29 noviembre 1993
Estaba considerar una mujer de confianza de Felipe González
Nuevo caso de corrupción en el PSOE: Detenida la ex Directora del BOE, Carmen Salanueva, acusada de malversación

Hechos
- La ex directora general del Boletín Oficial del Estado (BOE) Dña. Carmen Salanueva Urtiaga fue detenida el 29.11.1993 en Madrid e incomunicada por orden de la juez de instrucción número 16 de Madrid, Dña. Ana Ferrer.
Lecturas
La Policía detiene en Madrid el 29 de noviembre de 1993 a Carmen Salanueva Urtiaga, de 44 años, antigua directora general del Boletín Oficial del Estado, por orden de la magistrada Ana María Ferrer García, titular del Juzgado de Instrucción número 16. La juez ordena además su incomunicación hasta que preste declaración para impedir que pueda concertar versiones con otros investigados. Salanueva no era una funcionaria desconocida: nacida en Pamplona en 1948, había ocupado puestos de confianza durante los primeros Gobiernos socialistas. En enero de 1983 fue nombrada coordinadora general del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, con categoría de directora general, y en marzo de 1985 el Gobierno de Felipe González Márquez la situó al frente del BOE. Permaneció allí hasta su cese, acordado el 31 de mayo de 1991.
Su detención era consecuencia de una investigación que llevaba más de un año examinando las compras de papel prensa realizadas por el BOE entre 1989 y mayo de 1991. El origen se encontraba en las comprobaciones efectuadas en 1991 por la Intervención General del Estado, que detectó que el organismo había adquirido papel a precios considerablemente superiores a los que posteriormente obtenía mediante otros procedimientos de contratación. La investigación se centró en adjudicaciones directas a empresas como Toixima, Papelera Udalar y Papel 6. Se habían llegado a pagar hasta 142 pesetas por kilo cuando posteriormente se adquirió papel comparable por 86 e incluso 81 pesetas. De 16 contratos examinados, 11 habían sido autorizados directamente por la directora general por encontrarse por debajo del límite de 50 millones de pesetas que habría requerido otra autorización. La causa investigaba posibles delitos de malversación, fraude, cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas.
La investigación había sido particularmente minuciosa. Ana Ferrer y el fiscal Félix Pantoja García habían trabajado sobre escuchas telefónicas autorizadas judicialmente desde marzo de 1992, manteniendo determinadas actuaciones bajo secreto. Salanueva pidió la nulidad de la investigación y su defensa denunció un «juicio paralelo» y «linchamiento moral», pero Ferrer rechazó la petición argumentando que existían motivos suficientes para investigarla y que se habían respetado las garantías procesales. Tras su detención del 29 de noviembre, Salanueva declaró al día siguiente y la magistrada acordó su libertad bajo una fianza de 15 millones de pesetas, que fue depositada el 1 de diciembre.
Aquella detención sólo era el comienzo. Las investigaciones acabarían abriendo para Carmen Salanueva dos historias judiciales diferentes: una relacionada con su gestión pública en el BOE y otra, completamente distinta, relacionada con una sorprendente colección de obras de arte. En la segunda sería condenada y entraría en prisión. En la primera moriría antes de que un tribunal pudiera decidir sobre su culpabilidad.
Cronología judicial de Salanueva
1988-1991 – LAS OBRAS DE ARTE. Mientras todavía ocupa cargos públicos, Salanueva comienza a relacionarse con galeristas y artistas. Según determinarían posteriormente los tribunales, obtuvo gratuitamente o por precios muy inferiores a su valor diversas obras haciendo creer a sus propietarios que estaban destinadas a la reina Sofía de Grecia o a Carmen Romero López, esposa de Felipe González, o que participarían en una exposición en Estados Unidos para terminar posteriormente en Patrimonio Nacional. Entre los artistas afectados figuraban Fernando Rivero y Antonio Moreno López.
