El PSOE suspende de militancia al ex ministro Juan Fernando López Aguilar, investigado por maltrato a una mujer

Juan Fernando López Aguilar fue el ministro de Justicia de Zapatero que impulsó la Ley contra la Violencia de Género, la primera ley del zapaterismo (01/2004), aprobada el 28 de diciembre de 2004 y publicada al día siguiente en el BOE.

Han pasado 10 años desde entonces, un tiempo adecuado para haberla revisado a la luz de los hechos y para comprobar si ha servido para corregir el problema o no. La Ley contra la Violencia de Género ha demostrado lo que era de temer, que siendo todas las causas que se invocan corresponsables de esta lacra, ninguna de ellas es determinante y siempre es posible buscar un contraejemplo. La falta de igualdad, el bajo nivel de educación y la pobreza son el humus privilegiado para que arraigue la flor negra de los malos tratos. Pero en los países escandinavos, con igualdad, educación y alto nivel de renta, los suecos pegan a las suecas como una vida mía. O sea, que tal vez haya en el macho de la especie humana un impulso atávico de dominación y conquista de la hembra que, sin los inhibidores adecuados, da lugar a la violencia.

No violentaré la presunción de inocencia de López Aguilar hasta el día del juicio, pero hay una cierta justicia poética en el hecho de que uno de los principales impulsores de la ley haya sido víctima de sus más evidentes defectos: que en ella se presuma la culpabilidad del denunciado y que se vulnere un principio constitucional elemental, como la igualdad de todos (y todas) ante la ley. Víctima, pero no mucho. Él pidió la suspensión de militancia a su partido, y el PSOE lo suspendió ayer mismo y envió al Grupo Socialista del Parlamento Europeo su decisión de que sea apartado del grupo para figurar entre los no adscritos. No entrega su acta de eurodiputado porque su escaño es la garantía de su aforamiento, de que, en todo caso, será juzgado por el Tribunal Supremo y no por el juez natural en uno de esos juzgados creados ad hoc para aplicar una ley inadecuada con criterios ideológicos por jueces altamente motivados. Y motivadas, claro.

Los dos posibles desenlaces de este caso dan pie para la reflexión. Si López Aguilar fuera encontrado culpable, sería un duro trance para la autoproclamada superioridad moral de la izquierda. Mientras el PSOE proclamaba esta ejemplaridad, no como otros, su filial vasca era el único partido de Europa que tenía como presidente a un condenado por malos tratos.

Pero supongamos que es inocente, tal como proclama, y que está siendo víctima de una denuncia falsa. Habría sido víctima de una ley, su propia ley, que lo permite. Recuerden que al ya ex diputado Toni Cantó le cayó hace un par de años la intemerata de manos socialistas (Carmen Montón, Elena Valenciano, Ángeles Álvarez, Eduardo Madina y Miguel Ángel Cortijo, un suponer) por haber dicho en Twitter que la mayor parte de las denuncias eran falsas, aunque cuatro horas después retirase la generalización.

Éste es un momento adecuado para que el Gobierno reexamine una ley inadecuada e ineficaz, y para que el principal partido de la oposición, que la impulsó, se dé a razones tras haberla sufrido en carne propia.

Los a favores y los en contras tienen siempre su pequeña intrahistoria. «Si yo defiendo al hombre, quedo de machista y si tu apoyas a la mujer, van a decirte que eres una feminista loca», me comentaba el jueves mi rival de página. La sesuda reflexión me legó la defensa del «pobre atormentado» López Aguilar, protagonista de este debate aunque obviemos su nombre en el enunciado en el que lo plantea. El relato de la peripecia no es baladí pues muestra hasta qué punto se trata de una polémica contaminada por el prejuicio. Se habla de violencia machista pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los malos tratos a los ancianos?

La realidad contiene paradojas infinitamente más hermosas que la ficción y no pocos se han regocijado porque el ex ministro de Zapatero haya sentido el peso de su propia justicia, por llamarla de alguna manera. «En casa del herrero, jarabe de palo», se choteaban algunos.

La Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género se aprobó hace 11 años y desde entonces, muchos organismos han evidenciado sus carencias; la más flagrante, las denuncias falsas que condenan sin juicio ni pruebas.

Habría que decir sin embargo, que los gobiernos escriben sobre renglones torcidos y las asociaciones siguen considerándola como positiva pese a que desde que se aprobó, han muerto más de 700 mujeres (y algún gay que esta ley tan integral no previó).

