2 febrero 1990
TVE no quiso emitir el debate en directo
El vicepresidente Alfonso Guerra asediado en el Congreso de los Diputados por el escándalo ‘Juan Guerra’
Hechos
El 1.02.1990 El Vicepresidente del Gobierno, D. Alfonso Guerra tuvo que responder en el Congreso de los Diputados preguntas sobre las investigaciones en torno a su hermano D. Juan Guerra.
Lecturas
FELIPE GONZÁLEZ DICE QUE SI ALFONSO GUERRA DIMITIERA, ÉL SE IRÍA JUNTO A SU VICE
El presidente del Gobierno, D. Felipe González, mostró todo su apoyo a D. Alfonso Guerra, hasta el punto de decir que si este dimitiera por el cuestionamiento de su honradez personal, él también se iría con él.
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FRASES DE ALFONSO GUERRA (PSOE):
«Se consideró conveniente disponer en la Delegación de Sevilla un despacho para el vicepresidente del Gobierno en ese organismo del Estado. Y permití el acceso al mismo de colaboradores más directos Nunca he autorizado a nadie para que use mi nombre en actividad pública o privada», añadió. «Mi representación la tengo yo».
«Hay dirigentes del Partido Popular en situación similar a la mí, pregunten a los Sres. Manuel Fraga, Rodrigo Rato, José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos. Yo personalmente di instrucciones a los comités del PSOE para que nadie hiciera comentario alguno, durante la campaña a las elecciones europeas, respecto a la hermana de Manuel Fraga».
«Un hermano de Rodrigo Rato para lograr concesiones de emisoras de radio, y se preguntó si eso debe considerarse tráfico de influencias. Existen cartas del Sr. Francisco Álvarez Cascos en petición de emisoras de radio. Y el alcalde de Burgos y un empresario [Méndez Pozo] están procesados por el escándalo inmobiliario de Burgos han celebrado reuniones en el despacho del Sr. Aznar, cuando éste presidía Castilla y León».
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FRASES DE LA OPOSICIÓN
FRANCISCO ÁLVAREZ CASCOS (PARTIDO POPULAR)
«Hemos escuchado sus explicaciones y lamentablemente no podemos convalidarlas. Y no nos cabe ninguna duda, dejando a salvo las responsabilidades personales del vicepresidente del Gobierno, que en el ejercicio de su responsabilidad política, de la responsabilidad inherente a su cargo, sólo existe una salida consecuente con los hábitos democráticos occidentales. De este sentido del ejercicio de la responsabilidad política pueden encontrarse muchos ejemplos. Tal vez, el más elocuente y apropiado al caso sea el del canciller de la RFA, Willy Brandt, quien al descubrirse que un colaborador directo suyo realizó labores inconfesables de espionaje, presentó el día 6 de mayo de 1974 su dimisión al presidente de la República (…)».»Es evidente que nadie había acusado a Willy Brandt de ser un espía o de participar en el espionaje, pero es evidente también que el gesto consecuente de Willy Brandt fue el que permitió al New York Times tres días después afirmar: «Por lo menos todavía hay un líder íntegro en el mundo occidental». Brandt ha preferido salvar el honor al puesto. Para salvar su integridad política, señor vicepresidente, después de escuchar sus explicaciones, el Grupo Parlamentario Popular piensa que lo único que le corresponde es presentar su dimisión».
