Nuevo cañonazo del Gobierno Kirchner al Grupo Clarín y también a La Nación: pretende derogar la obtención de Papel Prensa

Después de su derrota en las elecciones legislativas del año pasado, el Gobierno nacional desestimó todo cauce autocrítico. En cambio, se abroqueló en la errática convicción de que su descrédito ante la ciudadanía, expresado con elocuencia en las urnas, se basó en una presunta influencia negativa de los medios. Y en base a esa conclusión de escasa raigambre republicana, emparentada con modos y acciones propias de los regímenes opresivos más intensos, pasó a desarrollar una estrategia de hostilidad y persecución de aquellas voces periodísticas críticas de la gestión gubernamental. El mentor de ese plan fue y es Néstor Kirchner, con sus máximos consejeros, entre ellos el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Y el objetivo, nunca tan bien aplicado el término de reminiscencias militaristas y bélicas, ha sido y es, principalmente, el Grupo Clarín y sus medios de comunicación.
Así, se fueron sucediendo acciones combinadas, en un operativo de pinzas inédito e incesante, de los cuales fueron puntos centrales la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy impugnada ante la Justicia; la persecución y ensañamiento contra Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de la directora de Clarín; la hostilidad planificada y gradual hacia la fusión de Multicanal y Cablevisión, contraria a las decisiones del primer gobierno de Néstor Kirchner, hasta llegar a la reciente y burda maniobra de despojar a la empresa de la provisión de su servicio de Internet a través de Fibertel. Más el trofeo mayor: el apoderamiento, por cualquier medio y contra todo principio de legalidad constitucional, de los activos de Papel Prensa mediante la construcción de un relato falso de toda falsedad, faccioso y propio de una organización paragubernamental. Con el agravante de que para ello se puso en marcha todo el poder del Estado, médula de la sociedad.
El control absoluto de Papel Prensa, de la cual se viene anunciando un “informe final”, es una decisión ya tomada: el Gobierno pretende adueñarse de los activos y controlar la empresa, manejar la producción de papel nacional para la impresión de diarios y someter así al periodismo independiente hasta llevarlo a una convivencia dócil con el poder. Un esquema que hunde sus raíces en las formas más arcaicas de la política.
¿Por qué Papel Prensa es tan codiciada por un Gobierno que hace del poder una ostentación continua e ilimitada de la mera fuerza por sobre el llano Derecho? Hagamos un rápido repaso. Papel Prensa nació como respuesta a la necesidad de que el país contara con una industria nacional de fabricación de papel para diarios, el insumo básico de la prensa escrita. Los principales accionistas de la compañía son Clarín (49%), La Nación (22,49%) y el Estado nacional (27,46% directo y 0,62% de propiedad de la agencia oficial de noticias Télam). Papel Prensa es el principal proveedor de papel de diario del país y abastece el 75% del consumo nacional. El restante 25% del papel se importa sin ningún tipo de aranceles o impuestos, lo que pone a la empresa en una situación competitiva que ninguna otra industria enfrenta en el país: la de competir con los productos importados sin ningún tipo de protección.
Hasta el nacimiento de la empresa, el papel en el que se imprimían los diarios en la Argentina era importado. Los editores periodísticos dependían de importadores de papel, de las fluctuaciones del dólar y, en especial, de las restricciones a la importación que los gobiernos de turno aplicaban para controlar, presionar y en algunos casos someter a los medios escritos.

