La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es destituida para ser sometida a juicio por corrupción, la reemplaza Michel Temer

El caos institucional en el que se encuentra sumido Brasil, cuya máxima expresión es el irregular proceso de destitución contra su presidenta, Dilma Rousseff, está colocando al país en las últimas horas en una incertidumbre inconcebible en la mayor democracia sudamericana. Y no contribuye precisamente a desmentir las graves acusaciones realizadas por Rousseff y su entorno que culpan a la oposición de haber forzado más allá de lo admisible en una democracia los límites del Estado para apartar del poder a la mandataria en una especie de golpe constitucional.

Para hoy estaba prevista una votación en el Senado —por decisión personal de su presidente— para ratificar elimpeachment contra Rousseff, pero el Gobierno recurrió anoche judicialmente la sesión. Se trata de la guinda a la confusión generada desde que Waldir Maranhão, acusado de corrupción y desde el jueves presidente del Congreso —en donde, bajo otro presidente, apartado del cargo por el Tribunal Supremo, ya se ha votado a favor de la destitución—, ordenara el lunes suspender todo el proceso. Pero el presidente del Senado, Renán Calheiros, se negó a obedecerle y prometió seguir adelante con la votación. Horas después, Maranhão se desdijo y dio vía libre a la votación.

Mientras Brasil se hunde en la recesión, la oposición ha utilizado el Congreso para convertir una acusación de carácter político —un mal manejo del presupuesto— en un proceso previsto para casos penales. Las sucesivas investigaciones no han podido demostrar la participación de la presidenta en las corruptelas que afectan a su partido, pero el abandono de varios de sus socios de Gobierno la han colocado en una situación muy complicada.

Esta crisis institucional plantea dudas más que razonables sobre la legitimidad que tendría un nuevo mandatario surgido después de un proceso tan poco habitual. Brasil no puede permitirse semejante espectáculo. El daño causado es incalculable.

A escasos tres meses de la celebración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil entró ayer en un peligroso escenario de incertidumbre política que puede agravar su delicada situación económica y poner en peligro los logros sociales alcanzados en los últimos trece años.

El proceso de ‘impeachment’ iniciado por el Parlamento y continuado por el Senado, que apartó temporalmente de la presidencia a Dilma Rousseff, coloca al país en una preocupante situación de interinidad, en la que tendrá que nombrarse un nuevo Gobierno para los próximos 180 días. Durante ese periodo, el Senado abrirá un proceso político que tendrá que determinar si tienen fundamento las acusaciones de ingeniería fiscal en las que presuntamente incurrió Rousseff entre 2014 y 2015 para maquillar las cuentas públicas y ocultar las multimillonarias deudas del Estado.

Por más que la ya ex presidenta denunciara un «golpe de Estado» para que el país sea dirigido por «los sin voto», en referencia a su ex vicepresidente, Michel Temer, encargado de formar Gobierno, se trata de un procedimiento democrático contemplado en la ley que fue concebido como una garantía constitucional para evitar abusos de poder. Es cierto que, entre otros grupos de la oposición, el ‘impeachment’ fue promovido por el partido de Temer, el PMDB, de corte liberal y sin embargo, aliado del Partido de los Trabajadores (PT) en los últimos gobiernos de Rousseff. Y que tanto Temer como muchos otros parlamentarios que votaron en contra de la ex presidenta están a su vez siendo investigados por prácticas corruptas y cobro de comisiones fraudulentas. Pero esto no invalida el procedimiento iniciado contra Rousseff, que algunos interpretan como una enmienda al PT, muchos de cuyos dirigentes, empezando por Lula da Silva, nombrado ministro por el procedimiento de urgencia para evitar la cárcel, son sospechosos de haberse enriquecido ilegalmente a costa de la compañía nacional Petrobras.

La intervención de Rousseff tras ser suspendida de su cargo acusando de «sabotaje» a la oposición política y llamando a la movilización popular para defender su gestión y «la voluntad soberana del pueblo brasileño» es por tanto un acto de irresponsabilidad que tendrá como consecuencia el enfrentamiento de los brasileños. Apoyada masivamente en las urnas en las elecciones de 2010 y 2014, Rousseff ha tenido que hacer frente a numerosas manifestaciones desde entonces, instigadas por una ciudadanía que le reprocha los numerosos casos de corrupción y la parálisis económica que vive el país debido a unas políticas ineficaces para hacer frente a la crisis. Y es que las infructuosas medidas de ajuste han deteriorado los servicios públicos y están empobreciendo a una clase media que ha visto frustradas sus esperanzas de progreso tras una década de crecimiento y proyección internacional del país, con el Mundial de Fútbol de 2014 y los próximos Juegos Olímpicos como principales estandartes.