(…) «Ignorar que en España existe el tráfico de influencias o negar que en los últimos años esta actividad parasitaria ha tenido un desarrollo preocupante son, sencillamente, inútiles esfuerzos para ocultar lo que resulta una evidencia para la inmensa mayoría de la sociedad española libremente informada. El conjunto de las actividades desarrolladas por Juan Guerra González, y lo de menos para nosotros es el parentesco que le une al señor vicepresidente del Gobierno, a través de un complejo entramado de empresas y socios susceptibles de ser tifipicadas como modelo de ejercicio de tráfico de influencias puede ser resumido en cuatro tipos de acciones genéricas. Influencias para lograr la recalificación urbanística de terrenos, para lograr la adquisición de fincas o solares propiedad del Estado o de empresas públicas, para gestionar subvenciones oficiales o para gestionar licencias, permisos o autorizaciones. Si de la naturaleza de estas actividades se derivaran responsabilidades penales, que sean los fiscales y los jueces quienes deban perseguirlas y juzgarlas Si del beneficio de estas actividades se derivaran responsabilidades fiscales que sean los inspectores de Hacienda quienes deban investigarlas y sancionarlas, con el mismo celo, señor Borrell, que a cualquier otro ciudadano, famoso o no. Lo que es evidente es que del ejercicio de las actividades conocidas de don Juan Guerra también se derivan responsabilidades políticas que a esta Cámara corresponde investigar o exigir, según los casos» (…).
«Lo poco convincente que resultó la primera intervención del señor vicepresidente del Gobierno, su falta de argumentos para defenderse ante esta Cámara de las responsabilidades políticas que era su obligación asumir, hacían temer, y así se ha confirmado, una réplica cargada de frivolidad y llena de cinismo e hipocresía, señor vicepresidente. Porque mire usted, usted nos ha preguntado y ha juzgado la definición de tráfico de influencias que figura en las propuestas del Partido Popular. Pero por qué no nos cuenta la suya, si el Gobierno se comprometió, por acuerdo de esta Cámara, en traer los documentos reguladores del tráfico de influencias antes del 31 de diciembre de 1988 (…)». (…) «Es un ejercicio de cinismo y de hipocresía alardear de que se saben tantas cosas de los demás y afirmar al mismo tiempo que no sabe una sola palabra de las actividades de sus familiares más cercanos. Usted ha citado incluso cartas cuya posesión puede violar el derecho a la intimidad de la correspondencia de particulares. Señor Guerra, usted puede estar incurriendo en violación de la intimidad (…)».
(…) «Con ejercicios de frivolidad, con recursos al cinismo y a la hipocresía no vamos a resolver el problema que hoy nos trae ante esta Cámara. Porque hoy lo que se discute es si usted es o no responsable político de que no haya comisiones de investigación y que como consecuencia de ello en la sociedad española se extienda un clima de impunidad que favorece el tráfico de influencias. Porque usted es responsable (…) por negligencia en la elección de su colaborador y por falta de vigilancia en las acciones de su colaborador, Juan Guerra González, de que se hayan cometido abusos en el uso por un particular de un bien público, malversación de la apariencia externa de desempeño de actividades oficiales, usurpación de funciones públicas, y que todo ello determina responsabilidades políticas que con toda firmeza y con todo derecho hemos exigido; y usted ha recurrido (…) a los más miserables argumentos, que son los que consisten en devolver a los demás las acusaciones de uno mismo para no tener que responder de sus propias. responsabilidades, y usted ha tratado de implicar cínica e hipócritamente a la imagen de don Manuel Fraga en este Congreso (…)».
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NICOLÁS SARTORIUS (IZQUIERDA UNIDA)
«Se trata de dilucidar las responsabilidades políticas en que haya podido incurrir el vicepresidente del Gobierno u otros cargos también de la Administración, autorizando, designando o consintiendo la utilización ilegítima y abusiva de dependencias y medios públicos del Estado, pagadas por todos los españoles, a personas sin título legitimo para ellos, con la consecuencia de que el período durante que esto ha sucedido, esa persona, familiar en este caso del vicepresidente, ha podido amasar una considerable fortuna. En otras palabras, si es aceptable o no es aceptable políticamente hablando que persona de íntima confianza de un miembro del Gobierno use durante años, con conocimiento de éste, un despacho de la Delegación del Gobierno de Andalucía, sin título para ello y se haga rico a través de ese mecanismo. Nosotros creemos, señorías, que esto no es aceptable, que supone un abuso de poder, una quiebra del estado de derecho, además del tráfico de influencias que se haya podido dar quizá en abuso de confianza (…)».
