Oriol Junqueras difunde un artículo en ARA y LA SEXTA renunciando a la vía unilateral para favorecer que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda indultarle

Comienza a andar una nueva Generalitat republicana. Con el gobierno encabezado por Pere Aragonès, tendremos, después de más de 80 años, un presidente de Esquerra Republicana de Catalunya escogido con normalidad parlamentaria. Con los mismos objetivos que nos han movido siempre: construir un país próspero, justo y plenamente libre para todos y cada uno de los ciudadanos que viven en Catalunya, piensen lo que piensen y vengan de donde vengan. La nueva Generalitat republicana tiene unos retos inmensos, pero afronta las graves crisis que estamos viviendo con voluntad transformadora y estoy convencido de que sabrá liderar la reconstrucción social y económica del país y ganarse la confianza de la ciudadanía manteniéndose siempre al lado de la gente.

Y con el nuevo gobierno se abre una nueva etapa. Más de tres años después del referéndum del 1 de octubre desde ERC hemos hecho una reflexión profunda sobre nuestras fortalezas y debilidades, los errores y los aciertos, para extraer aprendizajes.

Fue evidente que la reacción del Estado fue percibida por gran parte de la sociedad catalana como cada vez menos legítima y alejada de principios democráticos. Pero al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que nuestra respuesta tampoco fue entendida como plenamente legítima por una parte de la sociedad, también de la catalana. En este sentido, quiero volver a extender la mano a todos aquellos que se hayan podido sentir excluidos, porque nuestro objetivo debe ser justamente el de construir un futuro que incluya a todos.

Nuestra voluntad es la de siempre. La independencia es la mejor herramienta para ayudar a la gente de este país, pero las estrategias deben adaptarse a las circunstancias para ser ganadoras. La conclusión es que necesitamos ser más; una mayoría incontestable, plural y transversal, que demuestre que gobierna bien y para todos, y que ponga en el centro de la agenda la resolución del conflicto político existente por vías democráticas.

Defendemos la autodeterminación porque queremos que toda la ciudadanía de nuestro país, toda, pueda decidir si desea que Cataluña sea un estado independiente en forma de república o si apuestan por mantenerse dentro del Estado español. Y, legítimamente, nosotros trabajaremos y defenderemos la opción del sí. Tenemos derecho a gobernarnos con las mismas herramientas que cualquier estado. Tres cuartas partes de la ciudadanía de Cataluña defiende que la solución al conflicto político existente se resolverá votando en un referéndum. No podemos negar la realidad, nadie. No podemos actuar como si estos consensos no existieran. Nadie.

No queremos formar parte de un estado donde persisten estructuras que sirven para perseguir a los adversarios políticos, donde hemos de acatar leyes que nos parecen profundamente injustas y arbitrarias, que tipifican como delitos comportamientos que son plenamente democráticos y no deberían ser delictivos. De hecho, tenemos el deber de trabajar incansablemente, por todas las vías democráticas posibles, para cambiar esta situación. Y eso es lo que hemos hecho y haremos.

Y hoy seguimos creyendo que la mejor vía para hacerlo, como siempre hemos defendido, es la vía escocesa. La vía del pacto y el acuerdo, la vía del referéndum acordado. Es la opción que genera más garantías y reconocimiento internacional inmediato. Porque sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida en que, de hecho, nos alejan del objetivo a alcanzar.

Para convertirnos en un estado es imprescindible construir una gran mayoría en Cataluña, pero también hay que ganarse la legitimidad en todas partes. La partida se juega dentro y fuera. Por ello, nunca renunciaremos al diálogo ni a la negociación. Sería una ingenuidad creer que el diálogo político con el estado dará frutos tangibles de forma inmediata, pero creer que podemos prescindir de él sería una irresponsabilidad carísima. Por mucho que se critique y se ridiculice, la mesa de diálogo y negociación entre gobiernos es un éxito en sí misma porque abre un espacio para la potencial resolución del conflicto.

El diálogo y la negociación son imprescindibles. Los conflictos políticos que se acaban resolviendo lo hacen, tarde o temprano, alrededor de una mesa donde todas las partes exponen libremente sus posiciones. La nuestra, la que representa los grandes consensos del país, es el fin de la represión y la autodeterminación.

Estamos ante un conflicto político y éste sólo se podrá resolver por vías políticas y democráticas. Siempre hemos dicho que hay que volver al ámbito de la política, de donde no se nos debería haber hecho salir nunca. Ahora es el momento de la audacia política, el coraje democrático y la reconciliación social. Porque la conciliación del conjunto de nuestra ciudadanía es fundamento imprescindible del futuro.

