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Ley Sinde: La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde promueve una nueva regulación contra la piratería a través de descargas ilegales en Internet

HECHOS

El 22 de diciembre de 2010 el Congreso rechazó el primer proyecto de la llamada Ley Sinde sobre la defensa de la propiedad intelectual en Internet, que fue aprobada por el Congreso en una segunda votación en enero de 2011.

El diario PÚBLICO, que se presentaba como el diario más cercano a Internet y en el mundo digital fue también el que más respaldo la ‘Ley Sinde’ por su línea editorial afín al Gobierno Zapatero, lo que le obligó a hacer portadas en favor de la Ley tratando de tranquilizar a quienes la consideraban una ley cercenadora de libertad.

22 Diciembre 2010

Golpe mortal

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

El Gobierno fracasa con la 'ley Sinde', que busca defender la propiedad intelectual en la Red

La llamada ley Sinde no consiguió ayer en el Congreso, tras un acalorado debate y múltiples negociaciones, el apoyo suficiente para cerrar su tortuoso recorrido, durante el cual se han ido dañando los argumentos de quienes la apoyan tal y como está concebida. Colocarla encapsulada en una disposición adicional dentro de la Ley de Economía Sostenible pareció, de entrada, una operación de enmascaramiento. Y es difícil explicar tanta prisa y atropellamiento cuando el debate y el problema llevan abiertos mucho tiempo.

Cabe pensar que las reiteradas broncas de las autoridades norteamericanas sobre la desprotección española ante la llamada piratería, y las gestiones diplomáticas desveladas con los papeles de Wikileaks, apremiaron al Gobierno, que tiene entretenida desde hace excesivo tiempo una reforma a fondo de la Ley de Propiedad Intelectual en el contexto de la sociedad digital.

El planteamiento del Ejecutivo era claro. No perseguir al internauta que realiza la descarga o disfruta en línea del contenido protegido, como sucede en Francia, sino al sitio que lo facilita. Indudablemente, la propiedad intelectual merece protección dentro y fuera de Internet. Pero la industria quiere evitar que Internet sea una herramienta de vulneración de tales derechos y quiere que se haga exclusivamente con leyes, algo que si falta capacidad de convicción no conseguirá el objetivo que buscan. Se puede cerrar webs, pero los circuitos alternativos son muchos y difíciles de cortocircuitar solo con una ley. La industria no puede pretender poner cerrojos en Internet y mantener a la vez su modelo de negocio sin tener en cuenta los cambios que se han producido.

La ley tiene dos puntos conflictivos. Uno es la desconocida composición de la Comisión, dependiente del Ministerio de Cultura, que debe examinar las denuncias presentadas por los titulares de los derechos de autor y, en su caso, tramitar el procedimiento ante la Audiencia Nacional. El segundo es el papel reservado a la Audiencia Nacional, cuyos jueces deberán resolver en cuatro días si procede el cierre de la web acusada. El juez no debe entrar en el fondo de la cuestión, sólo contemplar si la medida afecta a derechos fundamentales. Es decir, el análisis judicial del caso se pospone a la decisión posterior de otros tribunales por la vía del recurso, cuando el sitio denunciado ya ha sido cerrado. Cualquier decisión por parte de los tribunales ordinarios que se opusiera al cierre avalado por la Audiencia Nacional conllevaría una rectificación tardía y difícil de evaluar.

No tiene defensa posible un Internet libre en el que quepan conductas delictivas. El ciberespacio no debe ser ajeno al Estado de derecho, y quienes lo vulneran no pueden tener patente de corso. Pero a la vez hay que asegurar una definición clara de los supuestos perseguibles, una graduación de las sanciones acorde con la gravedad de la infracción, y un proceso con garantías cuando lo que está en juego es el cierre definitivo de un sitio.

23 Diciembre 2010

¡Viva la piratería!

Isabel San Sebastián

PARA una propuesta aceptable que envía el Gobierno al Congreso, van los diputados y la tumban, no porque fuera injusta, innecesaria o contraproducente, como tantas otras, sino por impopular. ¡Todo un alarde de coraje por parte de sus señorías!

Trataba el texto en cuestión, conocido como ley Sinde, de poner coto a las descargas ilegales en internet, que son las más habituales. Y es que está profundamente arraigada entre una parte considerable de los cibernautas la convicción de que todo lo que circula por la red ha de ser gratuito, por el mero hecho de ser accesible. A eso le llaman «libertad», en una demostración flagrante de lo equívoco que puede resultar ese concepto para quien no sustenta su defensa en una reflexión profunda sobre su significado. Pues bien, como sucede que hay muchos más consumidores de cultura que creadores (me refiero a los auténticos, no a los que viven de la subvención pública), las voces que reclaman impunidad para quienes roben música, literatura o cine superan con creces a aquellas que exigen terminar de una vez por todas con la piratería. Y la aritmética electoral, la dictadura de la demoscopia que rige en gran medida el quehacer de los partidos políticos, ha inclinado la balanza del lado de la conveniencia cortoplacista y cobarde.