«Es evidente desde nuestro punto de vista que si un responsable político propicia o consiente que un familiar o no familiar, porque esto sería secundario desde nuestro punto de vista, utilice dependencias del Estado pagadas por todos para la realización de funciones que no están contempladas en el ordenamiento jurídico, con consecuencia de enriquecimiento personal del utilizante, incurre en responsabilidad política, e incurre en responsabilidad política ya sea por acción, ya sea por omisión».
«Usted ha utilizado aquí una viejísima táctica, siniestra por otra parte, del calamar, que es, bueno, echar cosas para salvarse, pero no ha justificado el meollo de la cuestión en los términos en que nosotros lo hemos planteado. Usted ha confirmado lo que hemos dicho. Usted ha dicho en un momento determinado, no se sabe si consciente o inconscientemente, ha dicho en el fondo ustedes lo que hubieran preferido es que le pusieran en la nómina del Estado(…)».
«Oiga usted, si necesita usted una persona para determinadas cuestiones dentro de la Administración del Estado contrátela o haga un concurso-oposición para que entre en el Estado, lo que usted no puede hacer es a un familiar suyo o a otra persona cualquiera meterla a trabajar en una dependencia del Estado absolutamente sin norma alguna que la regule. Eso no se puede hacer, eso es abuso de poder y ésa es la responsabilidad política que nosotros venimos aquí a denunciar, aquí nosotros no hemos ghablado ni de negocios, ni de tráfico de influencias, no hemos hablado nada de eso. Hemos hablado del tema crucial que estamos planteando aquí y que es ése, y ésa es la responsabilidad política del vicepresidente del Gobierno y de todos aquellos que sabían que esa situación existía y no dijeron absolutamente nada durante seis años (…)».
«Se habla de campaña, se habla de tempestad, de maniobra. Señor vicepresidente, o señoras y señoras diputadas, de quién es la maniobra del diario EL MUNDO, de EL PAÍS, del ABC, del YA, de las radios, de la televisión, todos, porque todos tenemos encima de la mesa esto de informaciones precisas y concretas y documentales sobre el tema que estamos tratando aquí. Todo eso es mentira, todo eso no es verdad, nada es una invención pura y simple. Tenemos unos medios de comunicación absolutamente difamantes. Todos difaman. Hombre, yo creo que es una exageración. No podemos venir aquí al Parlamento a decir eso. Teníamos que haber hecho una explicación muchísimo más minuciosa y concreta(…).»
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ALEJANDRO ROJAS MARCOS (PARTIDO ANDALUCISTA)
«La reacción inicial del vicepresidente fue idéntica a la de su hermano, don Juan Guerra: miseria de los acusadores, ataques contra el Partido Socialista, calumnias contra las personas linchamiento. Cada vez que se aprecia un indicio de abuso de poder, tráfico de influencias o de corrupción, el sospechoso se envuelve unas veces en la bandera de la democracia, otras en la de la izquierda, siempre en la descalificación ajena»
«Los hechos son los siguientes: el vicepresidente don Alfonso Guerra pone sendos despachos para él y para su hermano don Juan Guerra en la Delegación del Gobierno en Andalucía, con todos los medios personales y materiales».
«Por esta razón, son los amigos, los familiares, los empleados, los allegados, en una palabra, los cercanos al poder, los que pueden convertirse en traficantes de influencia, es decir, los que actúan con ánimo de lucro en el ejercicio del poder político».
«¿Y quién era don Juan Guerra en Andalucía? Esta Cámara tiene que saber la verdad. Don Juan Guerra ha sido el lugarteniente de don Alfonso que ha actuado como mandatario suyo, que ha impartido órdenes políticas que ha dirigido campañas electorales, que ha intervenido en la concesión de subvenciones en las recalificaciones de terrenos, en los nombramientos de cargos. Don Juan Guerra ha sido para el vicepresidente el representante de sus intereses, fustigador de sus adversarios ,protector de sus amigos».
«En conclusión, la explicación del señor Guerra no pueden convencer a nadie de su inocencia política. Por ello, la opinión pública considera que debe dimitir, y si no dimitiera, la obligación política del presidente del Gobierno sería destituirle».
