La entrada de Vox en la instituciones pone fin a las condenas genéricas unánimes en las instituciones a la ‘violencia de género’ de los hombres contra las mujeres

El consenso institucional que desde hace años se mantenía frente a la violencia machista ha comenzado a resquebrajarse. Por primera vez desde 2005, el Ayuntamiento de Madrid no emitirá este año, por exigencia de Vox, una declaración institucional con motivo del día internacional contra la violencia de género que se celebra hoy. Lo mismo ocurrirá en otros Ayuntamientos y comunidades autónomas donde PP y Ciudadanos han formado gobierno con apoyo de Vox y han acabado aceptando las exigencias del partido ultraderechista. La falta de acuerdo para las declaraciones institucionales marca un punto de inflexión que puede tener nefastas consecuencias, pues rompe un consenso general que con esfuerzo de todos se había alcanzado y mantenido durante años. Fruto de ese consenso fueron la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, la asunción del Convenio de Estambul en 2014 y la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres de 2007. Son las leyes que amparan las políticas con las que las distintas Administraciones tratan de frenar la violencia machista, que desde 2003 ha provocado el asesinato de 1.027 mujeres, 51 de ellas en 2019.

La facilidad con la que el PP ha transigido ante el discurso de Vox hace dudar de sus convicciones sobre una realidad lacerante frente a la que no caben ni la frivolidad ni el oportunismo político. Estamos hablando de un fenómeno que exige la protección permanente, con seguimiento policial, de 57.000 mujeres, y que además de la vida de las asesinadas se lleva con frecuencia la de sus hijos. Desde 2013 han sido asesinados 25 menores y 243 han quedado huérfanos. Se trata, además, de un tipo de violencia que se esconde con frecuencia en la intimidad del hogar y utiliza el amedrentamiento para lograr el silencio de la víctima. El 70% de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia y el 64,9% convivía con el agresor en el momento de su muerte. Así lo constata el último informe del Consejo General del Poder Judicial, según el cual “el silencio de las víctimas es un factor de riesgo para la vida de las mujeres maltratadas”.

Ante esta realidad resulta temerario sumarse a la estrategia de Vox, cuyo propósito es silenciar el problema por el procedimiento de negarlo y de desacreditar al mismo tiempo a quien con más empeño ha sostenido la lucha contra la violencia machista, el movimiento feminista. Al pretender que se sustituya el término violencia de género por el de violencia intrafamiliar, Vox busca sacar del debate político las causas estructurales que la hacen posible. El discurso negacionista contribuye a legitimar y perpetuar la cultura machista y también la desigualdad que está en el origen de la violencia contra las mujeres. Un partido con voluntad de gobierno como el PP no puede ser cómplice de semejante estrategia.

CAUSA desaliento –en especial entre las víctimas– que el único pacto de Estado alcanzado en los últimos años para proteger a mujeres maltratadas sea socavado por el populismo de derecha a la búsqueda de rédito político. Si Vox, legítimamente, desea reformar por ineficaz o mejorable la legislación contra la violencia machista, que trabaje por ello dentro de los cauces institucionales; lo bochornoso es que airee su negacionismo a través de Ortega Smith, que ni miró a una mujer tiroteada por un maltratador mientras le recriminaba su falta de sensibilidad. Algo que también hizo, brillantemente, el alcalde Almeida. A Vox lo han puesto sus votantes en las instituciones para defender unas posiciones, no para que patee el tablero con datos falsos y malos modos.

Este lunes, en el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, asistimos a un espectáculo político dantesco. La izquierda volvió a exhibir su versión más carroñera, confiriendo a los agresores de mujeres una ideología política “de derechas”. Ya dijo Alberto Garzón que una persona que roba no podía ser de izquierdas. Por lo visto un maltratador, tampoco.

Los tuits y declaraciones de distintas personalidades políticas se aderezaron con alguna que otra columna de opinión que se refería a la heterosexualidad como algo peligroso y tuvieron como colofón el bochornoso espectáculo que se vivió en el acto conmemorativo celebrado en el Ayuntamiento de Madrid. Un broche de oro a la semana en la que las Cortes valencianas declararon la “emergencia feminista”. No se lleven a engaño: estos discursos y gestos grandilocuentes para significarse políticamente en torno a la violencia machista, en un sentido o en otro, no son para nada genuinos, sino auténticos ejercicios de homeopatía política de los que los arengadores de uno y otro bando pretenden obtener rédito electoral a costa del erario, pero que en nada mejoran la situación dramática de las auténticas víctimas.

