La progresista María Emilia Casas elegida nueva Presidente del Tribunal Constitucional

Con la sustitución de 4 de sus 12 miembros culmina la renovación del Tribunal Constitucional. El Consejo del Poder Judicial designó en abril a los dos magistrados que le corresponden, y ayer lo hizo el Consejo de Ministros al proponer a los catedráticos de Derecho Constitucional Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Los miembros del tribunal se nombran por periodos de 9 años y se renuevan por terceras partes (cuatro magistrados) cada tres años. Entre los que agotan su mandato figuran el presidente, Manuel Jiménez de Parga, y el vicepresidente, Tomás S. Vives. Pronto habrá, por tanto, nueva cúpula del Constitucional.

Jiménez de Parga ha sido presidente durante tres años. Su mandato ha sido polémico, algo en sí mismo escasamente deseable para un puesto que, amén de ponderación, requiere cierta discreción. A veces la polémica es inevitable, pero no cuando deriva, como en este caso, de la incontrolada locuacidad, estilo personalista y afán polemizador del personaje. No es una afición inocua, porque ha provocado que el presidente haya sido objeto de enojosas recusaciones a propósito de pronunciamientos sobre cuestiones de las que, antes o después, tenía que entender el Tribunal. Con ocasión de la reciente presentación de la Memoria del Tribunal de 2003, Jiménez de Parga ha aprovechado su último acto como presidente para exponer sus personalísimos criterios en materia religiosa y reiterar opiniones críticas sobre los nacionalismos: muy respetables como actitudes privadas, pero malamente compatibles con su función al frente de un organismo que es el intérprete máximo de una Constitución aconfesional y que ampara el pluralismo ideológico, incluyendo su dimensión identitaria.

Uno de los objetivos de la proyectada reforma del Senado es posibilitar una participación más directa de las comunidades autónomas en la designación de los miembros de las instituciones del Estado, muy particularmente, del Tribunal Constitucional, entre cuyas funciones figura la de dirimir conflictos de competencias entre el Estado y las autonomías. A la espera de tal reforma, el Gobierno podía haber utilizado su capacidad de designación -2 de los 12 miembros del tribunal- para garantizar la presencia de magistrados o catedráticos caracterizados por su sensibilidad autonómica. No necesariamente procedentes de tal o cual autonomía, pero sí representativos de esa sensibilidad. Habría sido una decisión coherente con la voluntad del nuevo Gobierno de reducir la conflictividad en ese terreno, tal como quedó expresada al retirar una parte del centenar de recursos presentados por el Gobierno anterior contra resoluciones de diversas comunidades.

La elección de la magistrada María Emilia Casas como presidenta del Tribunal Constitucional (TC), en sustitución de Manuel Jiménez de Parga, trasciende el estricto ámbito institucional para convertirse en un hecho política y socialmente relevante. Se trata de la primera mujer que llega a la presidencia del Constitucional y sucede, además, en un momento especialmente significativo en la historia de este alto tribunal: el año en que se cumple el 25º aniversario de la promulgación de la ley que lo creó el 3 de octubre de 1979.

La llegada de una mujer a la presidencia del Constitucional supone una brecha cualitativa en la actitud misógina que sigue caracterizando la composición de los altos tribunales del Estado. Es cierto que el TC ha ido por delante, en especial en relación al Tribunal Supremo, pero ello no ha impedido que en sus casi 25 años de historia la presencia femenina entre sus miembros haya sido muy minoritaria e incluso testimonial. La designación de la nueva presidenta supondrá, sin duda, un revulsivo para valorar con mayor ecuanimidad las trayectorias profesionales de quienes optan a los altos órganos jurisdiccionales.

Una mayoría cualificada de magistrados -siete frente a cuatro- ha considerado que la nueva presidenta reúne todos los requisitos exigibles para el desempeño del cargo. Casas se ha revelado como jurista de prestigio y acusada sensibilidad jurídica: como catedrática de Derecho del Trabajo y, después, como magistrada del Constitucional por designación del Senado en 1998. Tras la presidencia de Jiménez de Parga, es importante que este cargo pase a desempeñarlo una persona discreta, con capacidad organizativa y de trabajo, alérgica a los protagonismos personales y preocupada en preservar al tribunal de broncas y disputas exteriores que lo distraigan de sus trabajos y empañen su imagen de obligada imparcialidad e independencia. Ésta es la tarea que tiene ante sí María Emilia Casas.

LA elección de María Emilia Casas para ocupar la Presidencia del Tribunal Constitucional constituye, en su vertiente más biográfica, el reconocimiento de dos virtudes de esta magistrada. La primera es su excelente calidad científica, acreditada por una dilatada carrera universitaria -es catedrática de Derecho del Trabajo- y la apreciación unánime del rigor que aplica a sus análisis jurídicos. La segunda es su fuerte personalidad y su capacidad de protagonismo en el seno del TC, donde su liderazgo ha aglutinado al llamado sector progresista, manteniendo, al mismo tiempo y con estricto respeto recíproco, una constante dialéctica con los magistrados conservadores.

En un plano más político, es evidente que el nombramiento de María Emilia Casas, propuesta en su día por el PSOE, encaja bien en la partitura del nuevo Gobierno socialista, que puede recrearse con el rentable tres a uno que ha obtenido en la última renovación de cuatro plazas del TC. El futuro de este Tribunal queda así enfocado, en conjunto, hacia unos planteamientos probablemente más receptivos -lo que no quiere decir que sean favorables, ni menos aún sumisos- a las ideas, por ahora escasas y vagamente formuladas, aunque se pueda intuir el resto, que ha puesto a circular Rodríguez Zapatero sobre el nuevo modelo de Estado y el desarrollo del sistema autonómico. Lo mismo podría decirse de otras materias cuya litigiosidad constitucional es más que probable a medio plazo, como la ampliación definitiva del aborto o el matrimonio entre homosexuales. Es una realidad consolidada que la izquierda siempre interpreta con más perspectiva y mejor pericia el valor intrínseco del TC, lo que no puede decirse del PP, salvo en honrosas excepciones. En el nombramiento de la magistrada Casas se revalida plenamente el habitual acierto estratégico del PSOE con el TC, que se cualifica, además, en este caso, por el prestigio incontrovertible de la nueva presidenta.