López Aguilar sufre en su carne débil (él ha confesado que fue infiel a su mujer) la condena de la sociedad e independientemente de lo que pase con la denuncia por malos tratos, la carrera política del europarlamentario ha quedado truncada para siempre. Eso no es justo.

Hace unas semanas, en esta misma página, defendí la no exclusión de los imputados de las listas electorales. No fue difícil: el sambenito jurídico se le cuelga a cualquiera al que se investigue por la comisión de un delito y su renuncia, voluntaria o forzosa a las candidaturas, puede ser considerada como imponer una pena de inhabilitación sin juicio previo. ¿Y la presunción de inocencia…? Ni idea.

El caso de la suspensión de militancia del político socialista es aún más indignante porque incluso en el caso de que se le declarase culpable, los malos tratos no acarrean inhabilitación alguna (pues no hay vínculo entre el delito y el cargo). Y en cualquier caso: ¿Por qué López Aguilar sí y Eguiguren, no? ¿Y Cháves y Griñán?

Al dar cuenta del caso de maltrato abierto contra el exministro de Justicia, López Aguilar, era inevitable mostrar el distinto sesgo que adquiere cualquier noticia en función de sus protagonistas políticos. Aplicarse, también como lectores, un corrector particular que te obligue a mirar la noticia desde el prejuicio contrario, ayudaría a relacionarse con más naturalidad con los canales que elegimos para informarnos. Los medios no dictan sentencia, puesto que lo hará la autoridad pertinente cuando salve los anómalos escollos del aforamiento, pero alimentan un criterio público sobre el asunto, una atmósfera por decirlo de algún modo. Y ahí se ha delatado un mecanismo mental preocupante.

El primero tiene que ver con el machismo subconsciente. Pese a los demasiados siglos de dominación del hombre sobre la mujer es ya hora de corregirlo. No faltaron los analistas que corrieron a hacer una interpretación del caso tan simple como la del regador regado. Igual que el corrupto Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre, ha terminado preso en la cárcel que inauguró oficialmente, así el ministro de Justicia padecerá en propia carne los pecados de la ley socialista de protección de la mujer ante la violencia de género. Surge entonces el sospechoso festejo del ya te lo decía yo. Bien tramposo, porque no existe su contrario, una frase hecha que venga a decir: vaya, se vuelve a demostrar que andaba equivocado en lo que yo defendía.

Lo más grave, y en la esfera mediática causa un daño terrible, fue que muchos celebraban que si la denuncia de malos tratos era falsa machacarían la ley por medio del exministro. Para empezar, ni tan siquiera se había puesto una denuncia, por lo que especular con su falsedad era puro oportunismo. Servía para expandir la idea de que muchas denuncias de malos tratos son falsas, un estado de opinión al que contribuyen demasiados. Hay denuncias falsas en el entorno laboral y en las aseguradoras, más habitualmente, pero no merecen la misma obsesión. Se aprovecha la ventolera para desplegar las velas a favor. Pero los protocolos de actuación han funcionado mejor en este caso que las propias personas, por lo que, pese a la manipulación indecente de las primeras horas, la ley sale fortalecida y nos convoca, en silencio, al criterio judicial.

Eugenio Scalfari, el legendario director del periódico italiano La Repubblica, que ahora preside ese diario, dijo hace 30 años a los estudiantes de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS una definición de este oficio que conmovió porque era difícil decir en tan pocas palabras qué hacemos cuando tecleamos una noticia, hacemos un análisis o entrevistamos a alguien. Dijo Scalfari, juntando las manos como si fuera un sacerdote laico en un púlpito que lo obligaba a la didáctica: “Periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente”.

Dos décadas más tarde, en una universidad de Roma, juntó otra vez las manos largas con las que acompaña su paciencia de decir y les explicó a los alumnos que le escuchaban en esta ocasión una frase que le nació a él y que luego ha sido objeto de larga reflexión, suya y de otros: “El periodismo es un oficio cruel”. Por entonces, el periodista francés de origen argelino Jean Daniel, que fue compañero de Albert Camus en la lucha antinazi y redactor suyo en el periódico Combat, nos dijo algo parecido en su casa de París, rodeado de libros hermosos, entre ellos uno que recuerdo ahora: El sol en la obra de Albert Camus. En aquella atmósfera de estudio, el veteranísimo director de Le Nouvel Observateur nos dijo algo parecido: el poder que tenemos los periodistas para disponer de la vida de otros a veces es omnímodo, y por tanto puede ser cruel.

