Los diputados vascos del Congreso de Madrid aprueban el ‘Estatuto de Guernica’: el primer Estatuto de Autonomía del País Vasco consensuado entre PNV, PSOE, UCD y Euskadiko Ezkerra

LA APROBACION del proyecto de Estatuto para Euskadi, que verosímilmente alcanzará la aprobación en las Cortes y entre el propio pueblo vasco en las próximas semanas, supone una auténtica ruptura en la tradición del Estado español, centralista aproximativo desde el siglo XVI y muy claramente desde principios del siglo XVIII, con muy breves paréntesis. España aborda ahora el tema de la autonomía de manera rigurosa y explorando los límites hasta los que es posible llegar, teniendo en cuenta esta tradición y admitiendo al mismo tiempo el principio de cesiones reales de poder, sin el que cualquier autonomía se convierte en una mera descentralización.Ya hay prácticamente Estatuto en el País Vasco; desde el punto de vista político, y siendo las que son las condiciones reales de convivencia entre el País Vasco y el resto de España, los analistas dados a formulaciones espectaculares podrían señalar que se ha firmado la paz. Expresión indudablemente eficaz, pero que simplifica lo real. El pueblo vasco no ha estado ni está en guerra con España -dígamoslo así, pues así lo ha querido expresar demagógicamente Telesforo Monzón-; las fuerzas políticas democráticamente representativas de cerca del 90% del electorado vasco no solamente han aprobado el texto final del Estatuto de Guernica, sino que se han acercado al problema con espíritu de diálogo y negociación. El pueblo vasco de Euskadi Sur ha estado siempre integrado en la comunidad española, y lo estará en el futuro, con sus peculiaridades, sus derechos y sus compromisos.

Desde el principio, el PNV declaró que la redacción del Estatuto de Guernica se había efectuado teniendo en cuenta el texto de la Constitución y de acuerdo con ella, Si alguien tuvo alguna duda de este espíritu negociador, el resultado al que se ha llegado ha dado la razón al PNV.

Es precisamente en la voluntad de diálogo nada explícita, por encima del propio texto estatutario, donde reside el significado político más elemental del Estatuto de Guernica y sus posibilidades de futuro. De hecho, todas las fuerzas políticas vascas, excepto una, así lo han aceptado. Y en la que resta, la coalición Herri Batasuna, entre cuyos militantes la simpatía por las posiciones de ETA militar es mayoritaria, la aprobación del proyecto de Estatuto ha provocado una división y una perturbación en su tradicional monolitismo antiespañol, que marca¡ el alcance profundamente político de la operación. Estas disensiones en Herri Batasuna muestran que el aislamiento de las posiciones terroristas -que señalábamos en esta misma página la mañana siguiente a la aprobación del Estatuto- puede haber comenzado a producirse ya.

En estos dos datos -el reconocimiento solemne de la autonomía y el aislamiento político de los terroristas- reside precisamente la esperanza que el Estatuto de Guernica ha despertado. Pero también sería engañarse si no se atiende al propio texto estatutario, que, si bien va mucho más allá de lo que iría cualquier simple operación de, descentralización administrativa, nada tiene que ver con un proyecto independentista, o con una posible federación entre Estados. Euskadi, conforme reza el Estatuto, es una nacionalidad autónoma dentro del Estado español. Eso es todo, y no es precisamente poco, y desde ese punto de vista debe ser entendido el acuerdo.

El texto final aprobado lleva la marca del método seguido para su aprobación: la del consenso negociado entre UCD y el PNV. Esta misma marca, este mismo sello consensual es el que lleva grabado en su frente la propia Constitución española. El resultado es una cierta ambigüedad, que, si es algo desconcertante en el terreno teórico, es más que útil a la hora de la praxis política, se la mire por donde se la mire. Se han recogido todas las aspiraciones y reivindicaciones inscritas en el primer texto del PNV, artículo por artículo y tema por tema, pero se sitúa la autonomía en su debido lugar: en el marco de la Constitución española. Todos los puntos difíciles: enseñanza, justicia, orden público o conciertos económicos, llevan este apéndice, en el que se reconoce que la Constitución prima sobre el Estatuto, porque precisamente éste nace de aquélla. Pero ni una sola de las aspiraciones nacionalistas se ha visto desfigurada. Ello hace suponer que la discusión en Cortes del texto no aportará nada fundamental al mismo. Los socialistas pueden sucumbir a la tentación de pretender adquirir un protagonismo que han perdido en el caso vasco. Pensamos que sería un error. El PNV es el partido clave en esta cuestión y querer modificar sustancialmente el documento pactado introduciría un serio escollo en el proceso de normalización en el País Vasco.