1991 – COMIENZA EL CASO BOE. La Intervención General del Estado detecta precios anormalmente elevados en determinadas compras de papel para imprimir el Boletín Oficial del Estado. El entonces ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero Gómez, remite la documentación a la Fiscalía General del Estado. La investigación termina en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, dirigido por Ana María Ferrer García.
16 de marzo de 1992 – ESCUCHAS TELEFÓNICAS. La investigación judicial autoriza intervenciones telefónicas. La juez Ferrer y el fiscal Félix Pantoja examinan posteriormente numerosas grabaciones mientras una parte de las diligencias permanece secreta.
2 de noviembre de 1992 – TRASCIENDE LA INVESTIGACIÓN. Se conoce públicamente que la magistrada aprecia indicios de posibles delitos relacionados con las compras de papel del BOE. La investigación contempla malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación, cohecho y maquinaciones para alterar el precio de las cosas.
12 de enero de 1993 – RECHAZADA LA NULIDAD. Ferrer rechaza la petición de Salanueva para anular las actuaciones. Su defensa sostiene que se está produciendo un juicio paralelo; la magistrada responde que la causa dispone de elementos suficientes para continuar investigándola.
29 de noviembre de 1993 – DETENCIÓN. Salanueva es detenida por inspectores del Grupo 80 de la Brigada Provincial de Policía Judicial e incomunicada por orden de Ana Ferrer. También es detenido Enrique José Vidal Lorenzo, vinculado al suministro de papel. La incomunicación pretende evitar que los investigados puedan concertar sus declaraciones.
30 de noviembre-1 de diciembre de 1993 – FIANZA. Después de interrogarla, Ferrer acuerda su libertad mediante una fianza de 15 millones de pesetas. Salanueva pasa una noche en la prisión de Carabanchel y abandona la cárcel el 1 de diciembre después de presentarse un aval bancario.
DICIEMBRE DE 1993 – APARECEN LOS CUADROS. Una investigación diferente, dirigida por la magistrada Clara Penín, conduce al registro del domicilio de Salanueva. Allí son localizadas diversas obras cuya procedencia estaba siendo investigada. La futura causa por los cuadros queda desde entonces separada completamente del caso BOE.
19 DE JULIO DE 1994 – PROCESAMIENTO POR EL CASO BOE. Ana Ferrer procesa a Salanueva, al antiguo jefe de Producción Julio Fernández González y a otras nueve personas. Según el auto de procesamiento, el sistema de adquisición de papel había ocasionado a la Hacienda Pública un perjuicio superior a 500 millones de pesetas y Salanueva habría recibido más de 60 millones en comisiones. Son acusaciones de la instrucción, no hechos que llegaran a ser declarados probados contra ella en juicio.
1995 – CAUSA DE LOS CUADROS. Clara Penín termina la instrucción de la causa independiente sobre las obras de arte. El fiscal acusa a Salanueva de estafa continuada y solicita cinco años de prisión. Ella niega haber utilizado los nombres de la Reina y Carmen Romero y sostiene que unas obras habían sido compradas y otras regaladas.
7 DE DICIEMBRE DE 1995 – PRIMERA CONDENA. El Juzgado de lo Penal número 24 de Madrid condena a Salanueva a cuatro años de prisión por estafa continuada, además de la correspondiente inhabilitación. La sentencia considera probado que obtuvo obras de arte valoradas conjuntamente en unos 13 millones de pesetas engañando a sus propietarios sobre sus verdaderos destinatarios.
26 DE MARZO DE 1996 – LA AUDIENCIA CONFIRMA LA CONDENA. La Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso. Considera que existe abundante prueba de que seis artistas entregaron gratuitamente o a precio reducido una escultura y diversos cuadros debido al engaño sobre su destino. Salanueva decide no acudir al Tribunal Constitucional.