Si las legislaturas de Lula sirvieron para sacar de la pobreza a millones de brasileños y erradicar el hambre en el país, el PT se ha visto incapaz de mantener la confianza de los mercados y sostener el crecimiento económico necesario para consolidar a Brasil como la principal potencia en América Latina. Con la economía estancada desde 2014 y unas previsiones de contracción previstas para los dos próximos ejercicios de más de un 3%, la inestabilidad política es el peor de los escenarios posibles para Brasil. El ‘impeachment’, por tanto, si bien es un mecanismo garantista, llega en el peor momento. El nuevo Gobierno tendrá que hacer frente primero a su periodo de interinidad, y luego a las impopulares medidas que habrá de adoptar si quiere recuperar el pulso del crecimiento económico y reducir la inflación galopante que está impidiendo el desarrollo del consumo interno. Pero ante todo, la clase política brasileña está obligada a someterse a un profundo proceso de regeneración ética que aparte a todos los que estén siendo investigados por casos de corrupción, una lacra que afecta tanto a los partidos de la coalición gubernamental como a los de la oposición.

Dilma Rousseff advirtió que no descansará hasta recuperar el poder, pero ha de tener en cuenta que el clima de enfrentamiento nacional que vive el país no precisa de épicas guerrilleras, como las que enarbola para defender su imagen, sino un esfuerzo de consenso y entendimiento nacional. Su empeño por permanecer en el poder a toda costa puede echar por tierra los logros conseguidos por ella y su partido, gracias a los cuáles Brasil es hoy un país más democrático y más próspero.

A aprovação pelo plenário do Senado da abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff pode ser vista de vários ângulos relevantes. Um deles, o fato de o Brasil, no mais longo período ininterrupto de estabilidade institucional da sua história republicana, enfrentar, dentro da lei, dois afastamentos de presidentes eleitos pelo voto direto; de Collor, em 92, e este, de Dilma, ainda a ser confirmado em julgamento final. A norma no continente é outra, de golpes com a participação de militares, como aconteceu no Brasil desde a própria proclamação da República, em 1889.

Dos dois, o teste mais duro para as instituições tem sido o impeachment de Dilma, relacionado de alguma forma ao desmonte da “organização criminosa” criada pelo lulopetismo para desviar dinheiro público de estatais, a fim de financiar o projeto de poder do PT e de aliados. Soube-se depois que o mensalão (Banco do Brasil) e o petrolão (Petrobras e subsidiárias, com ramificações no setor elétrico, pelo que se sabe até agora) transcorreram de forma simultânea, sob o controle da cúpula do partido que subiu a rampa do Planalto com Lula, em 2003. Há pouco, o Ministério Público Federal, ao denunciar Lula ao Supremo, no caso do sítio de Atibaia e do tríplex de Guarujá, registrou que, pela lógica, o ex-presidente deve ter participado da organização.

O pedido de impeachment de Dilma não se relaciona, formalmente, às descobertas da Operação Lava-Jato, mas, por ser o julgamento do impedimento também político, é certo que o conjunto da obra de malfeitorias que a força-tarefa de policiais federais, procuradores e fiscais da Receita que atuam junto ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, descobriu ajudou a tramitação do processo até aqui, na fase final.

Um aspecto do impeachment de Dilma, inexistente na defenestração de Collor, esta devido à corrupção, é ele estar lastreado em crimes contra o Orçamento, relacionados à afronta ao princípio, usualmente seguido em sociedades mais avançadas, do equilíbrio das contas públicas. A corrupção, casos bilionários e disseminados em estatais importantes, supera de longe as falcatruas de PC Farias, tesoureiro e sócio de Collor. Os casos ajudam a compor o conjunto da obra que depõe contra Dilma, Lula, PT e companheiros, mas, tecnicamente, as provas que levaram o Congresso a ter afastado Dilma por até 180 dias se referem ao desrespeito flagrante à Lei de Responsabilidade Fiscal e a normas orçamentárias.

