Elecciones Catalunya 2024 – Salvador Illa acaba con 12 años de hegemonía independentista en el Parlament

Si algo se deduce del resultado de las elecciones del domingo en Cataluña es que solo Salvador Illa parece en situación de recibir el encargo de formar un Gobierno viable, tarea para la que el PSC cuenta con una posición parlamentaria privilegiada. Cualquier otra fórmula —como un Ejecutivo de coalición nacionalista en el que las fuerzas derrotadas necesitarían la abstención del socialismo vencedor, tal como ha propuesto Carles Puigdemont— no parece posible tras las nítidas declaraciones realizadas ayer por el PSC y ERC. En cualquier caso, esa propuesta solo sirve para persistir en la inestabilidad y abrir la puerta a nuevos comicios, con enormes probabilidades de que sean letales precisamente para quien los provoque.

Es enorme la responsabilidad del independentismo en el nuevo ciclo inaugurado en Cataluña. No puede resolverse, como quiere el dimitido Pere Aragonès, con una renuncia que deja la carga de la fórmula de Gobierno en manos de PSC y Junts. Tras una década larga de apuesta por la inestabilidad y la polarización, tanto la sensatez política como las obligaciones contraídas con los ciudadanos deberían conducir a un cambio de rumbo en favor de la estabilidad: en el Parlament, facilitando la formación de Gobierno al vencedor en las elecciones, y en el Congreso, manteniendo los acuerdos con el Gobierno de coalición progresista para que pueda culminar tanto la aprobación de los Presupuestos de 2025 como la aplicación de la ley de amnistía, cuyo valor balsámico para la sociedad catalana quedó demostrado el domingo.

Cataluña necesita un Govern que dejé atrás los conflictos que han caracterizado la etapa ahora clausurada y se centre en resolver las mayores urgencias y déficits de la gestión de su autogobierno en salud, educación, medio ambiente, sequía o infraestructuras. No es fácil que dos partidos entregados a la ruptura en 2012 se conviertan en garantes ahora de una gobernabilidad liderada por otros, pero el mensaje de las urnas al dejarlos en minoría por primera vez en cuatro décadas es claro. Uno de ellos, Junts, surge de una genuina tradición pactista pero se halla lastrado por el hiperliderazgo de Puigdemont, cuya figura deberá reconsiderar críticamente si como formación que aspira a gobernar quiere recuperar el sentido institucional y capitalizar su éxito en la pugna con Esquerra por la hegemonía nacionalista. ERC sale peor librada del castigo electoral recibido por conceptos diversos e incluso contradictorios: su fracaso independentista y, a la vez, sus pactos en Madrid, pero, sobre todo, su escaso éxito al frente de la Generalitat. El discurso identitario no alcanza cuando la ciudadanía demanda gestión. El empeño en hacer historia cuando se trata de hacer política conduce, tarde o temprano, a la desafección.

Ambas formaciones tienen un problema de renovación de liderazgos, tarea muy vinculada a la revisión crítica del programa rupturista fracasado. Esa catarsis pendiente complica de entrada los acuerdos parlamentarios con el PSC y es lógico que no empiece antes de las elecciones europeas del 9 de junio, a las que concurren todos los partidos afectados. Pero la visión de un Parlamento catalán ingobernable y abocado a repetir las elecciones solo se sostiene desde las viejas lógicas del bipartidismo o del unilateralismo procesista, origen de vetos y bloqueos. Podría interesar a PP, a Vox y a Aliança Catalana. También, en alguna medida, a Oriol Junqueras, todavía inhabilitado, y a Carles Puigdemont, preso de un relato superado por la fuerza de las urnas y que, de persistir, podría mantener presa a toda una sociedad.

La fragmentación del Parlament es un caso de normalidad dentro de los parámetros europeos. Quien boicotee la formación de Gobierno tras un resultado tan claro pese a todo como el del domingo, además de la estabilidad estará erosionando la autonomía de la institución parlamentaria, que no debe subordinarse a intereses partidistas o personales que pretendan condicionar la gobernabilidad en Cataluña con su posición de fuerza en Madrid. Sería un sarcasmo que quienes intentaron la quimera de la independencia, obstaculizaran ahora el autogobierno real.

Más allá de la victoria socialista y de la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo, las elecciones del pasado domingo han reorganizado el paisaje de la derecha en Cataluña. En el nuevo escenario destaca la vigorosa vuelta del Partido Popular a los dos dígitos de representación desde el borde de la extinción (al pasar de 3 a 15 escaños) a costa de Ciudadanos. No ha podido, sin embargo, con el rocoso suelo electoral de la extrema derecha españolista, Vox (que mantiene sus 11 escaños), a lo que hay que sumar el auge de un nuevo fenómeno ultra desde el independentismo, Aliança Catalana (dos escaños). Sumados al partido heredero de la derecha tradicional catalanista, hoy independentista, Junts (segunda fuerza con 35 escaños), la derechización del Parlamento catalán es una evidencia.

El PP y Vox juntos han rozado un 20% de los votos, casi tres puntos más que en las elecciones de 2021. El PP absorbe lo que quedaba de Ciudadanos, un partido surgido justamente en Cataluña que recogió en su día todo el voto de respuesta a la deriva independentista del procés y llegó a ganar las elecciones en 2017. Pero el PP crece más allá de la absorción de Ciudadanos y consigue el objetivo que se había marcado Alberto Núñez Feijóo: convertirse en la cuarta fuerza superando a Vox. Los populares están todavía por debajo de los resultados que obtuvieron bajo el liderazgo de Alicia Sánchez-Camacho, quien en 2012 logró el 13%, que se tradujo en 19 escaños. Aquel partido fue clave para que un Gobierno de CiU aprobara los Presupuestos. De su utilidad parlamentaria ahora dependerá que vuelva a ser reconocido como interlocutor por la derecha nacionalista, como lo fue antes del procés, y por el PSC, que ya le ha tendido la mano.