29 DE ABRIL DE 1996 – INGRESO EN PRISIÓN. Carmen Salanueva entra en la cárcel de Soto del Real para cumplir los cuatro años. En ese momento continúa pendiente el juicio del caso BOE.
1997 – EL CASO BOE SIGUE ADELANTE. La Audiencia considera que existen elementos suficientes para celebrar juicio. La causa se ha retrasado, entre otros motivos, por comisiones rogatorias destinadas a seguir movimientos de dinero en Reino Unido, Austria, Suiza y Finlandia. La Fiscalía terminará solicitando para Salanueva 14 años de prisión, 30 de inhabilitación y 150 millones de pesetas de multa, imputándole cohecho, prevaricación y fraude de funcionario público.
MAYO DE 1997 – TERCER GRADO. Después de aproximadamente un año en prisión y teniendo en cuenta su conducta penitenciaria y la ausencia de antecedentes, Salanueva obtiene el tercer grado, que le permite trabajar durante el día y acudir al centro penitenciario para dormir.
OCTUBRE DE 1997 – LIBERTAD POR ENFERMEDAD. Una grave enfermedad obliga a someterla a tratamiento diario y obtiene la libertad. Había sido diagnosticada de cáncer.
17 DE ENERO DE 2000 – FALLECIMIENTO. Carmen Salanueva muere en Madrid, a los 51 años, víctima del cáncer que padecía. El juicio del caso BOE todavía no se ha celebrado. Su muerte extingue su responsabilidad penal y, por tanto, nunca existirá una sentencia que determine si era culpable o inocente de las acusaciones relativas a la compra de papel.
2001 – EPÍLOGO DEL CASO BOE. El juicio continúa contra los acusados supervivientes. La Sección 23.ª de la Audiencia Provincial de Madrid termina absolviendo a los seis acusados que permanecían sometidos a juicio, al considerar que no había quedado suficientemente demostrado que el BOE hubiese pagado por el papel un precio superior al de mercado ni el fraude sostenido por la acusación. La sentencia resulta relevante para valorar retrospectivamente el caso Salanueva: las graves conclusiones alcanzadas durante la instrucción contra ella nunca fueron sometidas a juicio por su fallecimiento, y el proceso contra los restantes acusados terminó en absolución.


01 Diciembre 1993
El BOE
Los militares viajeros, los constructores sisleros, los que lavan dinero, los que quiebran al revés, los ladrones que ni siquiera van a la oficina: todo eso y más es la España de hoy y con eso ya contamos y vamos tirandillo, o sea talcualillo, pero ahora el ciclo de la corrupción se ha cerrado y el escándalo llega tal que así, hasta arriba, es decir, al BOE, Boletín Oficial del Estado, cuya ex directora, Carmen Salanueva, es acusada de haber robado mil millones en la compra de papel. Ya está detenida. Mas, para mí, esto no es un fraude más, sino el colmo, la final, el rizar el rizo de la corrupción, porque lo que se ha corrompido ahora no es un Banco o un señor, sino el papel mismo encargado de denunciar y penar las corrupciones: el BOE. Es como si el puñal de Hamlet fuese de cartón. Como si el puñal del godo fuese de purpurina. El BOE, el libro sagrado donde habla todos los días la Justicia, se ha estado imprimiendo en papel fraudulento, en papel robado, sobrevalorado. El instrumento mismo de denunciar fraudes ha sido defraudado. Aquí ya no queda una puta virgen ni un papel que sirva para otra cosa que para limpiarse el culo. Cuando a Felipe y a Corcuera les denuncian de antiinstitucionales, ocurre que la publicación denunciante y sagrada, el BOE, está también corrupta: Carmen Salanueva, la ex directora, hacía imprimir las leyes y las condenas, los premios y los castigos, en una hoja traspillada de amaño, robo y sobrevaloración. Es lo que se llama un fisgue. Puesta en cuestiones incluso la Constitución, sólo nos quedaba un papel al que agarrarnos, como se agarra el disentérico al papel higiénico: el BOE. Ese papel, además, y como digo y repito, es el que juzga, denuncia y castiga. Ahora tiene que