Estalla el ‘caso Gürtel’: el juez Garzón encarcela a Francisco Correa y el PP madrileño destituye a tres dirigentes implicados

La Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón han iniciado una operación policial en Boadilla del Monte (Madrid) por una presunta red de cobro de comisiones ilegales en ayuntamientos e instituciones públicas, informó El País. Según ha podido saber El Plural, entre los detenidos se encuentra Francisco Correa Sánchez, a quien la Fiscalía Anticorrupción relaciona con un entramado de empresas que, a través de personas interpuestas, recibían adjudicaciones del PP a cambio de comisiones. Correa es amigo íntimo de Alejandro Agag y como tal fue uno de los testigos de su boda con la hija de Jose María Aznar en septiembre de 2002. En concreto, la investigación judicial le relaciona con la empresa Special Event, organizadora de los actos del PP desde 1996; y con la empresa Easy Concept (en Boadilla es la concesionaria durante 14 años de la oficina de atención al ciudadano, por lo que cobra 550 mil euros anuales). Asimismo, se le vincula con la empresa Orange Market, vinculada con otro presunto escándalo de comisiones irregulares en Valencia.

La operación contra la corrupción urbanística en Boadilla del Monte (Madrid) está coordinada por la Policía Judicial, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Desde esta mañana la policía judicial se ha personado en el Ayuntamiento para recabar información sobre las empresas que supuestamente han tenido relacines con el consistorio.

PSM y APB, contra la corrupción
El municipio de Boadilla está regido por el popular Arturo González Panero. El pasado mes de diciembre, el líder del PSM, Tomás Gómez, anunció la alianza con el partido local Alternativa por Boadilla para tirar del hilo de la posible corrupción ante las numerosas denuncias presentadas contra el regidor.

«Por fin»
La formación local, a través de un comunicado de prensa, ha celebrado que la justicia «por fin intervenga, tras numerosas denuncias que durante años se han ido acumulando bajo el alcalde del PP». El concejal Ángel Galindo destacó que «era cuestión de tiempo» que estas actuaciones se llevasen a cabo, ya que «Boadilla olía a podrido», y agradeció la labor del fiscal jefe para atajar la corrupción en las instituciones.

«Solo un requerimiento»
Por su parte, el Ayuntamiento de Boadilla ha hecho público un comunicado en el que desmiente que haya habido ninguna detención entre los miembros de la corporación, los trabajadores municipales o los miembros del PP. «El Ayuntamiento sólo ha recibido un requerimiento por parte del juzgado de instrucción 5 de Madrid solicitando una información de procedimento que el Consistorio ya ha entregado», apunta el consistorio.

Según ha podido saber El Plural, María del Carmen Rodríguez Quijano, una de las detenidas este viernes en la operación contra la corrupción urbanística y las comisiones ilegales, lanzada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, fue en 2001 jefa de Gabinete de Rosa Díaz (no confundir con Rosa Díez), alcaldesa del PP en Estepona. De ahí, Rodríguez Quijano saltó al Ayuntamiento de Majadahonda, donde fue jefa de Gabinete del ex alcalde Guillermo Ortega Alonso (actual gerente del Mercado Puerta de Toledo, empresa pública de la Comunidad Madrid). Obsérvese que tanto Majadahonda como Estepona son dos localidades que entonces estaban en plena expansión urbanística y con numerosos asuntos tenebrosos a sus espaldas.

María del Carmen Rodríguez Quijano, es esposa de Francisco Correa Sánchez -por el momento el principal detenido-, amigo de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. Correa fue testigo en la boda de la hija del ex presidente del Gobierno.

Imputado caso Malaya
Asimismo, Rodríguez Quijano es hija del empresario -ya fallecido- Emilio Rodríguez Bugallo, quien fue dueño de Construcciones Salamanca y propietario de un club nocturno y la plaza de toros de Puerto Banús (Andalucía). Bugallo -que llegó a confesar haber pagado sobornos a Juan Antonio Roca, cerebro del gilismo en Marbella y otros pueblos cercanos-, fue uno de los imputados en el caso Malaya que pagó una de las fianzas más caras para conseguir su libertad provisional.

Empresas de Correa
Por su parte, Francisco Correa, a través de sus empresas Orange Market, Easy Concept y Special Event, ha organizado la mayoría de los actos y eventos del Partido Popular a nivel nacional desde 1996. Empresas todas muy solventes. Un ejemplo es Special Event, que tiene su accionarado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate, informa El País. Aquí trabajo Antonio Cámara, ex secretario personal de José María Aznar. En 2003, con tan solo 4 empleados, Special Events ingresó 4’4 millones de euors.

