Francina Armengol Socías (PSOE) es elegida nueva presidenta del Congreso de los Diputados al alcanzar un acuerdo los socialistas con los independentistas que incluye el uso del catalán en la cámara

Empieza a resultar extraño oír hablar en español en el Parlamento de España. Por fortuna esta lengua anacrónica, vinculada a la represión histórica de Cataluña y de los mapuches patagónicos, será progresivamente purgada en nuestras instituciones gracias a la nueva etapa de avances democráticos que inauguramos ayer en el Congreso, sede de un número de soberanías todavía por determinar. Los últimos partidarios de «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» -según reza un polvoriento legajo que nos dimos entre todos, etcétera-, habitamos el cuento de Julio Cortázar de la casa tomada: el cordón sanitario sobre los propietarios legales según la escritura del 78 se va estrechando.

En el alba multicolor de la madre de todas las legislaturas plurinacionales supimos que Puigdemont había alzado el pulgar desde Waterloo para que doña Francina presidiera el Congreso. Lo hizo a última hora, disfrutando como el gato que juega con el perro (Sanxe), y a cambio de algunas minucias, entre ellas la consideración internacional de España como una dictadura de 2017 a la moción de 2018, lapso inicuo en que el Estado, liderado por su jefe, se defendió de la sedición catalana juzgando a sus responsables. Aceptar la tramitación de una ley de amnistía significa conceder la victoria final a los delincuentes, asumir su diagnóstico de una Justicia franquista y aplicar su remedio: la desjudicialización, el privilegio, la corrupción. El oficialismo lo llama «reencuentro». Veremos eso y cosas peores, pero como estaban advertidas y los españoles han votado, solo cabe sentarse a contemplar cómo este feto acéfalo o Frankenstein II que acaba de alumbrarse en la Carrera de San Jerónimo va tomando forma, se incorpora, echa a andar sobre diecisiete patas y aprende a emitir un esperanto reaccionario que nos devuelva cantonalmente a la Primera República. Porque la Corona será lo siguiente.

Cristina Narbona aprovechó sus quince minutos de presidenta de la mesa de edad para endilgarnos una homilía sobre «la honestidad, el rigor, la empatía y el respeto». Barbie Estereotípica no lo habría dicho mejor, pero en la trinchera de las dos Españas cavada a conciencia por su Ken de Tetuán aquel discurso sonaba tan pertinente como una cantata de Bach en Magaluf. Aquí solo queda empatía con el que manda. Y cuando no está, o está en Waterloo, con sus delegados. Míriam Nogueras, la diputada más poderosa de la legislatura, no dejaba de chatear en su escaño, combinando la satisfacción contenida con el desdén hacia una Cámara que no la representa. Ni los suyos ni los de ERC se levantaron a aplaudir a Armengol.

Si recordamos que Feijóo venía insistiendo en negar la política de bloques y en afirmar la de partidos, sorprenderá menos que Vox y PP terminaran votando por separado la constitución de la Mesa. La estrategia de escenificar ruptura con los de Abascal en la votación para tratar de acercar posturas con el PNV estaba perfectamente descontada. Vox ya comprometió sus votos para investir a Feijóo sin entrar en gobierno -no puede hacer otra cosa mientras se recompone internamente-, y UPN y Coalición Canaria apoyaron a Gamarra. Ablandar a Ortuzar exigiría la mano izquierda de un pelotari, pero Feijóo no tiene más remedio que intentarlo para aspirar al encargo del Rey, mientras Puigdemont empieza a apretar otra vez a Pedro el Dadivoso.

Lo de menos, en fin, fueron los juramentos por Snoopy, por la libertad de los pueblos precolombinos o por las tetas de Amaral. Los acentos folclóricos ya no son accesorios sino la sustancia misma de este mandato. Tenemos hasta diputada saharaui. La duda no es si Armengol cortará a algún parlamentario que discursee íntegramente en euskera, sino si ella misma no se arrancará a moderar los plenos en mallorquín. Babel es progresista, los Balcanes son nuestro ideal y entenderse en la lengua común es cosa de Franco.

Se abre ahora la fase decisiva: la negociación de la investidura de un candidato viable. Puigdemont exigirá compromisos destituyentes que el PSOE se encargará de pasar por el esfínter de la constitucionalidad creativa, Cándido mediante. Los tertulianos orgánicos ya están por la amnistía, y estarán por el referéndum. A estas alturas nos conocemos todos, y algunos preferimos evitarnos el numerito de las sales y ubicarnos serenamente a los pies del cañón para el caso de que Junts invista a Sánchez. Si lo hacen será porque reciben lo que piden. Y nacerá entonces una legislatura de combate, de conflicto institucional llevado al paroxismo, de señalamiento de voces disidentes, de espiral polarizadora irrespirable. El PP hará de dique de contención constitucional, pero cada vez que lo haga será culpabilizado, como lo serán los jueces y periodistas que resistan. No va a ser bonito, pero tampoco nos lo perderíamos por nada del mundo: nuestro más esmerado antisanchismo está por estrenar. Hasta ahora solo estábamos precalentando.

