldía de Barcelona, asuma la cartera de Defensa en el Gobierno central, parece una de las demostraciones más evidentes de que algo puede estar cambiando en España.Narcís Serra fue elegido alcalde de Barcelona en abril de 1979 y ha sabido convertir la ciudad en un banco de pruebas de lo que puede ser una Administración socialista en España, salvando todas las distancias que es menester. El Ayuntamiento Serra, como tantos otros del país donde una generación de dirigentes socialistas -ahí tenemos al ministro del Interior, Barrionuevo, que llega de la alcaldía de Madrid-, ha hecho sus primeras armas en el Gobierno, ha desarrollado una labor fundamentalmente circunscribible en dos grandes ambiciones: reforma y animación. Reforma, en primer término, de todo el funcionamiento de los servicios municipales, y animación, en segundo, de todo aquello que el Ayuntamiento no puede crear, servir al usuario, sino canalizar en la medida en que exista una inquietud auténticamente ciudadana. Hablamos de la cultura.

Con respecto a la primera ambición, el Ayuntamiento de Narcís Serra ha replanteado desde abajo la política, incluso laboral, del Consistorio. En septiembre de 1979 entraba en vigor la reforma administrativa del Consistorio, que comportaba mejoras económicas a los funcionarios con mayor dedicación, reestructuración de categorías, aplicación de incompatibilidades, garantías sindicales y un incremento sustancial del horario del funcionariado que suponía que sus integrantes pasaban a trabajar de cinco a siete horas diarias. Estos criterios permitían meses más tarde reducir la plantilla en 563 personas, sin que eso supusiera merma alguna en la prestación de servicios. Al mismo tiempo, esa política de saneamiento se desdoblaba hacia afuera con la contención del déficit de transportes; el aumento de las inversiones, que totalizan 21.500 millones en el espacio de cuatro planes; el rescate para la ciudad de la obra de los túneles del Tibidabo, y los puntos de sutura aplicados al tema del Consorcio de la Zona Franca, donde había aparecido un fraudulento siete por valor de 3.000 millones de pesetas.

Durante su mandato, el alcalde Serra ha tenido que hacer frente a algunos contenciosos laborales de gravedad para Barcelona. Tras la primera huelga en la recogida de basuras, que se produjo en febrero de 1980 y que, por ser tan sólo de un día de duración, tuvo escasa incidencia, en el mismo mes del año siguiente el conflicto se envenenó hasta el punto de que la negativa a limpiar la ciudad se prolongó más de dos semanas. En esa situación Serra tomó una decisión arriesgada, sobre todo para un Ayuntamiento socialista: la requisa de los camiones de FOCSA, la empresa concesionaria, y la utilización del personal municipal para suplir a los trabajadores en huelga.

En esa situación Serra creía sentirse asistido por la razón moral contra los huelguistas y no vaciló en actuar de acuerdo con lo que entendía como su deber. De la misma forma, la actuación de la alcaldía en las relaciones con las asociaciones de vecinos ha rehuido las tentaciones del populismo. Aunque la actividad de esas asociaciones ha sido importante en el restablecimiento de los modos democráticos en la ciudad, la alcaldía se negó a darle una voz directa en el plenario municipal, entendiendo que, puesto que había una representación democrática al frente del Consistorio, la delegación de autoridad en los representantes de la ciudad debía de ser total.

En el área de la animación, ésta mucho más difusa que en el de la gestión, la alcaldía barcelonesa ha sabido hasta cierto punto imponer un concepto crecientemente universalista de lo que es la ciudad. Aun no batiendo el récord de kilometraje que posee, sin duda, el alcalde Tierno, Serra ha recibido en Barcelona a Juan Pablo II, a Sandro Pertini, a Willy Brandt y a, sus correspondientes al frente de las alcaldías de Nueva York, Moscú, Hong Kong, Viena, Milán, Boston y Colonia, y ha visitado oficialmente un buen número de ciudades europeas y americanas. Ha tratado de combatir las tendencias que algunos comentaristas han visto en la ciudad de asemejarse a un Titanic cultural, al que amenazasen los hielos de la apatía. Y en este sentido ha llevado a cabo una política de agitación cultural cuya más lograda realización ha sido el Año Picasso. Todo ello permite decir que Serra ha sido un buen alcalde, lo que no significa de inmediato que vaya a ser un buen ministro.

Con su marcha a Madrid ha comenzado de hecho la campaña para las municipales que habrá en 1983. Podría pensarse que el resultado de las pasadas elecciones legislativas da una cabeza de ventaja a los socialistas, que en la primavera próxima gozarían aún, previsiblemente, del período de gracia, los cien días famosos, que se otorga a toda nueva Administración, sin que las hipotecas de toda acción de gobierno hubieran comenzado a pesar inexorablemente. Al mismo tiempo, el Gabinete de Felipe González puede poner su granito de arena electoralista para que el equipo de Pasqual Maragall llegue en la mejor situación posible a los comicios. Pero quizá sea demasiado temprano para hacer pronósticos, al menos en lo que a Barcelona se refiere, de quién será el ganador. Por lo demás, nada permite pensarque los que se van no vuelvan. La eventual ejecutoria de Serra en Defensa podría ser -si acierta- excelente trampolín para las aspiraciones del socialismo catalán ante, las elecciones autonómicas de 1984 o, si no tan pronto, para las de 1988.