Se desvela que el juez Garzón se reunió con el ministro socialista Bermejo antes de la redada Gürtel y Rajoy lo utiliza para presentar el caso como una conspiración contra el PP

Por una vez se puede decir: el Partido Popular ha reaccionado adecuadamente a la vorágine de acontecimientos que se le estaba viniendo encima. Si lo hubiera hecho cuanto las noticias eran sólo rumores pero tenían visos de realidad, ahora no estaría sufriendo este acoso. Tampoco sería la víctima propiciatoria de todos los pogres vendidos del país (tómese la referencia como se quiera) y habría limpiado de antemano un partido que estaba infestado por golfos de gran y poca monta, que para el caso es lo mismo.

Rajoy se decidió por fin a dar un puñetazo en la mesa porque la situación ya no aguantaba un minuto más. A Rajoy le secundó la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que, de sopetón y sin que nada lo previniera, destituyó de un golpe (la dimisión es una fórmula edulcorada pero falsa) al consejero de Deportes de su Gobierno y, de paso, al presidente del mercado Puerta de Toledo, un individuo que, en su momento tuvo que abandonar al Alcaldía de Majadahonda, preso de todos los rumores posibles.
Por fin, el PP ha reaccionado y de ello hay que felicitarse en el mismo día que, según venimos contando en Intereconomía durante todas las horas, se ha sabido que el juez Garzón y el ministro de Justicia, Bermejo, se lo han pasado en grande el fin de semana cazando en una finca de Jaén. Nadie ha sido capaz de desmentir la información y nadie, tampoco, ha tenido a bien atender las sucesivas llamadas de este grupo. Esta noticia, desde luego, es mucho más importante y por tanto más grave, que las dimisiones de Boadilla (aunque el alcalde se resista a abandonar el cargo) y los ceses de Aguirre. Aquí está en juego la posible connivencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en un momento en que un representante del primero investiga y promueve un proceso contra destacados miembros del Partido Popular, partido en la oposición que esto se recuerde. La demostración de esta connivencia sería motivo más que suficiente para que Garzón y Bermejo, pertenecientes ambos a la misma camada, se volvieran a sus casas de donde, quizá, ninguno de los debería haber salido nunca.

Rajoy, por fin lo ha hecho. Esperemos ahora que los dos citados anteriormente lo hagan también.
Garzón debe tener prisa en explicar sus actividad cinegéticas, pero él no suele acostumbrar a notificar nada sobre su vida que él cree particular y que no lo es, más aún cuando resulta que es el juez que investiga la supuesta trama de corrupción del PP. En España, no queremos alguaciles alguacilados. Ni uno más, aunque se atienda, como tanto le gusta a él, por “SuperGarzón”.

LA CONFIRMACIÓN de que Garzón cenó con el ministro de Justicia el mismo día que abría el sumario más político en años, así como que estuvo cazando el domingo -en plena redada contra el PP- del brazo del propio Bermejo, es un hecho inaudito. Resulta obsceno, es propio de una república bananera y nos retrotrae a una clase dirigente como la que Berlanga retrata en La escopeta nacional, que dos representantes clave del poder Ejecutivo y Judicial compartan mesa y mantel y una jornada campestre justo en el momento en el que Garzón dirige una operación contra el principal partido de la oposición y a tres semanas de que dos comunidades autónomas vayan a las urnas. Las preguntas surgen por sí solas. ¿Dónde está la independencia de poderes en España? ¿Qué confianza pueden tener ahora los imputados -tres de los cuales estaban en los calabozos mientras el juez se solazaba con Bermejo- en la neutralidad del proceso? El ministro es famoso por su intransigencia hacia el PP, condensada en aquella frase deplorable de «hemos luchado contra los padres y ahora nos toca luchar contra los hijos», y Garzón es un hombre que se proclama de izquierdas, lo que contribuye a que el episodio ofrezca una imagen de contubernio y de instrumentalización de la Justicia inadmisible. La apariencia de imparcialidad ha quedado destruida, por lo que los imputados tendrían que recusar al juez. Además, el CGPJ debería abrir una investigación y Zapatero haría bien en destituir al ministro.

