Elecciones Venezuela 2024: Nicolás Maduro (PSUV) se proclama vencedor, mientras la oposición de Edmundo González y María Corina Machado denuncia fraude

Los venezolanos afrontan este domingo una cita decisiva para su futuro. El chavismo y la coalición opositora se miden en unas elecciones presidenciales por primera vez desde 2013. El hecho en sí reviste una enorme importancia después de unos comicios, los celebrados en 2018, en los que Nicolás Maduro no tuvo contrincantes de peso debido al boicot de la mayoría de los partidos rivales por falta de garantías. En esta ocasión, en cambio, las fuerzas antichavistas mayoritarias lograron un acuerdo a pesar de la inhabilitación de la candidata elegida en primarias, María Corina Machado. La veterana dirigente —encuadrada en la derecha, aunque alejada de la retórica populista de Milei o Bolsonaro— ha sido el motor de la campaña de su sustituto, el diplomático Edmundo González Urrutia.

Este es el segundo hecho relevante: la oposición aceptó participar bajo unas condiciones que no le son favorables. El chavismo, que lleva 25 años en el poder, controla toda la maquinaria del Estado, empezando por el árbitro, el Consejo Nacional Electoral (CNE). A esto hay que sumarle el bloqueo de la candidatura de Machado y la exclusión de la que durante unos días fue su suplente, Corina Yoris. Después empezó el acoso a los asesores y trabajadores de la campaña opositora, con decenas de detenciones. Finalmente, la prometida observación internacional ha quedado reducida a delegacionesç de Gobiernos amigos como China y algunos organismos independientes, como el Centro Carter, con limitada capacidad de fiscalización en todo el territorio y en las más de 30.000 mesas electorales.

La mayoría de las encuestas fiables reflejan una ventaja nítida de la oposición. Sin embargo, no hay que subestimar el arraigo del movimiento bolivariano, la fidelidad de amplios sectores sociales beneficiarios de ayudas y subsidios y los posibles efectos electorales de la mejora económica experimentada en los últimos años. La plana mayor del Gobierno se niega a contemplar públicamente un posible escenario de derrota, aunque algunos cargos, como el propio hijo de Nicolás Maduro, afirman que estarían dispuestos a entregar el mando. El clima es de máxima tensión y el presidente ha dado muestras de nerviosismo en los últimos días ante los emplazamientos, desde la izquierda, del brasileño Lula da Silva y del expresidente argentino Alberto Fernández. Los dos le dejaron claro justo eso: que en caso de perder debe aceptar el resultado. Su respuesta fue retirar la invitación a Fernández como observador.

El chavismo teme una participación masiva y hará lo posible para impedirla, igual que hizo para torpedear el derecho a voto de millones de migrantes: solo pudieron registrarse 69.000 de los aproximadamente cinco millones con derecho a voto, según la ONU. Pero si todas las voces democráticas, dentro y fuera de Venezuela, exigen a Maduro que se vaya si pierde, también la oposición debe estar dispuesta a aceptar cualquier resultado, siempre que no se demuestren irregularidades en el proceso de votación.

Hay un precedente importante. En 2015, el Gobierno de Maduro reconoció la derrota en unas elecciones parlamentarias, aunque dos años después la justicia controlada por el oficialismo despojó a la Asamblea Nacional de sus competencias. En este caso la ecuación es todavía más compleja, porque a un triunfo de la oposición le seguiría una larga y difícil transición, cinco meses llenos de incógnitas sobre el futuro del presidente y de su círculo, que afrontan procesos enel Tribunal Penal Internacional. Pero la alternancia es la esencia de un sistema democrático. Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela.

Venezuela celebró el domingo unas elecciones cruciales en las que por primera vez en más de una década el chavismo se medía con la oposición. El resultado de la votación dejó, sin embargo, una serie de interrogantes que deben ser aclarados sin dilación. El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el control mayoritario de magistrados afines al Gobierno, proclamó como ganador a Nicolás Maduro frente a su principal contrincante, el diplomático Edmundo González Urrutia. El presidente, según los datos preliminares, obtuvo el 51,2% de los votos y siete puntos de ventaja sobre su principal rival. La oposición, liderada por María Corina Machado, rechazó sin matices esos números y denunció irregularidades en el escrutinio.

El argumento de la coalición opositora es que tuvo finalmente acceso al 73% de las actas. Machado y Urrutia mantienen que ese porcentaje de votos que sus testigos o interventores pudieron verificar refleja una tendencia contraria que les otorgaría una victoria aplastante. Las elecciones en las que estaba en juego la continuidad de 25 de años de chavismo han derivado así en un nuevo pulso político. Pero la falta de transparencia del proceso electoral no solo disparó las alarmas en Venezuela, sino que activó a la comunidad internacional ante la sospecha de fraude.