El liderazgo de Alejandro Fernández fue muy cuestionado por la cúpula madrileña e incluso su candidatura salió a regañadientes del líder nacional. Fernández sale reivindicado frente a un PP que se alimenta en el resto de España de la confrontación anticatalanista. El dirigente catalán ha sabido imprimir un estilo alejado de la cúpula nacional. Se puede concluir que al PP de Cataluña le va mejor cuando es percibido por los catalanes como un partido que entiende la realidad del territorio. Una de las manifestaciones más descarnadas de la instrumentación partidista de los conflictos es cómo el PP ha ignorado en la campaña catalana el asunto de la amnistía, justamente en la comunidad donde tiene sus efectos, y dos días después de las elecciones repetía en el Senado que la medida de gracia desmonta la democracia.

Un PP más fuerte en Cataluña debería contribuir a rebajar la utilización del anticatalanismo de brocha gorda como palanca electoral frente a Pedro Sánchez y combustible de polarización. De poco le servirá en esa estrategia competir en dureza con Vox, cuyo resultado del domingo resulta preocupante. Vox mantuvo el mismo número de escaños, pero creció en 30.000 votos. Es decir, las casi 250.000 personas que votan a la ultraderecha se han mantenido en el mismo lugar político. El partido, fundado por el disidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, no parece un fenómeno tan pasajero.

Vox, por su parte, se enfrenta a su propia competencia. La rama xenófoba que existía agazapada en la derecha nacionalista se ha transformado en un nuevo partido, Aliança Catalana, cuyo discurso reproduce expresiones ultranacionalistas europeas. Con un 4% y dos diputados, no se puede considerar una anécdota. Junto con Vox suman el 12% de los votos y el 10% del Parlament. Ni PP ni Ciudadanos asumieron en campaña el compromiso del resto de fuerzas catalanas de no pactar con Aliança ni con Vox. Las urnas han dejado clara una advertencia: normalizar el discurso extremista alimenta el extremismo.

Cataluña necesita con urgencia un Govern que gobierne y se ocupe de los problemas reales de los ciudadanos. La retórica inflamada y las falsas citas con la historia han ocupado durante demasiado tiempo la energía de sus gobernantes, incluido el último Ejecutivo, a pesar de los esfuerzos de su president, Pere Aragonès, por regresar a una cierta normalidad. La inercia del proceso independentista parece haber llevado a los responsables de la Generalitat a olvidarse de gestionar un Estado de bienestar fuerte pero tocado por las diversas crisis de la última década.

Las elecciones autonómicas del domingo pasado arrojaron un resultado perfectamente gestionable en circunstancias normales. Hay una fuerza, el PSC de Salvador Illa, claramente distanciada de cualquier otra y que pretende formar Gobierno. Aunque en minoría, cuenta al menos con tres fórmulas para conseguir la investidura, dos de ellas de amplia mayoría parlamentaria: la coalición de izquierdas con ERC y Comuns y la sociovergente con Junts. Ninguna de las dos parece realista hoy, pero queda una tercera: un eventual Gobierno en solitario con una geometría variable de apoyos a derecha e izquierda.

Es improbable que los partidos enseñen sus cartas antes de las elecciones europeas del 9 de junio. El problema será entonces superar los vetos de quienes lanzaron el experimento rupturista de 2017 sin que hayan hecho todavía autocrítica. Sin embargo, y pese a la fragmentación resultante, las urnas hablaron con claridad hace una semana. Con la actual distribución de escaños, no hay más alternativas: ERC ya ha anunciado su paso a la oposición, y el hipotético Gobierno soberanista reclamado por Puigdemont en torno a su figura no cuenta con los apoyos suficientes. Nadie puede, además, pretender responsablemente que la repetición electoral consiga otra cosa que ahondar en el bloqueo y en la desafección ciudadana.

No ganarían los catalanes ni su autogobierno, paralizado en el limbo de la interinidad. Tampoco los partidos independentistas, especialmente ERC, condenados a sufrir más aún en una repetición. Los únicos beneficiados serían sus respectivos líderes, Oriol Junqueras —en caso de sortear su inhabilitación— y Carles Puigdemont, dispuestos a echar los dados por segunda vez aun a costa de poner en riesgo a sus respectivas formaciones.

Ambos comparten el interés en la repetición de comicios con el Partido Popular y con las dos extremas derechas de Vox y Aliança Catalana. A la inercia independentista se suma así la de Alberto Núñez Feijóo en su uso electoral del fantasma del procés. Ayudaría enormemente a la estabilidad en Cataluña que el PP dejara de emplearlo como un señuelo para obtener votos en el resto de España. Una respuesta a la altura del discurso esencialista del PP sobre el procés sería que se abstuviera para que gobernara el candidato no independentista. El talante de Illa, así como la derrota electoral del independentismo por primera vez en cuatro décadas, justificarían tal voto por duro que fuera para el PP menos dialogante aceptar el fracaso de su pasada estrategia catalana.

La polarización identitaria también fabrica sinergias entre adversarios que se necesitan mutuamente, como demuestran el independentismo y el PP. Ambos tienen dificultades para aceptar la realidad y, lamentablemente, ambos trabajan por ahora para mantener una perversa dinámica que no conduce más que a la división y el bloqueo, a pesar de los abundantes indicios del nuevo ciclo en el que ha entrado la sociedad catalana.