El Partido Popular no ha podido resistir el embate de los dos graves casos que afectan a su organización, principalmente en Madrid, y ponen en entredicho la autoridad y el temple como dirigente de su presidente y jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy. La reacción ante la avalancha de ceses y dimisiones en relación con los escándalos cruzados que sufre el PP ha sido una cascada incontrolada de adjetivos: armado de ellos compareció ayer Rajoy, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y ardió Troya.

Obsceno e inaceptable consideró que el juez Garzón y el ministro de Justicia compartieran el pasado domingo una jornada cinegética, hecho que en su opinión debería obligar al instructor a abandonar la investigación. Anunció también que desde ese mismo instante rompía relaciones con el Ministerio de Justicia mientras su titular fuera Bermejo, y que solicitaría una comparecencia parlamentaria del fiscal general para pedirle explicaciones sobre el trato desigual dispensado a los partidos afectados por casos de corrupción.

«No hay una trama del PP, sino una trama contra el PP», dijo para resumir. No es del todo falso: es gente del PP contra el PP. De una parte, fueron miembros de ese partido quienes grabaron conversaciones comprometedoras y denunciaron los hechos que investiga Garzón; y de otra, como dijo el líder popular en el País Vasco, Antonio Basagoiti, mientras algunos afiliados arriesgan su vida por serlo, otros intentan aprovechar su militancia para hacer negocios. Es hacia el interior de su partido donde debe mirar Rajoy, y no hacia quienes desde fuera investigan o piden explicaciones.

Aunque al principio, fiel a su estilo, Rajoy reaccionó con parsimonia a las noticias indicadoras de la profundidad de la trama, ayer perdió los papeles y decidió salir personalmente a marcar la posición, en unos términos que podrían corresponder a un desahogo personal, pero lamentablemente van mucho más lejos y no dejarán de tener consecuencias -malas-, sobre todo para los propios populares. Los hechos no admiten bromas ni malas excusas: ahí están esas prácticas corruptas de ediles del PP que en absoluto pueden quedar dispensadas porque también las haya en otros partidos. Y ahí está también la sensación de impunidad con que esas prácticas se han extendido en los territorios en que el PP tiene mayoría absoluta. Hablar de filtraciones o conspiraciones entre la Fiscalía General del Estado y un juez de la Audiencia Nacional suena a excusas de mal pagador.

Rajoy no va adquirir más credibilidad como líder del partido con mayor número de afiliados de España gracias a sus adjetivos indignados. Tampoco su partido, necesitado de una urgente y drástica limpieza interna: no basta una investigación para exculpar a los dirigentes, como en otras ocasiones, sino que debe romper con la confusión entre intereses públicos y privados enquistada en su seno. La opinión pública no reacciona tanto contra la corrupción como contra la pasividad de los dirigentes a la hora de hacerle frente.

De pronto, las gaviotas comenzaron a disparar a las escopetas.Para encontrar la fuerza de un viento nuevo cuando están al pairo, hay hombres que necesitan el estímulo de un agravio. Mariano Rajoy, y con él todo el PP que le arropó, apretadas las mandíbulas, en la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo, ha hecho el hallazgo de su agravio en la puerca estampa de los conspiradores escopeteros de Jaén: dos de los tres poderes hacen sangre juntos, y convierten uno de los principios éticos vertebrales en democracia -la independencia judicial- en poco menos que la estaca con la que los batidores levantan la pieza política para anillarla luego con esposas policiales y sospechas. Aún les queda, a Garzón y Bermejo, un rastro de la altanería que conceden la impunidad habitual y la protección del poder. Por eso Bermejo, el hortera del «hecho cinegético», se pone tan zumbón como para decir que a una cacería se va a triscar por la naturaleza, como un señorito contemplativo de los de la generación del 27, y «a disfrutar».Esto podemos aceptárselo a Bermejo si él admite la sospecha de que, igual que Garzón, no haya nada con lo que disfrute tanto como con la intriga política, mejorada por los trofeos de caza, metafóricos en la inminencia de las detenciones.