Con esa percepción de control sobre los criterios editoriales independientes de la prensa gráfica, es que hoy el Gobierno pretende adueñarse de los activos de Papel Prensa y controlar a su antojo la empresa, como parte de su obsesión por la domesticación de las voces periodísticas que no consigue avasallar o al menos estandarizar a medida de sus intereses y necesidades.
Estas, y no otras, son las razones por las que la empresa es blanco desde hace tiempo de una escalada de violencia y de intimidaciones contra sus directivos, de igual o mayor dimensión e intensidad que las amenazas y hostigamientos que sufren en el país los medios de comunicación y los periodistas en general. Es necesario remarcar que la verdadera ambición del Gobierno es manejar el abastecimiento local de papel para diarios, el cual combinado con el control de las importaciones, pondría en sus manos un decisivo poder de presión sobre los medios gráficos.
Eso explica la escalada contra Papel Prensa y sus accionistas privados, sometidos a las arbitrariedades, insultos y ramplonas prepotencias de un funcionario de rango menor como el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, apenas un vocero obediente y acrítico, la cara más grotesca del poder político. Sus conocidas y patéticas bravatas escaso favor le hacen a la cultura democrática argentina y alimentan un clima de depredación y desmerecimiento sistemático de la función de medios y periodistas, en extraña interpretación oficial de una libertad de prensa sólo entendida cuando se piensa como quieren y disponen los habitantes transitorios de la Casa Rosada.
Así, la puesta en marcha de la embestida contra Papel Prensa se sustentó en la primera acusación a la empresa de desórdenes administrativos, que nunca se pudieron demostrar. Simplemente porque no existieron ni existen. Hoy, la línea argumental más insistente del Gobierno pretende vincular la compra de las acciones de Papel Prensa con un delito de lesa humanidad. Ese falso argumento, reforzado por una inusitada campaña de agravios y falsedades, afirma que las acciones fueron compradas a la familia Graiver, dueños originarios, cuando sus integrantes estaban secuestrados y torturados por la dictadura militar de entonces.
Para construir su propio “relato”, acompañado del incesante bombardeo propagandístico con múltiples medios y periodistas afines, tanto en la esfera pública como en la privada, el Gobierno tergiversa los hechos, altera su cronología y no duda en bastardear una causa noble y de principios éticos universales como la de los derechos humanos, consustanciada definitivamente en la conciencia popular de los argentinos y no por obra de este Gobierno, sino por un largo proceso de construcción política que incluyó la inmensa tragedia cívica de la dictadura.
La verdad histórica es que las acciones fueron compradas al Grupo Graiver en noviembre de 1976 por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, cuando dicho Grupo enfrentaba problemas financieros y societarios, con la quiebra de al menos dos de sus bancos en el exterior, y cuando el Grupo no podía continuar con el proyecto de construcción de la planta. En ese momento todos sus integrantes estaban en libertad y no se encontraban bajo amenaza de la dictadura. Además, en el momento de la transferencia accionaria, no se conocía la conexión del grupo Graiver con la organización armada Montoneros, vínculo que en 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros del Grupo Graiver por la administración militar.
Así sucedieron los hechos. Los miembros de la familia Graiver fueron ilegalmente detenidos más de cinco meses después de la venta del paquete accionario de Papel Prensa, cuando salió a la luz la relación financiera de David Graiver con Montoneros. David Graiver era acusado de haber recibido una suma millonaria del grupo armado Montoneros para administrarla e invertirla.
Anteriormente al traspaso accionario, los diarios Clarín, La Nación y La Razón ya habían elaborado un proyecto que consideraban estratégico para la prensa argentina. Por entonces los tres diarios manejaban ese proyecto propio de construir una planta de papel, al que dejaron de lado para la compra de Papel Prensa.
Una vez reestablecida la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín, los integrantes de la familia Graiver supieron entonces honrar la verdad, la misma que hoy los hermanos Papaleo, que nunca tuvieron acciones de Papel Prensa degradan, en un viraje conceptual de difícil explicación. Cuando Lidia Papaleo testimonió ante la Justicia sobre los hechos que rodearon aquella venta, nunca hizo referencia a que se hubiera realizado mientras estaba detenida ilegalmente o bajo amenazas de la dictadura militar.
De la lectura de sus afirmaciones judiciales surge claramente que cuando se vendió el paquete accionario de Papel Prensa, los miembros del Grupo Graiver estaban libres. La Justicia estableció como fechas de sus detenciones ilegales las que ellos mismos declararon, y encontró que la causa de los secuestros fue la vinculación de David Graiver con los Montoneros.
Esa vinculación financiera de Graiver con Montoneros fue investigada dos veces por la Justicia en la democracia, durando esta causa diez años. En 1986, la Cámara Federal dio por probado que David Graiver, efectivamente, había recibido ese dinero de parte del grupo Montoneros.
Lidia Papaleo y su hermano Osvaldo, de militancia justicialista ortodoxa, vienen contradiciendo en los últimos meses, en abierta, inesperada y sugestiva sintonía con el kirchnerismo, una posición que no es la que declararon a la Justicia en tiempos de la recuperada democracia. En sus conciencias, más que en la verdad histórica, habrá que rastrear alguna huella que justifique un giro tan abrupto.
La apropiación de Papel Prensa, aunque se disfrace con el ropaje de los derechos humanos, sólo procura la subordinación incondicional de la palabra escrita, como parte central de un proceso de dominación social impropio de los sistemas democráticos. Néstor Kirchner y su esposa, la Presidenta, después de garantizarse una ley que regula con marcada influencia del estado los medios audiovisuales y de avanzar arbitrariamente sobre la libre elección de los usuarios de Internet, ahora apresuran el paso para controlar el flujo de la información a través de la palabra impresa. Por eso le apuntan al insumo básico de la misma: el papel. Sin papel no hay diarios. Y sin diarios, aun en tiempos del auge de Internet y sus redes sociales, la palabra impresa, que sigue resumiendo la versión más perdurable del sentido de la libertad y de la crítica, se empobrece y vacía de sentido. Hasta desfallecer. O hasta resistir y honrar su digna historia.