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TVE NO EMITIÓ EL DEBATE SOBRE EL CASO GUERRA
Los Informativos de Televisión Española (TVE), la televisión pública, decidieron no emitir en directo la sesión sobre el ‘caso Juan Guerra’ por decisión del Director de Informativos D. Diego Carcedo, aunque la oposición culpó expresamente al Director General de RTVE, D. Luis Solana. En cambio el debate si fue emitido por la cadena privada ANTENA 3 TV que dirige D. Manuel Martín Ferrand y por la televisión pública autonómica madrileña TELEMADRID que dirige D. Fermín Bocos
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CRÍTICAS A LUIS DEL OLMO (COPE) DESDE RADIO NACIONAL (RNE)
TVE no emitió el debate pero sí dedicó una tertulia de Radio Nacional de España (RNE) en la que los tertulianos Dña. Cristina Alberdi y D. Enric Sopena defendieron al Sr. Guerra. En el caso del Sr. Sopena, ex director de informativos de TVE y ex director de RNE atacó expresamente a un locutor de radio ‘obsesionado’ contra D. Alfonso Guerra. No dijo a quien se refería pero era claramente a D. Luis del Olmo, que conducía el programa ‘Protagonistas’ en la Cadena COPE.
02 Febrero 1990
Un caso todavía por cerrar
Lo más interesante del debate de ayer en el Congreso de los Diputados sobre el caso Juan Guerra estuvo precisamente fuera de la sala. Al finalizar la sesión, el presidente Felipe González hacía unas declaraciones de firme apoyo a su segundo -«si él dimite, yo también»- y se quejaba amargamente de las insidias y difamaciones que se vierten sobre la clase política o personas cercanas a la misma, saliendo en defensa de la honorabilidad de su propio hermano, puesta en duda por algunas informaciones. La apasionada declaración de Felipe González, improvisada ante la Prensa y brillante como oratoria, logró lo que el vicepresidente del Gobierno no había obtenido en largas y penosas horas de debate parlamentario: credibilidad.Este quite por chicuelinas del líder del PSOE intentaba ayudar a restaurar la lamentable impresión que el desarrollo de la sesión de las Cortes dejó ayer en la opinión pública. Alfonso Guerra, como representante del Gobierno, se empeñó en llevar el debate hacia terrenos que a nadie interesaban o que no venían a cuento. Nadie, en efecto, había puesto en duda la honorabilidad del vicepresidente, ni le había acusado de lucrarse gracias a las actividades de su hermano. No nos encontramos tampoco ante un problema de Código Penal. Lo que el vicepresidente debía explicar es por qué un ciudadano privado, en este caso su hombre de confianza en Sevilla y hermano, utilizó durante seis años un despacho oficial en la Delegación del Gobierno, etapa en la que además se enriqueció de forma rápida y especulativa. La explicación según la cual ocupó dicho despacho en su condición de «asistente» del «vicesecretario general del PSOE» no ayuda a desenredar el problema sino a complicarlo. Y en cualquier caso, supiera o no las actividades de su hermano Juan, Alfonso Guerra nada dijo sobre el juicio personal que le merecían. Los interrogantes son legítimos. Sin necesidad de descender al análisis del comportamiento político, en cualquier empresa privada bien gestionada no se permitirían hechos simflares a los protagonizados por Juan Guerra por parte de hermanos o familiares de los altos ejecutivos de la casa, salvo que tuvieran permiso para hacerlo. Con mayor razón esas actitudes no deben aceptarse en lo tocante al erario público o a la representación del Estado. Hay un concepto de la decencia que no tiene por qué estar recogido en el Código Penal, y no necesariamente todo lo que castiga ese código es siempre, en cambio, indecente.