Para nosotros, lo hemos explicado muchas veces y lo seguimos defendiendo sin matices, la amnistía es nuestra prioridad para acabar con la persecución judicial. La cuestión no termina ni con los exiliados ni con los presos y presas políticas, sino que hay que hacerla extensiva al resto de las 3.000 personas que sufren causas judiciales.

A pesar de ello, hay gestos que pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana, y cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino.

Pero para que este nuevo paradigma sea posible es importante que las dos partes muestren su voluntad y predisposición. Nosotros hace tiempo que, a pesar de estar en la cárcel privados de libertad, nos sentamos a la mesa y mantenemos siempre la mano tendida. Es el momento de que el gobierno español demuestre su compromiso con la reconciliación, el diálogo, y la negociación, mirando al futuro.

El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, dio ayer un paso significativo al descartar el unilateralismo, por inviable e indeseable, como vía para conseguir la independencia. Es una rectificación respecto de sus anteriores posiciones y de las de su partido. Las palabras son bienvenidas: como giro puede contribuir a reducir la tensión y reactivar el diálogo político. Naturalmente, la retórica no es suficiente. Habrá que constatar que esta se plasme en la estrategia oficial de Esquerra, así como verificarse como realidad inequívoca en su práctica política, ahora, y en el tiempo.

El unilateralismo que ahora cuestiona Junqueras implicaba una acción política pautada desde la ilegalidad, por la vía de los hechos, con desprecio al ordenamiento constitucional y estatutario. Es cierto que desde el fracaso del referéndum ilegal del 1-O de 2017, Esquerra venía defendiendo priorizar la vía escocesa, esto es, el acceso a la independencia de Cataluña mediante un referéndum pactado con el Gobierno. Pero en su conferencia del 1 de julio de 2018 las bases desbordaron a la dirección e impusieron la tesis de que “si el enroque del Estado perdurase”, ERC se comprometía a “no desaprovechar cualquier grieta de oportunidad” para proclamar de nuevo la independencia y abrir paso a una república catalana.

El distanciamiento de la unilateralidad se refuerza ahora con el reconocimiento de que la iniciativa ilegal del 1-O “tampoco fue entendida como plenamente legítima por una parte de la sociedad, también la catalana”. Aflora, por fin, el reconocimiento de la ciudadanía que vivió aquello como lo que fue: un atropello legal intolerable. Esto no imposibilita la repetición de la aventura sediciosa, pero desde luego complica el contorsionismo de justificarla de nuevo en el futuro. En conjunto, pues, las palabras son una buena premisa: la cúpula de Esquerra se aleja del unilateralismo.

El giro tendrá ahora que materializarse en la praxis política, en el respeto constante de los marcos constitucionales y estatutarios, en el uso democráticamente impecable de las instituciones. Queda por ver cómo esto encajará con el resto de los actores del universo independentista. La portavoz de Junts, Elsa Artadi, se reafirmó en el referéndum unilateral y se negó a “descartar caminos”.

Con todas las cautelas, la nueva retórica de Junqueras es significativa. El presidente de Extremadura, el socialista Fernández Vara, la calificó de “muy importante”. Su valor reside en que allana un poco el terreno a la salida del nefasto escenario en el que Cataluña ha estado sumida durante demasiados años. Es ingenuo pensar que haya soluciones cerca; pero lo es más creer que la cuestión catalana se resolverá con el no a todo. La política, dentro del marco constitucional, debe conducir a la sociedad catalana lejos del abismo. Las palabras de Junqueras no garantizan nada, pero van en la dirección correcta.

Pedro Sánchez y Pere Aragonès han protagonizado este lunes en Barcelona la primera escena de lo que sutilmente se ha dado en llamar el inicio del diálogo y, para otros más osados, el reencuentro. Todo el mundo dice tener ganas de abrir una nueva etapa, darse tiempo para el acuerdo, superar el inmovilismo, priorizar el pragmatismo e incluso el sentido común. Recuperar el seny, eso que con tanta reiteración se repite en Madrid cuando les llevas la contraria y no aceptas el statu quo que, siglo a siglo, perpetua que Catalunya, la autonomía catalana, no sea más que una región del nordeste de España. La receta del gobierno español para Catalunya no tiene trampa: una vuelta al autonomismo con algo más de dinero de una nueva financiación. Y el perdón vía indulto de los presos políticos que el 61% de los españoles dicen no querer, según una encuesta que ha publicado El Mundo.

