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El edil Manuel Fuentes (IU) considera que la recalificación del suelo que aprobaron concejales populares y socialistas permitió al constructor un 'pelotazo' de 1.500 millones de euros

El alcalde de Seseña denuncia a los concejales de PP y PSOE por favorecer los intereses del empresario inmobiliario «El Pocero»

HECHOS

  • En julio de 2006 Izquierda Unida presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por malversación, prevaricación, cohecho, trato de favor y tráfico de influencias de cargos del PP y del PSOE por una recalificación de suelo en Seseña (Toledo) a favor del promotor Francisco Hernando.



El 15.11.2006 ‘El Pocero’ dio una rueda de prensa protestando por la negativa del alcalde a permitirle la licencia y asegurando que si las obras no se producían en Seseña no podrían garantizar los puestos de trabajo de sus 3.000 empleados.

01 Septiembre 2006

Corrupción urbanística

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

El urbanismo se ha convertido en una fuente alarmante de criminalidad en España en los últimos años. A la simbiosis que se registra en no pocos casos -con Marbella como paradigma- entre la política y el negocio de la construcción se suman los desmanes de quienes se sienten seguros de poder hacer lo que les venga en gana para lucrarse. «Tú eres tonto. Eres el único alcalde honrado de España», le dijo en su día Francisco Hernando, Paco el Pocero, promotor del aberrante megaproyecto de viviendas que se están levantado en Seseña, con el consentimiento del PSOE y del PP, al regidor comunista de esa localidad toledana.

Una consecuencia de tanta corrupción urbanística que prolifera hoy en España, sin parangón en los principales países de la Unión Europea, está siendo el descrédito de las instituciones. ¿Qué conclusión debe extraer cualquiera al conocer que poco antes de que un ayuntamiento recalifique un terreno un promotor lo compre a buen precio? El discurso viene al hilo de lo que ha adelantado en una entrevista a este diario el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, sobre los planes para crear unidades de la Benemérita especializadas en derecho urbanístico y en la investigación de patrimonios personales para combatir la lucha contra lo que él denomina corrupción urbanística de baja intensidad: «Hay una corrupción relacionada con reclasificaciones, con planes generales, con declaraciones de interés social, que los mecanismos actuales de lucha contra la corrupción no consiguen detectar (…) delitos en los que se produce un trato de favor a un determinado particular, empresario, que puede determinar modificaciones en la normativa urbanística y por ello recibir algún tipo de compensación».

La idea en sí no es mala, aunque suscita las lógicas reservas sobre la extensión a los delitos urbanísticos de las amplias competencias de un cuerpo que tiene la doble naturaleza de civil y militar. Es verdad que la Guardia Civil también se ocupa con relativo éxito de funciones como la de la conservación del medio ambiente a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). El peligro de todo ello es que se solapen investigaciones abiertas por muchas instancias, que no se resuelva nada y al final el ciudadano no tenga más remedio que darle la razón a Paco el Pocero.

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