Estalla el ‘caso Gürtel’: el juez Garzón encarcela a Francisco Correa y el PP madrileño destituye a tres dirigentes implicados

El juez Baltasar Garzón, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el pasado viernes la detención de cinco personas vinculadas con el PP, algunas de ellas antiguos cargos del partido, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Otras 30 personas, en su mayoría empresarios, están siendo investigadas y se han llevado a cabo registros en empresas y domicilios particulares. La redada coincidió en el tiempo con la destitución del número uno de las listas populares por Ourense en las próximas elecciones gallegas, Luis Carrera, por haber cobrado comisiones a través de un paraíso fiscal. Y llegó, además, al día siguiente de que la Asamblea de Madrid pusiera en marcha, con enormes cortapisas, la investigación del espionaje a altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento.

A las dificultades para encontrar un tono de oposición adecuado ante una crisis económica de graves proporciones, el PP debe sumar en estas últimas semanas la multiplicación de presuntos casos de corrupción que le afectan. Desde que salieron a la luz las tramas de espionaje en el Gobierno de Esperanza Aguirre, la actividad política del PP se ha limitado a intentar un control de daños con la vista puesta en las elecciones gallegas y vascas, además de las europeas, en las que, según se ha interiorizado en las propias filas populares, la actual dirección se juega su continuidad. Entre otras razones, porque los episodios de los que se ha ido teniendo noticia no forman parte, sin más, del capítulo de la corrupción, sino que ponen de manifiesto hasta qué punto resulta descarnada la lucha por el poder en el PP.

Los populares disponen desde hace años de una gran cuota de poder municipal y autonómico, que se mantuvo más o menos invariable tras su derrota en 2004. Autonomías como Madrid y Valencia han llegado a convertirse en caladeros de voto imprescindibles para que la dirección nacional del partido llegue con posibilidades a cualquier elección general. La investigación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción afecta, sobre todo, a Madrid y Valencia. De prosperar este presunto nuevo caso de corrupción, el PP puede verse dañado allí donde hasta ahora contaba con un estable número de votos. Dirigentes autonómicos como Aguirre, que no ha dejado de airear sus ambiciones de suceder a Rajoy, o como Camps, más discreto, ven peligrar su alternativa en el propio partido. No son pocos los líderes regionales que ven a la presidenta madrileña como un elemento de tensión interna que dificulta una verdadera labor de oposición.

La estrategia de minimizar daños que Rajoy ha seguido comienza a revelarse como insuficiente. Si aspira a continuar ejerciendo el liderazgo, es ahora cuando debe demostrar autoridad. Muchos ciudadanos, afines o no al PP, se preguntan legítimamente en manos de quién y de qué intereses está el principal partido de la oposición. Rajoy debe dar una respuesta.

En las pasadas elecciones generales, Mariano Rajoy derrotó a José Luis Rodríguez Zapatero en la Comunidad en la que ambos se medían directamente: Madrid. El think tank monclovita decidió que no era de recibo tamaña osadía, semejante vejación. Y acordó desplazar de la presidencia madrileña a Esperanza Aguirre. El periódico adicto ha encendido ya el horno para escabechar a la presidenta de Madrid y facilitar la victoria socialista en las próximas autonómicas. Antes del fuego graneado de los medios, los sabios de Moncloa han activado la nacionalización de los inmigrantes legalizados para que puedan votar en autonómicas y generales.Se han inventado además la maniobra esa de que a los hijos y nietos de exiliados se les conceda la nacionalidad para que también puedan votar.

Después había que aprovecharse de las rencillas internas del partido y de algunos casos de corrupción para organizar el aquelarre político. ¿A quién beneficia el zafarrancho encendido? ¿Quién ha tirado los pedruscos y escondido la mano? Cui prodest scelus, is fecit. «A quien beneficia el delito, ése es su autor», escribió Séneca.

No son cortinas de humo para nublar la crisis económica. No.Estamos ante una bien orquestada operación para que Zapatero gane en Madrid las próximas generales, tras despedazar a Aguirre en las autonómicas. Se trata de una operación política de fondo que los sabuesos de Génova, entumecidos por el incienso que derraman en loor de Rajoy, han sido incapaces de olfatear a tiempo. La maniobra zapateresca, cuidadosamente instrumentada, resulta muy peligrosa porque se basa, tal vez, en hechos reales: espionaje y corrupción. El Partido Popular no puede batirse a la defensiva.Si se han producido pasajes de espionaje es necesario depurar desde dentro las responsabilidades, aunque se descubra la trama de las contratas públicas. Si la corrupción ha prendido a algunos dirigentes populares en varios pueblos de Madrid, Génova deberá denunciarlos y, en su caso, expulsarlos del partido. No se puede esconder la cabeza como está haciendo Rajoy. La política del avestruz termina por devorar al que la practica.

Los mastines monclovitas han mordido carne fresca. Basta leer el periódico adicto para comprender que no van a soltar la presa.Están dispuestos a despedazar a un PP exangüe, con sus dirigentes apoltronados en Génova, sin capacidad ni para la denuncia ni para el ataque.

