25 marzo 1999

Según los Lores Pinochet sólo podrá ser juzgado en España por los crímenes cometidos entre 1988 y 1990, porque Reino Unido no firmó la convención internacional contra el delito de tortura

La revisión de la Resolución de los Lores de Reino Unido sobre la causa contra Augusto Pinochet rebaja los cargos contra el ex dictador y deja en manos del Gobierno su extradición o no a España

Hechos

  • El 24 de marzo de 1999 la cámara de los Lores ratificó el fallo de seis contra uno a favor de que Augusto Pinochet Ugarte no tenía inmunidad para ser extraditado a España.
  • El 8 de octubre de 1999 el Tribunal de Bown Street ratificó que Augusto Pinochet podía ser extraditado a España salvo que por motivos de salud no estuviera capacitado para ser juzgado.

Lecturas

El Presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle reiteró su petición de que Augusto Pinochet Ugarte fuera devuelto a Chile antes de que finalizara su mandato amparándose en su delicado estado de Salud, porque ‘no estaba mentalmente capacitado para ser juzgado en España’.

La ex primera ministra británica escenificó su apoyo a Augusto Pinochet el 26 de marzo de 1999 viajando personalmente a la casa británica donde estaba retenido y la recordó el apoyo que Chile prestó a Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas contra Argentina. Thatcher denunció que Pinochet era víctima de una conspiración izquierdista de españoles, ingleses y chilenos y que el caso Pinochet debía ser resuelto por los tribunales de Chile no por los de Reino Unido ni por los de España.

Partidarios y detractores de Pinochet se manifestaron ante la casa en la que estaba retenido el ex dictador de Chile en Reino Unido. Entre los partidarios la artista y panelista Patricia Maldonado, que ya respaldó a Pinochet en el referendum de 1988 y al contrario que otros artistas mantenía su fidelidad al mandatario.

Es al ministro de Interior británico, Jack Straw, al que le corresponde decidir si aceptar si Pinochet está capacitado mentalmente para ser juzgado en España, o no lo está y debe volver al Reino Unido.

25 Marzo 1999

La jaula de oro

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

Leer

EL AVIÓN militar chileno volverá vacío a Santiago y Pinochet permanecerá todavía una larga temporada en Londres si no hay algún imprevisto. Ésta es la consecuencia más inmediata de la sentencia de los jueces lores que niega al dictador chileno, por un contundente seis a uno, la inmunidad soberana que reclamaba. La segunda es que podría ser extraditado a España. El efecto de mayor calado, sin embargo, es un chorro de aire fresco en un languideciente derecho internacional que ha hecho del caso Pinochet la prueba de fuego sobre la inmunidad / impunidad de los gobernantes por las atrocidades cometidas en el ejercicio de su cargo. En Londres se abrió ayer la puerta a una justicia universal que deberá culminar en un Tribunal Penal internacional.Pinochet sigue preso y sujeto a un procedimiento de extradición. En su inapelable fallo, los jueces consideran que el dictador sólo podrá ser juzgado en España por delitos de torturas cometidos después del 29 de septiembre de 1988, cuando el Reino Unido incorporó a su sistema legal la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Esto le exime de responder por la mayoría de las violaciones de derechos humanos que le imputa el juez Garzón por hechos cometidos entre 1973 y 1990. Pero si acaba siendo juzgado por algunos delitos será difícil que la ominosa sombra de todos los demás deje de planear sobre el proceso.

El proceso contra Pinochet, arrestado el 16 de octubre pasado en Londres, entra en una nueva fase cuya resolución puede llevar muchos meses. A partir del 6 de abril se iniciará el procedimiento de extradición, donde defensa y acusación volverán a exponer sus argumentos y tendrán la facultad de apelar la sentencia. Será finalmente el ministro del Interior británico el que tenga en su mano la decisión final sobre si el dictador chileno debe someterse o no a la justicia española. Sea cual fuere el desenlace, Pinochet ya ha sido moralmente juzgado y ya no podrá exhibir su arrogancia característica. Ni su lobby thatcherista ni la intercesión vaticana han podido evitar un fallo que da carpetazo a la impunidad de los déspotas. La resolución de los lores ha de servir para que Chile, al margen de las amenazas de su cúpula militar, piense en Pinochet como una tenebrosa página del pasado. Se ha comenzado a hacer justicia a los desaparecidos, torturados y a sus familiares. El regreso del dictador a Santiago, si se produce, ya nunca será triunfal.