Millones de euros
En Valencia, Orange Market ha resultada adjudicataria, como empresa organizativa, de algunos de los principales eventos que se han realizado en Valencia bajo el mandato de Francisco Camps: La visita del Papa en 2006, la Copa América en 2007,  y el pasado Open de Tenis. Todos estos eventos suponen adjudicaciones valoradas en millones de euros.

Stand en Fitur
Una de las últimas adjudicaciones sospechosas fue la que el Gobierno de Francisco Camps concedió a la empresa Orange Market para que, una vez más, se encargara del pabellón de la Comunitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, y del resto de exposiciones turísticas programadas en Valencia, Madrid y Bilbao. Una concesión millonaria de la que ya se hizo eco El Plural. No parece casualidad que el juez Garzón, en su investigación, haya pedido a la Conselleria de Turismo información sobre el expediente 33/08 que concede el contrato del pabellón a Orange Market, informa El Mundo. A lo largo de ayer, funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional se cebaron especialmente en sus registros con la sede en Valencia de Orange Market.

Congreso PPCV
Y es que la Comunidad Valencia es terreno abonado para Orange Market. La empresa de Correa realiza muchas de sus labores en Feria de Valencia, uno de los sitios favoritos del PP de Camps para organizar actos. Tanto es así que el congreso regional del partido fue celebrado en este recinto, resultando Orange Market encargada del montaje del escenario y de otras labores. Un trabajo nada modesto, teniendo en cuenta que la empresa debía encargarse de un descomunal estrado en forma de coliseo giratorio con 70 metros cuadrados de pantallas.

“Un tema gordo en Valencia”
Por si los datos no hablasen por sí solos, una conversación telefónica de Correa deja en evidencia la eficiencia de su empresa en la Comunidad de Valencia. “Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde… Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo».

Reparos europeos
Es una conversación telefónica incluida en el sumario de la investigación que recoge hoy El País. Correa hace referencia a los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana, que han sido muy cuestionados por el Parlamento Europeo. Tanto que el Gobierno de Camps modificó la Ley Urbanística para resolver las quejas europeas, que todavía hoy prosiguen.

Transparencia
La oposición al PP en el Parlamento Valenciano, así como el Sindic de Greuges (equivalente al Defensor del Pueblo), han exigido sin éxito en numerosas ocasiones transparencia en las cuentas de estos eventos. Tanto los socialistas como otros grupos de izquierdas no han conseguido que pese a su insistencia, el Gobierno de Camps explicara sin tapujos el coste de la visita de Benedicto XVI a Valencia.

Militante del PP
Otro dato relevante en esta trama que salpica a los populares es el hecho de que el actual administrador de Orange Market sea Álvaro Pérez, amigo de Alejandro Agag, y persona muy próxima a Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, amigo de pupitre de Aznar, y un experto en pelotazos como el protagonizado por él en su deseo de quedarse con el Valencia FC. Álvaro Pérez es militante del PP valenciano.

También en Paterna
Por otro lado, otra empresa de Correa, Easy Concept, fue la adjudicataria del contrato de la Oficina a la Atención Ciudadana en Paterna (Valencia). Esta adjudicación es muy similar a la que está investigando en la actualidad la Fiscalía Anticorrupción en Boadilla.

En la Calle Serrano
Otro hombre clave en esta trama es Ramón Blanco, amigo asimismo de Aznar, otra significativa coincidencia. Blanco sustituyó a Luis de Miguel al frente de todas las empresas del entramado de Francisco Correa. El centro neurálgico de las más bien opacas operaciones de Correa está situado en Madrid, en la céntrica Calle Serrano, número 40, cuarto izquierda.

Gobierno Aguirre
Fuentes dignas de todo crédito han desvelado a El Plural que la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, dirigida desde 2007 por Alberto López Viejo, también habría adjudicado varios actos y eventos a empresas vinculadas a Correa (Servimadrid y Diseño Asimétrico). El Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre podría deber a estas empresas, a fecha de hoy, más de 2 millones de euros.

El juez Baltasar Garzón, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el pasado viernes la detención de cinco personas vinculadas con el PP, algunas de ellas antiguos cargos del partido, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Otras 30 personas, en su mayoría empresarios, están siendo investigadas y se han llevado a cabo registros en empresas y domicilios particulares. La redada coincidió en el tiempo con la destitución del número uno de las listas populares por Ourense en las próximas elecciones gallegas, Luis Carrera, por haber cobrado comisiones a través de un paraíso fiscal. Y llegó, además, al día siguiente de que la Asamblea de Madrid pusiera en marcha, con enormes cortapisas, la investigación del espionaje a altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento.