Ahora han de plantearse sin duda conflictos de aplicación. La práctica del Estatuto es clave para saber cuál será su futuro: pero nada ha de salir mal, habida cuenta de la voluntad negociadora y de diálogo político mostrados por las fuerzas autonómicas vascas y los representantes del Gobierno. Que el Estatuto de Guernica funcione en la práctica es el interés no sólo de las fuerzas vascas que le han dado su apoyo, sino del Gobierno y del Estado español. Es el interés general de todos.

Por lo demás, el Estatuto ha resuelto razonablemente bien los contenciosos fundamentales que tenía planteados. Tanto en los conciertos económicos como en la enseñanza y la cuestión de las policías autónomas se ha llegado a una solución aceptable que respeta y garantiza las particularidades del autogobierno vasco, manteniendo la unidad necesaria a nivel del Estado y eliminando cualquier sospecha de trato privilegiado. Hay que decir, no obstante, que es precisamente en los conciertos económicos donde el PNV parece haber obtenido mayores concesiones en la negociación, lo que sin duda puede servir también de elemento animador de la economía y las inversiones en Euskadi en los próximos meses.

El Estatuto, en fin, demuestra que la vía política, la nogociación y el diálogo son los adecuados, en una sociedad civilizada y moderna, para la consecución de cualquier tipo de objetivos. La acción armada de ETA y el bandolerismo político que ha asolado Euskadi en los últimos meses no sólo no ha impulsado las posibilidades de negociación, sino que contribuyó a enrarecer el ambiente de ésta, al tiempo que ha venido a poner en peligro todo el proceso de institucionalización de libertades en España. La declaración de algunos líderes vascos sobre el cuidado que tuvieron en no calificar de asesinos a los asesinos de ETA durante las conversaciones de la Moncloa es a este respecto irrelevante. Las peticiones de amnistía o de trato diferenciado para los presos de Soria deben ser contempladas desde el prisma del Derecho y de la seguridad del Estado democrático. La democracia ha comenzado en Euskadi al tiempo que en el resto de España y las metralletas etarras han amenazado y amenazan de continuo a la vida, las propiedades, la seguridad y la libertad de los ciudadanos. El PNV debe ser consciente de ello y reclamar para todo delincuente un juicio justo, una posibilidad de defensa y una sentencia ejemplar. Lo contrario sería templar la cuerda de los despropósitos y poner en peligro irresponsable y maliciosamente no la autonomía de Euskadi, sino la libertad de todos. La satisfacción y la alegría que embarga a todo buen demócrata por la consecución de un acuerdo en el terreno del Estatuto no debe ser empañada con peticiones accesorias, emocional y humanamente comprensibles, pero moral y políticamente rechazables, de libertad o amnistía sin juicio previo para aquellos que previsiblemente no respetaron ni siquiera el más elemental de los derechos del hombre: el derecho a la vida.

La aprobación por la ponencia constitucional del Estatuto vasco, se ha producido casi en vísperas del aniversario de uno de los hechos más significativos de la historia vasca contemporánea: la abolición de los Fueros, sancionada por ley de 21 de julio de 1876. Ambos acontecimientos -aprobación del Estatuto, abolición foral- pueden reputarse con toda propiedad como históricos: en ellos pueden verse los dos extremos del arco que forma aquella historia. La abolición de los Fueros abrió la cuestión vascongada; la aprobación del Estatuto puede zanjarla definitivamente.

Esa relación bastaría para justificar estas líneas. Pero hay más, porque el Estatuto que se ha aprobado estos días ha sido concebido de manera que la futura autonomía vasca enlace con la vieja y entrañable tradición foral de la región vascongada y reciba de ella, por tanto, una sustancial y necesaria legitimidad histórica.