denunciarse a sí mismo. Voy a suscribirme, hombre, al BOE, cuya lectura siempre me ha sido letárgica (desde que buscaba en él convocatorias de oposiciones), porque hay una noticia o disposición que no me quiero perder: aquélla en que el BOE se acuse a sí de malversación de materia prima, de haberse robado a sí mismo mil millones de pesetas. Le parece a uno que la cosa ya no tiene remedio ni con huelga general. Esto de falsear el papel del BOE es como si los leones del Congreso fuesen de papier maché, como si La Almudena fuese de plastilina (que lo es), como si La Moncloa fuese un decorado de mi querido Adolfo Marsillach para representar La venganza de Don Mendo, como si la Cibeles fuera el retrato de Celia Gámez y la Puerta de Alcalá una broma de Ruiz Mateos. Si es que ya no se puede creer en nada. Imagino que este año le tocará el gordo de la lotería a Mario Conde. Imagino que las doce campanadas de nochevieja, en Sol sonarán a la una menos cuarto. Imagino cualquier cosa, porque España se ha olvidado de su nombre y el tocomocho nacional es la forma última, jubilosa y colectiva de la democracia felipista. El Boletín Oficial del Estado ya no es boletín, porque va en papel robado, ya no es oficial, porque es delincuente, y ya no es del Estado, que es de doña Carmen Salanueva. Hasta aquí llegaron las aguas de la avilantez nacional en 1993. Hasta el BOE, hasta el libro máximo y sagrado de la Ley. Si el BOE se hace con papel de estafa, ¿qué autoridad tiene lo que diga el BOE, aunque lo firme el Rey? Y Corcuera se nos fue, hombre, sin dar la patada en la puerta del BOE. Yo casi le añoro.


26 Diciembre 1993
Delirios de poder
Hay enfermos mentales que se van creyendo sus propios delirios de grandeza, las mentiras que inventan, que creen que todo es suyo. En resumen, que mienten patológicamente y acaban aceptando su verdad como la única posible». A grandes rasgos, ésta es la definición de mitomanía que da el psiquiatra José Miguel López Ibor. Y quizá sea ésta la única explicación a conductas tan atípicas y reiteradas como la que viene demostrando a lo largo de su carrera la ex directora del Boletín Oficial del Estado, Carmen Salanueva, quien, estando en libertad bajo fianza de quince millones de pesetas, volvió a ser detenida y conducida a declarar ante el juez el pasado martes, acusada de comprar obras de arte a menor precio del estipulado en el mercado, alegando que iba de parte de la reina Sofía y de Carmen Romero, diputada en el Parlamento por Cádiz y esposa del presidente del Gobierno, Felipe González. Al parecer, Carmen Salanueva se encaprichó de un cuadro del pintor Fernando Rivero, expuesto en una galería de Madrid y cuyo precio, según declaró, se salía del presupuesto que le había dado Carmen Romero. El pintor lo rebajó un millón de pesetas, y la ex directora del BOE lo compró. En otra ocasión, y sirviéndose del mismo sistema, pero nombrando a la Reina, compró un bajorrelieve de plata que representaba la cabeza del. Rey. En total, llegó a hacer la misma operación tres veces, y el importe de las adquisiciones se elevó a diez millones de pesetas. «Lo único que se le puede imputar a Carmen Salanueva es tener un pésimo gusto pictórico», declaró su abogado, Andrés Planas, del bufete de Stampa Braun, quien calificó a Fernando Rivero de «más que pintor, copista de fotografías». Planas aseguró el miércoles que su cliente quedó en libertad sin ningún tipo de fianza, aunque confirmó que es cierto que Salanueva ha adquirido en una conocida galería de Madrid, situada en la calle Claudio Coello, distintos cuadros, entre ellos los del pintor Rivero. Haya o no delito, lo cierto es que éste no es más que otro episodio del largo culebrón en que se ha convertido la vida de Salanueva quien, a los 45 años recién cumplidos, parece ser que ya ha pasado por el momento cumbre de su carrera, y ahora no le queda más que la caída, que en su caso está siendo bastante dura. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y con ambiciones de convertirse en notaria, en los primeros capítulos de esta escabrosa historia aparece la figura del ex ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, que en enero de 1983 la aupó al puesto de coordinadora general del Plan Nacional para el Síndrome Tóxico. La hasta entonces retraída subdirectora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid empezaba a acariciar lo que más le había gustado siempre: el poder. Si allá donde pisaba el caballo de Atila no volvía a brotar la hierba, por donde pasa Carmen Salanueva hay algún asunto de dinero poco claro. Varias asociaciones de afectados por el síndrome tóxico pidieron en 1992 judicialmente una auditoría de la gestión de Salanueva, ya que consideraban que hubo irregularidades económicas cuando fue coordinadora del plan nacional. La respuesta de Salanueva fue rotunda: «Yo hacía lo que quería con ese dinero». Unas horas después de que los afectados le hicieran esta petición, parte de los archivos del plan nacional quedaron reducidos a cenizas. No obstante, al ministro Moscoso le pareció buena la gestión de Salanueva en el espinoso asunto de la colza, y la premió, el 3 de marzo de 1985, nombrándola directora del Boletín Oficial del Estado. El culebrón llegaba a uno de sus momentos más «calientes». Como es de suponer, la flamante nueva directora también hacía lo que quería con el dinero asignado al BOE, por lo que ordenó cambiar la decoración de su despacho e innumerables e innecesarias obras en el edificio. Esas obras fueron adjudicadas casi en su totalidad a la empresa BAU, S.A. que, casualmente, tenía el mismo número de teléfono que el domicilio recién adquirido de Carmen Salanueva. El BOE también necesitaba por aquella época una nueva rotativa, que su directora adquirió en la madrileña localidad de Pinto. Antes de decidirse por esta compra, fue necesario que viajara, acompañada de su amiga, compañera de casa y jefa de su gabinete, Gloria Nistal, a Francfort, Roma, París, Manchester, Estocolmo, Munich y Londres, para recopilar información acerca del mundo de las rotativas. Por su estancia en Roma, que se prolongó una semana, Salanueva y su acompañante recibieron 812.854 pesetas en dietas. No es de extrañar que necesitara este dinero si, en una ocasión, pasó al BOE una factura de 39.000 pesetas por una comida de dos personas.
Todos estos gastos de representación se daban en un contexto no muy adecuado. Los trabajadores del BOE llevaban años haciendo reclamaciones salariales y no encontraban respuesta, de forma que transmitieron sus quejas al diputado de Izquierda Unida José Luis Núñez, quien en octubre de 1990 interpeló a Salanueva en el Congreso por su afán de hacer obras en el edificio del BOE. Además, el sueldo mensual de Carmen Salanueva como directora de la publicación oficial era de 328.000 pesetas netas, pero en varias cuentas corrientes de ella y de Gloria Nistal han aparecido ingresos en metálico de más de 40 millones de pesetas. Esto sin contar con que ambas amigas adquirieron su vivienda actual, en el parque Conde Orgaz de Madrid, por 72 millones, alegando que provienen de una herencia que, si existe, no ha sido declarada a Hacienda. Pero estas cantidades no son más que minucias comparadas con los 1.010 millones de pesetas que se acusa a Salanueva de haber defraudado al frente del BOE. El delito: malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y maquinaciones para alterar el precio de las cosas. El arma, el papel en el que se imprime el BOE. Los cómplices, varios altos cargos de la publicación: Julio Fernández González, jefe de producción, y Faustino Sánchez Herrán, responsable de la sección de contratación de bienes y patrimonio del BOE. El móvil: la ambición