Grosera es la tradición, ahora renovada, de la cacería como atributo de poder al que sucumben incluso los moralistas de izquierda, equipados como aquel Sazatornil de Berlanga que a lo que iba a la naturaleza era a ingresar en la pomada. Escandalosos son los indicios de politización de la Justicia que revelan que Garzón, como cuando el proceso etarra y la orden de busca y captura a Franco, sigue pensando que el cumplimiento de la Ley ha de adaptarse a las «circunstancias» del cálculo político y, en su caso, a una insaciable ambición personal que arrambla con todo y le hace temible, peligroso: su cargo es su otra arma, la de los días laborables, y es harto más poderosa que la escopeta. Si Fernández de la Vega se refirió a los actuales avatares populares como «una película de espías», ¿en qué género cinematográfico habría que ubicar la trama en Jaén de esos dos Fouchés de huevo Kinder?

Algo no cambia: el PP deberá ocuparse, y lo hará como acusación particular, del boquete que le han abierto sus cargos municipales imputados por corrupción. Pero puede dejar de hacer el muflón, puede sacudirse los complejos y la resignación, incluso el sopor de un líder que sólo ayer apareció con la contundencia en defensa de sus siglas maltratadas que desde hace tiempo se le estaba esperando. Porque lo que ha hecho la cacería de Jaén es enviar la razón moral al otro lado del tajo que desgarra la vida política.Ha surgido el PP unido como no lo estaba desde la derrota electoral y harto de los empujones al exilio interior que no cesan desde que fue definido como «gótico» igual que si lo hubiera creado Bram Stoker. Lo que se va sabiendo del Comité habla de una efervescencia indignada, de un basta ya, de una Rita Barberá azuzando a los suyos para dar la cara y librar la pelea, y de un Rajoy que al fin pegó el grito de Tarzán para recusar a Garzón y bloquear a Bermejo, los escopeteros intrigantes que acaso pusieron los resortes del Estado al servicio de un partido. Si encima se mofan es porque están habituados a la impunidad.

El pasado lunes 9 de febrero por la mañana llegaba a la redacción de INTERECONOMÍA, en rigurosa exclusiva, la noticia: apenas unas horas después de ordenar la detención de diversos empresarios relacionados con el Partido Popular, Baltasar Garzón se desplazó en la finca de su localidad natal, Torres (Jaén), para compartir, el domingo, una placentera jornada cinegética con dos ilustres compañeros de escopeta: el titular de la cartera de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, compañera y amiga personal del magistrado.

La primicia.

ÉPOCA ya tenía tema de portada, pero mientras los redactores se ponían a trabajar para ampliarla y conocer todos los detalles, el Grupo Intereconomía juzgó que el descubrimiento era demasiado relevante como para esperar. INTERECONOMÍA TV y LA NACIÓN.ES, periódico digital del grupo de publicaciones de INTERECONOMÍA, informaban de forma casi simultánea del sospechoso encuentro. Aun más: ÉPOCA anticipó una portada de la revista con la noticia y la colgó en LA NACIÓN.ES, sin esperar a la aparición de la publicación en los quioscos.

El suceso cayó como una bomba entre los medios, la mayoría de los cuales se hizo eco de la misma citando la exclusiva de LA NACIÓN.ES y ÉPOCA. La mayoría. Para sorpresa de muchos, EL MUNDO dedicaba su primera plana del miércoles a la insólita cacería – Garzón y Bermejo cazaron juntos en plena operación contra el PP – sin citar en ningún momento LA NACIÓN.ES, ÉPOCA o el Grupo Intereconomía. Aunque no es imposible que el diario de Pedro J. Ramírez contara con fuentes propias, dar cuenta de una primicia que ha hecho público otro medio con más de 48 horas de antelación sin siquiera citarlo es, como poco, una vulneración del a elemental cortesía periodística. Parece obvio que la redacción de EL MUNDO hubiera leído la noticia tal como la daba LA NACIÓN.ES, la prueba es que se puso en contacto con ÉPOCA para comprar una fotografía que esta revista dio en exclusiva en la que aparece Bermejo en una cacería anterior. La revista declinó la oferta, aunque, sorprendentemente, aparece en la primera página del diario con muy baja resolución.