A Fernando VII no le pusieron nunca una carambola tan fácil como la que el PSOE le ha ofrecido a Rajoy, con una crisis de caballo y un paro galopante. Pedro J. Ramírez, el pasado domingo, dibujaba sagazmente a Zapatero como el Rakewell de La carrera del libertino, la ópera de Stravinsky y Auden. Por el momento, sin embargo, al menos eso dicen las encuestas, Zapatero se está yendo de rositas.De rositas díez pues el nuevo partido, en el que milita el gran Alvaro Pombo, es el único que de verdad avanza en la opinión pública. En todo caso, el espionaje y la corrupción son los dos arietes con los que Moncloa pretende derribar los portones de la Puerta del Sol para gloria y triunfo de Zapatero.

Luis María Anson

LA DETENCION de algunas personas relacionadas con una trama de corrupción en municipios gobernados por el PP, interesadamente mezclada con la renuncia de un candidato a las elecciones gallegas por no pagar sus impuestos y con la apertura de la comisión del supuesto espionaje en Madrid, ha llevado a los de siempre a presentar el PP como el partido de la corrupción. Una conclusión tan equivocada como la de quienes siguen a lo suyo como si aquí no pasara nada.Se impone analizar con realismo cuál es la envergadura de la trama y a quién afecta, porque una cosa es que haya corrupción en el PP y otra muy distinta es que el partido como tal esté incurriendo en prácticas abominables.

Con los datos que se tienen no se puede afirmar que estemos ante otro caso Filesa de financiación irregular. Pero tampoco cabe que la dirección del PP se haga de nuevas y diga que ni conoce ni ha tenido relación con los presuntos responsables de esta trama. Entre los detenidos hay dos empresarios -Francisco Correa y Alvaro Pérez- que se movían en el círculo más estrecho de la cúpula del PP en la época de Aznar y que durante más de una década organizaron los actos públicos y los mítines de campaña del partido.Es verosímil que cuando en 2004 dejaron de tener relación mercantil con la dirección nacional del PP, y aprovechándose de sus contactos, sus actividades derivaran hacia las comisiones relacionadas con el urbanismo en municipios como Boadilla del Monte (Madrid), que es por lo que se les ha detenido. Publicamos hoy una denuncia presentada ante la Fiscalía en la que se recogen los viajes a Miami de Correa con el alcalde de esa localidad, Arturo González, y cómo a la vuelta de uno de ellos, éste se jactó ante testigos de que había adquirido «esta vez» un piso en Miami Beach, sugiriendo que podría tener otras propiedades. El alcalde ha negado que lo tenga, por lo que serán los tribunales los que deberán aclarar si se ha enriquecido o no ilícitamente.

Lo cierto es que este y otros episodios están asestando un duro golpe a la credibilidad moral del PP, que corre el riesgo de aparecer identificado ante la opinión pública con la corrupción, lo mismo que le sucedió al felipismo en el ocaso del mandato socialista. Y ello porque el partido de la oposición ha acumulado algunos vicios que ahora le pasan factura. Entre ellos, la desactivación de los mecanismos de control internos, el olvido de los compromisos de regeneración democrática y la falta de transparencia con la que Aznar decidió su propia sucesión y con la que los barones eligieron al líder en el Congreso de Valencia con aquel tinglado de los avales. La predisposición de los máximos dirigentes del PP a mirar hacia otro lado como si lo que pasa en su partido no fuera con ellos es el más peligroso síntoma del peligro que se cierne sobre esta formación política. El único camino que tienen los responsables del PP para librarse del estigma de la corrupción es poner en conocimiento de los tribunales todos los datos que conozcan acerca de las personas involucradas en esta trama. Pase lo que pase, que diría Rajoy.

Al cese del consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, presuntamente implicado en la trama de corrupción investigada por el juez Garzón, y al abandono del cargo por el mismo motivo del ex alcalde de Majadahonda y actual gerente de Mercado Puerta de Toledo, dependiente de la Comunidad, ha seguido la dimisión del alcalde de Boadilla, quien a su vez ha forzado la renuncia de su número dos en ese Consistorio. Tras esta lista no exhaustiva, ¿seguirá la presidenta Aguirre minimizando los indicios de corrupción que pesan sobre el PP en Madrid, con ramificaciones en Valencia, donde ayer se produjo una nueva detención?

La gravedad de los hechos investigados por Garzón no exime al Gobierno de Madrid de explicar el otro asunto que le acosa, el espionaje a altos cargos populares contrarios a la línea política de Aguirre. Las evidencias apuntan a que los seguimientos se llevaron a cabo por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad y, por tanto, la comisión de investigación constituida en la Asamblea autonómica no puede limitarse a una faena de aliño para dar carpetazo al asunto. El Parlamento regional es el ámbito adecuado para demostrar la transparencia que Aguirre considera seña de identidad de su Gobierno. Las limitaciones impuestas a la comisión ya resultaban incompatibles con esa transparencia; mantenerlas tras lo que está ventilando la indagación de Garzón resultaría un sarcasmo.

La única diligencia emprendida hasta ahora por la fiscalía en la investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid ha sido interrogar al periodista de EL PAÍS que desveló el caso. Y, sin embargo, no es difícil identificar otras iniciativas que podrían ser adoptadas sobre la base de los indicios conocidos. La justicia no puede quedar en vía muerta: o emprende las investigaciones que exigen los hechos, o debe explicar las razones jurídicas por las que desiste de seguir adelante.