Podría decirse en cierta forma que el Estatuto de autonomía de 1979 viene a significar una actualización del régimen foral vasco. Al menos, no puede negarse que se ha hecho un esfuerzo considerable por llenar, en muchos casos, de espíritu foral la letra del nuevo régimen autonómico. Ese esfuerzo es, igualmente, palpable en la reorganización de la administración provincial del País Vasco, efectuada recientemente. Este mismo año se han restablecido las Juntas Generales y las diputaciones forales, instituciones capitales del sistema foralista, suprimidas en 1877. La Constitución actual es la primera Constitución española que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, y con ella han quedado derogadas, además, las distintas leyes abolitorias de Fueros, entre ellas precisamente la de 21 de julio de 1876.

Autonomía y foralidad

Ese mismo espíritu late en el Estatuto de Guernica, nombre evocador, asiento de las Juntas de Vizcaya y solar símbolo por antonomasia de los Fueros vascos. El régimen de conciertos económicos se fundamenta en el régimen foral, que reconocía a las provincias vascas el derecho a concertar con la Corona sus contribuciones a la Hacienda real. Él Estatuto respeta escrupulosamente los órganos forales de los «territorios históricos»-, esto es, de las provincias vascongadas, y sus regímenes privativos. Incluso, y de acuerdo con la tradición fuerista, atribuye a las diputaciones forales de cada provincia la gestión de los conciertos y acuerda que el Parlamento vasco esté integrado por un número igual de representantes de cada territorio histórico. Un criterio rígido de representación proporcional hubiera sido, ciertamente, antiforal.

De manera que autonomía y foralidad han venido a conjugarse -yo espero que felizmente- en este texto autonómico que tantas puertas a la esperanza ha abierto en el País Vasco. Y es que casi no podía haber sido de otro modo. La reintegración foral ha sido anhelo constante de una gran mayoría de vascos desde 1876 y aún antes, ya que el desmantelamiento de los Fueros comenzó en 1837. Y se comprende. Los Fueros fueron mucho más que un régimen administrativo o político o institucional: fueron la cristalización de la personalidad histórica del pueblo vasco. Y es así como éste lo percibió casi unánimemente. Monárquicos liberales y conservadores, carlistas, nacionalistas, republicanos y demócratas vascos han coincidido quizá en una sola cosa: en la necesidad de devolver a su región, actualizándolo, el régimen por el que aquélla se administró desde la Edad Media hasta el pasado siglo.

Podría decirse que de esa confluencia de tendencias ha surgido la actual concepción estatutista. De la antigua y múltiple tradición fuerista arranca el reconocimiento de la existencia histórica de un régimen privativo vascongado respetado hasta 1876 por todos los reyes españoles; de la tradición federalista nace la concepción democrática de la autonomía; del nacionalismo proviene la idea de la afirmación de la nacionalidad vasca. Creo, sinceramente, que quienes participan de las ideas de alguna de esas tendencias las verán traducidas en el texto autonómico de Guernica. Y creo, igualmente, que ese carácter integrador, sintético del presente Estatuto, es lo que ha permitido que, por primera vez en su historia, se haya logrado un acuerdo básico y fundamental.

Ilusionadas expectativas

No sé si se ha subrayado suficientemente lo que han revelado las negociaciones de los últimos días. Se han venido abajo estereotipos, falsos y recelos absurdos alimentados por prejuicios torpes e incomprensiones injustificadas. Los vascos han visto el respeto y la comprensión que sus aspiraciones tienen en una España que quiere conjugar la unidad de su realidad nacional con la afirmación de la identidad de los pueblos que la integran. Muchos han descubierto el talante negociador, la voluntad dialogante, el deseo de concordia de los vascos. La esencia del Fuero es el pacto: la reivindicación histórica de las provincias vascongadas no ha sido otra que la adecuación de su régimen histórico a un ordenamiento constitucional moderno mediante la negociación y el pacto entre sus representantes y los responsables de la Administración del Estado.

Cabría decir que acabamos de lograr una reintegración foral por vía estatutaria. Para quien, como el que esto escribe, proviene de una antigua tradición fuerista, la solución dada al pleito vasco está cargada de ilusionadas expectativas. Esa solución no es un producto ideológico ni un expediente doctrinario y exótico. Es una solución plenamente arraigada en la mejor tradición vascongada. En términos forales, sería lícito decir que se han restaurado, finalmente, las libertades vascongadas, aquellas libertades de las que alguien dijo, en 1839, que eran las últimas libertades españolas, y que eran, además, ley fundamental de nuestra Monarquía.