Muchos medios se han hecho inmediato eco del suceso, y citan correctamente la primicia de LA NACIÓN.ES. Especial mención merece el flair play de ABC, que dedica íntegra su página 5 a la noticia señalando la autoría del portal del Grupo Intereconomía, así como la Cadena COPE, en una de cuyas tertulias es habitual el director de EL MUNDO.

También los sectores exclusivamente digitales examinados – especialmente, PERIODISTA DIGITAL, EL CONFIDENCIAL y SEMANAL DIGITAL – recogen el suceso mencionando alguno de los medios del Grupo Intereconomía como fuente.

Carlos Esteban.

La fotografía de familia que arropó a Mariano Rajoy durante la comparecencia pública para denunciar la supuesta existencia de una conspiración política y judicial contra los populares no cerró la crisis del partido, sino que dejó patente su manifiesta gravedad. Si nadie en el seno del Partido Popular considerase el liderazgo de su actual presidente como un desafortunado paréntesis, la presencia en el estrado de la calle Génova de barones regionales y altos cargos de la dirección habría resultado innecesaria. La decisión de exhibir un cierre de filas se debía a que, con anterioridad, no sólo se habían mostrado en desorden, sino que se habían enzarzado en una lucha cainita que amenazaba con bloquear la tarea de oposición durante un largo periodo.

El electorado suele censurar la división en los partidos, pero falta por ver que apoye la imagen de una unidad conseguida en torno a cualquier iniciativa. El juez Garzón y el ministro Bermejo cometieron un error al aceptar la invitación a una montería: el ejercicio del poder exige deslindar con extremo rigor la esfera pública y privada de quienes lo ejercen. Pero este error constituye una base extremadamente frágil para que el PP pretenda reconstruir su unidad a partir de una reacción desproporcionada contra él; entre otras razones, porque la simple coincidencia en un acto social al que ni el ministro ni el magistrado debían haber asistido no es prueba de una colusión entre el Ejecutivo y el Judicial. Si los barones que han estado al acecho de la caída de Rajoy, haciendo, además, cuanto está en su mano por acelerarla, aceptaron comparecer junto a él, fue en razón de sus exclusivos intereses. Eran ellos, y no Rajoy, quienes más ganaban con la escenografía, pues conseguían esconder tras la imagen de la falsa unidad unos problemas que les afectan en exclusiva. En aras de pacificar las aguas interiores, Rajoy se ha subrogado políticamente, y ha subrogado al PP, en la responsabilidad por los casos de corrupción que investiga la Audiencia Nacional y, de paso, en asuntos pendientes de esclarecer como el espionaje.

Hasta el momento, las diligencias instruidas por Garzón han alcanzado al consejero López Viejo de la Comunidad de Madrid y a otro cargo aforado del Gobierno de Valencia, además de varios ediles y antiguos responsables municipales del PP. Tras la reacción de esta semana, los populares han preferido dar curso al viejo instinto de declararse atacados antes que a preservar la honorabilidad del partido desmarcándose de cualquier persona o grupo sobre los que recaigan fundadas sospechas de corrupción. Es un viaje de corto recorrido, que deja la suerte política de la principal fuerza de oposición en manos de los avances de la justicia. La difícil decisión de desmarcarse de los encausados se convertirá desde ahora en un desgaste político con cuentagotas, dependiendo de los hechos que vaya estableciendo la justicia. Y lo que se necesita es, por el contrario, una oposición capaz de elevar el debate político hasta los niveles de rigor y de responsabilidad que exigen estos tiempos de crisis.