Ahora son más veteranos, claro, pero entonces, cuando decían estas cosas, ya eran viejos adalides del oficio; de su pluma habían salido y seguirían saliendo opiniones contundentes sobre la política (ante todo) y sobre los diversos sucesos de la vida de la sociedad de este tiempo. Y ambos advertían del peligro de usar nuestro poder para derribar y acosar sin los elementos de juicio que son imprescindibles para que este poder no se convierta en un ejercicio liberado de las ataduras morales que exige.

Esas reflexiones marcan una ética y una estética que encuentro que entre nosotros se ha desvarado en grado sumo. El periodista, armado de un brazo justiciero que se ampara en lo difícil que es que una corrección social de sus invectivas lo pongan en su sitio a tiempo, utiliza las páginas y los otros soportes en los que desarrolla el oficio para decir esto o lo otro (esto es lo que comentaba Scalfari) sobre las personas aun en sus más íntimas vicisitudes, sin pararse a pensar que quizá la historia es otra, o distinta.

Esta facilidad para desenfundar se acrecienta cuando parece haber consenso social sobre la maldad de alguien al que se erige como protagonista oscuro de la historia. Pasa ahora, sin duda, con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, declarado prematuramente culpable de violencia de género cuando aún no hay ni sentencia ni puede decirse que ya se manejen todos los datos. Esta facilidad de desenfunde se junta con el ejercicio conmiserativo del juicio, que consiste en declarar, antes de declararlo culpable, que diga él lo que diga algo habrá porque…, y en los porques ya los periodistas nos lanzamos a rastrear hasta su modo de agarrar la guitarra.

Quién sabe nadie del todo lo que pasa en una casa. Pues si uno lee ahora lo que se dice, parece que muchos periodistas no sólo tenían un periscopio, sino que vivían en la casa de Juan Fernando López Aguilar.

LOS INDICIOS sobre las supuestas presiones que recibieron el demandante y los juzgados para que las denuncias por malos tratos contra el ex ministro socialista Juan Fernando López Aguilar fueran archivadas convierten este inquietante caso en escabroso. Las sospechas de que el ex ministro del Gobierno de Rodríguez Zapatero que impulsó la Ley contra la Violencia de Género agredió a su mujer eran ya de por sí escandalosas. Pero ahora, el hecho de que el entorno político del titular de Justicia, natural de Canarias, pudiera haber mediado para que el juez de Las Palmas archivara la causa lo más rápido posible convierten la situación en aún más espinosa, al poner en duda un pilar básico de nuestra democracia como es la no injerencia de los poderes públicos en las decisiones judiciales.

EL MUNDO revela hoy que la Fiscalía de Canarias ha abierto diligencias para saber si el hijo mayor de la ex esposa de López Aguilar recibió algún tipo de presión para retirar la denuncia que interpuso en enero contra su padrastro por supuestos malos tratos a su madre y si esas coacciones llegaron también al juzgado que tramitó la demanda para que ésta fuera sobreseída con celeridad. Algo que, además de ser inaceptable en un Estado de Derecho, habría dejado sin la protección necesaria a su ex mujer, Natalia de la Nuez, presunta víctima. De hecho, apenas tres meses después de que el hijastro del ministro retirase su denuncia, las instituciones tuvieron que intervenir de nuevo en una situación que afectaba a De la Nuez tras recibir varias llamadas de socorro de los vecinos del domicilio familiar.

Desde que salió a la luz este caso, que actualmente está en manos del Tribunal Supremo, López Aguilar ha defendido su inocencia y se ha alineado con las voces que más criticaron su ley contra la violencia machista. El eurodiputado, que ha sido suspendido por el PSOE y el Parlamento europeo de manera cautelar, ha lamentado los daños que estas acusaciones habrían provocado a su derecho a la intimidad y a su presunción de inocencia. La discriminación positiva que introdujo la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género planteaba, en efecto, el problema de establecer medidas cautelares que en caso de demostrarse la inocencia del acusado son injustas. Sin embargo, el elevado número de muertes por violencia machista de mujeres que previamente habían denunciado a sus parejas por malos tratos justificaron que la ley introdujera este elemento, que por esa razón fue convalidado por el Constitucional.

El atestado policial, que desveló este diario, coloca a López Aguilar en una posición complicada, pues si bien es cierto que muchos de los testigos de este caso no son imparciales, también lo es que sus declaraciones convierten al político en sospechoso de haber agredido a su mujer en varias ocasiones. Aunque debamos respetar su presunción de inocencia, es preciso exigir que la investigación llegue hasta el final. Si ya antes era necesario esclarecer este suceso privado, el frente abierto ahora por la Fiscalía convierte en vital aclarar lo ocurrido por higiene institucional.