La revisión de la Resolución de los Lores de Reino Unido sobre la causa contra Augusto Pinochet rebaja los cargos contra el ex dictador y deja en manos del Gobierno su extradición o no a España

EL AVIÓN militar chileno volverá vacío a Santiago y Pinochet permanecerá todavía una larga temporada en Londres si no hay algún imprevisto. Ésta es la consecuencia más inmediata de la sentencia de los jueces lores que niega al dictador chileno, por un contundente seis a uno, la inmunidad soberana que reclamaba. La segunda es que podría ser extraditado a España. El efecto de mayor calado, sin embargo, es un chorro de aire fresco en un languideciente derecho internacional que ha hecho del caso Pinochet la prueba de fuego sobre la inmunidad / impunidad de los gobernantes por las atrocidades cometidas en el ejercicio de su cargo. En Londres se abrió ayer la puerta a una justicia universal que deberá culminar en un Tribunal Penal internacional.Pinochet sigue preso y sujeto a un procedimiento de extradición. En su inapelable fallo, los jueces consideran que el dictador sólo podrá ser juzgado en España por delitos de torturas cometidos después del 29 de septiembre de 1988, cuando el Reino Unido incorporó a su sistema legal la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Esto le exime de responder por la mayoría de las violaciones de derechos humanos que le imputa el juez Garzón por hechos cometidos entre 1973 y 1990. Pero si acaba siendo juzgado por algunos delitos será difícil que la ominosa sombra de todos los demás deje de planear sobre el proceso.

El proceso contra Pinochet, arrestado el 16 de octubre pasado en Londres, entra en una nueva fase cuya resolución puede llevar muchos meses. A partir del 6 de abril se iniciará el procedimiento de extradición, donde defensa y acusación volverán a exponer sus argumentos y tendrán la facultad de apelar la sentencia. Será finalmente el ministro del Interior británico el que tenga en su mano la decisión final sobre si el dictador chileno debe someterse o no a la justicia española. Sea cual fuere el desenlace, Pinochet ya ha sido moralmente juzgado y ya no podrá exhibir su arrogancia característica. Ni su lobby thatcherista ni la intercesión vaticana han podido evitar un fallo que da carpetazo a la impunidad de los déspotas. La resolución de los lores ha de servir para que Chile, al margen de las amenazas de su cúpula militar, piense en Pinochet como una tenebrosa página del pasado. Se ha comenzado a hacer justicia a los desaparecidos, torturados y a sus familiares. El regreso del dictador a Santiago, si se produce, ya nunca será triunfal.

PINOCHET no es inmune y es extraditable a España: queda por lograr que sus crímenes no queden impunes. Después de que los jueces de la Cámara de los Lores rechazaran la inmunidad del actual senador vitalicio, el juez Bartle, de Londres, dio ayer un paso más al confirmar que el dictador, detenido hace casi un año en Londres a instancias del juez Garzón, es extraditable a España para responder de 34 acusaciones de tortura y una de conspiración para la tortura. Acaben como acaben los recursos, o la eventual decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, sobre la extradición, Pinochet se está quedando cada día más desnudo frente a la justicia: algo que debe satisfacer a la gente de bien. Parafraseando al juez Bartle, el caso Pinochet presagia el día en que haya una sola ley para un solo mundo contra los dictadores criminales.La sentencia es satisfactoria para los demócratas porque abre el campo de las acusaciones por tortura no sólo a quienes las sufrieron directamente, sino también a los familiares de los desaparecidos. La función de este juez era pronunciarse sobre la demanda de extradición, limitada por los lores a los delitos de tortura y conspiración para la tortura cometidos desde diciembre de 1988, en las postrimerías del régimen pinochetista, y no sobre la culpabilidad del acusado, que tendrán que determinar los tribunales. Pinochet no parece comprenderlo cuando afirma que «España no ha producido ninguna prueba» que demuestre su culpabilidad. De momento, es sólo un acusado. Pero nada inocente.

El juez Bartle se ha limitado a lo que era su función: considerar si había base legal para recomendar al ministro del Interior la extradición de Pinochet por las acusaciones de tortura y conspiración para la tortura. Ha constatado que son delitos tanto en España como en el Reino Unido y que la Convención contra la Tortura es de aplicación universal. Al hacerlo, ha dado credibilidad al criterio de la Audiencia Nacional, donde se inició este caso, confiando plenamente en los jueces españoles. Lo contrario que la Fiscalía del Estado español y de la Audiencia Nacional, una vez más abochornados por la realidad.

Mientras todo esto sucede, seguimos sin saber lo que piensa al respecto el Gobierno español, que -como casi siempre- pretende quedar bien con todos y, sobre todo, no perder un solo voto con el caso, aunque para ello tenga que escurrir el bulto hasta el ridículo. Conocemos lo que piensa Margaret Tahtcher, pues lo ha dicho en público, haciéndole un flaco favor a su amigo. Conocemos las tesis políticamente incorrectas, aunque razonadas, de Felipe González, contrarias a la extradición por motivos políticos. De lo que opina Aznar, su Gobierno o el PP, lo ignoramos todo, aunque podamos suponerlo a través de las opiniones del ministerio fiscal. Sus portavoces se limitan a glosar su «neutralidad y respeto» ante las decisiones de los jueces británicos, mientras todos los demás partidos nacionales y varios gobiernos extranjeros -entre ellos el finlandés, presidente de turno del Consejo de la UE- han expresado sus valoraciones positivas sobre el fallo de ayer. Se trata de los derechos humanos.

Es natural que el Ejecutivo sea cauto para preservar las relaciones con Chile, que, es de esperar, mejorarán una vez se supere este caso. Pero no que con disimulo y doblez, por medio de la fiscalía, utilizando a emisarios diplomáticos para transmitir confusión a los jueces británicos o presionando a Straw para que deje eventualmente a Pinochet regresar a Chile por motivos humanitarios, intente zapar la labor de los jueces españoles que han abierto un nuevo camino. Aunque le pese a Piqué, este caso no es el de Garzón, sino el del «Reino de España contra Augusto Pinochet Ugarte».

Varios caminos están ahora abiertos. Pinochet puede recurrir y que el caso vuelva eventualmente ante los lores que actúan como tribunal supremo en el sistema inglés, lo que garantiza largos meses de permanencia en Londres al general de 83 años. El recurso al Tribunal de La Haya también resultaría un camino incierto y probablemente largo. Es del todo improbable que renuncie a recurrir la sentencia del juez Bartle a la espera de que el ministro del Interior, Jack Straw, deniegue la extradición por motivos de salud y le autorice a regresar a Chile. Las declaraciones de Blair contra Pinochet no parecen favorecer tal clemencia. Entre otras posibilidades, podría el Gobierno chileno solicitar a su vez la extradición de Pinochet -lo que tendría precedencia sobre cualquier otra demanda- para juzgarle allí, aunque, hoy por hoy, resulte inconcebible. En todo caso, probablemente hoy todos sus semejantes en el mundo se sentirán menos impunes y dormirán menos tranquilos.