O sea que el problema era simple, pero el Gobierno, acosado por la situación, se ha dedicado a embrofiarlo. Reaccionó tarde y mal, luego negó, guardó silencio, acusó de campañas e hizo juicio de intenciones. Pero todavía no sabemos, en cambio, qué se piensa en el Gabinete del caso Juan Guerra. Su hermano el vicepresidente se deslizó ayer por una peligrosa pendiente al hacer lo que acusaba a los otros de intentar. En vez de explicar lo de su hermano prefirió denunciar a los hermanos de los demás, y contribuyó más que nadie a dar la impresión de que, en efecto, la corrupción o el compadreo son algo muy extendido entre la clase política y en todos los partidos. Imputación que él mismo habia tachado de desestabilizadora y antidemocrática.
El representante del Partido Popular, el de Izquierda Unida y el del Partido Andalucista tuvieron intervenciones felices y de gran fuste político que, a ratos, hacían esperar un debate de este género y no la pelea de chismosos, en la que incluso salieron a relucir cartas particulares, en que pretendió convertirla su principal protagonista. Finalmente, como decimos, sólo la intervención del presidente del Gobierno pareció devolver un poco de cordura a la argumentación oficial sobre el caso, pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse y Guerra perdió la oportunidad de explicarse convincentemente. Su imagen como político y hombre público salió ayer del Parlamento mucho más deteriorada de lo que entró.
Estamos seguros de que el caso Juan Guerra no ha terminado. Hay un debate en este país que afecta al sistema de financiación de los partidos, a las formas de contratación pública y a la picaresca que en torno a esas actividades puede montarse en ocasiones. Suponer, como hizo ayer el vicepresidente, que lo que sucede es que hay gente que le tiene muchas ganas es creer que la batalla política, los legítimos conflictos de intereses y las confrontaciones ideológicas se reducen a peleas tribales. No es el partido socialista el único depositario de la legitinúdad democrática, de la pureza de intenciones, de la sagacidad política ni de la probidad histórica. Ni desde ahora podrá Alfonso Guerra presentarse como el más cualificado adalid de estas cosas. El gran número de servicios prestados por el PSOE a este país y su contribución a la estabilidad democrática merecían precisamente una mayor compostura y un criterio más coherente sobre cómo debe mantenerse la dignidad política.
02 Febrero 1990
Vergüenza para los profesionales de TVE
Luis Solana, director general y comisario político de TVE, dio instrucciones de que no se retransmitiera la comparecencia en el Congreso de Alfonso Guerra, acusado de encubrir la corrupción y el tráfico de influencias. Mientras ANTENA 3 y las televisiones autonómicas encendían sus pantallas con el debate, el señor Solana, para vergüenza de los profesionales de TVE ofrecía los dibujos animados de Yupi en la Primera Cadena y una función desconocida de teatro en la Segunda. Esos profesionales – no los que protestaron ayer con admirable valor – a los que se apela desde el Gobierno como escudo contra las acusaciones de manipulación ¿se han rebelado contra el atropello, han firmado un escrito que les lave de la vergüenza pública a la que han sido sometidos? Pues claro que no. Los señores Calviño y Solana han depurado a conciencia a los profesionales de TVE, purgando y despidiendo a unos, relegando a otros a los pasillos, asustando a los más. Tras siete años de purga tenaz, los profesionales que quedan en puestos de relieve, salvo excepciones, son afiliados o simpatizantes del PSOE. La mayoría de los que quieren salir en la pantalla o conservar sus puestos se ha sometido al comisario político. Sólo los dóciles, los acomodaticios o los entusiastas del poder, salvo excepciones, tienen hoy cabida en puestos decisorios de la televisión pública. Algunos – los más hábiles – tratan de enmascararse en una pretendida objetividad para cuando llegue el momento, ante las elecciones o en periodos de crisis, realizar al servicio del Gobierno la entrevista oportuna o el debate domesticado. Otros actúan a favor del PSOE abiertamente. Los más – entre los que se encuentran docenas de grandes profesionales serios y rigurosos – aguantan el aguacero, sufren en su dignidad sin despedirse porque tienen familias a las que alimentar y esperan tiempo mejores. Se lo merecen. Porque hora es de que, además de APLI, que tuvo ayer una reacción magnífica, las asociaciones de periodistas y los sindicatos mayoritarias defiendan a los periodistas de TVE de los abusos que con ellos se cometen.