08 Septiembre 1999

El general ya tiene quien le defienda

Javier Pradera

Leer

Los contactos diplomáticos emprendidos hace varias semanas por el Gobierno chileno para conseguir la aceptación por el Gobierno español de un arbitraje sobre la situación procesal de Pinochet (cuya extradición desde Gran Bretaña fue solicitada por la Audiencia Nacional y cursada por el Consejo de Ministros hace casi un año) tropezaron inicialmente con la reserva formulada por Chile, al firmar la Convención Internacional contra la Tortura de 1984, respecto al artículo 30 de su texto, regulador de esos mecanismos de arbitraje. Sin embargo, el levantamiento -el pasado 3 de septiembre- por el Gobierno chileno de esa reserva ha permitido a su ministro de Asuntos Exteriores dirigirse a su colega español para pedirle formalmente el inmediato inicio de las conversaciones sobre la materia. Parece altamente improbable, por lo demás, que Aznar acepte la solicitud chilena de confiar a un arbitraje o al Tribunal Internacional de La Haya el derecho de reconocer o de negar a España el ejercicio de la jurisdicción universal sobre los crímenes contra la humanidad en el caso Pinochet; las vísperas electorales no serían el mejor momento para adoptar una medida conflictiva con el Poder Judicial y ofensiva para la mayoría de la opinión publica. Entre tanto, los abogados españoles designados por Pinochet para cuidar de sus intereses han solicitado -con el entusiasta respaldo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional- la personación de su cliente en el sumario; los letrados tratan de hacer compatible esa pretensión con el simultáneo rechazo de la jurisdicción española sobre el caso. La respuesta dada por el juez Garzón a esa petición de la defensa privada y de la acusación pública ha sido emplazar a Pinochet para que se presente en Madrid a fin de ratificar el escrito de designación de abogados y de personación en la causa. Aun siendo cierto que el derecho a la defensa de los acusados no implica el deber de los letrados de ponerse al servicio de cualquier cliente (salvo las designaciones de oficio), tampoco los usos del foro exigen la identificación ideológica o la empatía personal entre el procesado y su abogado; Stampa Braun, por ejemplo, es un auténtico todoterreno en los tribunales: antes de hacerse cargo de los intereses de Pinochet, este veterano abogado, que intervino ya en el caso Sofico el caso Reace, ha defendido a Tejero en la Operación Galaxia, a Rafael Escudero en el caso Urquijo, a Pérez Escolar en el caso Banesto, a Sancristóbal en el caso Marey y a los narcotraficantes del barco Tammsaare.

La complejidad jurídica del caso Pinochet ofrece a los defensores del dictador excelentes oportunidades para buscar argumentos técnico-jurídicos favorables a su cliente dentro de los intersticios del derecho internacional y de las normativas española y británica. Pero las falacias ideológico-políticas aducidas por los abogados de Pinochet para minimizar los millares de asesinatos perpetrados bajo su mandato (los millones de víctimas de Hitler, el coste comparativamente mayor de una hipotética guerra civil y el hecho de que los muertos no fueran judíos europeos sino rojos chilenos) resulta lacerante para su memoria. El fiscal general del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional tuvieron ya ocasión de comprobar los contraproducentes efectos de sus torpes tentativas de defender a las dictaduras del Cono Sur con el inverosímil argumento de que no se proponían subvertir el orden constitucional sino sólo subsanar temporalmente sus defectos.

Aleccionado tal vez por esa experiencia, Ignacio Gordillo, miembro destacado del equipo de fiscales indomables de la Audiencia Nacional capitaneado por Fungairiño, advierte a sus lectores (La Razón, 31-8-1999) que «nadie puede estar a favor de Pinochet si es cierto que por acción u omisión» conculcó los derechos humanos de los chilenos durante su mandato; este arcángel flamígero de la acusación pública pone en guardia, sin embargo, contra los innominados adversarios del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales que pretendan negarle a Pinochet la presunción de inocencia, el derecho al juez natural, el principio de territorialidad de la ley penal, la prescripción de los delitos, la inmunidad como senador vitalicio y la inviolabilidad como antiguo Jefe de Estado. Tal vez el sanguinario dictador lamente que la pertenencia de Gordillo a la carrera fiscal le impida incorporarse oficialmente al equipo de abogados a su servicio.