Hay que agradecer a la ministra que al menos lo haya intentado, aunque le cueste el puesto. Dado el desenlace de esta votación, sugiero a los grupos que han optado por el no que incluyan en sus programas las medidas necesarias para que a partir de ahora los coches sean fabricados sin cerradura a fin de que puedan ser utilizados por el primero que los pille, los escaparates de los comercios den directamente a la calle, sin cristal de por medio, y desaparezcan las cajas de los supermercados. ¿Por qué vamos a pagar por aquello que está a nuestro alcance? ¡Viva la libertad! ¡Abajo la censura!

Un mundo sin escritores, ni músicos ni artistas. Un mundo carente de información digna de ese nombre, porque la ocurrencia bloguera está a un paso de suplantar al verdadero periodismo, en virtud del mismo falso principio de gratuidad democrática, será sin duda mucho más habitable. Ahora bien, yo les digo a los señores del PP, PNV, CiU, CC, IU y compañía, lo mismo que el Gallo a la locomotora que silbaba a su lado en la estación de Atocha: «Esos cojones, en Despeñaperros». Quiero la misma firmeza para rechazar, en nombre de la democracia, los incontables privilegios de los que gozan ustedes en materia de pensiones, viajes, vacaciones y demás prebendas.

04 Enero 2011

La protección cultural, beneficiosa para todos

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

NUNCA se han consumido tanto cine, literatura y música como en la actualidad y, sin embargo, las industrias culturales sufren una crisis agónica provocada, en gran medida, por la piratería. La transformación tecnológica puede ser muy beneficiosa para todos, especialmente para los usuarios. Pero ello obliga tanto a las industrias a reinventarse como a los poderes públicos a garantizar la máxima protección de la propiedad intelectual y de los bienes culturales. EEUU es hoy el paradigma de país que sabe lo importante que es la cultura -también en la economía- y sus leyes protegen los derechos de autor, con especial atención a internet. Como hoy publicamos, en EEUU se han desplomado las ventas de DVDs en soporte físico, pero han crecido espectacularmente las ventas de cine a través de páginas de streaming legal, un sistema que en España aún es casi inexistente. Vale el ejemplo para insistir en la necesidad de que PSOE y PP se pongan de acuerdo y aprueben en el Senado una norma como la Ley Sinde que busca algo tan justo y necesario como garantizar el derecho a la propiedad intelectual.

26 Enero 2011

Conflicto abierto

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

Aprobar la 'ley Sinde' es una buena noticia, aunque por sí sola no solucionará el problema

Los poderes públicos están obligados a defender la propiedad intelectual y, desde ese punto de vista, la aprobación in extremis de la llamada ley Sinde es una buena noticia. Haber terminado la legislatura sin una norma que pusiera coto a la apropiación indebida de obras ajenas habría sido una mala señal. El acuerdo suscrito entre el PSOE, el PP y CiU ha logrado desatascar una norma necesaria que posiblemente no sea capaz de resolver los problemas que han convertido a España en el país campeón de las descargas ilegales, pero que lanza un balón de oxígeno a la industria cultural y un mensaje nítido a aquellos que todavía defienden con cierta demagogia un Internet libre y gratuito.

La actitud del PP, rechazando la norma para después en el Senado aceptarla con un par de cambios, ha complicado el tortuoso trámite de esta ley, lo que va a ser un peaje que pesará penosamente sobre la misma. En su favor está el haber forzado al Gobierno a buscar una fórmula más garantista. Con la enmienda consensuada, el juez deberá intervenir para identificar a los prestadores de los servicios y después para ordenar el cierre de la página web perseguida. La norma que rechazó el Congreso y ahora se ha aprobado en el Senado daba, sin embargo, poder a una comisión ministerial para investigar una web sin tutela judicial. El Gobierno, además, se ha comprometido a revisar el canon digital, lo que no deja de ser redundante, dado que la reciente sentencia del Tribunal Europeo le obligaba a corregirlo eximiendo a las empresas y Administraciones que no adquieren los aparatos sometidos al canon para la copia privada. El punto que despierta más controversia es el que establece que estas medidas se podrán adoptar cuando la prestación de un servicio «haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial». Esta actuación preventiva ya ha motivado que se anuncien recursos ante el Constitucional, lo que indica que la ley Sinde no cierra el conflicto.

Internet no es un espacio sin ley. No debe serlo. Pero las medidas aisladas no son suficientes para evitar las descargas y modificar los comportamientos. La Unión Europea sostiene que hay que revisar el sistema de licencias de uso de las obras y procurar la transparencia de las gestoras de los derechos de autor. Leyes similares en otros países a la ahora aprobada están provocando la migración de los internautas a sistemas diferentes al del intercambio de archivos P2P, los directamente vigilados.

Los problemas de adaptación de la industria a la nueva realidad digital eran acreedores de un debate social más amplio y una tramitación legal global y coherente. Una revisión profunda de la Ley de Propiedad Intelectual habría sido más adecuada para, además, perseguir las descargas ilegales. En su lugar, el Gobierno optó por una disposición final en la Ley de Economía Sostenible, la ley Sinde, que ha acabado por agudizar la polarización existente en torno a este asunto.

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