Tanto la ONU como la Unión Europea, Estados Unidos, España, el Centro Carter —autorizado por el Ejecutivo chavista como observador— o la gran mayoría de países latinoamericanos —incluidos los Gobiernos progresistas de Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) o Gabriel Boric (Chile)— plantean una misma exigencia. Esto es, si Maduro quiere legitimar su reelección tiene que publicar las actas y permitir que unos verificadores imparciales confirmen los resultados. Estos cuestionamientos tienen sólidos asideros. El chavismo ha desgastado su credibilidad como interlocutor político y, ya antes de estos comicios, dejó claro que ni siquiera le importa guardar cierto decoro democrático. Lo demostró al impedir una amplia observación internacional vetando, por ejemplo, la misión de la Unión Europea, bloqueando el ingreso de expresidentes latinoamericanos, expulsando a invitados de la oposición y rechazando la acreditación de periodistas.

Para que el desenlace de las elecciones presidenciales anunciado por el CNE sea creíble, el Gobierno venezolano debe permitir la revisión de las actas. Al mismo tiempo, la oposición tiene la obligación de sostener y demostrar sus acusaciones, por ejemplo, mediante la publicación de la documentación que obra en su poder. La candidatura de González Urrutia aceptó participar en la votación acatando unas reglas de juego adversas. La primera señal fue la inhabilitación de Machado, que no pudo participar y tuvo que apoyar a un suplente. A eso se sumó la persecución y detención de colaboradores y asesores de la campaña, con decenas de detenciones. A todo ello hay que añadir un hecho de extrema gravedad: las trabas que el aparato chavista, que controla todos los resortes del Estado, puso para votar desde el exterior. De los cerca de cinco millones de venezolanos con derecho a voto que dejaron el país como consecuencia de la crisis social y económica, solo 69.000 pudieron registrarse para ejercer su derecho. El CNE abrió un plazo de apenas 30 días —mucho más acotado que en elecciones presidenciales previas— y exigió una serie de requisitos burocráticos a menudo infranqueables para un emigrante.

Con estas premisas, es crucial que el Gobierno de Nicolás Maduro se avenga a mostrar todas las actas. Mientras tanto, es vital que ambas partes actúen con responsabilidad y, en un escenario de movilizaciones masivas, se comprometan a garantizar el derecho a la protesta y evitar la violencia. El pueblo venezolano votó pacíficamente y merece un escrutinio con transparencia y rigor.

Las elecciones celebradas en Venezuela el pasado domingo están todavía lejos de un desenlace claro, pero su efecto inmediato es un acelerado deterioro del conflicto político y social del país. La negativa del presidente, Nicolás Maduro, a mostrar las pruebas de su triunfo frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia ha agravado la crisis interna y ha desencadenado una reacción mundial que, conforme pasan los días, ha elevado la presión sobre el actual presidente desde distintos frentes, todos para exigir transparencia sobre el resultado de la votación.

Potencias latinoamericanas gobernadas por la izquierda como Brasil, México y Colombia han pedido una “verificación imparcial” de los resultados del 28 de julio. Estados Unidos y la Unión Europea solicitaron desde el primer momento la publicación de las actas de votación en las que reside la única posibilidad de comprobar los resultados anunciados. El jueves, Washington fue más allá y reconoció como ganador al aspirante opositor citando “pruebas abrumadoras” de su victoria.

Además de las denuncias de fraude de la oposición, que asegura tener copias de las actas que demostrarían una victoria de su candidato por amplio margen y cuyas cifras no han sido desmentidas, las dudas se han multiplicado por la opacidad del proceso electoral. Lo certifican, por ejemplo, los observadores del Centro Carter, una de las misiones independientes que presenció los comicios, que emitió un demoledor informe cuestionando el carácter democrático de la jornada. El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el control mayoritario del chavismo, proclamó como ganador a Maduro horas después del cierre de los colegios. Lo hizo anunciando unos números provisionales, con el 80% escrutado, que otorgaban al sucesor de Hugo Chávez una victoria con un 51,2%, siete puntos por delante de su principal rival. Pero una semana después la situación se ha precipitado.

En primer lugar, han comenzado las movilizaciones y, con ellas, la represión de las fuerzas de seguridad. Distintos organismos en defensa de los derechos humanos cifran los muertos entre 10 y 20 hasta el viernes, además de decenas de heridos y cientos de detenidos. La líder de la oposición, María Corina Machado, que no pudo concurrir por estar inhabilitada, se refugió en un lugar seguro ante las amenazas de Maduro, quien dijo que tanto ella como González Urrutia “deberían estar tras las rejas”. Machado reapareció este sábado arropada por sus seguidores en la manifestación de Caracas.

En este contexto, Maduro y su círculo más cercano han optado por atrincherarse. El Gobierno ha rechazado mostrar las actas de las elecciones, escudándose en un supuesto ataque informático lanzado, afirman, desde Macedonia del Norte, o en los desórdenes callejeros. Después, ha jugado la carta de la justicia. El presidente solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una auditoría de las elecciones y afirmó que están dispuestos a entregar a esa instancia la totalidad de las actas. El gesto tendría sentido en un sistema con separación de poderes real, pero la máxima instancia judicial de Venezuela también está cooptada por el aparato gubernamental. El viernes, Maduro compareció ante ese órgano judicial y fue ratificado como ganador de las elecciones ante la silla vacía de su principal oponente, que rechazó participar en el acto.