05 Febrero 1990
Sopena
Resulta que el debate parlamentario sobre los hermanos Guerra no se retrasmitió por TVE porque carecía de interés para la mayoría del pueblo español pero si fue tema central de la tertulia de dicho día, con la que comenzó un popular espacio, pero con la única finalidad de desacreditar el desinteresante debate.
Para ello, el presentador invitó a la tertulia a doña Cristina Alberdi, cuyas simpatías políticas son de todos conocidas, y a un tal don Enric Sopena, oscuro, triste y poco conocido personaje que, diciendo no haber escuchado el programa de la Cadena COPE ‘Protagonistas’ que dirige y presenta don Luis del Olmo, aunque bien es cierto que sin nombrarlo expresamente, se limitó a afirmar que dicho locutor había intentado, de forma obsesiva durante toda la mañana, pero sin conseguirlo, obtener de determinadas personas una condena expresa del vicepresidente del Gobierno, señor Guerra, lo cual es totalmente falso. ¿Cómo puede haber personajillos que se presten a aseverar y reiterar hasta hacerse pesados algo que declaran no haber oído, es decir, a contar lo que les han mandado que cuenten?
José Luis Múgica Tanguas
Federico Sánchez se despide de ustedes
El 1 de febrero de 1990, poco tiempo antes de aquellas reuniones en mi despacho del ministerio, Alfonso Guerra había comparecido en el Congreso para responder a una interpelación parlamentaria sobre el caso de su hermano.
El hemiciclo estaba lleno hasta los topes: no faltaba un diputado. Las tribunas del público y de la prensa también estaban llenas. Detestado o cubierto de incienso, temido sobre todo, Guerra era un personaje clave de la vida política española desde los comienzos de la transición democrática.
Sin duda habría unas gotas de curiosidad sádica en el interés multitudinario que despertaba la comparecencia del vicepresidente. Y es que, si Alfonso Guerra representaba la antesala de los Consejos de Ministros el papel de intelectual sumido en sus lecturas y sus pensares, en la Cámara siempre había interpretado el del íntegro jacobino. Su discurso viperino, de una extraordinaria agresividad verbal, se había dedicado en todo momento a perseguir el mal y la corrupción, a ensalzar la virtud. Podía comprenderse, por tanto, la alegría malsana de ver a ese jacobino tonante e intransigente obligado a defenderse en un asunto semejante. Siempre da gusto ver censurado al censor.
La vanidad infantil y desenfrenada de Guerra, la desmesura de su megalomanía, os constantes retoques neuróticos, que añade a su historia familiar – atribuyéndose, por ejemplo, éxitos escolares y títulos universitarios que nunca obtuvo – sólo se explican por una patética veleidad de borrar o de compensar los efectos de algún antiguo dolor: alguna herida narcisista. En el plano estrictamente político, esto se traduce en el hecho de que Guerra habrá sido un hombre de resentimiento: sin duda en su manera de imaginarse, con escapismo infantil, ser de izquierdas.
Aquel 1 de febrero de 1990, Alfonso Guerra subió a la tribuna de la Cámara para responder a una interpelación sobre el asunto de su hermano Juan.
Hizo una declaración liminar bastante breve, bastante sobria y totalmente falsa. Porque pretendió no saber nada de la vida de su hermano, ni ser para nada responsable de la atribución a éste de un despacho oficial en la sede de la Delegación del Gobierno en Sevilla. Comenzó a sacar trapos sucios o presentados como tales, de unos y de otros, en un tono arrogante, sectario siempre, olvidándose de que era el acusado y no el fiscal. Se limitaba a exigir silencio sobre el caso de su hermano Juan, para que él no sacara los trapos sucios de los imprudentes. Alfonso Guerra, retorcido y maquiavélico, a partir de ese momento, se hundió en la ciénaga de su propio discurso.
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