Na visão ideológica tosca de mundo das frações de esquerda que compõem o PT, equilíbrio fiscal é conceito conservador, “neoliberal”. Compartilham uma visão primária do keynesianismo, pela qual o Estado sempre precisará ter déficits para debelar recessões. Chamam de políticas “anticíclicas”. Não admitem que desequilíbrios orçamentários estruturais, como os que ajudaram a criar na economia brasileira — pela vinculação de mais de 90% do Orçamento e indexação da maior parte das despesas sociais pelo salário mínimo e inflação —, destruíram a capacidade de o Estado investir e sinalizaram para a insolvência da dívida pública, pois criaram uma dinâmica de crescimento exponencial dela em relação ao PIB. Assim, também afastaram os investidores privados. E tornaram a depressão uma possibilidade real.

Por esta visão sectária, sob a clara inspiração de Dilma, ministra-chefe da Casa Civil durante todo o Lula 2, o governo aproveitou a crise mundial, a partir do final de 2008, para começar a construir o tal “novo marco macroeconômico”, com as velhas teses dessas esquerdas, já defendidas no antigo PT: o Estado como principal agente na sociedade, indutor do desenvolvimento, distribuidor de incentivos fiscais e creditícios, e sôfrego coletor de impostos etc.

Precisavam, porém, burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000 contra o voto do PT, e a legislação orçamentária. Por conveniência, dentro da velha norma dos “fins que justificam os meios” — a mesma que avalizou desfalques e assaltos a companhias públicas; o “meio”, para se atingir o “fim”, a perpetuação no poder —, Lula e companheiros assinaram a Carta ao Povo Brasileiro, na campanha de 2002, e mantiveram pilares da política de estabilização econômica herdada do Plano Real. Deu certo, e, ajudado pelo ciclo histórico de alta das cotações de commodities, Lula livrou-se do risco de impeachment no mensalão, foi reeleito e sua popularidade não parou de subir.

Mas os cacoetes ideológicos foram mais fortes. Arrogantes, começam a adotar velhas políticas que já não haviam dado certo no próprio Brasil — aplicadas pelos militares da direita nacionalista — e, nisso, cometeram ilegalidades fiscais.

Principalmente Dilma, em cuja parte final de mandato aprofundou o “novo marco”, maquiou contas públicas, com o uso abundante de técnicas de “contabilidade criativa” do seu secretário do Tesouro, Arno Augustin, com a no mínimo complacência do superior hierárquico, o ministro da Fazenda Guido Mantega. O parque de ruínas fiscais de Dilma, Lula e PT é extenso. Mas a debacle veio com operações malandras de maquiagem de gastos e escamoteamento de dívida pública, forçando o BB, a Caixa, o BNDES, entre outros, a financiar o Tesouro, pagando, no lugar dele, despesas com o Bolsa Família, subsídios variados como no Minha Casa Minha Vida, no financiamento agrícola, no crédito a empresas etc.

A defesa de Dilma, pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, e a bancada do PT minimizam, alegam que governos anteriores fizeram o mesmo. Mas não na enorme proporção de Dilma, em que fica configurada uma política deliberada de forçar estes empréstimos para esconder déficits do Tesouro. Dados do Banco Central mostram que, nos governos FH e na primeira gestão de Lula, estes saldos eram residuais. Com Dilma, mas já a partir do segundo mandato de Lula, chegaram a passar dos R$ 50 bilhões ou 1% do PIB. Ela quebrou o Tesouro na campanha de 2014 e continuou a aprofundar o rombo em 2015, legalizado contabilmente porque transformaram a meta de superávit em déficit em dezembro, outra mágica contábil, ajudada pelo amplo apoio que ainda contavam no Congresso.

Atropelada a LRF, o governo Dilma, também já em 2015, editou decretos, sem aprovação do Congresso, com autorização de novas despesas. Um ato monárquico, ou stalinista, de desprezo pela República. Alterar posteriormente metas orçamentárias para encobrir o delito cometido não faz desaparecer o crime.

A cassação de Collor, o primeiro presidente eleito pelo povo depois de uma ditadura militar de 21 anos, foi uma afirmação do estado democrático de direito. A abertura do processo contra Dilma é uma consolidação do princípio civilizatório da responsabilidade fiscal.

Depois de 26 anos de aprovada a LRF, tantas vezes desrespeitada pelo lulopetismo, a República brasileira, por meio de suas instituições, reage e alerta que contas equilibradas, inflação baixa e sob controle se tornaram um patrimônio da sociedade, defendido pela Constituição e por leis específicas. Afrontá-lo pode custar até mesmo mandato presidencial.

CORREÇÃO

A Lei de Responsabilidade Fiscal tem 16 anos e não 26, como está no editorial acima.