A las dificultades para encontrar un tono de oposición adecuado ante una crisis económica de graves proporciones, el PP debe sumar en estas últimas semanas la multiplicación de presuntos casos de corrupción que le afectan. Desde que salieron a la luz las tramas de espionaje en el Gobierno de Esperanza Aguirre, la actividad política del PP se ha limitado a intentar un control de daños con la vista puesta en las elecciones gallegas y vascas, además de las europeas, en las que, según se ha interiorizado en las propias filas populares, la actual dirección se juega su continuidad. Entre otras razones, porque los episodios de los que se ha ido teniendo noticia no forman parte, sin más, del capítulo de la corrupción, sino que ponen de manifiesto hasta qué punto resulta descarnada la lucha por el poder en el PP.

Los populares disponen desde hace años de una gran cuota de poder municipal y autonómico, que se mantuvo más o menos invariable tras su derrota en 2004. Autonomías como Madrid y Valencia han llegado a convertirse en caladeros de voto imprescindibles para que la dirección nacional del partido llegue con posibilidades a cualquier elección general. La investigación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción afecta, sobre todo, a Madrid y Valencia. De prosperar este presunto nuevo caso de corrupción, el PP puede verse dañado allí donde hasta ahora contaba con un estable número de votos. Dirigentes autonómicos como Aguirre, que no ha dejado de airear sus ambiciones de suceder a Rajoy, o como Camps, más discreto, ven peligrar su alternativa en el propio partido. No son pocos los líderes regionales que ven a la presidenta madrileña como un elemento de tensión interna que dificulta una verdadera labor de oposición.

La estrategia de minimizar daños que Rajoy ha seguido comienza a revelarse como insuficiente. Si aspira a continuar ejerciendo el liderazgo, es ahora cuando debe demostrar autoridad. Muchos ciudadanos, afines o no al PP, se preguntan legítimamente en manos de quién y de qué intereses está el principal partido de la oposición. Rajoy debe dar una respuesta.

En las pasadas elecciones generales, Mariano Rajoy derrotó a José Luis Rodríguez Zapatero en la Comunidad en la que ambos se medían directamente: Madrid. El think tank monclovita decidió que no era de recibo tamaña osadía, semejante vejación. Y acordó desplazar de la presidencia madrileña a Esperanza Aguirre. El periódico adicto ha encendido ya el horno para escabechar a la presidenta de Madrid y facilitar la victoria socialista en las próximas autonómicas. Antes del fuego graneado de los medios, los sabios de Moncloa han activado la nacionalización de los inmigrantes legalizados para que puedan votar en autonómicas y generales.Se han inventado además la maniobra esa de que a los hijos y nietos de exiliados se les conceda la nacionalidad para que también puedan votar.

Después había que aprovecharse de las rencillas internas del partido y de algunos casos de corrupción para organizar el aquelarre político. ¿A quién beneficia el zafarrancho encendido? ¿Quién ha tirado los pedruscos y escondido la mano? Cui prodest scelus, is fecit. «A quien beneficia el delito, ése es su autor», escribió Séneca.

No son cortinas de humo para nublar la crisis económica. No.Estamos ante una bien orquestada operación para que Zapatero gane en Madrid las próximas generales, tras despedazar a Aguirre en las autonómicas. Se trata de una operación política de fondo que los sabuesos de Génova, entumecidos por el incienso que derraman en loor de Rajoy, han sido incapaces de olfatear a tiempo. La maniobra zapateresca, cuidadosamente instrumentada, resulta muy peligrosa porque se basa, tal vez, en hechos reales: espionaje y corrupción. El Partido Popular no puede batirse a la defensiva.Si se han producido pasajes de espionaje es necesario depurar desde dentro las responsabilidades, aunque se descubra la trama de las contratas públicas. Si la corrupción ha prendido a algunos dirigentes populares en varios pueblos de Madrid, Génova deberá denunciarlos y, en su caso, expulsarlos del partido. No se puede esconder la cabeza como está haciendo Rajoy. La política del avestruz termina por devorar al que la practica.

