La Generalitat de Catalunya realiza una ‘consulta’ independentista sin la autorización del Gobierno que la acusa de ilegal

EL SUCEDÁNEO de referéndum independentista celebrado en Cataluña es tan estéril en lo que respecta a sus efectos jurídicos como trascendente en lo político. La lucha por el liderazgo en el bloque soberanista se ha desatado y, como era previsible, la Generalitat y CiU pretenden convertir la ficción democrática del domingo en el preludio de un referéndum de verdad, bajo la amenaza encubierta de convocar unas elecciones plebiscitarias como propone ERC. El Gobierno debe tomar la iniciativa y definir de una vez con claridad qué quiere y hasta dónde está dispuesto a llegar en la cuestión catalana. La negociación política es necesaria y el PP no puede permitirse el lujo de eludir su responsabilidad como partido de Gobierno. En el recurso de impugnación de la consulta, la Abogacía del Estado ya intentó que el Tribunal Constitucional advirtiera a la Generalitat de las consecuencias a las que se enfrentaba en caso de incumplir la suspensión del proceso, a lo que el Alto Tribunal lógicamente se negó. Y ayer, el portavoz popular en la Comisión Constitucional abundó en la misma dejación al reiterar que el TC tenía que haber actuado el 9-N.

Mariano Rajoy debe fijar posición tanto en el frente judicial, a través de la Fiscalía, como en el político, con una propuesta consecuente y constructiva. No definirse supone perder un debate crucial por incomparecencia, lo que provoca frustración y desamparo en sus filas. Además, da pie a que otros partidos, como UPyD o Vox, e incluso organizaciones civiles en la órbita de FAES, como Libres e Iguales, anuncien posibles querellas contra el Gobierno por, a su juicio, haber permitido que la Generalitat delinquiera durante el proceso participativo. La indecisión de Rajoy en este asunto supone una insensatez que acabará debilitando al PP.

Las vías judicial y política son compatibles y necesarias. Una cosa es la incuestionable aplicación de la ley y la obligación indeclinable del Gobierno de defender la legalidad, y la de jueces y fiscales de llegar hasta el final en la depuración de posibles responsabilidades penales, tras haber apreciado indicios delictivos de «prevaricación, desobediencia y malversación» por parte de la Generalitat. Principalmente, tras el comportamiento desafiante de Artur Mas y de su vicepresidenta, Joana Ortega, quienes implicaron a la institución en el recuento del proceso contraviniendo la suspensión decretada por el TC: no en balde, la Fiscalía ultima una denuncia ante el TSJ catalán. Y otra muy distinta que Rajoy mire hacia otro lado y no responda políticamente a lo sucedido, pese a la determinación de CiU y sus socios de seguir adelante con su pulso al Estado. También el resto de partidos debe tomar una postura, en lugar de intentar pescar a río revuelto. Al PSOE más le valdría poner sobre la mesa propuestas políticas plausibles en vez de amagar con una hipotética reforma constitucional federalizante.

Quienes insinúan –sin llegar a decirlo– que la pantomima de consulta perpetrada por Artur Mas y sus socios debió impedirse manu militari y suspendiendo la autonomía catalana demuestran un distorsionado sentido de la proporción, además de una confianza escasa en la potencialidad de la política para responder, con firmeza pero sin estridencias, a quienes se aprovechan del sistema democrático para intentar imponer sus ideas sin respetar las reglas del juego.

Por otro lado, a la hora de interpretar la inequívoca trascendencia política del denominado «proceso participativo» en Cataluña es preciso tener muy en cuenta el resultado de la consulta para matizar con objetividad el voluntarismo de unos y el alarmismo igualmente interesado de otros. Sólo un 35% de los catalanes convocados fue a votar, lo que da una idea del falso entusiasmo de los dirigentes soberanistas. Y, entre quienes lo hicieron, un 80% se mostró a favor de la ruptura, lo que supone 1,8 millones de sufragios sobre 6,2 millones de convocados a las urnas; es decir, un magro 29%. Este es el peso real del independentismo en Cataluña, pese a los esfuerzos de la Generalitat y de los partidos soberanistas en agravar la desafección.