‘Operación Puerto’: Gran redada contra una trama de dopaje liderada por Eufemiano Fuentes

La detención de Manolo Saiz, director del equipo ciclista Liberty Seguros, y otras cuatro personas, entre las que figuran dos médicos, es la consecuencia de la presión del Gobierno contra las redes de distribución de sustancias prohibidas en el deporte y otras prácticas relacionadas. En el horizonte se observa el proyecto de ley de lucha contra el dopaje, en trámite parlamentario. La presunción de inocencia no evita la impresión que producen los elementos más visibles de la investigación: decenas de bolsas de sangre, en principio destinadas al fraude de las autotransfusiones a deportistas, y toda la parafernalia de productos y de maquinaria que se asocia con el dopaje.

Aunque a los detenidos se les investiga por un delito contra la salud, las medidas penales establecidas en la ley antidopaje están destinadas a terminar con un territorio de impunidad habitado por la peor grey de médicos, entrenadores y directores. Estos druidas contemporáneos han desarrollado sus detestables prácticas sin apenas amenazas. De paso, han instaurado una cultura perversa del éxito, que pasa por la traición a las reglas básicas del deporte, hasta el punto de invertir los papeles. Aquellos que no utilizaban sus servicios estaban condenados al fracaso, de manera que algunas disciplinas, especialmente el ciclismo, han aceptado competir en el fango de las drogas y la trampa. Así, personajes que muchas veces han recibido la consideración de adelantados de la ciencia encontraron la colaboración de los deportistas y se aprovecharon de una complacencia que ha llegado demasiado lejos.

Hay datos para pensar que España se ha convertido en un paraíso para el tráfico de sustancias dopantes y para la actuación de estos nuevos gurús.Se ha tardado más de la cuenta en reaccionar a un problema con consecuencias que desbordan el ámbito competitivo. El deporte comienza a ser un escenario de adicciones y frustración. También este deporte deshumanizado, donde no hay descanso y las exigencias cada vez son mayores, ha invitado a la proliferación de redes mafiosas y a la creación de una impresionante maquinaria económica, basada en la ilegalidad. Italia y Francia dictaron hace años leyes penales contra esta lacra. España se desentendió y se ganó mala fama por su tolerancia. Las próximas medidas legales permiten pensar que los impunes comienzan a sentirse amenazados por el peso de la ley.

En una sorprendente operación contra el dopaje, la Guardia Civil detuvo ayer al director del equipo ciclista Liberty, Manolo Saiz, y al controvertido doctor Eufemiano Fuentes, que ha preparado durante años a diversos corredores. Las fuerzas de seguridad tenían pinchados sus teléfonos desde hace meses en el marco de una investigación más amplia en la que podrían estar implicados también algunos ciclistas. Al parecer, el método fraudulento utilizado habría sido el de la autotransfusión, que consiste en extraerle sangre al ciclista durante su entrenamiento en alta montaña y reinyectársela meses más tarde, durante la competición.No es la primera vez que las sospechas se ciernen sobre Saiz y Fuentes. Hay que recordar que hace sólo unos meses su pupilo Roberto Heras fue desposeído de su cuarta Vuelta después de que se le detectara EPO en la penúltima etapa. El papel de Saiz entonces no fue demasiado honroso: abandonó al ciclista a su suerte y continuó como si nada fuera con él. De confirmarse ahora su implicación, su nombre sería otro más en la lista de directores que -adulterando la competición y poniendo en peligro la salud de los deportistas- han metido al ciclismo en el callejón sin salida en el que ahora se encuentra. Todos hemos visto a Saiz y a Fuentes negar ante los medios las acusaciones de dopaje. Si al final se demuestra que ambos son culpables, será un golpe muy duro para nuestro ciclismo.

La trama del masivo dopaje desmantelada por la Guardia Civil a finales de mayo, bajo las órdenes del coronel Félix Hernando, actuaba supuestamente en dos frentes. A juzgar por los datos del sumario, por un lado facilitaba sustancias prohibidas a decenas de deportistas -58 al menos, como prueba una lista de previsiones de productos dopantes para 2005- y, por otro, gestionaba costosos tratamientos consistentes en autotransfusiones de sangre.