Los mastines monclovitas han mordido carne fresca. Basta leer el periódico adicto para comprender que no van a soltar la presa.Están dispuestos a despedazar a un PP exangüe, con sus dirigentes apoltronados en Génova, sin capacidad ni para la denuncia ni para el ataque.

A Fernando VII no le pusieron nunca una carambola tan fácil como la que el PSOE le ha ofrecido a Rajoy, con una crisis de caballo y un paro galopante. Pedro J. Ramírez, el pasado domingo, dibujaba sagazmente a Zapatero como el Rakewell de La carrera del libertino, la ópera de Stravinsky y Auden. Por el momento, sin embargo, al menos eso dicen las encuestas, Zapatero se está yendo de rositas.De rositas díez pues el nuevo partido, en el que milita el gran Alvaro Pombo, es el único que de verdad avanza en la opinión pública. En todo caso, el espionaje y la corrupción son los dos arietes con los que Moncloa pretende derribar los portones de la Puerta del Sol para gloria y triunfo de Zapatero.

Luis María Anson

LA DETENCION de algunas personas relacionadas con una trama de corrupción en municipios gobernados por el PP, interesadamente mezclada con la renuncia de un candidato a las elecciones gallegas por no pagar sus impuestos y con la apertura de la comisión del supuesto espionaje en Madrid, ha llevado a los de siempre a presentar el PP como el partido de la corrupción. Una conclusión tan equivocada como la de quienes siguen a lo suyo como si aquí no pasara nada.Se impone analizar con realismo cuál es la envergadura de la trama y a quién afecta, porque una cosa es que haya corrupción en el PP y otra muy distinta es que el partido como tal esté incurriendo en prácticas abominables.

Con los datos que se tienen no se puede afirmar que estemos ante otro caso Filesa de financiación irregular. Pero tampoco cabe que la dirección del PP se haga de nuevas y diga que ni conoce ni ha tenido relación con los presuntos responsables de esta trama. Entre los detenidos hay dos empresarios -Francisco Correa y Alvaro Pérez- que se movían en el círculo más estrecho de la cúpula del PP en la época de Aznar y que durante más de una década organizaron los actos públicos y los mítines de campaña del partido.Es verosímil que cuando en 2004 dejaron de tener relación mercantil con la dirección nacional del PP, y aprovechándose de sus contactos, sus actividades derivaran hacia las comisiones relacionadas con el urbanismo en municipios como Boadilla del Monte (Madrid), que es por lo que se les ha detenido. Publicamos hoy una denuncia presentada ante la Fiscalía en la que se recogen los viajes a Miami de Correa con el alcalde de esa localidad, Arturo González, y cómo a la vuelta de uno de ellos, éste se jactó ante testigos de que había adquirido «esta vez» un piso en Miami Beach, sugiriendo que podría tener otras propiedades. El alcalde ha negado que lo tenga, por lo que serán los tribunales los que deberán aclarar si se ha enriquecido o no ilícitamente.

Lo cierto es que este y otros episodios están asestando un duro golpe a la credibilidad moral del PP, que corre el riesgo de aparecer identificado ante la opinión pública con la corrupción, lo mismo que le sucedió al felipismo en el ocaso del mandato socialista. Y ello porque el partido de la oposición ha acumulado algunos vicios que ahora le pasan factura. Entre ellos, la desactivación de los mecanismos de control internos, el olvido de los compromisos de regeneración democrática y la falta de transparencia con la que Aznar decidió su propia sucesión y con la que los barones eligieron al líder en el Congreso de Valencia con aquel tinglado de los avales. La predisposición de los máximos dirigentes del PP a mirar hacia otro lado como si lo que pasa en su partido no fuera con ellos es el más peligroso síntoma del peligro que se cierne sobre esta formación política. El único camino que tienen los responsables del PP para librarse del estigma de la corrupción es poner en conocimiento de los tribunales todos los datos que conozcan acerca de las personas involucradas en esta trama. Pase lo que pase, que diría Rajoy.

La trama de corrupción destapada el pasado viernes en el municipio madrileño de Boadilla del Monte sigue generando informaciones. El diario El País recoge hoy varias conversaciones telefónicas del principal imputado en el caso, Francisco Correa, con quien el PP rompió relaciones en 2004 después de que alcaldes madrileños confirmaran que el empresario exigía la adjudicación de contratos diciendo hablar en nombre del tesorero del partido (Álvaro Lapuerta en aquel momento). Correa pasará hoy a disposición judicial.

Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, hizo al partido romper relaciones con Francisco Correa, principal imputado en la trama de blanqueo de capitales desatada en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) en junio de 2004. La decisión fue avalada por Mariano Rajoy al conocerse que Correa estaba exigiendo en nombre del partido adjudicaciones de contratos para sus empresas en municipios gobernados por el PP, según informó El País. De hecho, una de las acusaciones que pesan sobre él es por supuesto tráfico de influencias, algo de lo que tendrá que responder hoy mismo, cuando sea puesto a disposición judicial.

Apartado del PP
El actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, formaba parte del equipo de Lapuerta cuando en 2004 se forzó a cortar con las concesiones a las empresas de Correa. Lapuerta reunió a varios alcaldes que habían denunciado las presiones del empresario y desde junio de ese año Génova dejó de encargarle servicios electorales. Posteriormente, en noviembre de 2007, varios cargos del PP se digirieron al a Fiscalía Anticorrupción para brindar las primeras pruebas sobre esta trama.

«Si doy la cinta, se caga»
Pese a esta exclusión del PP nacional, Correa siguió beneficiándose de concesiones del partido en municipios madrileños como Boadilla o Majadahonda. En varias conversaciones telefónicas incautadas al imputado, éste se jacta de poseer informaciones comprometidas contra los alcaldes de estos municipios, y contra otras personalidades del PP. Sobre el regidor de Boadilla, Arturo González Panero, aseguró que tenía numerosas grabaciones: “Si doy la cinta, se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años”, advertía.

1.000 millones para Bárcenas y la campaña de Camps
El afectado ha negado estas acusaciones, como también lo ha hecho Bárcenas, de quien Correa señaló: “A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo, Paco Correa, a Génova y a su casa”. Después de ser repudiado por la dirección nacional del PP, todavía siguió trabajando para Valencia. En noviembre de 2006 afirmó estar “haciendo la campaña a Paco Camps”. “Le hacemos todo”, afirmó tras apuntar que tendría más adjudicaciones, como la organización de Fitur.

Contra González Panero
Por otra parte, El Mundo recoge un informe emitido a la Fiscalía por parte de los funcionarios municipales de Boadilla en el que denuncian los cobros de comisiones de su alcalde. Del mismo modo, según El País, un ex concejal popular del municipio ha denunciado que González Panero viajó a Florida en abril de 2002 acompañado por Correa para adquirir propiedades inmobiliarias. Y es que el regidor popular ha tenido ya numerosos encuentros con la justicia, como también los ha tenido Correa. Sus empresas, por ejemplo, han sido denunciadas en tres ocasiones por el tribunal de cuentas valenciano.

¿A qué espera Benjamín Martín Vasco, presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación del affaire del espionaje en la Asamblea de Madrid, para presentar su dimisión? El Plural levantó -en términos periodísticos- la liebre ayer. Hoy damos a conocer que –según fuentes cercanas a la investigación- Martín Vasco cambió silencio cómplice por dinero, mucho dinero, respecto a la trama corrupta que impulsaba Francisco Correa –amigo íntimo y testigo de boda de Alejandro Agag, el yernísimo-, como lo es Jacobo Gordon, otro que tal baila, a punto de engrosar probablemente el batallón de los peperos sospechosos.

¿A qué espera Esperanza Aguirre para destituir a Martín Vasco, otro de sus hombres de confianza, considerado un halcón, puesto al frente de la Comisión para aplicar su dureza a una oposición crecida y dispuesta a no dejar pasar una? El castillo de naipes se está hundiendo y Aguirre corre el riesgo de que se la lleve el huracán de los espías, la tempestad de los negocios atribuidos a ciertos personajes de su equipo y los rayos y truenos de una tormenta inmisericorde.

Los dos rivales
Los dos rivales en el interior del PP se tambalean. La lideresa no será ya, a partir de ahora, lo que era o lo que ella se creía que era. Se acabaron prácticamente sus sueños de presidenta del Gobierno de España. Rajoy, a quien Aguirre había declarado la guerra, ha vuelto a hacer el ridículo anunciando la caída del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, mientras el afectado le hacía una especie de corte de manga para, en cambio, acabar rindiéndose ante doña Espe.

El sucesor de Zaplana
A Francisco Camps, el sucesor de Eduardo Zaplana -uno de los protagonistas del caso Naseiro– le buscan las cosquillas porque una factura de 30.000 euros podría demostrar que a este hombre le pagan los vestidos. Esto parece nimio y tal vez lo sea, aunque a Pilar Miró le costó el cargo de directora general de RTVE, a final de los ochenta, y los populares [entonces de AP] aplaudían con las orejas cuando anunció su retirada.