Por desgracia, esta ideologización de las agresiones a las mujeres no es fruto de una coyuntura puntual. Lo que vemos hoy son los frutos de unas semillas que se plantaron hace ya más de veinte años y que ahora la izquierda está recogiendo: al permitir que bautizasen la violencia machista como violencia de género, hemos contribuido a la instrumentalización política del maltrato y a que la utilicen como herramienta de polarización.

Efectivamente, la palabra “género” tiene profundas connotaciones ideológicas, así que cuando se utiliza para clasificar un determinado tipo de violencia lo que se persigue precisamente es su politización. La expresión “violencia de género” no hunde sus raíces lingüísticas en la tradición española, sino que es la traducción del inglés gender-based violence o gender violence, y empezó a difundirse en 1995, tras el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín por la ONU.

La Real Academia de la Lengua ya advirtió, en un informe fechado en mayo de 2004, referido al uso de la expresión “violencia de género” en el proyecto de ley integral contra la violencia de género que finalmente aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que esta terminología no era la más adecuada. Explicaba la RAE que, desde los años sesenta, la palabra inglesa “gender” no se emplea para hacer referencia a una condición biológica (el sexo), sino para poner el acento en diferencias sociales y culturales con unas connotaciones determinadas. Por ello recomendó en su lugar el uso de la expresión “violencia doméstica”.

Pero las recomendaciones de la RAE cayeron en saco roto, porque precisamente son esas cualidades socioculturales que evoca el término, referidas a desigualdades de índole social, económica, política, laboral, etc., las que permiten a la izquierda de corte identitarista enlazar el género con lo que se conoce como “teorías interseccionales”, en base a las cuales cualquier elemento identitario sirve de fundamento para crear categorías jerarquizadas de oprimidos y de opresores (raza, sexo, clase, orientación sexual etc.), las cuales constituyen una excusa perfecta para exigir cambios políticos, legislativos y sociales asociados a postulados pseudo marxistas.

Por eso seguirán repitiendo el dogma miles, millones de veces, hasta lo institucionalizarán, pero la violencia no tiene género. Tiene autores concretos que deben responder penalmente por sus actos, no por sus circunstancias biológicas ni mucho menos por hechos e injusticias pasadas cometidas por otros. Si alguien afirma lo contrario, al menos que no lo haga en nombre del feminismo. Porque el auténtico feminismo reivindica la igualdad ante la ley como expresión de la Justicia, no el privilegio legal que nace de la venganza.

La evidencia de la instrumentalización política del feminismo y del maltrato la hemos tenido delante de nuestras narices, pero nos hemos negado a reconocerlo y a expresarlo, quizá porque hemos permitido que las ciencias jurídica y criminológica se sometan al yugo de una corrección política mal entendida, cuya agenda ha manejado hasta ahora, en exclusiva, la izquierda identitaria. Esta inacción, ese no querer saber, ha tenido como inevitable reacción la aparición de un movimiento contestatario de derechas que, lejos de sustraer a las víctimas del debate político, ha decidido confrontar a la izquierda en su mismo terreno, que es el de los maximalismos, las pancartas, las arengas y el espectáculo, pero esta vez desde postulados negacionistas.

Por supuesto que la violencia de componente machista existe, lo que no quiere decir que cualquier agresión a una mujer deba reputarse como machista, ni que todos los hombres sean agresores potenciales. Hay que reformar el art. 153 del Código Penal, cuya redacción actual es fruto de la Ley Integral contra la violencia de género, para evitar asimetrías penales (que la misma agresión se castigue con más pena cuando el autor es varón) y  la victimización machista de la mujer ante cualquier agresión. El tipo penal debería convertirse en una agravante de aplicación exclusiva a aquellos casos en los que se acredite el ánimo de vejar y someter a la víctima por razón de su sexo. Sería también recomendable abordar un cambio en la denominación de la LIVdG, sustituyendo el término género por uno que no implique connotaciones que permitan la instrumentalización ideológica de la violencia contra las mujeres.

Ha llegado la hora de que, como sociedad civil, nos plantemos. Tenemos la obligación moral de hacerlo por las víctimas, para que unos y otros dejen de usarlas en este espectáculo obsceno en la sede de nuestras instituciones, para que no se retroalimente a su costa la polarización política. Porque todo ese tiempo y, especialmente, todos esos fondos, deberían invertirse en mejorar la asistencia y protección a las maltratadas. Pero también porque, como ciudadanos, tenemos la obligación de defender la democracia liberal y el Estado de Derecho, que son los cimientos de nuestra convivencia.