Ante la ofensiva del Gobierno contra Papel Prensa, que tras una escalada de  meses alcanza hoy su punto más alto con un anuncio oficial, los diarios  accionistas de la  empresa, Clarín y La Nación, decidieron difundir el siguiente   comunicado, a fin de informar la verdad a la opinión pública.

Los accionistas privados de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un  plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios,  insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información, y esto es lo  que el Gobierno viene buscando a través de varias herramientas: la propaganda oficial, la ley  de medios, el control del acceso a la información, el manejo militante de los medios públicos y la multiplicación de los medios paraoficiales. En los últimos días, esta intención de avasallar el  derecho de la sociedad a la libre elección y expresión se reveló de manera muy clara con la  cancelación de la licencia de un proveedor de Internet.

Esta misma matriz autoritaria y de control mediático es la que se viene revelando en Papel Prensa. El Gobierno ha elegido varios mecanismos para cumplir su cometido, y también ha elegido un personero para todos esos frentes, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien ha sido denunciado penalmente por La Nación y Clarín por llevar adelante un plan ilegal para hacerse de la compañía. Tras su incursión con guantes de boxeo en una asamblea, y luego de amedrentar al personal con alocuciones bélicas, el último capítulo de Moreno al frente de su cruzada ha sido pretender arrogarse facultades judiciales y liderar una falaz investigación sobre la historia de la compañía, buscando convertirla en un caso de  derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, algo que le fue ordenado desde lo alto del  poder y que resulta inconcebible hasta en las especulaciones más maquiavélicas. Para esto  viene distorsionando con alevosía hechos históricos, manipulando dolosamente personas y  situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia,  bastardeando así la   bandera de los derechos humanos, en lo que constituye una de las prácticas más  deleznables del kirchnerismo. Nunca, en 27 años de democracia, Papel Prensa recibió ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su origen. La empresa nació en 1972 de la mano de la Editorial Abril, de César  Civita, luego fue adquirida por el grupo Graiver y en 1976, cuando este último atravesaba graves problemas financieros con la quiebra de dos de sus bancos en el exterior, fue ofrecida  por sus dueños a Fapel, sociedad  constituida por los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Fapel había nacido dos años antes para construir otra  fábrica de papel, pero decidió abandonar su proyecto para asegurar la continuidad del de Papel Prensa, empresa que en ese momento se encontraba endeudada y paralizada. La compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época. La  Opinión, de Jacobo Timerman, padre del actual canciller, afirmó que se trataba de una “ventajosa operación”  para los Graiver. En ese momento no había salido a la luz la conexión del grupo Graiver con la organización  armada Montoneros, vínculo que en marzo y abril de 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios  miembros de ese grupo por la dictadura militar. Los integrantes del grupo Graiver, vendedores de la empresa,  fueron ilegalmente detenidos 5 meses después de la venta de Papel Prensa y por imputaciones ajenas a este  tema. Al momento de esa operación, los Graiver estaban libres: no habían sido secuestrados ni torturados ni  amenazados por la dictadura gobernante. Así surge de las causas en las que declararon en democracia, tanto  ante el juez federal Miguel Pons como ante la Cámara Federal, en este caso luego de la condena a las Juntas  Militares.

La Justicia no encontró vínculo alguno entre la detención de los Graiver y Papel Prensa. La compra también fue  investigada, ya en democracia, por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo  Molinas, que no encontró irregularidades. En todos esos procesos declararon los hermanos Lidia y Osvaldo  Papaleo y nunca mencionaron presión alguna de los diarios.

