Javier Delgado Barrio es designado presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por tanto, del Tribunal Supremo, con el respaldo del Gobierno Aznar

Bien está lo que bien acaba, dice el refrán castellano. Pero no es éste un dicho aplicable a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cerrada ayer por un acuerdo del PSOE y del PP. La nueva lista de los veinte vocales del Consejo no va a paliar, en modo alguno, el desprestigio del órgano de gobierno de los jueces, que había terminado su mandato legal en noviembre.

No sólo no hubo consenso sobre la renovación del CGPJ sino que su situación se fue deteriorando hasta tocar fondo por el caso Estevill, que, en medio de una feroz pugna partidista, provocó la dimisión de varios vocales y dejó sin quorum al Pleno para poder realizar las funciones asignadas por la ley, entre ellas, el nombramiento de magistrados para la Sala Segunda del Supremo, que instruye el caso GAL.

A lo largo de estos ocho meses, PP y PSOE han negociado intermitentemente la lista de los veinte vocales, mucho más preocupados por incluir gente de su confianza que por consensuar el nombramiento de personas solventes y profesionales, capaces de garantizar la independencia de la Justicia frente al poder político. La única novedad respecto a la composición anterior es la mayor presencia de las minorías nacionalistas, con CC incluida, lo que no hace sino reflejar la relación de fuerzas del Parlamento surgido de las pasadas elecciones.

El acuerdo alcanzado ayer pone de relieve la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que consagró -contraviniendo el espíritu de la Constitución- la elección de todos los vocales por los partidos políticos con representación en el Parlamento. Tras expirar el mandato del anterior Consejo, el PP propuso la elección de los doce vocales procedentes de la carrera judicial por parte de los jueces. El PSOE se negó y forzó el mantenimiento de las cuotas, con el que se ha procedido a la renovación. Ahora es el momento de modificar esta ley, lo cual es perfectamente posible con el apoyo de los socios nacionalistas del PP.

Un rápido examen a la lista basta para ilustrar la contaminación del poder judicial por la política. El ejemplo más evidente es el de Javier Moscoso, ex ministro y ex fiscal del Estado, cargo desde el que actuó favoreciendo descaradamente los intereses del Gobierno que le había nombrado. Moscoso llegó a pedir la libertad de Amedo y Domínguez en base a las «cartas portuguesas», una burda falsificación para poner a ambos policías en la calle. Tampoco parece edificante el nombramiento de José Bruno Otero, asesor jurídico del Ministerio de Defensa que informó favorablemente la concesión de pensión a Dorado Villalobos y que se opuso, en cambio, a la entrega de los papeles del CESID a la Justicia. El PNV ha logrado colocar en la lista a Emilio Olabarría, diputado durante varias legislaturas y, por tanto, un hombre de clara adscripción partidista.

El contrapunto a estos nombres lo ponen juristas como Javier Delgado, López Barja de Quiroga o Manuela Carmena, de claro perfil profesional. Pero no es suficiente. Queda patente que la lista es el resultado de un cambio de cromos entre los principales partidos, que han decidido mantener al CGPJ como la reproducción de un Parlamento en miniatura.