La maniobra de dilación en la publicación de las actas, que a todas luces parece dirigida a ganar tiempo, se produce en medio de un clamor por la transparencia. Caracas respondió a la presión internacional con la ruptura de relaciones con siete Gobiernos latinoamericanos, entre ellos los de Argentina, Perú y también el de Chile, encabezado por el progresista Gabriel Boric. Maduro decidió, además, difundir un memorando de entendimiento con Estados Unidos alcanzado durante una negociación en Qatar el año pasado, irrelevante para la cuestión fundamental, que es quién tuvo más votos en las elecciones. Poco después el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que cuentan con pruebas fehacientes de la victoria de González Urrutia.

La actitud del régimen chavista, que parece decidido a considerar un ataque al Estado cualquier cuestionamiento del resultado electoral, desembocó este sábado en manifestaciones masivas en las calles convocadas por la oposición y contestadas por partidarios del chavismo. Ante las amenazas, no es impensable un escenario de violencia política si una serie de actores internos y externos no consiguen reconducir la escalada de tensión.

Por muy lejana que parezca en estos momentos, la única solución viable para evitarlo es una negociación. Y para que esa hipótesis se concrete resulta clave el papel de las potencias regionales lideradas por referentes de izquierda, como el brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o los mexicanos Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que son quienes conservan canales de interlocución con el atrincherado régimen de Maduro. EL PAÍS reveló el viernes que los tres presidentes actúan de forma coordinada y coinciden en dos elementos centrales para reconducir la crisis: exigir al chavismo la publicación de las actas electorales y tratar de abrir una negociación directa entre Maduro y González, sin la presencia de Machado. Todos los actores internos y externos dispuestos a mantener la cabeza fría deben poner de su parte en estas horas cruciales para que se cumpla la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas.

Más de dos semanas después de las elecciones presidenciales de Venezuela, la nueva crisis que se ha desatado en el país caribeño está lejos de encontrar una salida inmediata. El Gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido una ola represiva sin precedentes, lo que ha obligado a los principales líderes de la oposición a resguardarse por miedo a ser detenidos. La única luz en el callejón en el que se encuentra Venezuela proviene de la iniciativa de Brasil, Colombia y México, que pretenden lograr una salida negociada a la crisis poselectoral y que ha logrado acaparar el apoyo de la mayor parte de la comunidad internacional.

Las tres potencias latinoamericanas gobernadas por la izquierda que tratan de mediar en el enésimo conflicto venezolano volvieron a insistir la semana pasada en algo capital y en lo que cuentan con el consenso del mundo democrático: es “fundamental” que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en manos del chavismo y que proclamó a Nicolás Maduro como presidente, presente las pruebas de los resultados de las elecciones presidenciales, esto es, las actas oficiales, “desglosados por mesa de votación”. La insistencia de los tres gobiernos tiene su base en dos motivos. Primero, la oposición publicó en una web todas las actas que había logrado obtener después de la recolección que hicieron sus testigos en la noche electoral. Los datos, si bien incompletos, demuestran una abrumadora victoria de Edmundo González, el candidato opositor. Y segundo, hasta la fecha, esas actas no han sido desmentidas más que por el oficialismo, mientras organismos independientes, como el Centro Carter, que participó como observador electoral el 28 de julio, las han dado por buenas.

El énfasis en dar transparencia a los resultados tiene otra arista. Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, que han evitado reconocer la supuesta victoria de Maduro sin quemar los puentes con el chavismo, se han desmarcado de la iniciativa del heredero de Chávez de llevar la disputa al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), controlado también por el chavismo, y han reafirmado la necesidad de que haya una “verificación imparcial” de los resultados. El hecho de que tres gobiernos a los que se puede considerar aliados de Maduro se hayan mantenido firmes en la necesidad de exigir transparencia y verificar los resultados, y aún mantengan comunicación con el chavismo, ha hecho que desde Estados Unidos hasta la Unión Europea al unísono hayan dado un voto de confianza a sus intentos de lograr una salida negociada, acaso el único motivo de celebración en esta situación crítica en la que la prioridad es evitar que el régimen se defienda con una escalada de violencia represiva contra la presión en las calles.

Todos los ojos están puestos en el intento de Brasil, México y Colombia que, si bien ha encontrado gestos de aprobación públicos por parte de la oposición, ha sido recibido con cierta indiferencia por un Nicolás Maduro que no ha hecho más que atrincherarse desde la noche electoral de hace dos semanas. La represión que ha emprendido, con más de 2.000 detenidos, según él mismo ha celebrado en más de una ocasión, debe parar de inmediato. Es imperativo que frene la persecución a los líderes opositores, así como a aquellos que salieron a protestar contra las irregularidades de la noche electoral, como un primer paso de que está dispuesto a negociar y no a mantener una deriva totalitaria.