ES INDUDABLE que la desvergonzada ilegalidad y el zafio exhibicionismo de Garzón y Bermejo ha escandalizado a cuantos en España conservan capacidad de escándalo. Al menos a los que albergan el deseo de vivir en un Estado de Derecho, sea cual sea el partido de Gobierno. Un ejemplo de la repulsión ética y política que entre la gente alfabetizada producen las fechorías del juez que no sabía que Franco había muerto (tal vez porque en su Audiencia vive el TOP) es la de Jerónimo Saavedra, alcalde de Las Palmas, líder histórico del PSOE canario y arrepentido mentor de López Aguilar, que ha pedido la dimisión de Bermejo. Sin embargo, sería un error muy típico del PP pensar que el Gobierno y sus secuaces han ido tan lejos que tienen que frenar. O que si Garzón con sus atropellos despierta en Galicia a un electorado harto de tanto Farinelli sin voz, la última gorilada de Chávez resucitará a Mayor de la mano de Luis Herrero, el primer político del PP -vascos aparte- que se la ha jugado en los últimos tiempos por las cosas que sus votantes respetan: la libertad, la dignidad y el hecho mismo de jugársela. Vamos, que sin cambiar el PP nada por dentro, todo es posible que cambie por fuera. Qué tontitos.

Y es que en el PP reina hoy lo que podríamos llamar el Pensamiento Heidi, que es como el Pensamiento Alicia estudiado por Gustavo Bueno en la izquierda pero en carca, una especie de buenismo tan idiotizante como idiotizado. Y, si cupiera, todavía más interesado que el de la izquierda, aunque en miope. Los heidis de Génova 13 no actúan por acción sino por omisión; o por comisión; o por la pantarriólica retribución. Pero todo su poder se resume en legitimar la comodidad del jefe para asegurar la propia, así que ahora hay que convencerle de que la cacería del PSOE ha ido demasiado lejos y que su amigacho el gorila ha afrentado tanto al votante del PP, dispuesto ya al voto de castigo o la abstención vengativa por las traiciones de Rajoy a los mejores del PP, que al final saldrá a votar contra Zapatero sin mirar que vota a Feijoo. Y que para las europeas, se habrá invertido la tendencia, se recuperará el voto dispuesto a pasarse a Rosa Díez y Mariano podrá reconciliarse con las bases de la derecha que están de él hasta las narices. El abuelo Mariano y Heidi Sáenz de Santamaría dirán que siempre que llueve escampa. Pero es falso. Zapatero proseguirá su campaña de demolición del PP. No escampará.

El Partido Popular ha prescindido del respeto a las instituciones en su intento de buscar una respuesta política al sumario sobre corrupción en Madrid y Valencia que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y que en breve pasará a los respectivos Tribunales Superiores por la presunta implicación de personas aforadas. Los populares tienen todo el derecho a discrepar de las resoluciones del magistrado y a hacer valer sus puntos de vista por las vías establecidas en las normas procesales, pero éstas no incluyen una querella por prevaricación como instrumento de chantaje. Porque eso es, exactamente, lo que ha pretendido el PP al exigir que Garzón se inhibiera de la causa antes del pasado lunes.

Si los populares estiman que el juez ha prevaricado al instruir los casos de corrupción que les afectan, su obligación es ir a los tribunales y presentar una querella sin vincular esta iniciativa a ningún plazo. Otra cosa es que prospere: como bien saben los dirigentes del PP, corresponde al instructor la decisión última sobre el momento procesal para inhibirse y la jurisprudencia ha reconocido, incluso, la posibilidad de que pueda seguir investigando aunque haya dado traslado del sumario al tribunal superior. Cualquier presión política sobre los jueces, como la llevada a cabo durante los últimos días por el PP sobre Garzón, supone un atentado contra el equilibrio y la colaboración que deben regir las relaciones entre poderes del Estado.