Los trajes de Camps
En la Comunidad de Valencia las empresas de Correa, su mujer y Álvaro Pérez, entre otros personajes, han seguido funcionando a tope bajo el paraguas presidencial de Camps. El presidente de la Generalitat, como mínimo, ha tragado. O ha mirado hacia otro lado. Sus relaciones con Carlos Fabra son excelentes. No parece que sea una cuestión de empatía, sino de intereses.

Corrupción galopante
Al Partido Popular, a poco que se descuide, le puede suceder lo mismo que le pasó en Italia a la Democracia Cristiana. Desapareció víctima de una corrupción galopante. El primer partido de la República italiana se fue a la nada a través de las cloacas. Algo similar acabó con la vida de Partido Socialista, aquel que capitaneaba Benito Craxi, protector de Silvio Berlusconi en la vertiginosa ascensión de éste al paraíso de los multimillonarios.

Metástasis
El tumor cancerígeno ha empezado a hacer metástasis de forma cada vez más peligrosa, más irreversible. ¿Alguien piensa que Aguirre, la principal favorecida del tamayazo, está en condiciones de ir hasta el fondo de la enfermedad y aplicar un tratamiento de choque, aunque sea necesariamente traumático y haya que incluir medidas radicales? ¿Alguien se imagina a Rajoy ejerciendo de cirujano jefe? ¿Puede pensarse en José María Aznar, en cuya época florecieron con notorio brío los correas y los agages? ¿Y qué decir de Rodrigo Rato? ¿Y de Alberto Ruiz Gallardón?

El todopoderoso
Este patriota Correa, con residencias en Pozuelo de Alarcón, Ibiza y Sotogrande (Cádiz), dicen que no presentaba declaración por el IRPF y que realizaba todos sus pagos en metálico. Presumía de todopoderoso: “Estoy en un tema gordo en Valencia con un PAI prácticamente cerrado”. Y hablaba de kilos de euros, de Ulibarri, el magnate de El Bierzo, que “pone la pasta”, de Ramón Blanco, otro amigo de Aznar(…) y del “hijo de puta” de Esteban Pons”.

No sabe, no contesta
Pero Álvaro Pérez, el segundo de Correa, ha sido detenido, mientras que los espías resulta que eran de verdad y cobraban del erario público en manos de la lideresa; tan liberal la aristócrata consorte. ¿El Imperio genovés se desploma? Nos hicieron comulgar con ruedas de molino. Nos hurtaron la investigación del pucherazo de 2003, el inicio de la gran mentira. ¿Y Rajoy? No sabe, no contesta. ¿Y Martín Vasco? ¿Vendiendo su silencio a buen precio?

Al cese del consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, presuntamente implicado en la trama de corrupción investigada por el juez Garzón, y al abandono del cargo por el mismo motivo del ex alcalde de Majadahonda y actual gerente de Mercado Puerta de Toledo, dependiente de la Comunidad, ha seguido la dimisión del alcalde de Boadilla, quien a su vez ha forzado la renuncia de su número dos en ese Consistorio. Tras esta lista no exhaustiva, ¿seguirá la presidenta Aguirre minimizando los indicios de corrupción que pesan sobre el PP en Madrid, con ramificaciones en Valencia, donde ayer se produjo una nueva detención?

La gravedad de los hechos investigados por Garzón no exime al Gobierno de Madrid de explicar el otro asunto que le acosa, el espionaje a altos cargos populares contrarios a la línea política de Aguirre. Las evidencias apuntan a que los seguimientos se llevaron a cabo por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad y, por tanto, la comisión de investigación constituida en la Asamblea autonómica no puede limitarse a una faena de aliño para dar carpetazo al asunto. El Parlamento regional es el ámbito adecuado para demostrar la transparencia que Aguirre considera seña de identidad de su Gobierno. Las limitaciones impuestas a la comisión ya resultaban incompatibles con esa transparencia; mantenerlas tras lo que está ventilando la indagación de Garzón resultaría un sarcasmo.

La única diligencia emprendida hasta ahora por la fiscalía en la investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid ha sido interrogar al periodista de EL PAÍS que desveló el caso. Y, sin embargo, no es difícil identificar otras iniciativas que podrían ser adoptadas sobre la base de los indicios conocidos. La justicia no puede quedar en vía muerta: o emprende las investigaciones que exigen los hechos, o debe explicar las razones jurídicas por las que desiste de seguir adelante.