09 Octubre 1999

Extraditable

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

Leer

PINOCHET no es inmune y es extraditable a España: queda por lograr que sus crímenes no queden impunes. Después de que los jueces de la Cámara de los Lores rechazaran la inmunidad del actual senador vitalicio, el juez Bartle, de Londres, dio ayer un paso más al confirmar que el dictador, detenido hace casi un año en Londres a instancias del juez Garzón, es extraditable a España para responder de 34 acusaciones de tortura y una de conspiración para la tortura. Acaben como acaben los recursos, o la eventual decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, sobre la extradición, Pinochet se está quedando cada día más desnudo frente a la justicia: algo que debe satisfacer a la gente de bien. Parafraseando al juez Bartle, el caso Pinochet presagia el día en que haya una sola ley para un solo mundo contra los dictadores criminales.La sentencia es satisfactoria para los demócratas porque abre el campo de las acusaciones por tortura no sólo a quienes las sufrieron directamente, sino también a los familiares de los desaparecidos. La función de este juez era pronunciarse sobre la demanda de extradición, limitada por los lores a los delitos de tortura y conspiración para la tortura cometidos desde diciembre de 1988, en las postrimerías del régimen pinochetista, y no sobre la culpabilidad del acusado, que tendrán que determinar los tribunales. Pinochet no parece comprenderlo cuando afirma que «España no ha producido ninguna prueba» que demuestre su culpabilidad. De momento, es sólo un acusado. Pero nada inocente.

El juez Bartle se ha limitado a lo que era su función: considerar si había base legal para recomendar al ministro del Interior la extradición de Pinochet por las acusaciones de tortura y conspiración para la tortura. Ha constatado que son delitos tanto en España como en el Reino Unido y que la Convención contra la Tortura es de aplicación universal. Al hacerlo, ha dado credibilidad al criterio de la Audiencia Nacional, donde se inició este caso, confiando plenamente en los jueces españoles. Lo contrario que la Fiscalía del Estado español y de la Audiencia Nacional, una vez más abochornados por la realidad.

Mientras todo esto sucede, seguimos sin saber lo que piensa al respecto el Gobierno español, que -como casi siempre- pretende quedar bien con todos y, sobre todo, no perder un solo voto con el caso, aunque para ello tenga que escurrir el bulto hasta el ridículo. Conocemos lo que piensa Margaret Tahtcher, pues lo ha dicho en público, haciéndole un flaco favor a su amigo. Conocemos las tesis políticamente incorrectas, aunque razonadas, de Felipe González, contrarias a la extradición por motivos políticos. De lo que opina Aznar, su Gobierno o el PP, lo ignoramos todo, aunque podamos suponerlo a través de las opiniones del ministerio fiscal. Sus portavoces se limitan a glosar su «neutralidad y respeto» ante las decisiones de los jueces británicos, mientras todos los demás partidos nacionales y varios gobiernos extranjeros -entre ellos el finlandés, presidente de turno del Consejo de la UE- han expresado sus valoraciones positivas sobre el fallo de ayer. Se trata de los derechos humanos.

Es natural que el Ejecutivo sea cauto para preservar las relaciones con Chile, que, es de esperar, mejorarán una vez se supere este caso. Pero no que con disimulo y doblez, por medio de la fiscalía, utilizando a emisarios diplomáticos para transmitir confusión a los jueces británicos o presionando a Straw para que deje eventualmente a Pinochet regresar a Chile por motivos humanitarios, intente zapar la labor de los jueces españoles que han abierto un nuevo camino. Aunque le pese a Piqué, este caso no es el de Garzón, sino el del «Reino de España contra Augusto Pinochet Ugarte».

Varios caminos están ahora abiertos. Pinochet puede recurrir y que el caso vuelva eventualmente ante los lores que actúan como tribunal supremo en el sistema inglés, lo que garantiza largos meses de permanencia en Londres al general de 83 años. El recurso al Tribunal de La Haya también resultaría un camino incierto y probablemente largo. Es del todo improbable que renuncie a recurrir la sentencia del juez Bartle a la espera de que el ministro del Interior, Jack Straw, deniegue la extradición por motivos de salud y le autorice a regresar a Chile. Las declaraciones de Blair contra Pinochet no parecen favorecer tal clemencia. Entre otras posibilidades, podría el Gobierno chileno solicitar a su vez la extradición de Pinochet -lo que tendría precedencia sobre cualquier otra demanda- para juzgarle allí, aunque, hoy por hoy, resulte inconcebible. En todo caso, probablemente hoy todos sus semejantes en el mundo se sentirán menos impunes y dormirán menos tranquilos.