7 febrero 1999

Ante la inminencia de unas elecciones municipales: el acto parece tener una clara intención electoralista

Los alcaldes del PNV, EA y Herri Batasuna constituyen una «Asamblea de Ayuntamientos Vascos» por la independencia

Hechos

El 6.02.1999 se celebró la asamblea de cargos electos vascos, constituida ayer en Pamplona, apoyada por el PNV, EA y EH.

Lecturas

1999_6_2_odonelorza D. Odón Elorza, alcalde de San Sebastián (Donosti) uno de los ayuntamientos más importantes de Euskadi y una de las tres capitales de provincia del País Vasco, rechazó asistir a la asamblea por considerar que era una asamblea excluyente de los partidos nacionalistas. El Sr. Elorza es miembro del PSE-EE-PSOE.

07 Febrero 1999

Vértigo nacionalista

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La asamblea de cargos electos vascos, constituida ayer en Pamplona, aspira a convertir Euskal Herria en un Estado más de la Unión Europea, como adelantó hace algunas semanas el portavoz del PNV, Joseba Egibar, que incluso puso fecha al evento: dentro de cuatro años. No eran exagerados, pues, los temores expresados por dirigentes del PP, PSOE e IU ante el desafío institucional implícito en esa propuesta originaria de Euskal Herritarrok (EH) asumida luego por los otros partidos nacionalistas. Estos se han esforzado últimamente en relativizar el alcance de la iniciativa, sosteniendo que no se trata de una alternativa a las actuales instituciones autonómicas, pero los hechos no van en esa dirección. Tanto la declaración conjunta de la asamblea como el sentido de su convocatoria ponen de relieve planteamientos que desbordan claramente el marco autonómico, a lo que EH agrega una pretensión constituyente. Se trata, como se afirma en la declaración conjunta redactada al final de la asamblea de ayer, de «proyectar en el ámbito internacional la existencia de Euskal Herria como nación propia y diferenciada y su voluntad como tal de actuar en la futura configuración europea y sus instituciones».Cuando se sabe que HB lleva años intentando formalizar algún foro alternativo a los que creó el Estatuto de Gernika, la participación del PNV y EA supone una contribución inequívoca a un proyecto de deslegitimación de la autonomía realmente existente. Esa presencia tiene un significado político por sí misma, con independencia de la justificación subjetiva que se alegue. Se trata, por lo demás, de una entre varias actuaciones tendentes a mantener la unidad nacionalista forjada en Lizarra. Una iniciativa que Arzalluz presenta bajo el bienintencionado propósito de aportar «los elementos políticos que necesitan ETA y el MLNV para pasar de la lucha armada a la vía política, sin saltarnos la legalidad». Pero en aras de ese objetivo el nacionalismo democrático ha ido cediendo terreno permanentemente, sin haber conseguido hasta ahora de EH ni siquiera la mínima contrapartida de una censura de los actos de violencia que se siguen produciendo; y mucho menos de las amenazas directas de ETA a empresarios y periodistas.

Desde el nacionalismo hay explicaciones para todo: no es razonable esperar que quienes están acostumbrados a imponerse por la fuerza y a financiarse mediante la extorsión pasen sin más a las vías políticas; necesitan tiempo; incluso es mejor ir poco a poco para evitar que desde sectores juveniles surjan disidencias. Puede entenderse que, para arrancar el compromiso de la tregua y tratar de atraer a los violentos al campo democrático, PNV y EA pusieran el acento en lo que les une al radicalismo: la defensa de la nación vasca. Lo que no tiene justificación posible es que en aras del mantenimiento de la unidad nacionalista, ambos partidos estén renunciando a sus compromisos democráticos: reconocimiento del pluralismo, respeto a las reglas del juego parlamentario, condena de la violencia como método para imponer cualquier programa político. Por lo que se ha visto hasta ahora son los demócratas quienes parecen dispuestos a hacer continuas concesiones mientras los violentos imponen su estrategia.

El foro creado ayer en Pamplona nada tiene que ver con los sistemas parlamentarios que se sostienen sobre el principio de un hombre, un voto. Conceder el mismo valor representativo al concejal de un pequeño pueblo elegido por unas decenas de votos y al de una gran ciudad que necesita el apoyo de varios miles es un intento antidemocrático de hacer prevalecer la mayoría nacionalista en las poblaciones rurales frente a su declive en las grandes áreas urbanas. Así, los nacionalistas pueden exhibir a 196 alcaldes en los 253 ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca, pero su mayoría se ha reducido en las últimas elecciones hasta un estrecho 54,5%. Y se convierte en minoría clamorosa si se suman, como pretenden ellos mismos, los territorios de Navarra y el País Vasco francés.

El espejismo que tratan de montar los nacionalistas con su asamblea de Pamplona ni siquiera ha ocultado su debilidad en el terreno de juego al que tratan de llevar este partido. En la reunión de ayer no estuvieron representados el 90% de los municipios navarros y vasco-franceses; tampoco los de Vitoria y San Sebastián; y si lo estuvo Bilbao fue a pesar de la opinión contraria de la mitad de sus 26 concejales. El PNV tendrá que explicar a sus propios seguidores cómo hace compatible un foro de esta naturaleza con su reiterado compromiso con las reglas democráticas. ¿O es que ha rescatado de sus ancestros carlistas el antiguo enfrentamiento del campo contra la ciudad?