La posiciones son diametralmente opuestas y eso tampoco debería inquietar en una negociación si se pretende que sea sincera. Ha habido grandes acuerdos a lo largo de la historia partiendo de una distancia no menos importante que la que hay entre el inmovilismo español y el independentismo catalán. Lo que seguramente no ha habido es un terreno sembrado de tantas minas como el actual. La maquinaria del estado español desborda incluso al gobierno. Y la derecha española, en sus diferentes facetas política, judicial, mediática y empresarial, no va a soltar a Pedro Sánchez. Hasta el extremo que hacer camino por el campo de minas se hace casi imposible.

¿O como cabe entender que el TSJC obligue al Govern, un día antes de que empiecen los exámenes de selectividad y estimando las medidas cautelares urgentes pedidas por Escola Bilingüe de Catalunya, a facilitar los enunciados en catalán y castellano? ¿O que el Consejo general del Poder Judicial concluya que la apología del franquismo es libertad de expresión? ¿Es esa la España que se pretende democrática y equiparable a estados como Alemania? No se pueden ilegalizar fundaciones por apología del franquismo y pretendemos equipararnos a Europa.

Incluso movimientos como el de Oriol Junqueras alejándose de un referéndum unilateral y fiándolo todo a un referéndum pactado como el de Escocia son vistos como un gesto por la izquierda española, que necesita agarraderos en España ante los indultos. Pero despreciados por una derecha que nunca tendrá bastante. Un movimiento que ha incomodado a sus socios de Junts per Catalunya, que se niega a descartar ninguna vía y que ya ha generado algún problema de confianza que no ha ido a mayores porque es el inicio de la legislatura.

Y en pocas semanas vendrá el Tribunal de Cuentas, con lo que será un auténtico mazazo al patrimonio de diferentes políticos relacionados con la acción de gobierno y la política exterior entre 2012 y 2017, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Así, hasta una treintena de ex altos cargos. ¿Qué va a hacer el diálogo con estas injusticias? ¿Se podrá poner de perfil el gobierno Sánchez? ¿O serán necesarios en el futuro nuevos indultos?. Y, ¿hasta cuándo? Todo por no abordar una ley de amnistía, la única medida que sería significativa. Pero para hablar de eso no hay nadie en el otro lado.

El Primero de Octubre tuvo y tiene un doble significado. Significa la independencia, la República de Cataluña , pero significa también el fin de aquella Cataluña que algunos consideraban una propiedad privada. Su. Porque, superando la visión patrimonialista y con el encargo compartido de construir un país independiente, el Primero de Octubre ha puesto de pie un proyecto democrático, radicalmente democrático, en el que no unos cuantos sino la mayoría más amplia nos supimos -haciendo-lo realidad- dueños de nuestro destino por primera vez.

Por ello, por esta conciencia, de las muchas cosas que pasaron ayer la que más sorpresa me ha causado -no sé si decir «sorpresa» es bastante exacto … – ha sido que la escenificación de eso que quieren decirnos que es una nueva etapa de la Generalitat se hiciera precisamente en el escenario más antiguo y pre-Primero de Octubre, más pujolista, en el sentido más caricaturesco posible de la expresión, que nadie hubiera podido imaginar.

Porque, mientras los Mossos detenían un dirigente del ANC por Tsunami Democrático y los tribunales obligaban al gobierno a advertir todo el que hace la selectividad que la podrá hacer en español, el presidente de la «Generalitat republicana» rendía homenaje, nada menos , el conde de Godó , el dueño de la Vanguardia , el diario mimado por todas las Generalidades anteriores, en dinero público balafiats y en halagos. Y lo hacía jugando en casa del unionista  Fomento del Trabajo y del brazo -ay, madre- de Sánchez Llibre, Que ahora quiere hacer política por detrás y dar bendiciones, aunque los ciudadanos el expulsaron de la vida política regular negándole los votos. Y todo ello engalanado no con la bandera cuatribarrada, sino con logotipos cada uno más peligroso que el otro: Naturgy , la nueva marca del viejo  Gas Natural del consigliere  Giró -auténtico paraíso de las puertas giratorias del régimen-, y Glover , todo un referente a abatir para la izquierda social y combativa y la justicia laboral. Lo hacía aplaudiendo y sonriendo, regalado y parece que satisfecho por las atenciones, de un presidente del Gobierno que protocolariamente fue puesto una y otra vez por encima suyo. Aplaudiendo y sonriendo el mismo presidente que hace un año y medio tuvo que salir del Hospital de Sant Pau con la cola entre las piernas y la ametralladora de los escoltas en las manos mientras los sanitarios llamaban a favor de la libertad de los prisioneros políticos.

