Eutanasia: El caso de la tetrapléjica ‘Miss B’ a la que un tribunal de Londres reconoce su derecho a poder suicidarse reabre el debate

Morir en paz y con dignidad. Así ha razonado, como suprema consideración, el tribunal superior de Londres su fallo en favor de la mujer tetrapléjica que no quiere pasar el resto de su vida postrada en la cama. La juez Elizabeth Butler-Sloss proclama que esta mujer de 43 años, conocida como Miss B para preservar su intimidad, tiene derecho a que se respete su petición de morir. En pleno uso de sus facultades, la paciente solicitó a la justicia ese derecho, que le negaban los médicos, y que se le retire la respiración asistida, que impide o retrasa su muerte natural.

El caso de Miss B recuerda al del tetrapléjico español Ramón Sampedro, que, tras cinco años de procesos, tuvo que recurrir a un suicidio asistido en 1998 para terminar con su vida. En ambas situaciones se aprecia un vacío legal o, más bien, la reticencia de los médicos a interpretar la legislación en su vertiente más favorable a los enfermos. Estamos, por tanto, ante una resolución judicial piadosa, pero, sobre todo, justa.

La proclamación constitucional de que la dignidad de la persona es intocable alcanza también a su derecho a morir con decoro, sin riesgo del enfermo a ser sometido a tratamientos encarnizados, humillantes o insoportables. La legislación británica ampara ese derecho, pero también otras muchas, incluida la española, sin necesidad de acudir a la palabra eutanasia, todavía tan polémica. La Ley General de Sanidad, de 1986, contempla el derecho de los enfermos a decidir sobre el tratamiento que se les proponga, incluido su rechazo total, una vez informados de las alternativas. Algunas leyes autonómicas han desarrollado ese principio para que el paciente pueda decidir anticipadamente, mediante un documento que se ha dado en llamar testamento vital. Lo que se discute, a juzgar por algunas voces escuchadas ahora, es si ese derecho se toma en serio o sólo en interés de parte.

El derecho a la vida no debe ser la imposición de la vida a toda costa. La misericordia también debe alcanzar a quienes quieren una muerte con dignidad y se ven abocados, sin remedio, a todo lo contrario. Miss B no pide la eutanasia, aunque tendría derecho, según opinión de una inmensa mayoría de los ciudadanos en encuestas recientes. Lo que reclama la enferma británica, y la justicia le ha concedido, es que se le retire el tratamiento a que está sometida.

El destino de Miss B entrelaza, al menos, dos tragedias, profundas, preocupantes.

Una es la tragedia, para muchos incomprensible, de un ser humano para quien seguir viviendo se ha hecho aborrecible y mucho peor que estar muerto. La decisión de exigir la muerte ha arraigado en la mente del Miss B en grado tal que no ha reparado en gastar toda su energía y su dinero para conseguir la innovadora sentencia judicial por la que Dame Elisabeth Butler-Sloss ordena, suspender su atención médica. Dame Elisabeth no ha dudado en permitir que Miss B, una persona, a su modo de ver, espléndida y que posee mucha valentía, un fino sentido del humor y mucho que ofrecer a la sociedad, cumpla su deseo de morir cuanto antes, pacífica y dignamente.

La otra tragedia es la caída sobre los médicos y la Medicina. No se trata de que no hayan salido bien parados del juicio, donde se les ha calificado de paternalistas y abusivos. Por considerar que, en su juicio profesional, la actitud, progresivamente airada, de Miss B era poco razonable, han sido penalizados con una multa de 100 libras. Trágicamente, a ese cachete legal y a la pena accesoria de pagar los gastos judiciales de Miss B, se añade, si Dios no lo remedia, un castigo cruel: esos mismos médicos, que en el juicio afirmaron que tenían graves objeciones éticas a provocar la muerte de la enferma, son los que han de ejecutar de la muerte dulce de Miss B.

El caso de Miss B muestra que la Medicina ya no es cosa de médicos. Cada vez más, las decisiones fuertes las toman los jueces o las imponen los abogados: sus sentencias y sus dictámenes determinan cuando hay que transfundir, hacer cesáreas, practicar el diagnóstico prenatal, suspender un tratamiento o cuando continuarlo hasta el absurdo.

Nadie discute que la práctica médica ha de discurrir por cauces legales. Pero hay que debatir si es correcto que jueces y abogados digan cuál es la buena práctica profesional del médico. No podemos permitir que no sean los criterios científicos los que definan la actuación profesional. Si se prodigan casos como el de Miss B, no sólo habrá muertos por decisión judicial: morirá también la ética médica, víctima del derecho. «Como la ley ha matado a la ética» es el título de un artículo luminoso, esclarecedor, en el que David Hyman cuenta la progresiva invasión del derecho en el campo médico. Hemos de estudiar estos casos con mucha serenidad y tino: la corrección judicial de los errores y abusos de los médicos no puede sembrar enemistad entre ética y derecho, ni poner distancia entre pacientes y médicos.