Periódicamente, se extraía sangre a los ciclistas y se entregaba a los cabecillas de la trama para que, mediante compuestos farmacológicos y maquinaria adecuada, la lavaran e hicieran con ella concentrados de glóbulos rojos. Cuando llegaba una competición, los deportistas se la inyectaban. Los tratamientos no eran gratis: en el sumario figuran pagos de hasta 40.000 euros anuales. Además, se ha aprehendido documentación que apunta a que los implicados habrían facilitado sustancias prohibidas a decenas de corredores: fundamentalmente, EPO, anabolizantes y hormonas.

Según el sumario, esta red la integran el médico deportivo Eufemiano Fuentes, Manolo Saiz (ha dimitido como director del equipo Liberty Seguros tras su detención por estos hechos), José Luis Merino, jefe del servicio de Hematología del madrileño hospital de La Princesa; José Ignacio Labarta, director adjunto del equipo Comunidad Valenciana, y Alberto León Herranz, ex ciclista de montaña y supuesto correo de la red desarticulada.

La investigación ha revelado otro dato llamativo: tres organismos públicos -el Centro Nacional de Farmacia del Ministerio de Defensa y los servicios regionales de Transfusión de Sangre de Andalucía y Valencia- favorecieron sin querer, guiados por la buena fe, las fechorías de esta red. Merino consiguió de la farmacia de las Fuerzas Armadas, haciendo valer su condición de hematólogo del hospital madrileño de La Princesa, 50 cajas con suero fisiológico para lavar la sangre. De sendos centros de transfusiones consiguió abundantes frascos de glicerol (compuesto que sirve para conservar la sangre congelada en bolsas hasta que los ciclistas la necesitasen). La Guardia Civil pidió explicaciones a estos organismos. «El ofrecimiento [a Merino] de la solución lavadora se hizo para evitar tener que destruirla ante su próxima caducidad», aclaró el general inspector de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Juan Manuel Montero. «Y se le entregó en el convencimiento de que era para uso en el hospital de La Princesa, dado que el personal y el vehículo que recogieron las 50 cajas pertenecían a dicho centro».

El sumario es denso en fotografías y filmaciones de los principales implicados saliendo de los laboratorios y apartamentos que utilizaba la trama. También es prolijo en nombres ficticios y supuestas iniciales de ciclistas que están acompañadas de anotaciones sobre pagos de dinero. Por ejemplo, en un esquema / cuadro hecho por los acusados aparecen las iniciales B L K y junto a ellas la cifra de «450 euros». También sobresalen decenas de nombres de ciclistas: «Guri, Jorge, Zapatero, Etxebarria»; y en sus respectivas casillas, cantidades de dinero con la advertencia de «pagado» o «pendiente de pago».

En los registros efectuados en los dos laboratorios de la trama, la Guardia Civil intervino «una numerosa variedad de especialidades farmacéuticas conservadas en un frigorífico» de la calle Caídos de la División Azul, 20, de Madrid. «Se encontraron fármacos caducados o no autorizados en España y procedentes de países del Este, así como simulaciones de medicamentos, como el caso de la hormona Jintropin, procedente de laboratorios clandestinos de China y comercializada por medio de Internet». En otro apartamento de la calle Alonso Cano, 53, «fueron intervenidos esteroides, anabolizantes, hormonas de crecimiento, eritropoyetina y medicamentos de uso veterinario, conservados en frío para su mantenimiento». Además, fueron halladas 158 bolsas de sangre y 45 de plasma, corerspondientes a decenas de deportistas, ya que podría haber cinco o seis bolsas por persona. «Cada bolsa estaba reseñada con un número, una fecha y, en algunos casos, un nombre sin identificar. También había dos máquinas ACP 215 para la congelación y almacenamiento de concentrados de hematíes y otra máquina para la descongelación de la sangre de las muestras», según el sumario.

Los agentes hallaron «un arcón frigorífico que contenía 90 bolsas de sangre o concentrados de hematíes, congeladas e identificadas mediante un número y una fecha». Las transfusiones a los ciclistas eran realizadas en habitaciones del hotel donde se alojaba el deportista en Madrid.

La fiscalía de Madrid atribuye a los implicados un delito contra la salud pública. Ante el juez admitieron haber favorecido el dopaje, pero adujeron que ello carece de tipificación penal en España. En este caso, cada corredor se autotransfunde su propia sangre. El delito radicaría, según ha explicado el fiscal jefe Manuel Moix, en la forma en que son conservadas las bolsas de sangre.