Está claro que, en una sincronización perfecta y bien estudiada, uno de los prisioneros políticos más famosos, Oriol Junqueras , saludaba la visita y el aquelarre constitucionalista con un artículo muy oportuno en el diario Ahora , en el que afirmaba básicamente tres cosas. En primer lugar, rechazaba por «indeseable» cualquier vía no pactada con el estado español -la unilateral, por tanto. En segundo lugar, aceptaba aquel indulto que en una entrevista también hace un año y medio había dicho que «se lo pueden meter por donde les quepa». Y en tercer lugar afirmaba que una parte importante de la sociedad catalana no había entendido el Primero de Octubre como una actuación «plenamente legítima». Y por esta razón el dirigente de ERC declaraba querer «extender la mano a todos aquellos que se hayan podido sentir excluidos». Y zas! Dicho y hecho: Sánchez Llibre, Javier de Godó y Pedro Sánchez. Los tres de un tirón y el mismo día. Como si el Principado hubiera vuelto de pronto al pasado elitista de los happy few  y la izquierda fuera más de derechas que la derecha y todo.

Ya lo dije ayer , comentando el giro tan positivo de la batalla del exilio: la sensación de que todo se acelerará mucho estos meses próximos. De modo que ya se puede coger bien fuerte, que veremos pasar cosas extraordinarias en una dirección y en otra, en la de las renuncias cada vez vuelta más aceleradas y en la de la consolidación de la legitimidad del Primero de Octubre y el acorralamiento de la violenta reacción española.

PS. Si desea complementar la narración del día de ayer, Ot Bou hizo esta crónica: » Los dueños de siempre bautizan Aragonés «.

España es un Estado más fuerte que la retórica de cierto nacionalismo que lo quiere defender. España está a punto de romperse siempre que el Partido Popular no ocupa la Moncloa. Se trata de un discurso vacuo que intenta enardecer a una parte de la población y de hacer pasar por razones de Estado lo que son legítimas razones partidistas. El método se inventó en el caso de los GAL -en el que sobraban razones-, pero se aplica una y otra vez en situaciones en nada comparables, como la aprobación del Estatuto catalán o el rescate de la economía española. Lo que no bendice el PP es directamente antiespañol, cuando no ilegal. Este sesgo se ha intensificado desde que a los populares les ha salido competencia en ese eje de la captación de votos, primero de la mano de Ciudadanos y ahora de Vox. Esta operación ha sido intelectualmente nutrida por una apropiación partidista de la Constitución, con una determinada lectura de la misma, y del intento de adueñarse también de la Monarquía.

Frente a estos intentos, el centroizquierda español ha sido hasta ahora incapaz de construir un nacionalismo alternativo, menos partidista y más inclusivo. Algunos de los barones del PSOE han preferido alinearse con el discurso del PP, para ganar comodidad intelectual y electoral, antes que arriesgarse a ser radicalmente diferentes a la vez que radicalmente españoles. Tampoco en el PP las voces alternativas se han abierto paso. Como pasa a menudo en el nacionalismo catalán, el miedo a ser acusados de traidores es superior a la racionalidad. De este cóctel surgen algunos auténticos frankenstein jurídicos, como el recurso contra artículos del Estatut de 2006, una vez refrendado, que siguen vigentes en sus homónimos de Andalucía o de la Comunitat Valenciana. Y surge también el quietismo de Mariano Rajoy durante los acontecimientos de Catalunya en 2017 que corrigieron, con distinta pericia, las Fuerzas de Seguridad del Estado (sin saber a las órdenes de quién), la Corona (alarmada por la falta de información fiable del alcance real del desafío tras el fiasco de las urnas) y el Tribunal Supremo (tratando un asunto penalmente que nunca debería haber desbordado el marco político). Luego, un mes después, llegó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Esa retórica nacionalista que ve en el Estado una debilidad que no es tal trata ahora de embridar al Gobierno de Pedro Sánchez negándole la capacidad de ejercer una facultad que forma parte del ordenamiento constitucional: el indulto, en las condiciones que sean legalmente exigibles, de los condenados en el juicio por el 1-O. Se piden en este caso cosas que no se han pedido en otros, como el arrepentimiento, y se alegan términos jurídicamente indeterminados como el autoindulto. Según la última encuesta, el 61% de los españoles estarían en contra de estos indultos. ¿Alguien preguntó por el de Alfredo Sáenz o el de Alfonso Armada? No. Y era cabal no hacerlo. El indulto es una medida de gracia, una medida política que los españoles juzgarán por su eficacia y que el Gobierno esgrime en nombre del interés público. Opónganse a los indultos cuantos quieran, pero no lo hagan debilitando a un Estado que tiene la fuerza suficiente para poder permitírselos.