Domingo 13 de agosto. Mientras en Madrid cae a plomo el fuego de la canícula y en Waterloo no pasan de los 22 grados, las negociaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya llegan a la temperatura justa de ebullición. Ese día, después de más de dos semanas de contactos constantes, los interlocutores independentistas con los que negocia el equipo de Pedro Sánchez dan a entender que están dispuestos a llegar a un acuerdo para apuntalar la Mesa del Congreso en torno al PSOE. Aunque el partido de Carles Puigdemont aún no se compromete al 100%, hay «un salto cualitativo» y los negociadores entonan su eureka: «Podemos lograrlo. Van en serio».

Ése fue el momento crucial de las negociaciones, que se prolongaron durante tres semanas, según la reconstrucción que ha hecho EL MUNDO a través de diversas fuentes tanto del PSOE como de sus socios parlamentarios. Es entonces, a poco más de 72 horas de la votación crucial del jueves 17, cuando los socialistas informan al presidente en funciones -que lo «capitaneaba» todo desde la distancia- de que la posibilidad de convencer a Junts es muy real. Coincidencia o no, poco después se publican fotos de Sánchez en un mercadillo de Lanzarote, relajado y con camisa hawaiana. Brilla el sol.

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, es quien pilota el diálogo con los independentistas. Esa «carpeta catalana» es la clave de todo, tanto del control de la Mesa del Congreso como de una hipotética investidura. De su éxito depende el futuro de Sánchez… y el del ministro. Puerta grande o enfermería. El reto es enorme, no sólo porque Junts está entonces cerrado en banda, «sino porque no teníamos prácticamente ningún puente en Junts», reconocen en Ferraz. «Teníamos que hacerlos pasar de la negativa total a un acuerdo asumible».

La interlocutora de Bolaños es la diputada Miriam Nogueras, muy cercana a Puigdemont. «Hablaron de manera constante» durante 20 días, pero, sobre todo, en la «recta final». En esas 72 horas se despeja el escenario: la facción irredentista de la política catalana «pasa de desde ser un partido casi antisistema a un acuerdo que implica colaborar con la estabilidad del Estado», se jacta una dirigente socialista.

Pero eso no ocurriría hasta el miércoles por la noche. Antes, el PSOE reparte el resto del trabajo. Santos Cerdán, número tres del partido, se encarga de los contactos con el PNV. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, es quien dialoga con el BNG. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, habla con Coalición Canaria -a la que le ofrece medidas económicas y fiscales para amarrar la «vía 179», pero no la entrada del PNV en la Mesa- y con Sumar. La formación de Yolanda Díaz también juega un papel discreto, a su vez, con el independentismo. ¿Y Zapatero? «Él siempre está por ahí, alguna conversación ha tenido», dejan entrever las fuentes. Conversación con los secesionistas, se entiende.

El domingo, al entender que el acuerdo está al alcance de la mano, todos los negociadores socialistas se conjuran para aplicar lo que llaman «el método Bolaños». «Discreción total y cerrojazo informativo», resumen. Ni una palabra puede salir del perímetro negociador para no espantar a los de Puigdemont ni a los correligionarios de Oriol Junqueras, que miran con recelo a su rival.

Durante los tres días siguientes, las conversaciones se suceden, en paralelo, con Junts y con ERC, que «se vigilan entre sí». Hasta que, pasadas las 22.00 horas del miércoles 16, Bolaños sella sendos principios de acuerdos con ellos. ¿Fumata blanca? No, pero casi. En la mañana del jueves, a dos escasas horas de que comience la sesión constitutiva de las Cortes Generales, las ejecutivas de ERC y, sobre todo, Junts, analizan esos principios de acuerdo. Y el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, presenta un escrito para pedir que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas cooficiales en la UE [son los «hechos comprobables» que pedía Puigdemont].

«Ése es el acuerdo fundamental, y es algo que demuestra nuestra voluntad por la España del futuro: está pactado con ellos, sí, pero también es una cosa nuestra, el PSOE lo apoya sin dudas, por eso lo presenta el presidente». En efecto, es Sánchez quien lanza la propuesta el miércoles por la tarde, escasas horas antes de cerrar el acuerdo con Junts y ERC.

La lengua es clave. Esto lo sabe Yolanda Díaz desde finales de julio, cuando contacta con Junts. Poco después, el 2 de agosto -ya con la información clave en su poder- reclama que se pueda hablar en catalán, euskera o gallego en el Congreso. Cosa que también se materializa en el pacto final que desbloquea la Mesa de la Cámara Baja. Abona el terreno.

Anteayer por la noche, poco antes de acostarse, los negociadores llaman a Sánchez. Está hecho. «Junts tenía que hacer un tránsito desde ser un partido casi antisistema a un acuerdo que implica colaborar con la estabilidad del Estado, y lo hemos conseguido». A la mañana siguiente, Francina Armengol logra 178 votos a favor en la primera votación. La investidura queda más cerca… pero a expensas de otra negociación que se prevé mucho más dura. «Siempre estamos al borde del precipicio… pero lo conseguimos», celebran en el Gobierno.