Lidia Papaleo también declaró en  sede judicial que no participó de las negociaciones, que fueron llevadas a  cabo por Juan e Isidoro Graiver, padre y hermano, respectivamente, de David Graiver. Ella sólo firmó en  representación de su hija menor y por una parte minoritaria de las acciones que pertenecían a la sucesión de David Graiver. Pero la venta de esas acciones no se concretó porque el juez que debía aprobarla nunca se expidió. Así, pasaron al  Estado Nacional junto con otros bienes de los Graiver.

Desde que se reveló el plan del Gobierno para apropiarse de la compañía, los voceros oficiales y sus aliados  circunstanciales vienen cambiando su discurso cuantas veces  fuera necesario para intentar instalar una mentira  que resulte incomprobable o al menos deje sembrada una duda. Siguiendo la máxima de Joseph Goebbels, el  padre de la propaganda nazi, “miente, miente, que algo quedará”. Primero dijeron que la empresa se vendió con  los Graiver secuestrados; después, que se hizo en un intervalo de su secuestro, y finalmente, bajo presión de los  diarios.

Lidia y Osvaldo Papaleo y Rafael Ianover declararon en democracia respecto de los vejámenes que sufrieron  durante su secuestro. Jamás denunciaron estos hechos que hoy, sugestivamente, aparecen de la mano de  Guillermo Moreno y tras reunirse con el matrimonio Kirchner. El objetivo para la cúpula del poder es obvio: una nueva manera de ir contra la prensa independiente, n este caso a través del control de  su insumo básico y  del intento de criminalizar a los principales diarios del país.

Papel Prensa fue una empresa perseguida por el entonces almirante Emilio Massera –quien logró intervenirla–  y ahora lo es por los Kirchner y por Moreno. La frase de este  último “aquí no se vota”, proferida a los gritos en  la última asamblea, es una buena metáfora para comprender las semejanzas  de quienes buscan o han buscado controlar la información en la Argentina. Es de esperar que la manipulación de los derechos humanos, la  mentira  lisa y llana y la persecución de raigambre autoritaria encuentren rápidamente un freno decidido en las instituciones de la democracia.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha dado un nuevo paso en su batalla contra los medios de comunicación, y sobre todo contra el grupo Clarín. El miércoles, en la Casa Rosada, presentó un voluminoso informe en el que acusa a los periódicos Clarín, La Nación y el entonces vespertino La Razón de haber comprado, gracias a las torturas que la dictadura de Videla infligió a sus anteriores dueños, la empresa que actualmente abastece de papel a 170 diarios de Argentina. Con esta maniobra, los Kirchner convierten a esas cabeceras en cómplices del régimen militar y se reservan para ellos el papel de justicieros que solo pretenden acabar con las afrentas de un pasado tenebroso.

Tanto Clarín, que tiene hoy el 49% de la papelera, como La Nación, que es dueña del 22% (un 27% corresponde al Estado), han dado otra versión de los hechos. La compra de Papel Prensa a la familia Graiver, afirman, se produjo cinco meses antes de que sus miembros fueran detenidos por la dictadura, acusados de tener vínculos con el grupo armado de los Montoneros. La compra fue legal y pública, se informó de ella y, durante los 27 años de democracia, no ha habido denuncia alguna de que hubiera habido alguna irregularidad en aquella operación. Isidoro Graiver, hermano de David, el dueño de Papel Prensa, ha confirmado que las cosas sucedieron así y que él mismo participó en la venta. La viuda del propietario, Lidia Papaleo, defiende en cambio la versión oficial.

El episodio está lleno de ángulos oscuros y resulta aún más turbio si se lo analiza en el contexto del asedio al que los Kirchner tienen sometido al grupo Clarín desde la crisis agraria de 2003, en la que el diario fue muy crítico con su gestión. A partir de entonces, los ataques contra ese medio de comunicación no han cesado: crearon una ley antimonopolio para debilitarlo (impugnada por ahora en los tribunales), les quitaron los derechos de retransmisión del fútbol y, hace muy poco, cancelaron su licencia como operadora de Internet (donde tenían 1,5 millones de abonados).

En el caso de Papel Prensa, los Kirchner quieren aprobar una ley para que sea el Estado el que controle la producción de papel. Es un paso más para ahogar las voces críticas, y que muestra la veta cada vez más autoritaria de la pareja, obsesionada por conservar el poder y que, como las peores dictaduras, podría esta vez haber manipulado el pasado reciente, que tanto pesa en los argentinos, para salirse con la suya.