Ese mismo mensaje es el que ha hecho llegar con excesiva timidez y generalidad en los argumentos la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial a su vicepresidente, Fernando de Rosa, quien avaló en unas declaraciones públicas la exigencia de que Garzón se inhibiese cuanto antes, además de esparcir la sospecha de la prevaricación. Aunque más tarde matizó en un escrito que las había realizado a título personal (sorprende que un vicepresidente del Poder Judicial pueda realizar declaraciones «a título personal» en un canal de televisión), el pleno del órgano de gobierno de los jueces podría volver sobre el asunto en su próxima reunión. El protagonismo asumido por De Rosa, ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana bajo un Gobierno del PP, demuestra que las acusaciones de los populares contra Garzón no responden a la voluntad de reforzar el Estado de derecho evitando las pasarelas personales entre poderes, sino al simple oportunismo: cuanto dicen del magistrado de la Audiencia Nacional y su antigua relación con los socialistas resultaría de estricta aplicación a De Rosa, aunque referida a los populares.

Cargar desde un partido contra el juez que instruye un sumario por corrupción no puede formar parte del abanico de respuestas aceptables en un Estado de derecho. No sólo es incompatible con el respeto a la independencia judicial; es, además, un error político que se acaba pagando tarde o temprano.

Las dudas sobre la retribución percibida por Baltasar Garzón durante su estancia docente de 15 meses en la Universidad de Nueva York hace cuatro años han servido de munición al Partido Popular y a su coro mediático para redoblar la ofensiva intimidatoria desencadenada contra el juez a raíz de su investigación sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y que implica a cargos directivos e institucionales del partido.

Si Garzón informó o no adecuadamente sobre las condiciones de su licencia docente en Nueva York y si su retribución por este concepto es o no compatible con la percepción de su sueldo como juez es algo que tendrá que aclarar el Consejo del Poder Judicial. Pero incluso si tuviera algún tipo de consecuencia jurídica o económica para el juez, la decisión no empañaría su actuación jurisdiccional, ni arrojaría sombra alguna sobre la investigación de la trama de corrupción urdida en la época de Aznar y que, a partir de 2004, encontró cobijo en las administraciones autonómicas de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Consejo aclarará todo lo concerniente a la estancia de Garzón en Nueva York. Pero más urgente todavía es que ese mismo Consejo reaccione ante los ataques de los dirigentes del PP al juez, al que atribuyen nada menos que una animosidad prevaricadora contra el partido. Su pasividad, como la de las asociaciones judiciales, contrasta con el cierre de filas corporativo ante la sanción al juez del caso Mari Luz.

Si Garzón fuera un juez de partido (político), como dijo Rajoy, y más en concreto un juez socialista, como señaló Esperanza Aguirre con la frivolidad que le caracteriza, la deducción sería clara: no sirve a los intereses de la justicia sino a otros bastardos. ¿Cabe acaso acusación más grave a un juez en activo? Dolores de Cospedal y Aguirre han descifrado incluso las motivaciones de Garzón: causar un grave daño a la imagen del PP, según una, o hacerle todo el daño mediático posible, según la otra. La acusación de prevaricación se adivina también bajo el envoltorio pretendidamente irónico con que Aguirre declara que «si puede me hace también un traje a mí…». Naturalmente que Garzón u otro juez le confeccionaría un vestido a medida, pero con artículos del Código Penal, de comportarse como en principio parece haberlo hecho Camps: aceptar dádivas pagadas por empresas adjudicatarias de servicios de su Administración.

Un partido de Gobierno como el PP debe ser más cuidadoso en sus críticas a un juez en ejercicio. El aviso para navegantes que manda este partido es de una enorme gravedad, porque reivindica un espacio de impunidad ante futuras iniciativas judiciales que puedan afectar a militantes suyos implicados en casos de corrupción, que a estas alturas no son precisamente escasos. Grave es también la clamorosa falta de reacción del Consejo del Poder Judicial, cuyo vicepresidente es un antiguo consejero de Camps que no dudó en visitarle y solidarizarse con él, al tiempo que se unía al PP en sus críticas a Garzón.