desmedida. La víctima: todos los españoles, ya que se trata de dinero público. El método era fácil. El BOE cuenta con una autorización legal para contratar el suministro de papel mediante adjudicación directa. El 92’8% de las compras recayeron en las sociedades anónimas Toixima, Papelera Udalar y Papel 6, que lo cobraban a precios de hasta 142 pesetas el kilo, mientras que en el mercado se podía conseguir el mismo papel a 86 pesetas el kilo. Si las compras eran de más de 50 millones de pesetas, el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, debía firmar la autorización. Por eso, Salanueva realizaba operaciones inferiores a dicha cuantía. Pero no hay crimen perfecto. Tras una huelga de los trabajadores del BOE, el ministro Virgilio Zapatero destituyó a Carmen Salanueva el 31 de mayo de 1991 y encargó a su sucesora, Beatriz Martín, que pusiera en manos de la Intervención General del Estado todos los papeles de la publicación oficial. Seis meses después, el ministro Zapatero envió a Leopoldo Torres, entonces Fiscal General del Estado, un abultado dossier que demostraba que, durante la gestión de Salanueva, el BOE había comprado el papel, como media, un 40% más caro de los precios habituales. El pasado 29 de noviembre, la policía puso las letras de «Fin» a esta historia que, de todas formas, «continuará». Carmen Salanueva fue detenida y pasó la noche en la cárcel de mujeres de Carabanchel, de donde salió a la mañana siguiente tras depositar quince millones de pesetas de fianza. Al fin y al cabo, ella hace lo que quiere con el dinero.
El Análisis
Durante años Carmen Salanueva Urtiaga había pertenecido a esa segunda fila del poder cuyos nombres apenas conoce el público: altos cargos nombrados por el Gobierno, importantes dentro de la Administración pero prácticamente anónimos fuera de ella. Desde ayer su apellido amenaza con incorporarse a una lista muy diferente. España empieza a acostumbrarse a que investigaciones judiciales conviertan antiguos altos cargos en protagonistas de las portadas: Gabriel Urralburu Tainta en Navarra, Julián Sancristóbal Iguarán en Interior y ahora Salanueva en el Boletín Oficial del Estado; pocos meses después se incorporará Luis Roldán Ibáñez. Los casos no son iguales y las acusaciones tampoco permiten anticipar condenas. Pero políticamente producen un efecto acumulativo especialmente dañino para un PSOE que gobierna España desde 1982: cada nuevo sumario alimenta la impresión pública de que determinadas personas que habían alcanzado puestos relevantes durante sus gobiernos confundieron en algún momento la confianza política recibida con una posibilidad de beneficio particular.
El caso Salanueva posee además una fuerza simbólica difícil de ignorar. El BOE es precisamente el periódico donde el Estado publica sus leyes, nombramientos, contratos y decisiones oficiales; que quien había dirigido esa institución aparezca detenida bajo sospecha de haber perjudicado al propio Estado mediante sus compras convierte el caso en una metáfora demasiado perfecta para sus adversarios políticos. La Justicia tendrá que determinar qué ocurrió realmente con aquellas adquisiciones de papel —y, retrospectivamente, sabemos que Salanueva moriría antes de ser juzgada y que los restantes acusados acabarían absueltos—, por lo que sería injusto convertir hoy aquellas imputaciones en una condena anticipada. Pero su nombre sí quedará asociado durante buena parte de los años noventa al clima de escándalos que rodeó el final de la etapa de Felipe González. Y en su caso esa asociación adquiriría después una base judicial distinta e indiscutible: no fue condenada por el papel del BOE, pero sí acabaría entrando en prisión por haber utilizado su posición y los nombres de la Reina y de Carmen Romero para engañar a artistas y obtener sus obras gratis o a precios reducidos.
JF
